LO QUE NOS HA TRAÍDO EN JUSTICIA UN AÑO DEL GOBIERNO DE GARCIA

Muchos recordarán la película de Buñuel, “El Angel Exterminador”, en la que un grupo de personas que comparten una reunión, van tomando conciencia de que nadie puede salir de la casa. Cada vez que alguien decide abandonar la fiesta, nunca llega a pasar el umbral de la puerta, porque siempre hay algo que lo retiene, que lo hace cambiar de decisión y, por lo tanto, vuelve a quedarse en el interior del recinto sin salir. Y así la escena se repite una y otra vez: alguien que decide salir e irse, termina por quedarse.

Esa es un poco la sensación que hace un buen tiempo tenemos en relación a muchas de las medidas y cambios que deberían adoptarse sobre nuestro sistema de justicia en su propio beneficio.

Por alguna razón, cada vez que estamos a punto de dar un paso concreto e importante en la dirección correcta, a último momento no lo damos, y, retrocedemos o vamos en una dirección contraria.

Es, por ejemplo, lo que ha sucedido, con el tema de la Carrera Judicial. Después de un larguísimo proceso, cuando ya el Congreso había aprobado una ley de carrera que llenaría un vacío histórico, pues iba a ser la primera vez que existiría algo tan elemental (así como la carrera magisterial, una carrera para los magistrados), el Poder Judicial se opone, y el Presidente termina observándola a último momento. Y así regresamos “de nuevo a la casa”, al Congreso, a seguir discutiendo sobre lo mismo.

Igual ocurrió con la reforma constitucional en materia de justicia: se consensuó en gran parte un nuevo capítulo, pero justo cuando se estaba a punto de comenzar a aprobarlo, las mismas fuerzas políticas que lo habían trabajado empezaron a desandar lo andado hasta llegar a un dictamen, en el que son tan pocos los cambios, que no justifican toda una modificación constitucional.

Otro ejemplo de lo mismo: “otorongo no come otorongo”, era la frase que había calado en la opinión pública para expresar que nadie creía que los mismos jueces pudieran atreverse a investigar y sancionar a los jueces corruptos, por lo que debía incorporarse en la OCMA (el órgano de control disciplinario) a representantes de la sociedad civil. En marzo sale un reglamento regulando la ley de participación de la sociedad civil en el control disciplinario de los magistrados, y, como hay un pésimo manejo de la oportunidad y de la difusión de la norma, la oposición de una mal informada opinión pública hace que se tenga que suspender el reglamento, y luego viene una ley sacando de nuevo a la sociedad civil de la facultad sancionadora de magistrados.

En la película de Buñuel las personas logran salir de la casa cuando toman plenamente conciencia de lo que está sucediendo, y luego de que, tras un proceso de búsqueda, descubren que para poder salir tienen que ponerse todos como estaban cuando recién entraron (la escena original). En el caso de la justicia, esa toma de conciencia tiene que ser respecto a la tradicional falta de voluntad política del Ejecutivo, y a los mil intereses que empujan para que nada salga en términos de reforma. Y la decisión tiene que ser la de avanzar contra viento y marea, retomando la agenda que al comienzo de la transición democrática quedó ya clara.

Y en realidad eso de nunca llegar a concretar, siempre estar en el “a punto de”, es lo que ha venido ocurriendo no sólo en el último año, sino hace un buen tiempo. Si no, recordemos lo del Ceriajus, ya música del recuerdo: necesitamos un plan por consenso, y una vez que lo tuvimos, lo metimos al cajón.

La diferencia es que hoy tenemos una serie de autoridades que han generado verdaderas expectativas: Francisco Távara en la cúspide máxima del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo, Maximiliano Cárdenas como presidente del CNM, Elcira Vásquez en la OCMA, Gladys Echaíz en reemplazo de Robinson Gonzales en la Academia de la Magistratura. Pero, como solemos decir, no es la primera vez que tenemos autoridades que generan expectativas; la diferencia respecto al pasado sólo se dará si esta vez dichas autoridades satisfacen las expectativas generadas y no terminan decepcionando una vez más.

Y a ese impulso que podría significar lo que hagan estas nuevas autoridades se suma otro factor, cada vez más decisivo y hasta peligroso: la demanda de justicia desde todos los sectores de la población. O el sistema de justicia comienza a recuperar la confianza perdida, y a volver a ser la vía a la que, por su eficacia y prontitud, la población recurre, o, cada vez más se instalarán los famosos medios alternativos: el arbitraje o los tribunales internacionales en el caso de los empresarios, por ejemplo, o los linchamientos o la protesta social (sin o con actos de violencia), en el caso de otros sectores que consideran que ésa es la única manera de solucionar conflictos y defender derechos.
(Ernesto de la Jara Basombrío)