Por Augusto Álvarez Rodrichalvarezrodrich@larepublica.com.pe
No pasa nada con el Proyecto Educativo Nacional.
Hoy 6 de enero en que se cumplen dos años de la ‘oficialización’ del Proyecto Educativo Nacional (PEN), es decir, de la decisión del gobierno del presidente Alan García de convertirlo en política de Estado, es una oportunidad propicia para revisar su aplicación y constatar el escaso avance logrado en ese período.
El Consejo Nacional de Educación (CNE) se creó en el marco de la ley general de educación, a partir de las políticas del Acuerdo Nacional, como instancia consultiva del Ministerio de Educación a través de la formulación, concertación, seguimiento y evaluación, entre otros, del PEN.
Con dicho fin, el CNE diseñó el documento ‘Proyecto Educativo Nacional al 2021: La educación que queremos para el Perú’, el cual constituye uno de los mayores esfuerzos de concertación en un tema clave, con medidas específicas y un horizonte de largo plazo, para alcanzar seis objetivos cruciales:
1) Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de calidad sin exclusiones de ningún tipo; 2) Que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes para desempeñarse en la perspectiva del desarrollo humano; 3) Que los maestros, debidamente preparados, ejerzan el oficio con profesionalismo y vocación; 4) Que se alcance una gestión descentralizada y democrática que logre resultados y se financie con equidad; 5) Que la educación superior sea de calidad y promueva el desarrollo y la competitividad nacional; y 6) Que se conforme una sociedad que eduque bien y comprometa a sus ciudadanos.
Uno de los aspectos más valiosos del PEN es la metodología con que se elaboró. En un país donde los debates sobre temas cruciales se suelen perder en confrontaciones irrelevantes y agravios, esta fue capaz de convocar a expertos plurales y a todos los sectores involucrados, de las distintas regiones, del Estado y de la sociedad civil, para acordar un plan común.
Una expresión de que ello se logró es que fue aprobado por gente de óptica diferente como Antonio Brack y César Barrera Bazán, León Trahtemberg y Nelson Manrique y, en general, por los educadores más valiosos del país, desde el padre Ricardo Morales hasta el ya fallecido Constantino Carvallo.
El gobierno, sin embargo, no le ha dado mucha bola al PEN, lo que explica su escaso avance. Lo que hoy tenemos dista mucho de la ruta planteada ahí: presupuesto insuficiente, Ministerio en situación anárquica y disgregado por la venta de sus instalaciones sin prever dónde mudar al personal, municipalización de la educación que ha quedado en remedo, postergación de maestros, o abandono de la ciencia y tecnología, son solo algunas señales de que, como vamos, seguiremos muy mal educados por mucho tiempo.
No pasa nada con el Proyecto Educativo Nacional.
Hoy 6 de enero en que se cumplen dos años de la ‘oficialización’ del Proyecto Educativo Nacional (PEN), es decir, de la decisión del gobierno del presidente Alan García de convertirlo en política de Estado, es una oportunidad propicia para revisar su aplicación y constatar el escaso avance logrado en ese período.
El Consejo Nacional de Educación (CNE) se creó en el marco de la ley general de educación, a partir de las políticas del Acuerdo Nacional, como instancia consultiva del Ministerio de Educación a través de la formulación, concertación, seguimiento y evaluación, entre otros, del PEN.
Con dicho fin, el CNE diseñó el documento ‘Proyecto Educativo Nacional al 2021: La educación que queremos para el Perú’, el cual constituye uno de los mayores esfuerzos de concertación en un tema clave, con medidas específicas y un horizonte de largo plazo, para alcanzar seis objetivos cruciales:
1) Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de calidad sin exclusiones de ningún tipo; 2) Que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes para desempeñarse en la perspectiva del desarrollo humano; 3) Que los maestros, debidamente preparados, ejerzan el oficio con profesionalismo y vocación; 4) Que se alcance una gestión descentralizada y democrática que logre resultados y se financie con equidad; 5) Que la educación superior sea de calidad y promueva el desarrollo y la competitividad nacional; y 6) Que se conforme una sociedad que eduque bien y comprometa a sus ciudadanos.
Uno de los aspectos más valiosos del PEN es la metodología con que se elaboró. En un país donde los debates sobre temas cruciales se suelen perder en confrontaciones irrelevantes y agravios, esta fue capaz de convocar a expertos plurales y a todos los sectores involucrados, de las distintas regiones, del Estado y de la sociedad civil, para acordar un plan común.
Una expresión de que ello se logró es que fue aprobado por gente de óptica diferente como Antonio Brack y César Barrera Bazán, León Trahtemberg y Nelson Manrique y, en general, por los educadores más valiosos del país, desde el padre Ricardo Morales hasta el ya fallecido Constantino Carvallo.
El gobierno, sin embargo, no le ha dado mucha bola al PEN, lo que explica su escaso avance. Lo que hoy tenemos dista mucho de la ruta planteada ahí: presupuesto insuficiente, Ministerio en situación anárquica y disgregado por la venta de sus instalaciones sin prever dónde mudar al personal, municipalización de la educación que ha quedado en remedo, postergación de maestros, o abandono de la ciencia y tecnología, son solo algunas señales de que, como vamos, seguiremos muy mal educados por mucho tiempo.
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