El Origen de Colina

“Quien manda en las Fuerzas Armadas es el Presidente y yo mando con decisión. Aquí no hay debilidades”.

Los recientes interrogatorios televisados a Alberto Fujimori se han convertido en la comidilla de espectadores y radioescuchas. El lunes 17, al oír las declaraciones del ex Presidente por la radio, un taxista comentó: “El Chino miente todo el tiempo. Mintió desde el Bacalao”. Difícil engañar a la opinión pública que recuerda hechos que parecen olvidados, como aquel incidente ocurrido en la Semana Santa de 1990, en plena campaña electoral, cuando Fujimori fingió que se había intoxicado con bacalao, justo el día en que debía exponer su programa de gobierno.

Recuerdos como aquél abundan en los 10 años que duró el fujimorato y, como se ve, la opinión pública no olvida tan fácilmente. Fujimori, sin embargo, insiste en los interrogatorios a los que es sometido en la Diroes que era un Presidente que no ordenaba, que los militares actuaban por su cuenta y que Vladimiro Montesinos no era su asesor personal, sino “uno más”.

Su estrategia de defensa, dibujada ya en el alegato que presentó ante la Corte Suprema de Chile, apunta a endosarle las atrocidades de Barrios Altos y La Cantuta al Grupo Colina y al Ejército propiamente dicho.

“He sido jefe supremo de las Fuerzas Armadas a nivel de mando, no de Comando”, declaró el viernes 14. Fujimori, por supuesto, olvida sus propias palabras. El 8 de mayo de 1993, tres días después de que el general EP Rodolfo Robles, Nº 3 del Ejército, denunciara la existencia del Grupo Colina y su vinculación con los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, en noviembre de 1991 y julio de 1992, declaró lo siguiente en una entrevista con RPP: “Manifestaciones como la del general Robles y la del general (Jaime) Salinas son de un pequeño grupo que ha tratado de retomar el poder militar para estar por encima del poder político. Lo que está ocurriendo ahora es que el poder político está por encima del poder militar. Quien manda en las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República y yo lo mando con decisión. Aquí no hay debilidades de ninguna especie”.

Ese era Fujimori, el del autogolpe del 5 de abril de 1992, el mismo que se puso ‘Chinochet’ en honor al dictador chileno. La gente no lo olvida.

La estrategia de la Fiscalía apunta a relucir estas contradicciones y se ha obtenido ya ciertos resultados. El miércoles 12, por ejemplo, Fujimori negó que haya conocido de la existencia de Colina. Sin embargo, dos días después, admitió que –en 1993– Montesinos sí le informó sobre la presencia de un escuadrón de aniquilamiento implicado en los sucesos de La Cantuta.

Ahora bien, probar que Fujimori autorizó una política sistemática de violación a los derechos humanos, revestida con el ropaje de la lucha contra el terrorismo, es una tarea compleja, pero la Fiscalía afirma contar con testimonios y documentos que sustentan esta acusación. Una de estas pruebas –incorporadas al juicio por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el vocal César San Martín–, es un manual secreto del Ejército que, en terminología militar, sugiere el asesinato de terroristas.

SE TRATA DE UN DOCUMENTO de 108 páginas, fechado en 1991, y que lleva como título ‘Equipos Básicos, Inteligencia Militar, Ejército Peruano”. Está dividido en cuatro capítulos (Generalidades, Inteligencia, Contrainteligencia y Apoyo Logístico) y establece pautas organizativas para el funcionamiento de comandos militares destinados a eliminar terroristas.

La última página del manual lleva las firmas del general EP Juan Rivera Lazo, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) y del general EP Pedro Villanueva Valdivia, jefe del Ejército en 1991.

El capítulo referido a contrainteligencia determina la conformación de “equipos básicos” de contrasubversión, contraterrorismo, contrasabotaje, contraespionaje y contraguerrillas. A estos comandos se les atribuye la siguiente misión: “Prevenir, detectar, localizar, identificar, neutralizar y/o eliminar personas, redes u organizaciones que realicen actividades en contra de la seguridad militar” (páginas 77, 79, 82, 84 y 86).

Según el documento, todo equipo de contraterrorismo debe estar conformado por un jefe (comandante o capitán), dos o tres subgrupos con sus respectivos jefes (capitanes o tenientes) y tres auxiliares. Aquella fue precisamente la estructura de Colina que inició sus operaciones ese mismo año.

En la entrevista que concedió al periodista Umberto Jara para el libro ‘Ojo por Ojo’, el comandante EP Santiago Martin Rivas dijo que el manual fue aprobado en el ‘Pentagonito’ por el general Villanueva Valdivia y permitió el nacimiento oficial del Grupo Colina. En mayo de 1991, afirmó, fue presentado a Fujimori, que dio carta libre para que inteligencia responda en forma contundente y aún más drástica sobre el objetivo terrorista por cada acto realizado contra la población. Con base a esta orden presidencial, según Martin Rivas, se llevaron a cabo las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, no existen pruebas documentales que indiquen que Fujimori dio directivas expresas para matar terroristas ni tampoco que haya autorizado la creación de escuadrones de la muerte.

La eliminación selectiva de sospechosos de terrorismo, de hecho, parece haber sido práctica antigua en las FF. AA. Lo importante es que, a partir de 1991, según el manual, los comandos de aniquilamiento pasaron a depender de la Dinte y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dos órganos que no operaban sin reportar directamente a Montesinos y Fujimori.

En 1991, como se recuerda, Fujimori modificó la estructura del sistema de inteligencia nacional y colocó al SIN como cabeza de todos los servicios de inteligencia del Estado, incluyendo el de las FF.AA. No sólo eso: dio facultades al SIN para intervenir y participar en el planeamiento de las operaciones especiales de inteligencia, así como en la creación de los “equipos básicos”. Es en ese contexto que se elaboró y aprobó el manual secreto.

Entrevistado por CARETAS, el general EP Rodolfo Robles destacó la importancia del manual como prueba contra Fujimori porque oficializó las llamadas operaciones de “guerra clandestina”. “Esta es una guerra que normalmente no obedece o que escapa a los cánones legales. En una guerra de frente interno o externo, existen normas de derecho internacional. En la guerra clandestina hay actividades soterradas, pero que tienen la autorización implícita de las más altas autoridades, y esta autorización no la da el mando militar, y si la da es con conocimiento del poder político”, explicó. Para la Fiscalía este esquema es fundamental para establecer la responsabilidad del procesado Fujimori.


El Estilo Guillén
Fiscal conduce interrogatorio con riendas cortas.
El duro interrogatorio del fiscal Guillén ha sido como trago amargo para el ex Presidente.


“Acusado Fujimori, ¿me escucha?, responda, ¿me escucha?” El fiscal adjunto Avelino Guillén inició con dureza el interrogatorio a Alberto Fujimori, el pasado viernes 14, sorprendiendo al propio ex Presidente. Su estilo severo y confrontacional ha sido celebrado por muchos y los expertos consideran que es un acierto que haya reemplazado en los interrogatorios al fiscal titular supremo José Peláez Bardales, quien por cierto continúa en el caso. Limeño de 53 años, Guillén lleva más de 20 años en el Ministerio Público. Entre los personajes que ha sentado en el banquillo de los acusados figuran los ex congresistas Alberto Kouri y Martha Chávez; así como los implicados en el autogolpe del 5 de abril para los que solicitó entre 10 y 18 años de prisión efectiva. Domina el ‘Caso Fujimori’ porque ayudó al fiscal supremo Pablo Sánchez a elaborar las primeras acusaciones contra el ex mandatario. CARETAS lo entrevistó en exclusiva.

-¿Cómo define su estilo?
–El juicio oral es como una batalla de las tesis entre el Ministerio Público y el abogado del acusado. Cada afirmación de la Fiscalía está sostenida en material probatorio. Nos cuidamos de no decir algo que no esté sustentado. Mi estilo es directo. Uno debe estar atento al desarrollo del interrogatorio para realizar las réplicas adecuadas a las respuestas del acusado.

–¿Qué buscaba obtener en sus interrogatorios?
–Demostrar el real poder que tenía en el Perú, durante el régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Nosotros sostenemos, no de ahora sino de hace varios años, que Montesinos cogobernó con Fujimori.

–¿Espera usted una confesión?
–Casi es regla común que los procesados nieguen los cargos. El procesado nunca va a decir: yo robé, yo maté. Se buscó resaltar cuáles son los puntos en los que el acusado Fujimori no puede articular respuesta. El tribunal tomará nota de los silencios, omisiones y sobre todo de la no respuesta. Y aunque parezca tozudo, nosotros insistimos.

–¿Por qué mencionar a Fujimori los nombres de las víctimas?
–Nosotros queríamos conocer de primera mano la reacción del acusado en relación a ellos. Demostrarle, además, que eran seres humanos cuyo proyecto de vida se truncó de manera abrupta y sangrienta. A continuación queríamos demostrar que él (Fujimori) no hizo ningún tipo de acercamiento con los deudos y sobrevivientes. Dice que subía a todos los cerros del Perú para ayudar a la gente pobre, sin embargo con personas que habían sido víctimas de un horrendo crimen a pocas cuadras de Palacio de Gobierno no tuvo ningún gesto de preocupación. Estoy convencido que el tribunal sopesará cuál ha sido su reacción.

–Por insensibilidad no se puede condenar a prisión. ¿Qué tan sólida es la acusación de autoría mediata?
–La tesis de la autoría mediata está suficientemente sustentada. Hemos ofrecido numerosos testigos que van a respaldar la tesis incriminatoria, además de documentos, audios y videos. No necesitamos de una estrategia de choque para probar eso. (Patricia Caycho

El Zorro de Abajo. Caída y maquillaje GARCIA EN CIFRAS

Sinesio López Jiménez.

Aun año y medio de gobierno, la caída de García en la valoración ciudadana es acelerada e incontenible: más de dos tercios de los peruanos y peruanas lo desaprueban, especialmente en el oriente, sur y centro en donde el rechazo se empina hasta el 84%. La desaprobación va acompañada de la pérdida de confianza y credibilidad: el 75% no tiene confianza en el gobierno de García o le tiene poca confianza. Las regiones más renuentes a otorgarle un voto de confianza son el centro, el sur y el oriente en donde la mitad de sus poblaciones no le tiene ninguna confianza. Evaluando el desempeño del actual gobierno aprista y sus políticas, la gente se siente igual o peor en lo que se refiere a la creación de empleo (79%), en el control de la inflación (84%), en sueldos y salarios (86%), en la calidad de la educación pública (82%), en el acceso a los servicios de salud (80%), en el acceso al agua y al desagüe (71%), en los problemas de delincuencia e inseguridad (92%), en la reforma del poder judicial (87%), en la lucha contra la corrupción (87%). Las mejoras sólo se sienten en lo que se refiere a los acuerdos comerciales internacionales (37%), en la promoción de la inversión privada (28%).

Todo esto significa que, en opinión de la enorme mayoría de la gente, García es desaprobado en la aplicación de las políticas sociales, en las políticas de seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción y que sólo una tercera parte lo aprueba en las políticas económicas que favorecen, en mayor medida, al empresariado y al capital. El único caso de política social en que la gente siente una cierta mejora es en el acceso al agua y al desagüe: el 26% cree que su situación ha mejorado en este rubro. Para decirlo directamente con todas sus letras: la mayoría del país cree que García está gobernando para los ricos en desmedro de los pobres. Visto desde la legitimidad y desde la gobernabilidad, todo esto significa que García y su gobierno han perdido legitimidad por desempeño, aunque mantiene, obviamente, la legitimidad de origen. Es probable que esa pérdida sea mayor en las clases populares y pobres de las diversas regiones del país, incluida Lima, la más conservadora de las regiones. Pese a ello, la gente es suficientemente sensata como para creer que su segundo gobierno es mejor que el primero. Sorprende, sin embargo, que para la mitad del país el actual gobierno aprista sea igual o peor que el de 1985-1990. En este alto porcentaje están probablemente los pobres de siempre cuya situación de pobreza sigue igual o peor desde el primer gobierno de García o desde antes. Este es el núcleo duro que no le reconoce mérito alguno al Presidente.

Dado este sombrío panorama para el gobierno, hay que preguntarse si los cambios en el gabinete que se han producido ayer significan una toma de conciencia y un propósito de enmienda de sus errores y de sus políticas nefastas. Una rápida revisión de los ministros que se van, de los que se quedan y de los que entran lleva a concluir que se trata de más de lo mismo. De poco o nada sirven los cambios de ministros si se mantienen las mismas políticas del gobierno. Cuando la gente exige un cambio de ministros, lo que generalmente quiere, ilusamente quizás, es un cambio de políticas. Esto no niega que la gente pida, además, el reemplazo de los ministros ineficientes y corruptos. Pero García se ha negado a atender esta demanda limitada manteniendo en su puesto al cuestionado ministro del Interior.

Llama la atención, en cambio, la salida de Allan Wagner, un correcto y eficiente ministro de Defensa que logró plantear en términos democráticos la relación entre los civiles y los militares. García tiene que explicar a la opinión pública qué hace en el Ministerio de Justicia una abogada a la que todos vimos defender con uñas y dientes la empresa televisora de un corrupto. Los pequeños maquillajes ministeriales remozan al gabinete gastado que preside Jorge del Castillo, pero no lo cambian ni cambian las políticas que García viene desplegando al servicio de los dueños de huertos. Por el contrario, las confirma.

Algo que llama la atención de las encuestas es la contradicción entre la situación política y las expectativas económicas de la gente: El 87% cree que la situación política general es regular, mala y muy mala en todas las regiones del país, pero el 43% piensa que su situación económica y la de su familia mejorará en el 2008, salvo el centro, que es la región más pesimista con respecto a su futuro inmediato: solo el 16% sospecha que su situación económica puede mejorar. Más aún: el 39% siente ahora que su situación económica y la de su familia han mejorado. Nuevamente las regiones más pesimistas son el centro (16%) y el sur (28%). Pese a las expectativas económicas crecientes de la gente, García es mirado con sospecha y desconfianza. Por algo será.

EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTOS Y LA BIBLIOTECA DE MI COLEGIO

EN LAS PUNA DE YANAHUANCA

EL COMPROMISO SOCIAL SE ASUME...

RIO DE LAMPAS PAMPA - CHIQUIAN

Ronald Gamarra: “La justicia ya ha demostrado que es culpable”

El ex procurador anticorrupción y abogado de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Ronald Gamarra, aclara que la acusación fiscal que ha dado lugar al juicio es sólida; sin embargo, advierte que hay una evidente distancia en lo que aparece en la acusación escrita y el interrogatorio formulado en las audiencias.

Por Nilton Torres

Nadie pretende –dice Gamarra– que Fujimori admita su responsabilidad en los delitos que se le imputan en este proceso, porque eso solo pasa en las películas. De lo que se trata es de enrostrarle a Fujimori las contradicciones entre lo que dice y lo que hay en el expediente, o entre lo que dice y lo que ha declarado anteriormente, o han declarado otros testigos.

–Y se han dado contradicciones. Fujimori ha dicho que de la matanza de Barrios Altos se enteró por la radio, pero antes dijo que todos los días, a primera hora, los servicios de inteligencia le reportaban todo a él.

–Esa es una contradicción que no se ha aprovechado. Yo espero que la fiscalía rearme su interrogatorio y en las próximas sesiones no asistamos a una conversación entre el Ministerio Público y el acusado. Vemos a un Fujimori muy cómodo. El lamentable interrogatorio del fiscal Peláez le dio una seguridad que no tenía.

–La Sala le ha exigido reiteradamente que deje los preámbulos cuando se le pide una respuesta directa.

–Él no es capaz de decir sí o no, salvo en ocasiones, y después fundamentar. Corresponderá a quien maneje el interrogatorio cortarlo cuando comience a hacer disquisiciones que no vienen a cuento y que más parecen un discurso político.

–Los fujimoristas exigen que no se politice el proceso, y el propio Fujimori lo hace.

–La apuesta de Fujimori es hacer de este juicio un asunto político, mediático.

–¿Hay pruebas de la participación directa de Fujimori en los actos que se le imputan?

–Estos son crímenes de poder efectuados a través de aparatos del Estado, utilizando recursos humanos y logísticos del Estado. Los nueve años de gobierno que siguieron a Barrios Altos tuvieron características autoritarias. Estaba controlado absolutamente todo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. No hay pruebas escritas de los asesinatos, nadie dice que a través de un memorándum se ordenó que maten a tal persona. Y si lo hubo, después de nueve años de control absoluto, es iluso y exagerado pensar que hoy existan estas pruebas, pero hay otras que sí sirven.

–¿Como cuáles?

–Conforme lo establecen los estándares internacionales en materia de procesos por violaciones a los derechos humanos, en estos casos es posible, deseable y necesario que la sentencia se fundamente en pruebas de referencia, de contexto. Es decir, que se pruebe indiciariamente que ordenó. Si en Argentina, Chile o España se han logrado emitir sentencias condenatorias es justamente recurriendo a las pruebas de referencia. Si a través de estas formamos un círculo alrededor del acusado, es posible colegir que esa persona sea el autor directo de estos crímenes.

–Fujimori no miente cuando dice que encontró al país dominado por el caos, y que la mayor cantidad de violaciones a los DDHH no se dieron en su gobierno.

–Es cierto, pero lo que se está juzgando ahora son temas muy concretos. Las violaciones a los derechos humanos no son un asunto de contabilidad, de quién tiene más o menos muertos. La única forma de entenderlo como pacificador es que Fujimori es un ex presidente que tiene cementerio propio. Él dice que llevó adelante una política antisubversiva legítima, clara, respecto a los derechos humanos, y para corroborar su versión su defensa ha citado a un grupo de testigos, pero la mayoría de ellos también tienen cementerio propio. Eso debe ser ilustrativo para el tribunal. Aquellos que van a ir a hablar en favor de Fujimori también están procesados o acusados por violaciones a los derechos humanos.

–¿Es posible, como dice Fujimori, que no se haya enterado de los entrelones de estos crímenes y por eso no le asiste responsabilidad?

–Eso no es cierto. Por la propia personalidad de Fujimori, meticuloso, comprometido, un adicto al trabajo, no va a decir ahora que se enteró por los periódicos o la radio.

–¿Y recordarle que tuvo más que una relación de trabajo con Montesinos?

–Él dice que sólo recibía consejos, pero es curioso que un hombre sumamente ocupado, que tiene una relación jerárquica con su asesor, asista a sus cumpleaños, despache con él. Allí están los videos.

–No quiso recodar su relación con Montesinos.

–Este es un tema de pedagogía para la población, la que debe sacar sus conclusiones de los silencios de Fujimori ante las preguntas comprometedoras. No pretendamos que Fujimori admita su culpabilidad, no lo va a hacer.

–Carlos Raffo ha dicho que se está siguiendo una estrategia.

–No hay estrategia. Fujimori nunca quiso venir al Perú a responder a la justicia, tampoco pensó estar detenido en un establecimiento penitenciario, nunca pensó estar condenado y él ya tiene una sentencia condenatoria. Nunca pensó ser acusado por violación de derechos humanos, y lo está.

–Estamos ante un juicio histórico, doctor Gamarra.

–Que un ex presidente responda a la justicia, no es un hecho de todos los días. Además por los delitos de violación a los derechos humanos es el primero en ser juzgado en el país, y uno de los primeros en el mundo. Es una oportunidad no solo para la justicia peruana, sino para toda la sociedad peruana, para que se sepa que nadie está por encima de la ley.

–¿Cuál es el ánimo de los familiares de las víctimas?

–De esperanza, que las cosas puedan terminar con una condena. Es difícil expresar la emoción de ver sentado delante de ellos a aquel que responsabilizan por la muerte de sus familiares.

–¿La condena por el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra sienta un precedente?

–Emocional, mediática, y políticamente, sí, por supuesto. Ahora hablamos de un condenado Fujimori. Sin desconocer que la batalla final será por la violación de derechos humanos, este fallo muestra a un Fujimori mentiroso. Siempre dijo que no había participado en el allanamiento, y él lo ha admitido. La justicia ha demostrado que ya es culpable.

–Y que este señor controlaba todo.

Por supuesto. En el juicio de Barrios Altos y La Cantuta él dice que daba directivas pero no órdenes. ¿Qué hizo en el caso del allanamiento a la casa de Trinidad Becerra?. Ordenó ese allanamiento, lo ha admitido.

–¿Cómo ve a César Nakazaki?

–Lo único que puedo decir es que es un abogado muy hábil. Nada más.

–¿Y el papel que juegan los medios de comunicación?

–Los medios están jugando el rol que les toca en una sociedad democrática, expresando puntos de vista, dando la cobertura que requiere el caso. No veo tinte amarillo. El que está haciendo un show mediático es Fujimori, no la prensa.

–El gobierno de Japón ha pedido un juicio justo para Fujimori.

– Fujimori tiene doble nacionalidad y si ese país pide un juicio justo no es para escandalizarse. Creo que Japón tiene que saber que estamos en un Estado de Derecho, que hay un Poder Judicial independiente, un tribunal transparente y que Fujimori tiene un juicio justo.