26 de julio del 2007
Si en algún tema es posible ubicar no sólo una clara tendencia de parte del nuevo gobierno sino, inclusive, la implementación de campañas con objetivos políticos muy claros, ése es el de la judicialización de violaciones de derechos humanos.
Al momento de la instalación del nuevo régimen, el balance del proceso de judicialización era bastante positivo, porque no solo se podía dar cuenta de la implementación de un subsistema penal de derechos humanos, sino que además las estadísticas señalaban que de los 47 casos de la CVR, 15 casos ya tenían proceso judicial abierto y adicionalmente otros 20 casos estaban en sede judicial. Junto a ello, los tribunales de justicia y el Ministerio Público daban cuenta de notables avances en materia jurídica, los mismos que consolidaban la existencia de una corriente jurisprudencial pro derechos humanos; inclusive la Sala Penal Nacional había dictado la primera sentencia condenatoria sobre desaparición forzada en el caso Castillo Páez. Sin duda alguna el ha sido notable.
Pero a solo un mes de instalado el nuevo régimen, decidió desplegar una intensa campaña política contra el proceso de justicia. Bajo los argumentos de que existe una excesiva judicialización y de que los procesos no eran otra cosa que actos de venganza contra aquellos que nos defendieron del terrorismo, los principales líderes del gobierno, encabezados por el mismo Presidente de la República, colocaron en la agenda la necesidad de que aquellos militares procesados debían ser defendidos por abogados del Estado. Al final, el resultado fue el previsible: se promulgó un decreto que contemplaba justamente eso. Si bien en términos prácticos no son más de una docena de efectivos militares los que se han acogido a este desigual beneficio, los efectos del mensaje político han sido simplemente contundentes.
Meses después, las campañas desplegadas también desde el Poder Ejecutivo contra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro, la dirigida a favor de la pena de muerte (primero contra los terroristas y luego contra los violadores de menores de edad) y aquella campaña más o menos permanente contra el Informe y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, han terminado marcando no solo una distancia, sino una abierta contraposición del régimen con el asunto de los derechos humanos.
En todos estos doce meses, el mensaje del régimen –especialmente dirigido a fiscales y jueces- ha sido muy claro: les incomoda, les fastidia el proceso de justicia. Ciertamente, razones tienen, porque inclusive el Presidente y el Vicepresidente están directamente involucrados en un grave caso de violación de derechos humanos, pero también no podemos dejar de considerar el hecho que hoy el Perú tiene una nueva correlación política claramente opuesta el proceso de justicia, y demasiado proclive a favorecer la impunidad. La alianza con el fujimorismo no sólo es pragmatismo, sino que entre ellos hay una alianza de sangre en un tema clave como el de las violaciones de derechos humanos.
Luego de los doce primeros meses del gobierno, la constatación o el balance que podemos hacer es que el proceso de judicialización está virtualmente estancado. ¿Por qué decimos esto? Porque, desde los meses finales del 2006 hasta la fecha, sólo un caso nuevo ha sido denunciado y abierto en el Poder Judicial. Se trata del caso Sancaypata. Varios cientos de investigaciones permanecen en las diferentes fiscalías especiales. Muchas de estas investigaciones corresponden a casos que la CVR identificó como casos patrón, y sus investigaciones preliminares están realmente acabadas pero, por alguna extraña razón (que no encontramos en los expedientes) los fiscales de todo el país no denuncian. Además, el Ministerio de Defensa sigue sin entregar información sobre los militares investigados y la Policía no cumple los mandatos de detención de aquéllos.
Adicionalmente, en estos últimos meses se han dictado dos sentencias absolutorias en casos de desaparición forzada de personas, y además se ha señalado que en estos casos no es posible determinar que los jefes militares hayan tenido algún nivel de responsabilidad. Junto a ello, más recientemente nos encontramos con decisiones desafiantes de la justicia militar en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el caso La Cantuta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O más recientemente, la resolución dictada por una Sala Penal de Lima en una acción de hábeas corpus en la que afirma que el caso de la matanza de El Frontón está prescrito.
Es demasiado evidente que los jueces y fiscales han escuchado con mucha atención, y muy claramente, la campaña de ablandamiento del gobierno, y los resultados de eso es lo que ahora estamos observando.
A pesar de la actual situación, el avance producido en el proceso de judicialización se sigue presentando como referente obligatorio para la continuidad de la acción de la justicia. Siendo esto así el siguiente año de gobierno será, desde nuestra particular opinión, un año definitorio en el que seguramente el régimen buscará inclinar la balanza definitivamente a su favor.
Si en algún tema es posible ubicar no sólo una clara tendencia de parte del nuevo gobierno sino, inclusive, la implementación de campañas con objetivos políticos muy claros, ése es el de la judicialización de violaciones de derechos humanos.
Al momento de la instalación del nuevo régimen, el balance del proceso de judicialización era bastante positivo, porque no solo se podía dar cuenta de la implementación de un subsistema penal de derechos humanos, sino que además las estadísticas señalaban que de los 47 casos de la CVR, 15 casos ya tenían proceso judicial abierto y adicionalmente otros 20 casos estaban en sede judicial. Junto a ello, los tribunales de justicia y el Ministerio Público daban cuenta de notables avances en materia jurídica, los mismos que consolidaban la existencia de una corriente jurisprudencial pro derechos humanos; inclusive la Sala Penal Nacional había dictado la primera sentencia condenatoria sobre desaparición forzada en el caso Castillo Páez. Sin duda alguna el ha sido notable.
Pero a solo un mes de instalado el nuevo régimen, decidió desplegar una intensa campaña política contra el proceso de justicia. Bajo los argumentos de que existe una excesiva judicialización y de que los procesos no eran otra cosa que actos de venganza contra aquellos que nos defendieron del terrorismo, los principales líderes del gobierno, encabezados por el mismo Presidente de la República, colocaron en la agenda la necesidad de que aquellos militares procesados debían ser defendidos por abogados del Estado. Al final, el resultado fue el previsible: se promulgó un decreto que contemplaba justamente eso. Si bien en términos prácticos no son más de una docena de efectivos militares los que se han acogido a este desigual beneficio, los efectos del mensaje político han sido simplemente contundentes.
Meses después, las campañas desplegadas también desde el Poder Ejecutivo contra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro, la dirigida a favor de la pena de muerte (primero contra los terroristas y luego contra los violadores de menores de edad) y aquella campaña más o menos permanente contra el Informe y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, han terminado marcando no solo una distancia, sino una abierta contraposición del régimen con el asunto de los derechos humanos.
En todos estos doce meses, el mensaje del régimen –especialmente dirigido a fiscales y jueces- ha sido muy claro: les incomoda, les fastidia el proceso de justicia. Ciertamente, razones tienen, porque inclusive el Presidente y el Vicepresidente están directamente involucrados en un grave caso de violación de derechos humanos, pero también no podemos dejar de considerar el hecho que hoy el Perú tiene una nueva correlación política claramente opuesta el proceso de justicia, y demasiado proclive a favorecer la impunidad. La alianza con el fujimorismo no sólo es pragmatismo, sino que entre ellos hay una alianza de sangre en un tema clave como el de las violaciones de derechos humanos.
Luego de los doce primeros meses del gobierno, la constatación o el balance que podemos hacer es que el proceso de judicialización está virtualmente estancado. ¿Por qué decimos esto? Porque, desde los meses finales del 2006 hasta la fecha, sólo un caso nuevo ha sido denunciado y abierto en el Poder Judicial. Se trata del caso Sancaypata. Varios cientos de investigaciones permanecen en las diferentes fiscalías especiales. Muchas de estas investigaciones corresponden a casos que la CVR identificó como casos patrón, y sus investigaciones preliminares están realmente acabadas pero, por alguna extraña razón (que no encontramos en los expedientes) los fiscales de todo el país no denuncian. Además, el Ministerio de Defensa sigue sin entregar información sobre los militares investigados y la Policía no cumple los mandatos de detención de aquéllos.
Adicionalmente, en estos últimos meses se han dictado dos sentencias absolutorias en casos de desaparición forzada de personas, y además se ha señalado que en estos casos no es posible determinar que los jefes militares hayan tenido algún nivel de responsabilidad. Junto a ello, más recientemente nos encontramos con decisiones desafiantes de la justicia militar en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el caso La Cantuta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O más recientemente, la resolución dictada por una Sala Penal de Lima en una acción de hábeas corpus en la que afirma que el caso de la matanza de El Frontón está prescrito.
Es demasiado evidente que los jueces y fiscales han escuchado con mucha atención, y muy claramente, la campaña de ablandamiento del gobierno, y los resultados de eso es lo que ahora estamos observando.
A pesar de la actual situación, el avance producido en el proceso de judicialización se sigue presentando como referente obligatorio para la continuidad de la acción de la justicia. Siendo esto así el siguiente año de gobierno será, desde nuestra particular opinión, un año definitorio en el que seguramente el régimen buscará inclinar la balanza definitivamente a su favor.
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