Se cumplen cuatro años de la fecha en la que los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hicieron entrega de su Informe Final a los presidentes de los poderes del Estado. Entonces, en un memorable discurso pronunciado en Palacio y ante el país, el doctor Salomón Lerner Febres hizo referencia a los 20 años que abarca el documento como un tiempo de vergüenza nacional, marcado de dolor y deshonra para el Estado y la sociedad. Un periodo signado por la violencia y la muerte.
La CVR cumplió a plenitud el encargo recibido y los ocho tomos de su impresionante informe demostraron el pavoroso drama de exclusión que significó esta guerra, en la que tres cuartas partes de las víctimas fueron habitantes del Ande, en un 80% quechuahablantes. En nombre de una sanguinaria y repudiable utopía, pero también tomando como pretexto la necesidad de respuesta de un Estado indiferente, casi 70,000 peruanos desaparecieron o perdieron la vida.
El Informe de la CVR marcó el inicio de una etapa aún pendiente: la del resarcimiento y reparación a esos miles que sufrieron el terrible flagelo de la violencia y que siguen esperando que se les haga justicia y reconozca el derecho de participar en un proceso de compensaciones. Las durísimas verdades descubiertas o confirmadas por ese documento sublevante y motivador señalan una obligación colectiva aún inconclusa.
Sin embargo, a cuatro años de la entrega del Informe es penoso constatar que la respuesta del Estado y sus instituciones, de los actores políticos y sociales concernidos ha sido escasa e insatisfactoria. El plan de desarrollo anunciado por el toledismo para las zonas afectadas por la violencia quedó en nada. De los 47 casos judiciables que presentó la CVR apenas una veintena se encuentran en el PJ, y los otros no han superado la investigación preliminar en el MP.
Tuvieron que pasar dos años para que el Congreso aprobara la obligación de compensar colectivamente a las víctimas mediante la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Y tres para que el premier Del Castillo anuncie un fondo inicial de 15 millones para esta tarea, en pro de la cual se está realizando un Registro Nacional de Víctimas. Con motivo de este aniversario se ha organizado un acto en la Alameda de la Memoria en el Campo de Marte, el monumento "El Ojo Que Llora" y diversas actividades que buscan recordar que nuestro compromiso con las víctimas y sus familiares debe dejar de ser una deuda pendiente y dar paso a la justicia, fase previa a la reconciliación.
La CVR cumplió a plenitud el encargo recibido y los ocho tomos de su impresionante informe demostraron el pavoroso drama de exclusión que significó esta guerra, en la que tres cuartas partes de las víctimas fueron habitantes del Ande, en un 80% quechuahablantes. En nombre de una sanguinaria y repudiable utopía, pero también tomando como pretexto la necesidad de respuesta de un Estado indiferente, casi 70,000 peruanos desaparecieron o perdieron la vida.
El Informe de la CVR marcó el inicio de una etapa aún pendiente: la del resarcimiento y reparación a esos miles que sufrieron el terrible flagelo de la violencia y que siguen esperando que se les haga justicia y reconozca el derecho de participar en un proceso de compensaciones. Las durísimas verdades descubiertas o confirmadas por ese documento sublevante y motivador señalan una obligación colectiva aún inconclusa.
Sin embargo, a cuatro años de la entrega del Informe es penoso constatar que la respuesta del Estado y sus instituciones, de los actores políticos y sociales concernidos ha sido escasa e insatisfactoria. El plan de desarrollo anunciado por el toledismo para las zonas afectadas por la violencia quedó en nada. De los 47 casos judiciables que presentó la CVR apenas una veintena se encuentran en el PJ, y los otros no han superado la investigación preliminar en el MP.
Tuvieron que pasar dos años para que el Congreso aprobara la obligación de compensar colectivamente a las víctimas mediante la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Y tres para que el premier Del Castillo anuncie un fondo inicial de 15 millones para esta tarea, en pro de la cual se está realizando un Registro Nacional de Víctimas. Con motivo de este aniversario se ha organizado un acto en la Alameda de la Memoria en el Campo de Marte, el monumento "El Ojo Que Llora" y diversas actividades que buscan recordar que nuestro compromiso con las víctimas y sus familiares debe dejar de ser una deuda pendiente y dar paso a la justicia, fase previa a la reconciliación.
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