Fernando Eguren
Presidente del CEPES.
Un día como hoy, hace 41 años, el gobierno del general Velasco promulgó la ley de reforma agraria y, simultáneamente, ocupó los grandes complejos agroindustriales azucareros de los llamados ‘barones del azúcar’.
En los siguientes seis años, fueron expropiadas todas las haciendas del país. Sus tierras fueron adjudicadas a cooperativas agrarias de producción (alrededor de 2.3 millones de hectáreas), a Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS, 2.9 millones) y a comunidades y otras organizaciones campesinas (3.5 millones). Se beneficiaron 375 mil familias. Regionalmente, fueron expropiadas y adjudicadas el 53% de las tierras de uso agropecuario de la costa y el 23% de la sierra.
Las cooperativas y las SAIS no resistieron el paso del tiempo: las primeras fueron divididas por los propios trabajadores en parcelas familiares, y las tierras de las segundas fueron, salvo excepciones, distribuidas entre las comunidades campesinas.
Desde el punto de vista de la producción, la reforma agraria no fue exitosa. Pero al redistribuir las tierras, mejoraron los ingresos de centenares de miles de familias. Desde el punto de vista social y político fue muy importante: puso fin al gamonalismo y a las relaciones serviles, democratizó la sociedad rural y permitió la conversión de los campesinos en ciudadanos.
La contrarreforma agraria, iniciada tímidamente en los ochenta se aceleró en la década de 1990. La Constitución de 1993 eliminó las restricciones a la propiedad agraria y redujo la protección a las tierras de las comunidades. Muchas leyes posteriores profundizarían la liberalización del mercado de tierras, marginarían a la agricultura familiar y debilitarían aún más las normas que amparan los derechos comunales. El manifiesto escrito por el presidente García, “El síndrome del perro del hortelano” en octubre de 2007 puso en blanco y negro el decidido apoyo de su gobierno a la reconstitución de latifundios: campesinos y nativos no deben ser los propietarios de sus recursos pues, afirma el presidente, no saben y son pobres; esos recursos deben ser transferidos a los grandes inversionistas, que tienen las tecnologías y recursos económicos, y que además se convertirán en sus nuevos patrones. Continúa así la orientación de los gobiernos de Fujimori y Toledo de reconstitución de latifundios.
Cuarenta y un años después de la reforma agraria hay neolatifundistas mayores que los que existieron antes de la reforma agraria.
El más grande de todos, el grupo Gloria, controla alrededor de 60 mil hectáreas en la costa de Áncash y La Libertad; el grupo Romero, unas 20 mil hectáreas en Piura, Huaral y San Martín; el grupo Dyer (Camposol), alrededor de 24 mil hectáreas en varios valles de la costa; la empresa Maple, 12 mil hectáreas en el valle del Chira. Hay decenas de neolatifundios que tienen más de mil hectáreas. Y las casi 150 mil hectáreas de nuevas tierras públicas, que se ganarán en la costa con nuevas irrigaciones hechas con dineros también públicos.
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