El voto de la desesperanza

Por Salomón Lerner Febres

Los resultados de la primera vuelta electoral confirman sombríamente el estado de postración, e incluso de degradación, en el cual se encuentra nuestro sistema político. Las dos candidaturas que han prevalecido y que disputarán la presidencia de la República en la segunda vuelta de los comicios son, precisamente, aquellas que más dudas generan sobre el futuro de nuestra institucionalidad democrática.

En uno de los casos, el de Keiko Fujimori, se trata, evidentemente, de algo más que dudas; hay un legado de autoritarismo, corrupción, inescrupulosidad y hostilidad frente a la defensa de los DDHH que dicha candidatura no ha repudiado. En el otro caso, el de Ollanta Humala, existe una prédica de tintes autoritarios que proviene de la campaña de hace cinco años y que, si bien parece haberse moderado en esta ocasión, deja amplio margen para que nos preguntemos si se trata de un cambio retórico o de una modificación real en sus convicciones.

Señalar la inadecuación de ambas candidaturas, sus falencias y deudas, sus ambivalencias frente al orden institucional y el Estado de Derecho, nos obliga a hacer una reflexión adicional. El fenómeno resulta especialmente perturbador cuando se considera que entre ambas han atraído más de la mitad de los votos del electorado nacional.

Son muy diversas las formas en las que se puede interpretar ese hecho abrumador. Una de ellas consistiría en señalar una cierta inclinación de los peruanos por el uso arbitrario del poder y un consiguiente desapego a las formas democráticas. Sin embargo, tal vez sea más instructivo, más certero y más justo pensar que la razón de lo ocurrido reside en el proceso por el cual una porción muy amplia de nuestros compatriotas ha sido obligada a expresar de esa forma sus esperanzas de progreso, o cuando menos sus expectativas de estabilidad y de una seguridad material mínimamente aceptable.

De más estaría, ahora, señalar el triste papel que en todo ello ha cumplido la egoísta administración de la bonanza peruana de la última década. Diez años de crecimiento no han significado un avance sustantivo en la equidad. Ahí está nuestro ruinoso sistema de escuelas públicas para demostrarlo. En cambio, pareciera que esa prosperidad global sí ha servido para reforzar la arrogancia de los sectores sociales más poderosos.

Más allá de la economía, o más bien en su anverso, está esa nefasta pedagogía clientelista, destructora de ciudadanía y de dignidad, de la que se siguen sirviendo nuestros gobiernos, a la que se suma el uso arbitrario de la ley y de las instituciones, la celebración del poder del más fuerte y el desdén del diálogo y la negociación razonable como camino para tomar decisiones y resolver diferencias.

Hay que hablar, pues, de un paulatino y sostenido envilecimiento de nuestro espacio público, y, junto con ello, de nuestros hábitos y maneras, de nuestro lenguaje y de nuestras formas de relacionarnos. Es en esa atmósfera, a la que hay que añadir la desesperanza de quienes son sistemáticamente excluidos de los beneficios del crecimiento, en la que se hallarían las explicaciones para unas preferencias electorales en las que la pequeña dádiva, la incierta promesa, el espectáculo chirriante, se ponen por delante del reclamo de derechos ciudadanos, la afirmación de la autonomía, el resguardo celoso de la propia dignidad. Todo ello nos habla, por cierto, de una violencia cotidianamente ejercida contra la población pobre del país, una violencia que no se manifiesta, ahora, como agresión física, pero sí como un constante despojo de las propiedades ciudadanas y de las libertades para elegir que a ella van unidas.

¿Hay remedio para esta tendencia? No en el futuro inmediato. Hoy, la necesidad urgente es propiciar compromisos serios, con garantías razonables de cumplimiento, para que nuestra democracia sobreviva, y si es posible se afirme, en los próximos cinco años. La existencia de tales acuerdos dependerá no solamente de la flexibilidad de los candidatos todavía en carrera, sino también de la seriedad y la madurez de las otras organizaciones políticas, las cuales deberán deponer por una vez sus cálculos inmediatos para oír y obedecer la voz de la sociedad organizada: esta reclama que la vida del Perú en el próximo lustro no sea una recaída en la arbitrariedad ni en la ciega defensa de intereses de grupo.

Más allá de esa urgencia inmediata tenemos una gran tarea por delante, que es la de restaurar nuestro sentido cívico y recuperar la memoria colectiva de los peruanos: la memoria del agravio, la memoria del abuso, la memoria de la corrupción, todo ello debiera convertirse en la savia de moralidad que necesita con urgencia nuestra vida política