tomado del diario gestion 11/01/2010
Víctor Baca Oneto (*)
Hace pocas semanas, se propuso suspender la autorización de funcionamiento de nuevas universidades, mientras se realiza una reforma de la educación superior en el Perú. Entre otras, son dos las razones más esgrimidas para sustentar dicha iniciativa: hay demasiadas universidades en el Perú, pues sumando las existentes y las que están en trámite, tendríamos casi 140, y el nivel de la investigación y docencia en algunas de ellas es demasiado bajo.
Evidentemente, estas afirmaciones son ciertas, pero la propuesta no es necesariamente un paso hacia la solución del problema. Efectivamente, se puede impedir que el número de universidades aumente, al menos temporalmente, pero ¿es realmente el número de universidades en sí un problema? Si todas las universidades del Perú brindaran una formación de calidad, ¿alguien diría que son muchas? Además, si un promotor tiene un proyecto muy serio para establecer una nueva universidad, ¿es parte del problema o parte de la solución?
Como sucedió en la discusión sobre las facultades de derecho, la respuesta más simple siempre es prohibir, definitiva o temporalmente, la apertura de nuevas universidades. Sin embargo, aunque esto ayuda a evitar que aumente su número, ayuda poco para solucionar el verdadero problema: la calidad de la educación.
Empleando una distinción muy simplista, es cierto que así puede impedirse que haya más universidades "malas", pero en el camino se evita también que aparezcan otras "buenas". Y no olvidemos que en el Perú las soluciones temporales suelen hacerse más largas de lo deseable. Además, en nada afecta a las universidades ya existentes, que se benefician de esta limitación a la entrada de nuevos competidores.
En realidad, el Estado tiene en su mano otros medios para solucionar el problema de fondo. Así, por ejemplo, puede (y debe) modificar la legislación y establecer unos requisitos mucho más rigurosos para autorizar el funcionamiento de universidades, que se adecuen a su doble carácter, docente e investigador. Luego de un periodo de adaptación, estos requisitos serían exigibles a todas las universidades, incluso las ya establecidas, que podrían perder su autorización por ilegalidad sobrevenida si no los cumplen.
En paralelo, debe recordarse que las universidades entregan los títulos "a nombre de la Nación", por lo que el Estado puede exigir contenidos mínimos en los programas de estudio o puede, simplemente, recuperar la potestad hasta ahora delegada, y exigir que todos los estudiantes que deseen titularse aprueben un examen único. Así, las universidades deberán esforzarse por ofrecer una calidad mínima, pues si un alto porcentaje de sus alumnos no consigue titularse, se quedarían sin estudiantes e, incluso, si esto sucede durante un periodo muy largo de tiempo, podrían llegar a perder su autorización. Se trata de soluciones a largo plazo, pero necesariamente deben serlo.
(*): Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.
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