En Semana Santa digamos la verdad

Autor: Guillermo Giacosa

CompartirEnviar.La prensa y las redes sociales están frenéticas. Parecen concursar para ver quién halla los argumentos más contundentes contra los candidatos presidenciales, con especial acento en Humala.

Es una buena ocasión para medir la influencia de los medios en la conducta ciudadana. ¿Han desgastado su poder de convencimiento o siguen siendo los creadores de la realidad? No estoy muy seguro pero tengo mucha curiosidad porque si logramos que el ciudadano piense críticamente por sí mismo habremos dado un paso al frente en la calidad de nuestra democracia.

Mientras tanto observemos qué dice la consultora, conservadora, Latinobarómetro, sobre las opiniones que suscita el neoliberalismo por tierras sudamericanas. Pues de eso se trata: o seguimos a cara de perro con las políticas actuales o hallamos fórmulas que rescaten valores olvidados relativos al mínimo que precisa un ser humano para vivir con dignidad.

En un reciente estudio, Latinobarómetro pregunta a los ciudadanos del área latinoamericana si creen que las privatizaciones han sido beneficiosas. Veamos: 36% dice 'sí’. En Perú se reduce a un 31%, en Chile da 34% y en Argentina 30%.

Preguntados sobre los servicios públicos privatizados, 30% de latinoamericanos responde afirmativamente: Chile y Perú 27%; Argentina, 30%.

Sobre la situación económica de sus países, el 27% de los entrevistados de Chile dice que la misma es buena o muy buena, contra un 17% en Argentina (igual al promedio latinoamericano) y solo 10% en el Perú. A la pregunta “¿Cuán justa es la distribución de la riqueza?”, el país con la mayor proporción de quienes dicen que es “justa” o “muy justa” es Venezuela con 38%, contra un 14% en Perú y un 12% en Argentina y Chile, país al que los ideólogos neoliberales sugieren imitar por sus logros económicos y sociales a pesar de que el 88% de los entrevistados creen que la actual distribución de la riqueza es injusta.

Son cifras exentas de histeria, aunque pueden provocarla y las da un organismo no solo conservador sino también partidario del neoliberalismo.

Ignorantes" La realidad, las estadísticas, el Perú de los pobres

Una pregunta clave en la situación política actual es: ¿hasta cuándo pensamos los peruanos utilizar ciertas cifras macroeconómicas como justificación para seguir conviviendo con (o dando la espalda a) la evidente pobreza del país?

El Perú crece sostenidamente desde los tiempos del primer fujimorismo, sobrepasando el 6% anual en promedio durante toda la década pasada, con picos como el 9% del año 2010, y triplicó su Producto Bruto Interno entre el inicio de la década y el final.

Hay diversas maneras en que un país puede hacer eso: una es la diversificación industrial, mejoras en las condiciones laborales que generen un mercado de trabajo estable y una especialización obrera que marche a la par con la aspiración de la versatilidad de las industrias.

Otra es mantener la mano de obra en niveles paupérrimos, dentro de un mercado laboral inestable, sin reglas claras, mayoritariamente informal, sin sombra de estabilidad, para que la producción interna sea barata y así la clase empresarial pueda construir, sobre esa base, su capacidad de exportar a precios módicos, o, como suelen decir, a precios "competitivos".

Esta segunda variante, que es la peruana, es enteramente incapaz de conseguir una industrialización real, porque tiene que reducirse a labores primarias, a la extracción minera o al cultivo agrario (un tercio del trabajo en el Perú), sin añadidos, sin otro fin que la exportación de materias primas y uno que otro producto de fácil factura.

¿Qué hace el modelo económico peruano para pensar en el futuro (quiero decir con esto: pensar en un futuro distinto, en el que la gran mayoría de los peruanos dejen de ser obreros precarios o permanentes cachueleros, perpetuos desempleados o pasajeros subempleados, para que la industria nacional se diversifique y crezca, y la masa laboral salga del estancamiento)?

La respuesta es, básicamente, nada: nuestros sucesivos gobiernos han decidido la inacción absoluta en favor del mantenimiento de las cifras macroeconómicas. En lugar de enfrentar la pobreza activamente, se ha optado por declarar, desde la total inmovilidad, que el crecimiento de la economía, por sí solo, aliviará la pobreza, la reducirá y eventualmente la eliminará. Lo que no se dice es cuándo.

El economista chileno Roberto Pizarro, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ex ministro de Planificación de su país, calcula que, al ritmo de crecimiento que lleva el Perú desde hace una década, la pobreza peruana sólo será reducida de manera significativa (de la única manera significativa en que cabe pensar, es decir, hasta volverla minúscula y marginal, insignificante) en un plazo de 80 años, empezando a contar desde ahora, sin que se baje nunca del 5% anual de crecimiento. Que alguien me dé un ejemplo en todo el mundo de un país que haya mantenido ese ritmo partiendo del subdesarrollo: no existe. Es decir, esos 80 años no son sólo un plazo larguísimo; son un plazo imaginario, un engaño.

Eso no es un cálculo puramente basado en porcentajes y en el PBI: Pizarro considera además, por ejemplo, un hecho mucho más relevante que la tasa de crecimiento: el dato escalofriante de que el Perú invierte anualmente en ciencia y tecnología el 0.2% de su presupuesto anual (que probablemente alcanza apenas para cubrir las planillas y la operación mínima de los implicados). El Estado peruano, no importa detrás de cuál de sus máscaras temporales, ha elegido que el Perú sea para siempre un país sin inteligencia propia, un extractor y un vendedor nunca capaz de crecer en otras direcciones, de desarrollarse, de luchar realmente contra el mantenimiento de su status quo.

El punto central es este: no importa cuántas veces la derecha peruana sostenga que la marcha del crecimiento económico va a solucionar por sí misma la pobreza; en realidad, la riqueza que se genera en el Perú no tiene ninguna vía de distribución hacia manos que no la poseyeran desde un principio, y, mucho peor aun: todo el modelo peruano se construye bajo el supuesto (silenciado, jamás confesado) de que siempre habrá pobres dispuestos a trabajar por nada para que los precios de nuestros productos sean eternamente "competitivos".

Un ejemplo tosco: imaginen un hogar de la clase alta limeña, en la que los dueños de casa ven duplicados o triplicados en unos años sus ingresos, digamos, de doscientos cincuenta mil dólares anuales a medio millón o tres cuartos de millón de dólares, y entonces les dicen a su empleada doméstica, a su jardinero, a su chofer, que hay que celebrar porque las cosas van bien y que como resultado, no les bajarán el salario o, incluso, les aumentarán unos veinte dólares más al mes. Eso sí: nada de seguro social ni cosa parecida, porque entonces pueden irse buscando otra casa donde trabajar.

Aunque a los limeños de clase media y alta esto les resulte una revelación inverosímil o insoportable, hay que decirlo, a riesgo de herir sus frágiles susceptibilidades: no importa cuántos restaurantes nuevos haya en la avenida La Mar, ni cuántos empleados miraflorinos puedan comer en ellos una vez por semana, ni cuántas boutiques vendan carteras importadas, ni cuántos celulares pueda cargar uno en el bolsillo: eso no desaparece las multitudinarias casuchas de esteras a lo largo de casi toda la costa limeña, ni los pueblos sin agua ni luz en la sierra, ni las ciudades tugurizadas de la selva, ni los insalubres poblados provincianos de la costa norte, ni le da atención médica ni educación a los necesitados.

Un ejército multitudinario de trabajadores baratos, sin estabilidad, sin preparación, sin conocimiento añadido, con sueldos innegociables (la alternativa es el desempleo), le da a los industriales peruanos, a los seudo-empresarios peruanos, la tranquilidad de los bajos costos, pero cuando eso es la base fundamental del sistema, aparece la obligación de mantener esas condiciones estancadas: la prosperidad peruana no va a sacar a los pobres de la pobreza porque se edifica sobre esa pobreza, la necesita, no sabe operar sin ella.

Gallup acaba de presentar un mapa mundial de la prosperidad, o mejor, de la impresión de prosperidad, de la población en cada país del mundo. La idea es sencilla: las encuestas son extensas en cada país y las preguntas son simples: ¿cree usted que está prosperando económicamente en este momento?, ¿cree usted que prosperará económicamente en el futuro inmediato?

Perú, Bolivia y Ecuador ocupan los sitios más bajos en toda América, con, respectivamente, un 27%, 26% y 24% de encuestados que declaran estar prosperando o tener esperanzas de prosperar pronto. En el caso peruano un 9% declara estar "sufriendo" (en el lenguaje de la encuesta eso significa que su situación empeora) y el resto, un 64%, dice estar luchando por mantenerse en la misma situación, sin certeza de que eso pueda suceder.

Por supuesto, se pueden hacer estudios mucho más sensibles y detallados, pero no hay que descartar las cifras de Gallup. ¿Por qué hay una discrepancia tan grande entre el discurso oficial (del Estado y del Perú oficial) sobre las maravillas del crecimiento económico, por un lado, y, por otro, la sensación general de ese 73% de los peruanos que no cree que la prosperidad de las estadísticas se esté traduciendo o se pueda traducir en una mejoría para sus situaciones personales? ¿Es que no ven cuántas tiendas nuevas hay en los centros comerciales? ¿Es qué no ven cuántas casas nuevas hay en Asia? ¿Es que no ven qué bien le va a Gastón?

Bueno, quizás eso es. Es que no lo ven, no tienen accecso a ello, no saben de qué prosperidad les están hablando. O, como prefieren decir tantos limeños: seguramente "son ignorantes" y no comprenden.

El voto de la desesperanza

Por Salomón Lerner Febres

Los resultados de la primera vuelta electoral confirman sombríamente el estado de postración, e incluso de degradación, en el cual se encuentra nuestro sistema político. Las dos candidaturas que han prevalecido y que disputarán la presidencia de la República en la segunda vuelta de los comicios son, precisamente, aquellas que más dudas generan sobre el futuro de nuestra institucionalidad democrática.

En uno de los casos, el de Keiko Fujimori, se trata, evidentemente, de algo más que dudas; hay un legado de autoritarismo, corrupción, inescrupulosidad y hostilidad frente a la defensa de los DDHH que dicha candidatura no ha repudiado. En el otro caso, el de Ollanta Humala, existe una prédica de tintes autoritarios que proviene de la campaña de hace cinco años y que, si bien parece haberse moderado en esta ocasión, deja amplio margen para que nos preguntemos si se trata de un cambio retórico o de una modificación real en sus convicciones.

Señalar la inadecuación de ambas candidaturas, sus falencias y deudas, sus ambivalencias frente al orden institucional y el Estado de Derecho, nos obliga a hacer una reflexión adicional. El fenómeno resulta especialmente perturbador cuando se considera que entre ambas han atraído más de la mitad de los votos del electorado nacional.

Son muy diversas las formas en las que se puede interpretar ese hecho abrumador. Una de ellas consistiría en señalar una cierta inclinación de los peruanos por el uso arbitrario del poder y un consiguiente desapego a las formas democráticas. Sin embargo, tal vez sea más instructivo, más certero y más justo pensar que la razón de lo ocurrido reside en el proceso por el cual una porción muy amplia de nuestros compatriotas ha sido obligada a expresar de esa forma sus esperanzas de progreso, o cuando menos sus expectativas de estabilidad y de una seguridad material mínimamente aceptable.

De más estaría, ahora, señalar el triste papel que en todo ello ha cumplido la egoísta administración de la bonanza peruana de la última década. Diez años de crecimiento no han significado un avance sustantivo en la equidad. Ahí está nuestro ruinoso sistema de escuelas públicas para demostrarlo. En cambio, pareciera que esa prosperidad global sí ha servido para reforzar la arrogancia de los sectores sociales más poderosos.

Más allá de la economía, o más bien en su anverso, está esa nefasta pedagogía clientelista, destructora de ciudadanía y de dignidad, de la que se siguen sirviendo nuestros gobiernos, a la que se suma el uso arbitrario de la ley y de las instituciones, la celebración del poder del más fuerte y el desdén del diálogo y la negociación razonable como camino para tomar decisiones y resolver diferencias.

Hay que hablar, pues, de un paulatino y sostenido envilecimiento de nuestro espacio público, y, junto con ello, de nuestros hábitos y maneras, de nuestro lenguaje y de nuestras formas de relacionarnos. Es en esa atmósfera, a la que hay que añadir la desesperanza de quienes son sistemáticamente excluidos de los beneficios del crecimiento, en la que se hallarían las explicaciones para unas preferencias electorales en las que la pequeña dádiva, la incierta promesa, el espectáculo chirriante, se ponen por delante del reclamo de derechos ciudadanos, la afirmación de la autonomía, el resguardo celoso de la propia dignidad. Todo ello nos habla, por cierto, de una violencia cotidianamente ejercida contra la población pobre del país, una violencia que no se manifiesta, ahora, como agresión física, pero sí como un constante despojo de las propiedades ciudadanas y de las libertades para elegir que a ella van unidas.

¿Hay remedio para esta tendencia? No en el futuro inmediato. Hoy, la necesidad urgente es propiciar compromisos serios, con garantías razonables de cumplimiento, para que nuestra democracia sobreviva, y si es posible se afirme, en los próximos cinco años. La existencia de tales acuerdos dependerá no solamente de la flexibilidad de los candidatos todavía en carrera, sino también de la seriedad y la madurez de las otras organizaciones políticas, las cuales deberán deponer por una vez sus cálculos inmediatos para oír y obedecer la voz de la sociedad organizada: esta reclama que la vida del Perú en el próximo lustro no sea una recaída en la arbitrariedad ni en la ciega defensa de intereses de grupo.

Más allá de esa urgencia inmediata tenemos una gran tarea por delante, que es la de restaurar nuestro sentido cívico y recuperar la memoria colectiva de los peruanos: la memoria del agravio, la memoria del abuso, la memoria de la corrupción, todo ello debiera convertirse en la savia de moralidad que necesita con urgencia nuestra vida política

¿Cómo interpretar los resultados?

Por Martín Tanaka

La semana pasada propuse evitar considerar que los resultados electorales estaban de alguna manera “predefinidos” por condiciones estructurales, y sostuve que las decisiones políticas y la estrategia de campaña habían sido más importantes. Sin embargo, si se comparan los resultados de las elecciones del 2006 con las del 2011, llama la atención las continuidades: Humala prácticamente “repitió” su votación anterior; la suma de los votos de Kuczynski y Castañeda están ligeramente por encima de la votación de Lourdes Flores, y la votación de Alan García en el 2006 parece superponerse mucho a la votación de K. Fujimori.

Estas continuidades no solo se dan en el número de votos, también en la distribución de los mismos en el territorio. Lima, la sierra sur, la costa norte, muestran patrones distintivos en ambas elecciones. Esto sugeriría que el país no habría cambiado en lo sustancial en los últimos cinco años, y que por ello los patrones de votación del 2006 se habrían repetido en el 2011: un voto de protesta de los excluidos y un voto conservador de los privilegiados.

Más todavía, podrían encontrarse continuidades entre el voto de Humala y el voto de Fujimori en 1990, y el de la izquierda en la década de los 80; y entre la votación limeñista de Kuczynski con la del PPC de los 80. Políticamente, este razonamiento sugiere que Humala estaba “destinado” a ganar por ser el candidato más a la izquierda, o que Kuczynski y Castañeda estaban destinados a perder por representar a una derecha incapaz de ganar fuera de Lima.

Este argumento, ciertamente persuasivo, falla sin embargo por su lógica determinista: pretende “predecir” los resultados como si los actores y sus decisiones no importaran. Este razonamiento no registra que la campaña fue muy volátil y cambiante, que Castañeda y luego Toledo encabezaron las preferencias electorales, y que la clave del éxito de la campaña de Humala en el 2011 es que se dirigió mucho más a un votante de centro que en el 2006, entre otras cosas. En otras palabras, esta campaña fue muy diferente a la del 2006.

Ahora bien, esto no significa que el argumento estructuralista no tenga valor. Este acierta en registrar que existen en el país ciertas tradiciones, ciertas continuidades, que hacen que Lima, la sierra sur, la costa norte, por ejemplo, muestren patrones diferenciados. Pero la explicación de esa continuidad habría que buscarla más en la cultura política, antes que en el mantenimiento de condiciones económico-sociales que, como es obvio, han cambiado mucho en las últimas décadas.

Pero esa continuidad no permite predecir resultados electorales porque la oferta política cambia radicalmente en cada elección. En cómo los candidatos de turno apelan a esos segmentos diferenciados de electores está la clave de los resultados: cuando esa apelación es exitosa, se logra ganar en todo el territorio nacional, como García en 1985 o Fujimori en 1995.

Votar con v de vendetta

Por Rocío Silva Santisteban

No voy a repetir los análisis que la mayoría de periodistas, columnistas, cientistas políticos, ciudadanos y demás preocupados por el futuro de nuestro país plantean en relación con el voto del domingo pasado: los ignorados y no los ignorantes han dejado constancia de su posición, según rezaban los carteles de las redes sociales. Tampoco quiero hablar del racismo que se ha soltado como géiser en las mismas y que ha levantado el fantasma de la polaridad otra vez, ni de los diversos escenarios que se abren según miremos al Perú desde Lima o desde las provincias porque, como comentaba hace poco un analista, la urgencia de presencia del Estado es un reclamo constante en Amazonas o Puno, pero no necesariamente en las calles polvorientas de la gran Lima. El tema es ahora qué hacer con nuestro voto ante las elecciones del 5 de junio.

Yo he votado varias veces viciado. Debo confesar que esa ha sido una de las posiciones que a lo largo de mi vida como ciudadana de a pie he tomado sin cautela. Las alternativas que se me presentaban, desde mi perspectiva en situaciones que no pasaban mis candidatos a segunda vuelta, no me convencían y optaba por la más radical pero más fácil a su vez: viciar. El voto en blanco siempre es un albur en el sentido de que no sabemos con exactitud cómo será evaluado en conjunto y viciar además te permitía conjurar la cólera de no tener una alternativa en esa cédula de sufragio. Por eso, tarjar la cara de los otros candidatos o escribir un improperio se asemejaba a una suerte de venganza ante la impotencia.

Sin embargo, ante determinadas situaciones sociales, el voto viciado con v de vendetta es totalmente contraproducente. Es una opción, me dirán los formalistas, por supuesto que sí y además democrática y válida; pero en escenarios como los que debemos de enfrentar ahora no sería una alternativa provechosa. En primer lugar, porque nos enfrentamos a un encuentro cara a cara con la raíz de la más profunda crisis moral del país. Y de las crisis morales no se sale sencillamente con crecimiento económico. Se trata de una situación que aún no hemos podido sanar, ni con el visionado de los casi olvidados “vladivideos” ni con la CVR ni con las leyes de reparaciones ni con el crecimiento al 6%. Es una crisis que ha quedado como remanente detrás de la ceguera de la clase empresarial, de los políticos venidos a menos y de los periodistas que quieren pasar piola; por eso mismo debemos hacerle frente.

Considero personalmente que viciar el voto es asumir una actitud nihilista y no está a la altura de las necesidades democráticas del Perú. Viciar el voto es no tomar una decisión valiente frente al requerimiento moral de un país que ha pasado por heridas de sangre y tajos de corrupción que aún ahora nos laten como un dolor sordo, agudo, profundo y vergonzoso.

Pregúntele a María Antonieta

Por Franciso Durand

SocIólogo

Bien vistas las cosas, es obvio que el principal mensaje político de la primera vuelta es la vigencia de una fuerza popular contestaría importante.

Lo curioso es que desde 1990, y con la sola excepción del gobierno provisional de Paniagua, la actitud de los neoliberales en el poder, y de una parte de los grandes empresarios, ha sido creer que no existe realmente, o cuando emerge, que no es una fuerza legítima, que si protesta merece palo porque “rompe la ley y el orden”. No es casual que incluso existan empresarios que las califican de “ruido político”, algo molesto que interrumpe la música celestial del crecimiento, orquesta que nadie puede tocar.

El voto también expresa un rechazo a un presidente y un partido, el APRA, que se ha atribuido logros que no son muy propios (hemos crecido por estímulos externos más que todo y por alza de precios de materias primas), que no son tan reales como parecen (la supuesta gran rebaja de la pobreza, los kilómetros de carreteras, las mil y un obras de la presidencia) y, sobre todo, ay Alan, por casos de corrupción. Es también un no al discurso del “perro del hortelano”. Argumentar que quienes se oponen a los megaproyectos son retrógrados, enemigos del progreso y ciudadanos de segunda categoría es no solo reaccionario, es incendiario.

Sea cual fuere la posición política que uno tenga, es obvio que estas fuerzas contestatarias no deben ser ignoradas, particularmente por los empresarios, en la medida que tienen plantas, maquinaria y contratos diseminados en todo el país. Me refiero sobre todo a los empresarios peruanos, porque es aquí donde está la gallina de los huevos de oro. Ya es hora de que se sensibilizen.

Los emprendedores de cuello y corbata deben decidir si van a acercarse y dialogar o si prefieren desatar una guerra política y social, una suerte de “lucha de clases de arriba”. Lo digo porque no faltan quienes quieren empujarlos prematuramente al choque político, a la desinversión, a la fuga de capitales. Personajes afiebrados como Aldo Mariátegui parecen estar dominados por sus pesadillas. Particularmente aquella en la que se imaginan atacados por masas hambrientas en sus mansiones, aunque sería más exacto decir que parece que estos personajes duermen en el cuarto de los mayordomos. ¿Les conviene a los inversionistas esta actitud?

Los empresarios deberían volver ordenadamente a la postura del 2006 que organizara el CADE de la inclusión social que, lamentablemente, quedó en el discurso. Deberían, también, dejar de cometer graves errores tácticos, actuando antes de la primera vuelta a destiempo como para hacer un trasvase de votos a un candidato con mayores posibilidades de victoria. Por lo mismo, me pregunto, ¿para qué diablos los financian?

Debemos también considerar que empresarios hay muchos. No son un todo homogéneo. Tienen múltiples formas de expresión gremial y variadas demandas, sobre todo las de provincias y las pymes, que no siempre coinciden con las opiniones de los líderes de los grandes gremios de propietarios, cuyas voces predominan en los medios de comunicación. Hay asimismo facciones duras y facciones dialogantes.

Pero más allá de sus diferencias no tienen por qué asustarse con el resultado electoral y empezar a sacar sus ahorros. La cuestión es al revés. Es una ocasión para relacionarse con esas voces, entender a esos sectores sociales como gente con voluntad propia y con demandas legítimas. ¿Pueden entonces hablar con sus expresiones políticas en lugar de dejarse entrampar en la tesis del doble discurso o del lobo con piel de oveja?

Insistimos. La “gran encuesta electoral”, es decir, el voto en las urnas de todos los peruanos, ha demostrado de manera bastante evidente que existe una fuerza popular, mayormente provinciana, rural y de modestos ingresos, que apoya “candidaturas alternativas”. También que tiene apoyo suficiente de no pocos intelectuales y técnicos que pueden hacer buen gobierno. 

Pero hay cierta volatilidad, y su radicalismo puede ser reforzado si va a ser ferozmente atacada. A Susana Villarán, más moderada y dialogante todavía, la acosaron sin misericordia. Todo ello nos recuerda que la polarización no solo la causan masas enardecidas, sino la insensibilidad e incomprensión de quienes tienen propiedad y privilegios y los quieren defender a toda costa. Como dijera León Trotzky, la revolución rusa de 1917 fue en buena parte provocada por la ceguera de la clase dominante zarista. Igual pasó antes con la francesa de 1789.

Lo menos que pueden hacer quienes tienen inversiones es serenarse. Que la facción dialogante dialogue y no se deje llevar por asesores y voceros cuya importancia y honorarios crecen mientras más atacan. De no ser así, este atrincheramiento, o una corrida de los grandes empresarios al campo fujimorista, sea cual fuere el resultado electoral, puede contribuir a una polarización social.

No es de locos convivir con un Estado promotor del desarrollo nacional y de las pymes, regulador de los servicios públicos, con un sistema tributario más equitativo para financiar los gastos sociales. Más bien el salto al vacío es mantener un modelo de crecimiento con altas ganancias y bajos salarios y un discurso de “crecimiento con rostro social”, en el que el crecimiento siempre va primero.  

Si es así, será mejor que los termocéfalos tomen un curso avanzado en Harvard sobre gobernabilidad y negociación, mientras se quedan en Lima a conversar los que practican el yoga. Ah, y no se olviden, para algo se han inventado los bozales.

Albertismo 2011

Por Mirko Lauer

¿Qué tipo de carta es Alberto Fujimori para la segunda vuelta fujimorista? Su papel ha ido variando con el tiempo. En una primera etapa la hija se presentó como su representante, con la tarea de excarcelarlo. Pero luego eso fue considerado contraproducente y dejado atrás en pos de una imagen autónoma, limpia y juvenil, que ha funcionado.

Ahora Fujimori ha reaparecido en escena, como la víctima que podría ser liberada mediante la imposición del nuevo poder político fujimorista al Poder Judicial, un remake de los viejos tiempos. Martha Chávez, emblemática figura de los años 90, ha asumido el lanzamiento de la primera amenaza. Un diario ha titulado El otro chavismo.

Esta impaciencia es comprensible, pero la impresión es que Fujimori sigue siendo un pasivo político. Entre otras cosas porque su reaparición en firme relanzaría toda la negra historia del autoritarismo y la corrupción de su decenio. De paso liquidaría toda la autonomía, frescura y juventud de la hija candidata.

Por esto último el rostro del padre no apareció por ninguna parte en la campaña, como indicio de que el partido había superado esa etapa y, para los incautos, como una forma velada de autocrítica. Pero también puede significar que con el paso de los días la hija le fue tomando el gusto a aparecer como una efectiva Nº1.

Pero cosas como el exabrupto de Chávez o la renuncia de Carlos Raffo Arce sugieren que hay sectores mucho más albertistas que otros. Un argumento que cae por su propio peso es que si el padre fue considerado mala medicina en la primera vuelta, muchos lo van a ver igual en la segunda. Una súbita liberación opacaría seriamente a la candidata.

Una parte de la buena estrella electoral de la hija se ha fundado en sus declaraciones sobre que su campaña no tiene como objetivo central excarcelar al padre, una manera de expresar respeto por el sistema judicial, a cuyo presidente ella incluso hizo una visita protocolar. La amenaza de Chávez a César San Martín borra todo ese trabajo.

La amenaza además pone el dedo en una llaga clave: la manipulación fujimontesinista del sistema judicial, y de las instituciones en general, para alcanzar objetivos políticos. Ese fue el pivote de la alianza con Vladimiro Montesinos. Lo que acabamos de ver es un elocuente botón de muestra, que hasta el momento de escribirse esto no ha sido desmentido.

Pues la idea de que el presidente de la Corte Suprema va a ser defenestrado si el fujimorismo vuelve al poder desmiente el sentido del papel que viene circulando Pedro Pablo Kuczynski, sobre el cual todavía está fresca la firma de Keiko Fujimori. Esto hace pensar que con Keiko no solo se elegiría una presidenta, sino un nuevo Poder Judicial completito.