Casapalca: un aviso de lo que se viene

Humberto Campodónico।La Compañía Minera Casapalca (CMC) explota la Unidad "Americana" desde hace varios años (no confundir con la Unidad Casapalca, que es propiedad de Minera Los Quenuales de la suiza Glencore). La CMC tiene como presidente ejecutivo a Alejandro Gubbins Granger y como gerente general a Carlos Gubbins Cox. La CMC explota zinc, cobre, plomo y plata y pertenece a la mediana minería. En el 2004 sus ingresos por ventas fueron S/. 119 millones; se estima que en el 2006 superaron los S/. 200 millones debido a las excepcionales alzas en los precios de los minerales. Los trabajadores de la CMC (donde han muerto 9 obreros en accidentes fatales desde el 2003) quisieron formar un sindicato y la empresa respondió con el despido de 300 trabajadores. Además, pidieron salarios similares a los de otros obreros mineros, a lo que la empresa se niega. La empresa dice que la relación laboral es con las "contratas", no con ellos, por lo cual no asiste a las citas que le hace el Ministerio de Trabajo. Solo hay 200 empleados en planilla y 1,700 en las contratas. Increíble. El ente supervisor de las inversiones, Osinergmin determina que, en Casapalca, las máscaras de los obreros no cuentan con filtros y los trajes están totalmente deteriorados, por lo que podría recomendar al Estado el retiro de la concesión a la minera. Además, afirma que las habitaciones de descanso de los trabajadores no cuentan con aislantes o sistema de calefacción, que los proteja de las gélidas temperaturas; también se presentan condiciones de hacinamiento del personal. Osinergmin también está investigando la denuncia de arrojamiento de aguas ácidas al río Rímac por parte de Casapalca. Ante una situación en la cual las autoridades se muestran impotentes ante la empresa, los trabajadores han bloqueado la carretera central en dos oportunidades, siendo reprimidos violentamente por la policía. Resultado: varios muertos (entre ellos varios trabajadores y un policía), algo que no sucedía desde hace muchos años y que mancha con sangre al gobierno. Hace dos días, la ministra de Trabajo Susana Pinilla fue a Casapalca, le dio la razón a los trabajadores y criticó a la CMC por "conducta rebelde". También contó que, en la reunión en el Ministerio de Trabajo donde, por fin, asistió Alejandro Gubbins, "éste golpeó la mesa del Ministerio poniendo sus condiciones" (La República, 29/6/2007). Estos hechos dicen muchas cosas. Lo primero es que reflejan nítidamente el carácter antiobrero de la legislación fujimorista de 1992 (promulgada semanas después del autogolpe del 5 de abril): se elimina la negociación colectiva, se restringe el derecho de huelga, se permiten las contratas, con lo que se saltan a la garrocha los derechos de los trabajadores. Lo segundo es que muestran la faz de un sector del empresariado que sigue creyendo que está en la época feudal y que se siente protegido por las leyes laborales de Fujimori. Y no quiere que nada cambie. Lo tercero es que hay un contexto mayor: hace poco hubo una huelga general de la Federación Minera, algo que no sucedía hace muchos años. También ha habido huelga en Shougang, protestas contra Minsur en Tacna y hay huelga en Southern Peru. Esto indica el agotamiento de la legislación e institucionalidad minera y la necesidad de cambios hacia mayores derechos laborales y participación en el ingreso generado. Pero no solo es el sector minero. También ha habido conflictos en TopyTop: despidió 70 trabajadores para evitar que haya un sindicato. En Agrícola Virú (espárragos) en La Libertad, hubo una paralización intempestiva de 4,000 trabajadores por un pliego de reclamos de 20 puntos (que incluye la formación de un sindicato). También en La Libertad 7,000 trabajadores de la agroexportadora Camposol se enfrentaron a la empresa por la defensa de sus derechos, produciéndose fuertes enfrentamientos (ver "Trabajo Decente" en www.plades.org.pe) En esta época de auge del ciclo económico estamos frente a una pugna de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida, para lo cual necesitan recuperar sus organizaciones sindicales. Y, también, para restablecer sus derechos como ciudadanos. ¿Cuán lejos irá esta pugna redistributiva? ¿Cuál será la actitud del gobierno? ¿Sólo aquella de "restablecer el orden", como dice la derecha? ¿O acompañar las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, como en el caso de Casapalca, aunque todavía sin resultados concretos? De las respuestas a estas interrogantes depende la gobernabilidad, democrática, del país.