inversion en educacion en america

Giro a la izquierda y contraataque derechista

La tendencia dominante en la última década en América Latina ha sido el giro a la izquierda de una docena de gobiernos en la región. Como ya ha sucedido otras veces con procesos anteriores, el Perú no se suma todavía a esta tendencia, a pesar de los resultados electorales de 2006 cuando un 47% apoyó una posición de cambio y buena parte del voto por Alan García también.
Por el contrario, el gobierno aprista nos mantiene aislados, en el pasado neoliberal, tratando de establecer un eje pro yanqui con los gobiernos conservadores de Colombia y México.El giro a la izquierda no es, sin embargo, un proceso homogéneo. En lo que a América del Sur respecta, existen gobiernos de izquierda democrática, como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que han fortalecido la presencia del Estado y de lo público en sus sociedades, han recuperado los derechos sociales arrebatados a los trabajadores, fortalecen políticas sociales de lucha contra la pobreza y buscan una mayor autonomía de los Estados Unidos. Entre ellos, Brasil y Chile han desarrollado políticas progresistas aún sin modificar sustancialmente el modelo económico liberal de sus economías.Pero hay otros también, como es el caso de Hugo Chávez en Venezuela, que se empeña por seguir el camino de una izquierda autoritaria, no respeta el pluralismo político y se embarca en un proceso de nacionalizaciones desfasado en el tiempo, que ya ha fracasado en otros momentos y latitudes. A la par, insiste en una retórica de provocaciones contra los Estados Unidos y sus vecinos derechistas que no ayudan sino más bien perjudican el asentamiento de la tendencia progresista dominante. En este escenario Bolivia y Ecuador, también liderados por gobiernos de izquierda, si bien aparecen más cerca de Chávez al compartir algunas de sus iniciativas en la región, tienen sus propias particularidades nacionales, desarrollando procesos que están acompañados por importantes movimientos sociales y el respeto por las libertades fundamentales. Las graves equivocaciones de la izquierda autoritaria vienen siendo aprovechadas por los gobiernos derechistas y su aliado del norte para establecer una contraofensiva que les permita recuperar posiciones en la región. El primer acto de esta ofensiva fue el bombardeo de una base de las FARC por el gobierno colombiano en territorio ecuatoriano sin previo aviso al gobierno de ese país, luego ha seguido el golpe derechista contra el gobierno democrático de Honduras que continúa impune y finalmente el tratado de “uso” de siete bases militares colombianas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La prepotencia reaccionaria muestra hoy sus garras en América Latina en abierto desafío al giro a la izquierda y dispuesta a cambiar los malos tiempos vividos en estos años de crisis de las políticas neoliberales.Urge una respuesta de los gobiernos y de los pueblos de América Latina contra esta derecha que quiere recuperar las posiciones que ha perdido con la crisis del modelo neoliberal. De allí la importancia de la reunión de UNASUR en días pasados. Si bien este encuentro no llegó tan lejos como hubiéramos deseado, rechazando el uso de las siete bases militares colombianas por los Estados Unidos, sí establece límites a la presencia militar extraña a la región en algún país de la misma y señala la necesidad de establecer criterios para que sucesos como el ocurrido no amenacen la soberanía y seguridad de otras naciones en el subcontinente. Sin embargo, es al mismo tiempo importante señalar que este tipo de situaciones deben afrontarse por la vía del diálogo, fortaleciendo la cooperación multilateral, que es la que no le interesa a los Estados Unidos, y no por la vía del insulto y la provocación entre jefes de Estado que a lo único que lleva es a que “a río revuelto” gane el poder militar de los más fuertes que ya tiene hoy la desvergüenza de mostrarse en nuestras narices

Las once ilegalidades en Paita

En nuestro infodiario del día 11 de setiembre presentamos una serie de razones por las cuales el contrato de concesión del Puerto de Paita resulta polémico y perjudicial para el país.

A partir de dicho texto, el debate se ha abierto en nuestra sección de comentarios y consideramos importante añadir nuevos argumentos para la discusión.
En la página web “Poder ciudadano”, Manuel Dammert da cuenta de las once razones por las cuales el proceso de concesión del terminal de ENAPU-PAITA es ilegal. Estas once razones son explicadas ampliamente (ver aquí) y acá resumimos las cinco más importantes:
- Cercenamiento ilegal de la condición Interoceánica del Puerto de Paita, afectando los intereses geopolíticos de la Nación. Esto quiere decir que, contra el interés nacional, la Autoridad Portuaria Nacional y Proinversión han modificado irregularmente, sin informar a las Autoridades Portuarias Regionales, la condición de interoceánico del Puerto de Paita y lo han reducido a un puerto que disputa cargas de trasbordo en un área del Pacífico Sur.
- Flexibilización de requisitos a favor del único postor. A través de una serie de circulares se ha “flexibilizado”, a favor del postor, el cumplimiento de requisitos tanto de experiencia como de patrimonio. El cambio fundamental es que el postor debía garantizar un compromiso de inversión de más de 300 millones de dólares y se ha reducido a cerca de 100 millones pues no podía garantizarlo. Pero además se viola el mandato del artículo 73 de la Constitución pues el contrato no respeta el carácter inalienable e imprescriptible del dominio público, en este caso del Puerto de Paita.
- PROINVERSIÓN entrega ilegalmente la buena pro a un postor que no mueve suficientes contenedores. El postor único, ganador de la buena pro, no cumple con el requisito establecido en las bases de certificar la capacidad de movilización de 1 millón 200 mil TEUS (unidad de medida equivalente a 20 pies cúbicos para contar contenedores) anuales pues Tertir (la empresa) solo moviliza 900 mil 595 TEUS al año. Para declarar apto al Consorcio Tertir-Cosmos, han sumado ilegalmente los 469 mil 730 TEUS acreditadas por la empresa Cosmos. Esto es una violación de los requisitos establecidos. O sea, se cambiaron las reglas durante el juego.
- El Puerto de Grau en manos vinculadas al grupo naviero portuario chileno de Von Appen al que se entrega dominio público marítimo-portuario cuando el Perú tiene un reclamo pendiente en La Haya sobre Dominio Marítimo. Como enfatiza Dammert, cuando se habla de Tertir (socio estratégico en esta concesión) se debe tomar en cuenta “Dragados SPL”. Esta no es una empresa desconocida, sino la socia fundamental del Grupo Von Appen en el proyectado mega puerto de Mejillones en Chile.
- No cumple el requisito legal de ser una Concesión Autofinanciada, sino que es subsidiada por el Estado. La empresa logra que el Estado comprometa US$ 352 millones 710 mil para garantizarles ingresos sin riesgo empresarial. ¿Qué clase de inversión es esta en la que el Estado paga porque se invierta y la empresa no tiene riesgo de perder nada?
Este texto da más elementos a los que Otra Mirada menciona la semana pasada respecto a la ilegalidad de esta concesión y la necesidad de revisar todo este proceso. En el texto de Dammert podemos ver con detalle la “flexibilidad” en el cumplimiento de requisitos de experiencia y patrimonio con intención de favorecer a un único postor.
Siendo el Puerto de Paita un espacio geopolítico estratégico en el Perú y teniendo un reclamo pendiente en la Haya por dominio marítimo con Chile, esta concesión además de polémica por los puntos mencionados, resulta alarmante.

La CVR y las condiciones olvidadas de la guerra interna

La CVR y las condiciones olvidadas de la guerra interna

El 28 de agosto, se cumplió seis años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR),
cuya importancia necesita ser reconocida para que no se repita el más terrible episodio de nuestra historia reciente.
Como señala Salomón Lerner, no podemos dar por zanjado un periodo de nuestra historia que debe ser analizado, que debe servir como punto de partida para una superación de nuestra vida social¹. El informe de la CVR marca un precedente fundamental para explicar la trágica situación de violencia que se vivió durante las dos últimas décadas del siglo XX y reconocer, como condiciones detonantes de dicha violencia, las múltiples brechas sociales que atravesaron y continúan atravesando al país. La pobreza, la desigualdad, la exclusión, la ausencia del Estado, las debilidades del sistema de justicia son algunos conflictos de los que se valió Sendero Luminoso para iniciar su demencial proyecto de construcción de un “nuevo Estado” en las zonas donde dichas condiciones eran extremas. Por ejemplo, la Región Sur-Central compuesta por el departamento de Ayacucho, las provincias de Acobamba y Angaraes del departamento de Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac, fue el escenario original del conflicto armado interno y donde se constata la mayor cantidad de muertos, el 42% de víctimas a nivel nacional. En estas zonas, la mayoría de peruanos eran pobres, quechua hablantes y apenas eran atendidos por las autoridades del Estado, para quienes la población altoandina significaba menos que ciudadanos de segunda clase. Así, al desatarse la violencia interna se evidenció la situación de exclusión y la visión racista que se tenía de aquellas poblaciones del país. ¿Habrá cambiado esta situación? Lamentablemente, no. En estas regiones, y en muchas otras del país, la pobreza, la desigualdad y la exclusión persisten. En estas condiciones, se podría generar un escenario propicio para la emergencia de movimientos violentistas y extremos, a los que no podemos dar ninguna tregua. ¿Qué hay que hacer? En su informe la CVR recomendó una serie de políticas para enfrentar estas brechas sociales, mecanismos para reparar a las víctimas e investigó algunos casos de violaciones contra los derechos humanos que necesitan ser judicializados. Es necesario que el gobierno se comprometa con todo esto y no evada sus responsabilidades. Asimismo, necesitamos recordar para no repetir esta trágica historia. Por ello, es necesario, por ejemplo, que se construya, cuanto antes, el Museo de la Memoria para tener un espacio de diálogo permanente con lo que fuimos y debemos dejar de ser, para ser mejores peruanos.

Ollanta y los radicales

Por Nicolás Lynch

Primero, los términos. Lo de radicales es ciertamente una calificación oportunista, porque la derecha va a ver radicales en todo aquello que se oponga al modelo en funciones. Cuando aquí los únicos radicales probados son los que están en el gobierno, imponiéndonos un modelo por el que no votó la mayoría y que se encuentra, a la luz de los acontecimientos regionales y mundiales, totalmente desfasado.Pero más allá de los fantasmas, el último intento de división que ha promovido la derecha en las filas nacionalistas toca un tema irresuelto por parte de Ollanta Humala y su entorno. Se trata de la relación con los antiguos partidos de izquierda que intentan acercarse al líder por las esperanzas que tienen de “ganarse alguito” si es que el primero repite o mejora el caudal electoral de 2006.Ollanta se mantiene indeciso al respecto, seguramente todavía impresionado por la capacidad de movilización que algunos de estos grupos mantienen en determinados sectores sociales. La indecisión, sin embargo, puede empezar a costarle apoyo político, no solo por la campaña mediática en contra, sino también porque el ciudadano no partidarizado que desea un cambio hacia el futuro va a encontrar inconsistencia en una propuesta que se asocia innecesariamente con otra época de fracasos e irresponsabilidad política. Dejar las cosas como están sería enviar la solución del asunto a los caudillos de siempre, grandes o pequeños, que en sus conciliábulos volverían a echar al traste, sin ninguna duda, cualquier posibilidad de cambio progresista en el Perú. Lo sensato es promover un espacio democrático que convoque a los millones de peruanos que desean terminar con el orden neoliberal a participar en las decisiones para elegir a quien los va a representar en todos los cargos de elección popular. Es decir, que líderes como Ollanta Humala y otros que se asocien o puedan aparecer organicen elecciones primarias abiertas para el 2010 y 2011 y obtengan allí la legitimidad necesaria para gobernar sus localidades y el país y proceder a efectuar la gran transformación que requerimos y que va a necesitar de muchísimo apoyo y movilización populares.De esta manera con o sin radicales, reales o inventados, todos pasan a tener su tamaño real, más allá de la labia de sus dirigentes o de su capacidad de susto o chantaje. De paso, se fortalecerían tremendamente las candidaturas populares y se terminaría con uno de los cucos más visitados por la retórica reaccionaria.

La Sunat no es un banco

Mientras la crisis viene erosionando la recaudación tributaria por octavo mes consecutivo, la morosidad en el pago de impuestos sigue aumentando. La cifra de adeudos que reveló la Sunat esta semana equivale a algo así como un tercio de las reservas internacionales del país. Motivo de más para el inicio de una cruzada.
Manuel Velarde, jefe de la Sunat, ha hecho notar que la gran bola de nieve de la morosidad tributaria es una situación acumulada de bastante tiempo atrás. En esta idea viene implícita otra: que el organismo no se pudo volver un más eficaz perseguidor de evasores y morosos al mismo ritmo que el del crecimiento de la economía.
La historia es conocida. Los morosos más grandes son también los más influyentes y los que más recursos tienen para ir posponiendo indefinidamente la hora de los loros. Financiarse con el dinero de la Sunat es una práctica clásica de muchos vivos empresariales, en especial los que tienen alguna forma de peso específico.
En la teoría el moroso no es un delincuente, como sí lo es el evasor. En tiempos de dificultades económicas puede ser natural que la Sunat corra la suerte de los demás acreedores, como se puede ver en cualquier caso de Indecopi. Pero venimos de un decenio de muy buenos negocios en el país, y en esa medida de muy buena recaudación.
La Sunat ha sido desde su creación, hace 18 años, un cobrador severo, allí donde ha podido. Pero en una sociedad con poca cultura tributaria la Sunat vive en una paradoja: cobrarle a la minoría de los infractores muy grandes es difícil y cobrarle a una mayoría de pequeños infractores es laborioso, es decir costoso.
La idea de que es posible cobrarles manu militari a los evasores o deudores más grandes, y con ello hacer ejemplo con los demás (como en la frase de Mao Tsetung “Mata a uno y asusta a 10,000), nunca ha pasado de ser una leyenda urbana. Al mencionar a 10 deudores top que deberían vomitar unos mil millones de soles, Velarde se ha puesto en esa perspectiva.
El otro santo grial de la recaudación es la famosa ampliación de la base tributaria. Es decir que los contribuyentes identificados les paguen el almuerzo a cada vez menos informales. Algo se ha avanzado en este terreno con los años, pero la ley de los grandes números sigue siendo implacable, más todavía en un periodo de relativa bonanza.
Sería importante que la Sunat relajara algunos aspectos del secreto tributario. Por lo menos para dar a conocer de manera ordenada y prominente los casos sancionados que se vayan dando. Incluso ciertas categorías de deuda tributaria irrecuperable podría figurar en la red. Esta no es una actividad donde se deba decir el milagro pero no el santo.

El TC tiene razón al limitar uso de armas por militares

Hace unos días, los diarios La Razón y Correo alborotaron a la opinión pública con titulares en contra de un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) referido a la Ley N°29166,
“Ley que establece reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”.
Se decía que este fallo, el cual declara inconstitucional parte de esta ley, ataba de manos la labor militar. Por su parte, los parlamentarios fujimoristas, haciendo eco de su poco respeto por el orden democrático, amenazaron con acusar constitucionalmente a los magistrados del TC. Pero, ¿qué hay detrás de esta ley para que su corrección ponga los pelos de punta a la derecha peruana? En primer lugar, vale reiterar que el TC no declara que toda la ley sea inconstitucional, sino solo parte de ella. El TC declara, por ejemplo, que es inconstitucional el artículo 7° (“Situaciones que determinan el uso de la fuerza”), que dice que el personal militar podrá usar la fuerza para controlar el orden interno no solo en zonas declaradas en estado de emergencia, sino también en lugares no declarados en emergencia. Así, se va en contra del artículo 137° de la Constitución que señala que los militares asumen el control del orden interno solo en estados de excepción.Los magistrados del TC recomiendan que el uso de la fuerza militar en zonas no declaradas en emergencia, en casos muy especiales, se debe realizar solo en casos de narcotráfico (como en el VRAE), terrorismo y en la protección de las instalaciones estratégicas del país. Además, señalan que el uso de la fuerza letal debe seguir los lineamientos de los tratados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, pues se debe proteger, ante todo, el derecho a la vida. Más aún, para el TC es indispensable que la nueva ley sobre el empleo de la fuerza por los militares diferencie entre uso de la fuerza en situación de conflicto armado interno y en situaciones de tensión interna, pues no es lo mismo combatir el narcotráfico o el terrorismo que enfrentar un movimiento social, incluido el bloqueo de carreteras, la toma de locales públicos, entre otros. Esto no quiere decir que se deje “sin dientes” a los militares. Por el contrario, esta ley busca proteger al personal militar de las posibles consecuencias del uso de la fuerza sin un adecuado marco legal. Además, es indispensable que las leyes en el país no protejan la impunidad. Por eso, los fujimoristas se muestran reacios al fallo del TC, pues a este grupo político no los caracteriza precisamente la defensa de los derechos humanos. Es necesario que en la elaboración de las leyes para el uso legítimo de la violencia por parte de las fuerzas del Estado prime la protección de la vida de todos, pues una vida no puede ser más valiosa que otra.