Topy Top: ir por lana y terminar sindicalizado

No cabe duda de que lo laboral está de moda: las trabas al TLC, los tiras y aflojas sobre los “services”, la controversia alrededor del incremento del salario mínimo, etc., son temas laborales que están en el centro del debate, y es bueno que así sea, porque tras años de vivir bajo el mantra del “con el cholo barato nos convertiremos en Suiza”, poco a poco aparecen señales de que las cosas empiezan a cambiar, como evidencia el reciente caso de Topy Top.


La historia es bien conocida por lo repetida: Topy Top –empresa peruana muy exitosa, aquí y en el extranjero- entra en conflicto con sus trabajadores, que demandan mejoras laborales y han osado organizarse en un sindicato. Ante esto, la empresa despide a un centenar de los faltosos, quienes por supuesto acuden al Ministerio de Trabajo y al Poder Judicial reclamando sus derechos. Y por supuesto, el Ministerio y el Poder Judicial resultan más inútiles que paraguas de buzo: Topy Top siguen en sus trece y los trabajadores en la calle. Pero ese no es el fin de la historia.


Lo que sigue es muy interesante: los trabajadores recurren a la solidaridad internacional. Mediante la CGTP hacen conocer su caso a sus colegas de las federaciones textiles españolas, quienes contactan a las grandes empresas europeas –como GAP e INDITEX- que compran a Topy Top. Y, ¡ojo al chancho!, estas multinacionales cuadran a Topy Top, informándole que su política laboral es incompatible con los estándares de conducta que exigen a sus proveedores. En otras palabras: “arregla con tus trabajadores si quieres hacer negocios con nosotros”.


Gran sorpresa: Topy Top que tan intransigente e intocable parecía, vuela a reponer a los despedidos, acepta negociar el pliego de reclamos y …. ¡agarrénse!… reconoce oficialmente al sindicato, incluso proporcionándole un local al interior de la empresa.


La magia que hizo que Topy Top cediera se llama “globalización”. Lo sucedido marca un hito en las relaciones laborales en el Perú, porque demuestra que nuestro país no es una isla, y que la apertura a los mercados internacionales exige adecuarse a los requerimientos de estos mercados. Así es el fútbol: sí los empresarios peruanos pretenden hacer negocios con el primer mundo, no pueden seguir manteniendo estándares laborales del tercer mundo. Reconocer eso es lo que diferencia al verdadero empresario del “empresaurio”.


El verdadero empresario sabe que su empresa no sólo compite internacionalmente por precio y calidad de su producto, sino también con su imagen corporativa y su política de responsabilidad social. Pero esa política de responsabilidad social no es sólo salir en los periódicos de vez en cuando regalando juguetes, sino muchas cosas más: compromiso con los clientes, pagar impuestos cumplidamente, no contaminar, y –especialmente- ser un empleador responsable, pagando remuneraciones dignas, otorgando beneficios justos y reconociendo los derechos laborales, incluyendo la libre sindicalización.


Así, la minera que contamina, el agroindustrial que paga sueldos de hambre, la fábrica que desconoce al sindicato, en realidad están saboteando sus propios negocios, porque tarde o temprano sus abusos van a crearle demandas, boicots, trabas para entrar a los mercados. Si pues, globalización no es sólo TLC con EE.UU., hacer grandes negocios en los mercados europeos y llenarse de plata exportando. También significa responsabilidad y equidad con el trabajador. Ya es hora, entonces, de que asumamos una reforma integral del régimen laboral que adecue al Perú al siglo XXI, porque esa fantasía de convertirnos en una potencia exportadora en base al “cholo barato”, es una paparruchada sin pies ni cabeza que cierra mercados y pone en peligros los negocios, como Topy Top lo acaba de aprender.

LO QUE NOS HA TRAÍDO EN JUSTICIA UN AÑO DEL GOBIERNO DE GARCIA

Muchos recordarán la película de Buñuel, “El Angel Exterminador”, en la que un grupo de personas que comparten una reunión, van tomando conciencia de que nadie puede salir de la casa. Cada vez que alguien decide abandonar la fiesta, nunca llega a pasar el umbral de la puerta, porque siempre hay algo que lo retiene, que lo hace cambiar de decisión y, por lo tanto, vuelve a quedarse en el interior del recinto sin salir. Y así la escena se repite una y otra vez: alguien que decide salir e irse, termina por quedarse.

Esa es un poco la sensación que hace un buen tiempo tenemos en relación a muchas de las medidas y cambios que deberían adoptarse sobre nuestro sistema de justicia en su propio beneficio.

Por alguna razón, cada vez que estamos a punto de dar un paso concreto e importante en la dirección correcta, a último momento no lo damos, y, retrocedemos o vamos en una dirección contraria.

Es, por ejemplo, lo que ha sucedido, con el tema de la Carrera Judicial. Después de un larguísimo proceso, cuando ya el Congreso había aprobado una ley de carrera que llenaría un vacío histórico, pues iba a ser la primera vez que existiría algo tan elemental (así como la carrera magisterial, una carrera para los magistrados), el Poder Judicial se opone, y el Presidente termina observándola a último momento. Y así regresamos “de nuevo a la casa”, al Congreso, a seguir discutiendo sobre lo mismo.

Igual ocurrió con la reforma constitucional en materia de justicia: se consensuó en gran parte un nuevo capítulo, pero justo cuando se estaba a punto de comenzar a aprobarlo, las mismas fuerzas políticas que lo habían trabajado empezaron a desandar lo andado hasta llegar a un dictamen, en el que son tan pocos los cambios, que no justifican toda una modificación constitucional.

Otro ejemplo de lo mismo: “otorongo no come otorongo”, era la frase que había calado en la opinión pública para expresar que nadie creía que los mismos jueces pudieran atreverse a investigar y sancionar a los jueces corruptos, por lo que debía incorporarse en la OCMA (el órgano de control disciplinario) a representantes de la sociedad civil. En marzo sale un reglamento regulando la ley de participación de la sociedad civil en el control disciplinario de los magistrados, y, como hay un pésimo manejo de la oportunidad y de la difusión de la norma, la oposición de una mal informada opinión pública hace que se tenga que suspender el reglamento, y luego viene una ley sacando de nuevo a la sociedad civil de la facultad sancionadora de magistrados.

En la película de Buñuel las personas logran salir de la casa cuando toman plenamente conciencia de lo que está sucediendo, y luego de que, tras un proceso de búsqueda, descubren que para poder salir tienen que ponerse todos como estaban cuando recién entraron (la escena original). En el caso de la justicia, esa toma de conciencia tiene que ser respecto a la tradicional falta de voluntad política del Ejecutivo, y a los mil intereses que empujan para que nada salga en términos de reforma. Y la decisión tiene que ser la de avanzar contra viento y marea, retomando la agenda que al comienzo de la transición democrática quedó ya clara.

Y en realidad eso de nunca llegar a concretar, siempre estar en el “a punto de”, es lo que ha venido ocurriendo no sólo en el último año, sino hace un buen tiempo. Si no, recordemos lo del Ceriajus, ya música del recuerdo: necesitamos un plan por consenso, y una vez que lo tuvimos, lo metimos al cajón.

La diferencia es que hoy tenemos una serie de autoridades que han generado verdaderas expectativas: Francisco Távara en la cúspide máxima del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo, Maximiliano Cárdenas como presidente del CNM, Elcira Vásquez en la OCMA, Gladys Echaíz en reemplazo de Robinson Gonzales en la Academia de la Magistratura. Pero, como solemos decir, no es la primera vez que tenemos autoridades que generan expectativas; la diferencia respecto al pasado sólo se dará si esta vez dichas autoridades satisfacen las expectativas generadas y no terminan decepcionando una vez más.

Y a ese impulso que podría significar lo que hagan estas nuevas autoridades se suma otro factor, cada vez más decisivo y hasta peligroso: la demanda de justicia desde todos los sectores de la población. O el sistema de justicia comienza a recuperar la confianza perdida, y a volver a ser la vía a la que, por su eficacia y prontitud, la población recurre, o, cada vez más se instalarán los famosos medios alternativos: el arbitraje o los tribunales internacionales en el caso de los empresarios, por ejemplo, o los linchamientos o la protesta social (sin o con actos de violencia), en el caso de otros sectores que consideran que ésa es la única manera de solucionar conflictos y defender derechos.
(Ernesto de la Jara Basombrío)

PUEBLO LIBRE - LIMA

CVR: tareas pendientes (a 4 años del informe)

Se cumplen cuatro años de la fecha en la que los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hicieron entrega de su Informe Final a los presidentes de los poderes del Estado. Entonces, en un memorable discurso pronunciado en Palacio y ante el país, el doctor Salomón Lerner Febres hizo referencia a los 20 años que abarca el documento como un tiempo de vergüenza nacional, marcado de dolor y deshonra para el Estado y la sociedad. Un periodo signado por la violencia y la muerte.
La CVR cumplió a plenitud el encargo recibido y los ocho tomos de su impresionante informe demostraron el pavoroso drama de exclusión que significó esta guerra, en la que tres cuartas partes de las víctimas fueron habitantes del Ande, en un 80% quechuahablantes. En nombre de una sanguinaria y repudiable utopía, pero también tomando como pretexto la necesidad de respuesta de un Estado indiferente, casi 70,000 peruanos desaparecieron o perdieron la vida.
El Informe de la CVR marcó el inicio de una etapa aún pendiente: la del resarcimiento y reparación a esos miles que sufrieron el terrible flagelo de la violencia y que siguen esperando que se les haga justicia y reconozca el derecho de participar en un proceso de compensaciones. Las durísimas verdades descubiertas o confirmadas por ese documento sublevante y motivador señalan una obligación colectiva aún inconclusa.
Sin embargo, a cuatro años de la entrega del Informe es penoso constatar que la respuesta del Estado y sus instituciones, de los actores políticos y sociales concernidos ha sido escasa e insatisfactoria. El plan de desarrollo anunciado por el toledismo para las zonas afectadas por la violencia quedó en nada. De los 47 casos judiciables que presentó la CVR apenas una veintena se encuentran en el PJ, y los otros no han superado la investigación preliminar en el MP.
Tuvieron que pasar dos años para que el Congreso aprobara la obligación de compensar colectivamente a las víctimas mediante la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Y tres para que el premier Del Castillo anuncie un fondo inicial de 15 millones para esta tarea, en pro de la cual se está realizando un Registro Nacional de Víctimas. Con motivo de este aniversario se ha organizado un acto en la Alameda de la Memoria en el Campo de Marte, el monumento "El Ojo Que Llora" y diversas actividades que buscan recordar que nuestro compromiso con las víctimas y sus familiares debe dejar de ser una deuda pendiente y dar paso a la justicia, fase previa a la reconciliación.

ACTA DE FUNDACION DEL CLUB A.C.D “SANTA ROSA DE CATAC”

Como buen santorrosino aqui les envio unos datos que me proporciono el Sr. Julian Romero; espero sus comentarios.wilmer c gamarra

La asociación cultural deportivo Santa Rosa de Catac fue fundado y constituido en forma oficial el 30 de agosto de 1944.
Las finalidades de esta nueva institución es cultivar el deporte en todo su ámbito asimismo promover actos sociales e incentivar culturalmente dentro de la institución para con sus asociados y pueblo en general.

ACTA DE FUNDACION

Reunidos en el pueblo de catac a los 22 días del mes de agosto de 1944 convocados a previa citación a la casa de don Lorenzo Huerta Tuya por los señores don Julián Romero Huerta y don Lorenzo Huerta Tuya, previsto de conversaciones y en un intento de varias fechas se constituyen a la citación don Ciriaco Rojas C., don Emiliano Sánchez C., don Fernando Camones O, don Eustaquio Pérez, don Efigenio Solórzano y Merardo Trejo.
Exponiendo en esta reunión los fines y motivos para su creación de un nuevo club por los señores don Julián Romero Huerta y don Lorenzo Huerta acordaron formar un nuevo equipo de fútbol lo que se llamaría “Club Deportivo Santa Rosa” en memoria a la virgen Santa Rosa de Catac por ser fecha coincidente de su organización.
El club de “Santa Rosa” es creado y organizado institucionalmente el 22 de agosto de 1944 en forma extraoficial, posteriormente a través del tiempo de la dilación sufre su estructura para ser oficializada en forma definitiva bajo acuerdo hecho por los socios componentes y según consta en el presente acta.
El motivo principal para su fundación es por exceso de jugadores en el “Club 2 de Mayo” que para entonces era el único y principal equipo de fútbol representante del caserío de Catac y existiendo ciertos resentimientos de discrepancias con los veteranos del Club 2 de Mayo, se toma de esta manera la descición para la formación del nuevo club.
En un acto histórico para el nuevo y flamante club se procede a formar su cuerpo directivo con la aprobación de los presentes recayendo a las siguientes personas.

PRESIDENTE ------------------- Lorenzo Huerta T.
SECRETARIO -------------------- Julián Romero H.
TESORERO ------------------- Eustaquio Pérez T.
VOCALES ------------------- Efigenio Solórzano CH.
Ciriaco Rojas C.

De esta manera queda organizado el Club Deportivo Santa Rosa y su cuerpo directivo. Los principales gestores y fundadores son los que en cabeza se menciona.
La nueva junta directiva toma las riendas del. Destino de este club. Y de inmediato se convoca a los presentes y simpatizantes a una nueva reunión para constituir el nuevo equipo representante en esta oportunidad el equipo de fútbol integrado por los señores.

Lorenzo Huerta Filomeno Alvarado
Julián Romero Máximo Camones
Efigenio Solórzano Fernando Camones
Ciriaco Rojas Emiliano Sánchez
Medardo Trejo Elías León
Manuel Camones Teodulfo Camones

Socio simpatizante don Dámaso León.

El representativo en mención utiliza como uniforme por primera ves en su historia camisa blanca con franja de cinta roja, pantalón corto azul obsequiado por don Eustaquio Pérez T. La pelota fue adquirido por los socios fundadores, marca camel de cuero con tientos y flader con pitón y los implementos deportivos fueron apadrinados por los señores don David Uribe y don Rosendo Sánchez quienes de inmediato pasaron a ser socios protectores.
En este acontecimiento de novedad en merito a la juventud para dar apoyo moral y espiritual, las señoras damas distinguidas de la localidad se hacen integrantes socias activas las señoras Venancia Huerta Vda. de Romero, señora Eucadia Maza de Huerta y Domelila León Vda. de Gamarra.
Fue contagiante la emoción y la juventud estudiantina se pone en las filas del club, como son:

José León G. Crispín Gamarra L.
Ricardo Espíritu S. Venancio Sánchez C.
Eliseo Gamarra L. Ángel Castillo G.
Valeriano Solórzano CH. Florián Castillo O.
Andrés Castillo O. Luís Huerta Maza
Fermín Martines O. Heriberto Pérez T.
Silverio León H. Juan león H.

Bajo la dirección de la directiva en pleno su participación en eventos deportivos institucionalmente fue rival de los viejo de 2 de Mayo llegando a adquirir experiencia y madurez superando todo acontecimiento de tropiezos durante los primeros años, no estando de acuerdo solamente como deportivo la juventud inquieta tiene otro espíritu de enfocar y dar mayor resalte de acuerdo a su lema cultural deportivo, forman la liga andina conformado por los señores Lorenzo Huerta, Julián Romero, Ricardo Espíritu, destacando como actores en veladas literarias y en otros actos culturales, por la inquietud de los socios nuevos sufre una nueva estructura la institución. Siendo la misma directiva se hace un nuevo acuerdo para modificar la razón social del club “Santa Rosa” y estando de acuerdo en pleno se constituye nuevamente con un pequeño cambio, ser fundado el 30 de agosto de 1944, fecha en que se reorganiza y se oficializa siendo su aniversario el 30 de agosto de cada año, denominado con el nombre definitivo del club ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVO “SANTA ROSA” DE CATAC que queda grabado para su historia del club y su generación en forma oficial y definitiva.

Atte. Don Julián R, Romero H.

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:BALANCE DE UN AÑO CRÍTICO

26 de julio del 2007
Si en algún tema es posible ubicar no sólo una clara tendencia de parte del nuevo gobierno sino, inclusive, la implementación de campañas con objetivos políticos muy claros, ése es el de la judicialización de violaciones de derechos humanos.
Al momento de la instalación del nuevo régimen, el balance del proceso de judicialización era bastante positivo, porque no solo se podía dar cuenta de la implementación de un subsistema penal de derechos humanos, sino que además las estadísticas señalaban que de los 47 casos de la CVR, 15 casos ya tenían proceso judicial abierto y adicionalmente otros 20 casos estaban en sede judicial. Junto a ello, los tribunales de justicia y el Ministerio Público daban cuenta de notables avances en materia jurídica, los mismos que consolidaban la existencia de una corriente jurisprudencial pro derechos humanos; inclusive la Sala Penal Nacional había dictado la primera sentencia condenatoria sobre desaparición forzada en el caso Castillo Páez. Sin duda alguna el ha sido notable.
Pero a solo un mes de instalado el nuevo régimen, decidió desplegar una intensa campaña política contra el proceso de justicia. Bajo los argumentos de que existe una excesiva judicialización y de que los procesos no eran otra cosa que actos de venganza contra aquellos que nos defendieron del terrorismo, los principales líderes del gobierno, encabezados por el mismo Presidente de la República, colocaron en la agenda la necesidad de que aquellos militares procesados debían ser defendidos por abogados del Estado. Al final, el resultado fue el previsible: se promulgó un decreto que contemplaba justamente eso. Si bien en términos prácticos no son más de una docena de efectivos militares los que se han acogido a este desigual beneficio, los efectos del mensaje político han sido simplemente contundentes.
Meses después, las campañas desplegadas también desde el Poder Ejecutivo contra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro, la dirigida a favor de la pena de muerte (primero contra los terroristas y luego contra los violadores de menores de edad) y aquella campaña más o menos permanente contra el Informe y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, han terminado marcando no solo una distancia, sino una abierta contraposición del régimen con el asunto de los derechos humanos.
En todos estos doce meses, el mensaje del régimen –especialmente dirigido a fiscales y jueces- ha sido muy claro: les incomoda, les fastidia el proceso de justicia. Ciertamente, razones tienen, porque inclusive el Presidente y el Vicepresidente están directamente involucrados en un grave caso de violación de derechos humanos, pero también no podemos dejar de considerar el hecho que hoy el Perú tiene una nueva correlación política claramente opuesta el proceso de justicia, y demasiado proclive a favorecer la impunidad. La alianza con el fujimorismo no sólo es pragmatismo, sino que entre ellos hay una alianza de sangre en un tema clave como el de las violaciones de derechos humanos.
Luego de los doce primeros meses del gobierno, la constatación o el balance que podemos hacer es que el proceso de judicialización está virtualmente estancado. ¿Por qué decimos esto? Porque, desde los meses finales del 2006 hasta la fecha, sólo un caso nuevo ha sido denunciado y abierto en el Poder Judicial. Se trata del caso Sancaypata. Varios cientos de investigaciones permanecen en las diferentes fiscalías especiales. Muchas de estas investigaciones corresponden a casos que la CVR identificó como casos patrón, y sus investigaciones preliminares están realmente acabadas pero, por alguna extraña razón (que no encontramos en los expedientes) los fiscales de todo el país no denuncian. Además, el Ministerio de Defensa sigue sin entregar información sobre los militares investigados y la Policía no cumple los mandatos de detención de aquéllos.
Adicionalmente, en estos últimos meses se han dictado dos sentencias absolutorias en casos de desaparición forzada de personas, y además se ha señalado que en estos casos no es posible determinar que los jefes militares hayan tenido algún nivel de responsabilidad. Junto a ello, más recientemente nos encontramos con decisiones desafiantes de la justicia militar en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el caso La Cantuta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O más recientemente, la resolución dictada por una Sala Penal de Lima en una acción de hábeas corpus en la que afirma que el caso de la matanza de El Frontón está prescrito.
Es demasiado evidente que los jueces y fiscales han escuchado con mucha atención, y muy claramente, la campaña de ablandamiento del gobierno, y los resultados de eso es lo que ahora estamos observando.
A pesar de la actual situación, el avance producido en el proceso de judicialización se sigue presentando como referente obligatorio para la continuidad de la acción de la justicia. Siendo esto así el siguiente año de gobierno será, desde nuestra particular opinión, un año definitorio en el que seguramente el régimen buscará inclinar la balanza definitivamente a su favor.