MODELO DE DEMANDA AMBIENTAL

 Caso Nº: 218 - 2010

Sumilla: Queja de Derecho.

SEÑOR FISCAL ESPECIALISADO EN PREVENCION DEL DELITO Y COMPETENCIA AMBIENTAL.

CASTILLO GAMARRA WILMER  con Dni.nº.10730639 con domicilio real y procesal en Av. 31 mayo nº.595 barrio de dos de mayo distrito de Cátac; interpongo; ante su despacho, recurso de Queja de Derecho.

Que encontrándome en el plazo que la ley me confiere; interpongo el recurso de Queja de Derecho amparado en el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo texto original fue modificado por la Ley 25037 del 13 de Junio del año 1989, dispositivo que le otorga al denunciante el derecho al canon constitucional de la Pluralidad de Instancias frente a la resolución que expide el Fiscal Provincial Penal, cuando dispone el “No ha lugar a Formular Denuncia Penal y el Archivo Definitivo de los actuados una vez consentida dicha resolución”.

1. PETITORIO

1.1.- que acudo a su despacho solicitando eleve usted a su superior mi recurso de queja de derecho; en razón de que la resolución Nº.13–2010-FN-FEPDCA-ANCASH.- en la que su despacho resuelve no ha lugar al ejercicio de la acción penal contra: Francisco Claudio León Huerta por delitos ambientales; sin valorar los nuevos elementos presentados por mi persona y cuya copia remito.

1.2.-Que, acudo a vuestro despacho, solicitando se profundice las investigaciones ya que la presente es solo una investigación de cumplimiento en razón de que mi denuncia fue dirigida contra todos aquellos que resulten responsables por la contaminación ambiental y construcción ilegal de presas relaveras, y solo con el responsable de la misma; por que evidentemente los hechos denunciados rebasan la responsabilidad individual del referido funcionario.

1.3.- Que, acudo a vuestro despacho, solicitando que meritue adecuadamente el hecho denunciando como las responsabilidades ha que hubiere lugar por la construcción de una presa de relaves sin la autorización de la entidad competente que de ninguna manera puede ser resuelto solo en la vía administrativa; negándoseme de esta manera la tutela efectiva del derecho del medio ambiente.

2. FUNDAMENTO DE HECHO

2.1 Que, con fecha doce de agosto del dos mil diez su despacho me notifica con la RESOLUCIÓN Nº.13–2010-FN-FEPDCA-ANCASH.- Me comunica no ha lugar al ejerció de la acción penal por considerar que mi denuncia debe ser resuelta en la vía administrativa mas no en la vía penal en razón del principio de derecho penal como ultima ratio.

2.2 Lo cual en los hechos se traduce en un desamparo de mi derecho legítimo, como de los pobladores afectados ha una tutela efectiva del derecho del medio ambiente.

2.3 Ya que como lo señala el magistrado TORRES EDGARDO “la vía penal es efectiva, para el caso de delitos ecológicos, que vulneren el bien jurídico tutelado de medio ambiente sano, y la prohibición general de no contaminar, ni afectar a la naturaleza en forma irracional”.

2.4 Sostengo que el principio de intervención mínima penal, en cuanto a asuntos de medio ambiente, se relativiza por la gravedad del delito; cuando el hecho genera daño ecológico algunas veces irreversible y se ven afectados una área natural, biodiversidad y número indeterminado de seres humanos, no se debe exigir que el tipo penal ambiental sea preciso; cuando por la naturaleza y gravedad del hecho, tenga un carácter delictivo; tal y como lo demuestra que la presas de relave se encuentren un bofedal que alimenta los pastos naturales de los que viven los animales de la zona, que luego consumen los pobladores aledaños, con el agravante de no contar con la autorización respectiva así como por el resultado de la muestras efectuadas por la facultad de Ing. ambiental de la Unasam que acredita la presencia de índices de metales en el viento como en el agua muy por encima de lo permitido

2.5. Así mismo respete el principio de la protección efectiva de los derechos fundamentales que inspira el procedimiento de tutela de amparo, que entraña la preponderancia del derecho fundamental amenazado o violado sobre los demás aspectos que componen la acción procesal.

2.6. Tenga en cuenta que derecho ambiental internacional, prefiere el interés general de la humanidad, al interés particular de los individuos o de los estados. Las consecuencias de la violación del derecho al medio ambiente, exceden el ámbito local, regional nacional o internacional; alcanza ámbitos globales. Ya que no es posible que, en plena zona de pastos naturales para ganado del lugar, así como cercano a chacras agrícolas construya presas de relaves sin el permiso de la entidad competente y peor aun se pretende construir otras presas de relaves. Que exige que la fiscalía se ponga a la altura de las circunstancias.

2.7. En el caso de la minera Caudalosa, un informe de IDL-Reporteros señala que, antes de que colapsara el depósito de Relave minero de Caudalosa, esta compañía ya había sido notificada hasta en 14 oportunidades, entre 2007 y 2010, por la contaminación de ríos y la ampliación de esa misma relavera, sin el permiso correspondiente. Pese a las infracciones detectadas, nunca se logró imponer ninguna sanción.

3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PETITORIO.-

3.1. Fundo mi petición en el Artículo 2 inc.22b (...) que reconoce el Derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado; en su art. 67º que prescribe. “La política nacional del ambiente consiste en el conjunto de principios y acciones a llevar a cabo en el país, con el objeto de proteger los recursos naturales y el ambiente natural en que se desarrolla la vida humana. Por ello Art.68: obliga al estado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas; la protección de los recursos naturales y del medio ambiente como el mantenimiento de la diversidad biológica.

3.2. Fundo mi petición en el Artículo Art.68 de nuestra norma máxima que obliga al estado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas; la protección de los recursos naturales y del medio ambiente como el mantenimiento de la diversidad biológica.

3.3.Fundo mi petición la Ley 29263 que modifica el Título XIII del Código Penal peruano que sanciona con penas mucho más duras los delitos ambientales que en su Art. 304.trata lo referente a la Contaminación del ambiente.-Art.305 sus Formas Agravadas. Art. 308-C.- Depredación de flora y fauna silvestre protegida. El Art. 310 sanciona a quien obstruya los procedimientos. Y el Art. 310 C. aborda sus Formas agravadas. El Art. 312 sanciona la autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley; el Artículo 313 sanciona la alteración del ambiente o paisaje; el Art.314 sanciona al funcionario público por el otorgamiento ilegal de derechos; el Art. 314°-A sanciona la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas. Finalmente el Art 314°-B. sanciona la Responsabilidad por información falsa contenida en informes; normar que su despacho no ha tenido en cuenta revisar:

3.4. Exijo que su despacho como titular de la acción penal debe identifique a todos quienes resulten responsables por los hechos denunciados, ya que los presupuestos que configuran el delito: la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad están acreditadas en función de que estamos ante profesionales que conocen de las normas ambientales, que actúan sin ningún tipo de temor ante la pasividad de todas las autoridades encargadas de hacer respetarlas; por lo que urge sancionar ejemplarmente estos ilícitos.

4. MEDIOS PROBATORIOS.

4.1. Fotos en las que se demuestra que el viento levanta de forma excesiva las partículas de los relaves y la falta de de un plan que mitigue estos efectos.

4.2. Lo arriba expuesto lo remite en un documento que ya fue enviado a su despacho, sin embargo le remito una copia de la misma para que se pronuncie en todos su extremos; ya que de ese documento no e recibido ningún tipo de respuesta.

POR TANTO:

A Usted, Fiscal Superior, pido que su despacho amplié diligencias a actuarse que determine las responsabilidades a que hubiese lugar tanto de los funcionarios de la planta concentradora Mezapata, la Unasam y funcionarios de la dirección regional de minería de Ancash, y que la investigación no se reduzca al señor Francisco Claudio León Huerta .

Cátac, 17 de agosto del 2010.

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CASTILLO GAMARRA WILMER.

Dni.10730639

 

Perú: el modelo económico cumple 20 años

fuente  peru 21

El 8 de agosto de 1990, Juan Carlos Hurtado Miller anunció el shock. Hoy, la población valora estabilidad de precios y fundamentos macroeconómicos.

 Por Gabriel González

La noche del 8 de agosto de 1990, como era usual en esa época, el terrorismo había dejado sin fluido eléctrico a varios distritos de la capital. La mayoría de limeños se enteró por la radio de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, quien cerró su presentación invocando el apoyo divino. “Que Dios nos ayude”, imploró.

Los precios de la leche y el azúcar se duplicaron, el pan se incrementó en 170% y la gasolina subió 30 veces. Hurtado Miller fue el mensajero del “shock”, como se llamó al conjunto de medidas que detuvo la hiperinflación.

“Era la amputación de una gangrena sin anestesia. Fue brutal, pero no teníamos otra opción”, refiere Carlos Amat y León, ministro de Agricultura de entonces y uno de los impulsores del paquete de medidas, que empezó a gestarse antes del 28 de julio, en el Círculo Militar de Jesús María.

EL AJUSTE. Según Amat, la única manera de parar la hiperinflación era contraer drásticamente la demanda interna, inflada artificialmente por años de subsidios y emisión inorgánica de dinero (la maquinita). “No se podía incrementar la producción porque dependíamos de los créditos internacionales que estaban cerrados”, explica.

Al día siguiente, la incertidumbre predominaba en el estado de ánimo de la población, mientras que en las periferias de Lima proliferaron los saqueos. Sin embargo, la protesta popular no fue la esperada. “No teníamos plata para pagar la planilla de maestros, de policías el 15 de agosto. Con el ‘gasolinazo’, se hizo caja”, evoca el catedrático de la Universidad del Pacífico.

En setiembre, la hiperinflación se detuvo, pero dos meses después nuevamente aumentaron fuertemente los precios. Hurtado fue reemplazado en enero de 1991 por Carlos Boloña.

César Peñaranda, quien presidió el gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre 1991 y 1992, recuerda que la tarea en esos años fue continuar la estabilización, empezar las reformas estructurales e invertir en infraestructura.

Así, se impulsó la reforma tributaria y arancelaria, las privatizaciones y se diseñó el Sistema Privado de Pensiones. Peñaranda precisa que gran parte de las reformas se lograron con el consenso del Congreso y no después del autogolpe de 1992.

LOS RESULTADOS. La economía creció 2.1% en 1991. En 1992, por un fuerte fenómeno del Niño, cae en 0.4%. Al año siguiente, Jorge Camet tomó la posta en la conducción del MEF.

Camet profundizó las reformas –sobre todo la comercial y la de promoción de inversiones– y logró la reinserción del Perú a la comunidad financiera internacional con los acuerdos del Club de París y el Plan Brady.

Roberto Abusada, asesor del MEF entre 1993 y 1997, comenta que, durante estos años, la inflación persistía. La única manera de controlar el alza de precios fue con una férrea disciplina fiscal, al no poder equipararse el valor del sol frente al del dólar, porque no se contaba con la credibilidad en el manejo monetario del país.

A partir de mayo de 1993, la inflación mensual bajó a menos de 2% y, desde ese año hasta 2010, el crecimiento promedio anual de la economía ha sido 5.1%. Hoy, revela Abusada, la economía es 2.5 más grande que en 1993. Destaca, además, que entre 1993 y 1997 la pobreza extrema se redujo de 27% a 15%.

Los tres economistas coinciden en que el peruano de hoy valora la estabilidad de los precios y los fundamentos macroeconómicos, pues perciben que sostienen la bonanza de estos años. “Está surgiendo una nueva clase media, que tal vez no entienda las sutilezas del manejo económico, pero que no está dispuesta a aceptar experimentos como el venezolano”, concluye Abusada.

DATOS

• Con el shock, se eliminaron US$1,300 millones en subsidios.

• En 1990, la recaudación tributaria era 4% del PBI. Hoy, la presión tributaria se acerca al 15%.

• Desde 2004, la economía peruana ha crecido 60%. Hoy, el “milagro económico peruano” es reconocido en el mundo.

• A fines de los 90 se truncaron las reformas del Estado y del mercado laboral, así como las concesiones

Camisea: del silencio al referéndum

Por Javier Diez Canseco

La denodada y casi solitaria huelga de La Convención en defensa del gas de Camisea para el Perú es emblemática. El movimiento social de base expresa un valiente ideal nacionalista: reivindicar la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Un sentimiento mayoritario entre la gente –manifiesto en las encuestas– enfrentado a entregar todo al capital transnacional para que lo maneje a su antojo, sin proyecto nacional alguno.

Pero la soledad de la huelga, el escaso acompañamiento nacional a esta batalla que es de todos, el silencio cómplice de la mayoría de fuerzas políticas y la falta de iniciativa y acción práctica de quienes nos reclamamos como fuerzas del cambio son innegables. Evidencian una profunda crisis de representación, legitimidad y liderazgo político, la debilidad política para apostar realmente por un cambio de rumbo, el electoralismo puro que envuelve a muchos que quieren apostar por el cambio y las limitaciones en reconstruir y unir redes sociales y movimientos por el cambio.

La Convención plantea algo elemental y compartido por muchos: 1) Reservar el gas de Camisea (lotes 88 y 56), excepcionalmente barato, para el consumo nacional, dedicando gas de otros lotes de precios más altos para exportar; 2) Construir la planta de fraccionamiento en Kepashiato (para abastecer la zona y dar industria y empleo allí donde se origina el gas) y abastecer al macrosur por un poliducto; y 3) Que ningún ducto de TGP pase por la vital Reserva de Megantoni dados los riesgos de derrames y el impacto de su construcción en una zona de gran biodiversidad. Simple, directo, razonable e indiscutible si pensamos que las regiones y el país tienen derecho a beneficiarse de sus recursos naturales, aprovecharlos para su progreso y bienestar, como base de un Plan Energético Nacional que sustente nuestro desarrollo y para industrias de transformación, no sólo para el lucro de transnacionales.

La mediación de monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal y conocedor de los problemas de Doe Run en La Oroya, ha evidenciado que sus demandas son atendibles y que los directivos tienen voluntad de diálogo. La campaña mediática del aprofujimorismo y la actitud provocadora y represiva del premier quedan al desnudo. Pero, más allá del APRA y el fujimorismo, ni el PPC (Lourdes Flores) ni SN (Castañeda) o PP (Toledo), se pronuncian sobre el fondo del problema, que es nacional y estratégico. Otras agrupaciones chicas como Somos Perú, Bayly, la del pastor Lay o Fuerza Social de Susana Villarán (vinculado uno a PPK y la otra a Quijandría, cerebros de los cambios para exportar el gas de Camisea) se callan en todos los idiomas. Sólo el PNP, las izquierdas, los movimientos indigenistas y ecologistas, así como algunos gremios y movimientos sociales se han pronunciado por recuperar Camisea para el Perú. Pero las palabras no han ido acompañadas de una campaña sistemática, iniciativa política y, sobre todo, de acciones decididas para frenar este latrocinio. Estas han sido tímidas y asistemáticas.

El proceso electoral regional/municipal no ha colocado Camisea en agenda ni ha recogido la demanda de un referéndum realizarlo en octubre. Deben pronunciarse los candidatos. Debieran comenzar asumiéndolo los nacionalistas, las izquierdas, los movimientos indigenistas y ecologistas. ¿Lo harán? Su unidad –que sería una fuerza formidable– avanzó poco en este escenario. Hasta las izquierdas –¿sin voluntad de poder?– van divididas allí donde la unidad haría la victoria en un proyecto común.

Es hora de hacer coherentes los discursos sobre la unidad y el cambio con la defensa de Camisea, forjando un amplio Comité Nacional en Defensa del Gas con una campaña en calles y barrios, de exigir referéndum. Quizás ello abra paso a la unidad política que el país exige y a recuperar una legitimidad política fuertemente desgastada.

Ecuador adelanta un programa para atraer "cerebros del primer mundo"

Quito, 7 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que adelantan un programa para atraer "cerebros del primer mundo" y para "repatriar" a científicos ecuatorianos de alto nivel académico con el fin de que impartan, temporal o permanentemente, sus conocimientos en este país andino. Seguir leyendo el arículo

 En su informe semanal de labores, emitido hoy pero grabado ayer, Correa se refirió al empeño de su administración por mejorar las condiciones de la educación en el país.

En ese sentido, se refirió al proyecto de incentivos "para atraer cerebros del primer mundo y repatriar a los ecuatorianos, que hay muchos en el primer mundo con altos grados, altos cargos" que no regresan al país porque no se les han presentado buenas oportunidades, dijo.

Entre los planes figuran ofrecer incentivos a académicos, científicos del primer mundo que ya están jubilados para que enseñen en centros académicos de este país andino y así continúen con sus actividades académicas, pues aún tienen capacidad productiva.

Apuntó, no obstante, que el proyecto también incluye la posibilidad de traer a científicos y académicos ecuatorianos y extranjeros que no estén jubilados para que impartan sus conocimientos durante unos seis meses o un año.

"Sin ciencia y tecnología no saldremos adelante", puntualizó el jefe de Estado al apuntar que para "elevar el nivel científico, académico del país, es importante el contacto con investigadores de primer nivel".

Super tax e impuesto a las sobreganancias

 Por Humberto Campodónico

La Primera Ministra de Australia anunció que el super tax a las utilidades de las empresas de hierro y carbón será de un 30% adicional, mientras que para las empresas de petróleo y gas será del 40%. Este super tax, cuyo nombre técnico es “impuesto a la renta de recursos naturales”, se cobrará cuando las ganancias de las empresas excedan la tasa de retorno del 12%.

De su lado, el jefe de Política Tributaria del FMI, Philip Daniel, dijo que “el super tax reforzaría las finanzas públicas del país en el largo plazo, a la vez que reduciría el riesgo para los inversionistas. A la vez, el super tax sigue dejando una parte sustancial de las ganancias de los recursos naturales en manos de los privados”. (AFP, 23/6/10)

Lo que está pasando en Australia no es una novedad. También sucede en otros países que tienen actividades extractivas (petróleo, minería) como Azerbaiján, República Dominicana y Botswana. La tendencia es la siguiente: la rentabilidad de las empresas mineras y petroleras no puede ser infinita. Tienen derecho a una tasa de ganancia adecuada, pues eso es lo que esperan de su inversión.

Pero, una vez obtenida esa ganancia adecuada (en jerga financiera, tasa interna de retorno, TIR), deberán pagar impuestos adicionales. Es lo que en el Perú se denomina impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras.

El fundamento de este impuesto es simple: en los últimos años –sobre todo desde el 2005– los precios de las materias primas se han disparado debido al crecimiento de la economía mundial y al gran consumo de los países emergentes que se están industrializando y exportando a la vez, comenzando por China, India y Brasil, seguidos de otros tigres asiáticos. Por tanto, las rentabilidades esperadas se han ido a las nubes. Así, por ejemplo, los inversionistas de Antamina (en el año 2000, cuando la mina estaba en construcción) pensaban que el precio del cobre estaría en promedio en US$ 0.90/libra durante los próximos 20 años (ver gráfico). A ese precio la TIR era 14%, lo que les parecía super bueno. Y con el cobre en un (1) dólar la libra TIR era 16% –la gloria–.

Lo sucedido superó todos los cálculos, pues el precio del cobre y del zinc del 2005 en adelante ha sido el triple de los precios del 2000. Así, las utilidades de Antamina han sido de US$ 862, US$ 1,628, US$1,620, US$ 1,200 y US$ 1,010 millones del 2005 al 2009. En total, US$ 6,320 millones. Dicho de otro modo, solo en los dos primeros años recuperaron su inversión de US$ 2,300 millones y su TIR se volvió positiva. No solo eso, ahora su TIR es infinita.

¿Por qué, entonces, no modernizar las leyes peruanas y cobrar un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras? No basta con el impuesto a la renta, porque este no captura la sobreganancia. El procedimiento técnico puede ser el australiano o se puede estudiar otro distinto. La cuestión de fondo es que la sobreganancia que provenga de los recursos naturales debe ser para el país.

Dice el gobierno que no, porque se violarían los contratos-ley ya firmados. No lo creemos, porque las empresas sí estarían dispuestas a negociar. Pero, ¿y los contratos futuros? Aquí no habría obstáculo alguno, salvo la negativa de algunos analistas, como Cecilia Blume, quien acaba de declarar en este diario que los mineros no aceptarían un impuesto a las sobreganancias. Por favor, ni ellos dicen eso.

Por eso, así como ha hecho Australia (encima con el visto bueno del FMI) es necesario, ya, el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras. Los recursos naturales deben servir de palanca para financiar las necesidades del siglo XXI.

Petróleo: nacionalismo vs. empresas

Fuente BBC de  Londres.
En los países petroleros de América Latina hay una tendencia que tiene preocupadas -y a la expectativa- a las empresas multinacionales del sector.

Los analistas creen que mientras más alto el petróleo habrá más control del Estado.

Con los altos valores de venta del petróleo se ha incrementado la presencia del Estado en las operaciones relacionadas con el crudo o el gas, llegando a casos como la anunciada nacionalización del sector en Bolivia; la imposición de nuevos impuestos a la extracción en Venezuela; o como sucedió en Ecuador, que se canceló el contrato con una empresa estadounidense y ahora el gobierno tomará sus activos.

"El factor principal que influye en este escenario es el elevado precio del petróleo que tiene a los gobiernos revaluando las condiciones en que funcionan sus industrias en el sector energético, porque quieren un mayor pedazo de la torta", explicó a BBC Mundo Robert Perkins, analista de Platts, una consultora británica en el sector petrolero y de materias primas.

Mientras más alto se ubique el valor del petróleo y del gas más se verá una corriente nacionalista. Es una nueva realidad

Jeroen van der Veer

Las autoridades bolivianas, por ejemplo, el pasado 1 de mayo anunciaron un decreto que obliga a las empresas a renegociar sus contratos de operación en el país en un lapso de 180 días, con la finalidad de cambiar el régimen de concesiones por asociaciones de riesgo compartido.

"Mi opinión es que hay mucho alarmismo actualmente, pues cuando se mira a profundidad el caso boliviano no todo es blanco y negro", señaló Perkins.

"Pese a que hay amenazas de acciones legales por parte de las empresas afectadas -que con razón se quejan por la ruptura de contratos existentes-, las grandes compañías están dándose cuenta de que las cosas están cambiando y que hay que adaptarse a la nueva realidad", añadió.

Actores

Entre las grandes corporaciones petroleras actualmente hay distintos puntos de vista sobre la tendencia de las naciones que producen el crudo a buscar mayor control sobre sus campos de petróleo o gas.

El director ejecutivo de Shell -considerada la tercera empresa energética con mayor capital- Jeroen van der Veer, le indicó al diario británico Financial Times que esta es una nueva realidad que hay que aceptar y que disputar por la vía judicial las decisiones estatal era "contraproductivo... ¡buena suerte! (a los que lo intenten)".

El Estado boliviano ocupó los campos petroleros de las empresas extranjeras.

"Mientras más alto se ubique el valor del petróleo y del gas, más se verá una corriente nacionalista. Es una nueva realidad. A fin de cuentas, los gobiernos siempre serán los que mandan", indicó el ejecutivo al diario.

Un vocero de Shell que pidió no ser identificado, le dijo a BBC Mundo que "de hecho nosotros seguimos en buenos términos con el gobierno boliviano en busca de una solución amigable".

Otras grandes petroleras, como Exxon-Mobil, han insistido más bien en la "santidad" de los contratos establecidos, los cuales han tratado de defender por la vía legal, mediante arbitraje internacional.

Impulso petrolero

Sin embargo, para varios analistas del mercado, esta tendencia quizás sea irreversible, especialmente cuando se prevén altos precios del crudo hasta nuevo aviso.

El valor del barril de petróleo en Nueva York se ubicaba este miércoles por encima de US$68, un 36% más que el promedio de 2005.

"Las compañías de petróleo y gas deberán acostumbrarse a que cuando se negocia con Estados soberanos son ellos quienes deciden y no hay mucho que hacer. Te puedes quejar, buscar acciones legales, pero los gobiernos tienen la palabra final", aseveró Perkins.

Las compañías de petróleo y gas deberán acostumbrarse a que cuando se negocia con Estados soberanos son ellos quienes deciden y no hay mucho que hacer

Robert Perkins

"Si se quieren quedar en los países productores y no perder la inversión en los proyectos, deben estar preparados para negociar las condiciones contractuales", añadió.

De acuerdo con el analista, la tendencia a un mayor control del Estado sobre sus negocios petroleros está ligada a un factor crucial.

"El valor del crudo se va a quedar alto en el mediano plazo, por encima de US$50, con lo que los países productores tendrán más confianza para renegociar las condiciones de explotación", concluyó Perkins.

Ya no reformas, sino “reformitas”

Por Humberto Campodónico

En este último año de gobierno, hay varias reformas que se podrían hacer y que no implican el cambio del “inmodificable” modelo económico. Son políticas que se implementan en países vecinos que no pueden ser calificados de “antisistema”. Veamos.

La pensión universal no contributiva existe en Argentina, Brasil, Chile y Bolivia. Es una pensión mínima para todos los mayores de 65 años, hayan o no contribuido a algún sistema de pensiones. En Chile la ley fue promulgada hace dos años por la presidenta Bachelet. En el Perú, el costo de otorgar medio salario mínimo, para comenzar, a los mayores de 65 años de Apurímac. Huancavelica, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno no superaría los S/. 300 millones anuales. Es de justicia.

En Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México el salario mínimo lo determina una institución donde participan empleadores, sindicatos y el Estado, de acuerdo a la inflación y el aumento de la productividad. Su periodicidad es anual. En el Perú, el Consejo Nacional de Trabajo cumple esas funciones, pero el gobierno no las obedece. Así, el salario mínimo se ha quedado en S/. 550/mes desde enero del 2008 y ya perdió el íntegro del poder adquisitivo que se había recuperado.

Estamos en época de precios altos de los minerales y del petróleo, lo que ha motivado importantes cambios en la legislación contractual en todo el mundo, de manera que los Estados puedan captar una mayor parte de la renta. Pero aquí seguimos con las mismas leyes de principios de los 90 cuando la situación internacional (competencia con los países del Este) y nacional (guerra interna, hiperinflación) era distinta.

Ojo, no estamos mencionando aquí a los contratos ya existentes (que el gobierno no quiere tocar) sino a los que se están firmando recién, ya sea en nuevas rondas petroleras o en el caso de Toromocho, Tía María, Las Bambas y Quellaveco, entre otros.

Aquí no hay cambio alguno en las reglas de juego, porque se trata de un juego nuevo que recién va a empezar y que ya se aplica en otros países (por ejemplo, las regalías progresivas y/o tasas de impuesto a la renta que toman en cuenta los niveles de precios).

Poner en marcha una reforma tributaria integral que nos permita salir del 13.6% del PBI de presión tributaria (el sótano de la Región). Para eso hay que eliminar las exoneraciones tributarias al sector financiero y combatir la evasión tributaria (dice Kuczynski que eso en el Perú es un deporte nacional). También se debe aprobar el Proyecto de Ley 3092 que establece que las empresas peruanas que se vendan en el extranjero paguen impuestos en el Perú. Hace poco Vale do Rio Doce vendió Bayóvar en Holanda y perdimos US$ 112 millones.

Promulgar, ya, el proyecto de ley de la SBS que establece que las comisiones de las AFP tengan dos partes: una, que cubra sus costos, mientras que la segunda debe estar en función de la rentabilidad de sus inversiones. No como ahora, que cobran su comisión íntegra, aunque los futuros pensionistas pierden en la Bolsa de Valores. Esto no es difícil, siempre y cuando se quiera combatir ese “lobby”.

Masificar el gas de Camisea, comenzando con la puesta en marcha inmediata del gasoducto al Sur con las reservas del Lote 88 y con la participación de un Petroperú recargado. Así, Cusco, Puno, Arequipa. Moquegua y Tacna tendrán energía barata para su desarrollo, que hoy se potencia con la Interoceánica.

La seguridad energética debe ser parte del Plan Estratégico de Desarrollo al 2021. Así lo entienden países vecinos, como Chile, que en menos de 5 años construyó el Terminal de Regasificación en Quintero –con la participación determinante de la estatal ENAP–, terminando con las restricciones del gas que venía de Argentina.

Todas estas “reformitas” apuntan hacia la equidad y la redistribución de la riqueza. Harían que los peruanos piensen –aunque no sea del todo cierto– que no estamos en el barco de la Confiep sino el de todos peruanos. Pero eso sería mucho pedirle a Alan García. ¿No les parece? Igual, felices fiestas.