Código de consumo tu opinion cuenta

tomado del diario la republica

El debate técnico y político sobre el Código de Consumo gana cada día más espacio en los medios. En juego están los derechos de usuarios y consumidores, a diario ignorados por muchas empresas. A estas alturas hay dos versiones: una de la PCM y otra que aún está tomando forma en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. De ambos documentos deberá salir una versión final. ¿Qué aspectos indispensables debe recoger la norma?

Por Raúl Mendoza

La existencia de un Código de Consumo en el Perú es indispensable porque, además de ser un instrumento de defensa de los consumidores, va a “armonizar las leyes dispersas que hay sobre el tema y a modernizar la Ley del Consumidor que es de hace 20 años”, señala la congresista Alda Lazo, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Hoy el mercado peruano se ha dinamizado, ampliado, es más complejo que antes, y la relación consumidor-proveedor es casi siempre inequitativa, porque el segundo tiene ventajas. Lo prueban los cobros indebidos de los bancos, los contratos engañosos o abusivos, los servicios que no llenan nuestras expectativas. Por esa razón la nueva norma debe recoger aspectos que equilibren la situación. Por ejemplo:

1 El Estado debe tener un rol a favor del consumidor

Según el ex decano del Colegio de Abogados Walter Gutiérrez, autor de la primera versión del anteproyecto de Código de Consumo, en la actualidad existen tantos bienes y servicios en el mercado que para el consumidor es imposible estar informado de todos los detalles al contratar. “Por ello el Estado, amparado en el artículo 65 de la Constitución, debe intervenir para asegurar dos aspectos: 1) La información prioritaria en salud, alimentación y seguridad. 2) La calidad o idoneidad de todos los bienes y servicios ofertados”. Este rol protector estatal estaba presente en la versión original del código. Según Aspec, esto cambió en la segunda versión –planteada por una comisión revisora, calificada como ‘pro empresarial’– donde el Estado tiene un rol subsidiario y solo debe intervenir en casos extremos. Según Alda Lazo, como nuestro mercado en crecimiento recién está desarrollando una cultura del consumidor, todavía es necesario un rol protector estatal. “Soy pro consumidor. Y vamos a impulsar esta visión en la versión final del código”, dice. Eso no quita que el consumidor debe ser responsable, informado y diligente al momento de contratar un servicio.

2 Prácticas abusivas de las empresas al descubierto

En tanto el Estado debe proteger a los consumidores, lo lógico es que el código establezca las prácticas y claúsulas abusivas de quienes ofertan bienes y servicios. El anteproyecto original del código establecía entre los artículos 85 y 88, seis claúsulas relativas y catorce claúsulas absolutas consideradas abusivas. En la segunda versión solo uno de sus artículos, el 81, plantea que no se puede modificar unilateralmente los contratos, pero no detalla más prácticas abusivas. No obstante, la lista de cláusulas y prácticas abusivas del proyecto de Gutiérrez ha sido recogida por la comisión que trabaja la norma en el Congreso. Son veinte, pero aquí citamos seis de las más importantes: 1) la que excluye o limita la responsabilidad del proveedor o empresario si deja de dar un servicio, o lo hace parcial o defectuosamente; 2) la que permite al empresario dejar sin efecto un contrato unilateralmente; 3) la que le permite subir el precio sin consentimiento del consumidor; 4) la que le da la facultad de prorrogar o renovar tácitamente un contrato; 5) la que excluye o limita la posibilidad del consumidor de hacer pagos anticipados; 6) la que impone al consumidor un pago excesivo por incumplir sus obligaciones. ¿De qué nos protegerá el código? De que los bancos y empresas de servicios no hagan cobros excesivos; que no cobren comisiones cuando un consumidor hace prepagos; que la publicidad sea vinculante y se respeten los términos ofrecidos; que el consumidor no se mantenga atado a un contrato; que tenga la posibilidad de denunciar y ser resarcido; y que encuentre un respaldo en el código a otro tipo de abusos.

3 Etiquetar los productos transgénicos

Desde un principio los gremios empresariales se mostraron en desacuerdo con que el código de consumo planteara el etiquetado de los productos transgénicos. Según Víctor Zavala, gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima, “no se debía a un afán de negarle información al consumidor, sino que hasta el momento el Estado peruano no tiene una posición sobre los productos transgénicos. No dicen si es bueno o malo. Por tanto se acordó diferir la discusión hasta que haya regulación sobre el tema”. Sin embargo, en la última semana el presidente Alan García se mostró de acuerdo con el etiquetado de transgénicos y el miércoles pasado la PCM decidió que en el proyecto de código que han trabajado así quede establecido. Para Aspec no solo se debería etiquetar los transgénicos, sino también los productos que contengan elementos alergénicos o grasas trans, porque el artículo 65 de la Constitución establece que “el Estado vela en particular por la salud y la seguridad de la población”. No se sabe si el proyecto que la PCM ya ha remitido al Congreso contiene este último planteamiento, pero la Comisión de Defensa del Consumidor lo va a incluir en el suyo.

4 Que Indecopi ejerza una verdadera autoridad

En este aspecto hay consenso: Indecopi debe ser la autoridad encargada de normar sobre la relación consumidor-proveedor. La Cámara de Comercio de Lima señala que debe haber una única autoridad y esta entidad es la experta. “Para eso debe repotenciarse Indecopi, con más personal, oficinas descentralizadas y recursos que les permitan contratar profesionales idóneos. Si no se tiene una autoridad competente, vamos a tener un código bonito, pero poco útil”. Para Alda Lazo, en efecto, Indecopi debe descentralizarse, pero si no se puede por falta de presupuesto, debería dar capacitación a personal de las municipalidades y regiones para que estos atiendan los reclamos en el interior del país. Según Walter Gutiérrez, Indecopi podría ser la autoridad transitoriamente –porque en rigor hasta ahora no se ha dedicado exclusivamente a la defensa de los consumidores– hasta que a largo plazo se cree una verdadera Autoridad Nacional de Consumo, que regule el tema.

5 Últimas noticias: se viene debate en el Congreso

Además de estos aspectos que deberían estar de todas maneras en el nuevo Código de Consumo, hay otros que también deben recogerse: reconocer a las asociaciones de consumidores como entes de defensa de la sociedad o las sanciones que deben recaer sobre los proveedores que incurren en prácticas abusivas. Los montos van desde una UIT hasta las 700 UITs en el proyecto que están redactando en el Congreso. ¿Cuándo tendremos Código de Consumo? No se sabe. Actualmente hay dos versiones: la de la PCM, que ya ha sido remitida al Congreso, y la que trabaja la Comisión de Defensa del Consumidor, que deberá estar culminada en dos semanas. “Vamos a consensuar nuestra propuesta con la del Ejecutivo y de ahí la versión final pasa al Pleno”, dice Alda Lazo. Para el congresista Yonhy Lescano, el proyecto de la PCM no protege al consumidor final y señala que las normas sectoriales prevalecen sobre el código, quitándole fuerza a este. Hay un optimismo moderado acerca de que haya una versión final antes del fin de la legislatura en junio, porque el debate será técnico. “Recogeremos lo mejor de las propuestas”, dice Lazo. Ojalá.

DE PASEO POR CHIMBOTE

El último viernes estuve por Chimbote con motivo de llevar a cabo un viaje de estudio en el curso de derecho aduanero, motivo por el cual estuvimos en la ADUANA y el PUERTO DE CHIMBOTE, confieso con sinceridad que me sorprendió el trato Cortez y muy gentil de los funcionarios de ADUNAS - CHIMBOTE, recibimos una charla en el auditorio de aduanas así mismo como el hecho de conocer que el puerto de Chimbote es más que todo exportador de harina de pescado y que la principal fuerza exportadora lo constituye minera Antamina desde su puerto de punta lobitos ubicado en Huarmey y que el importador principal los constituye SIDER PERU, y que se mueven como 2000 millones de dólares anuales por el puerto, también entramos a las instalaciones de la empresa nacional de puertos donde el encargado nos dijo que la idea del mega puerto con las disculpas del caso era una gran estupidez ya qué para eso se necesita mínimamente 50 pies y la actual es de solo 30 pero también es de mencionar los avances del segundo tramo de la carretera CASMA - HUARAZ que ojala al menos se concluya y quede como obra consuelo de este inefable e ineficiente gobierno regional, los trabajos se hacen hasta de noche y con inmensos reflectores por la empresa brasileña Obrainsa,

El viaje en general estuvo muy entrenado paseando por el malecón de Chimbote, como por su zona financiera para terminar en el balneario de Tortugas donde Rudy y Trejo fueron víctimas de un pez raya, sobre todo Rudy a quien tuvimos que llevarlo de emergencia al hospital de Casma , de no ser por ese lamentable incidente fue un viaje de confraternidad y muchas muchas bromas, sobre todo las de Iván con su chiste de ratón zonzo que le dijo a justo por dice quedarse dormido siempre en la trampa y también de la alegría de JHon que hizo sacar de mi ese comportamiento que solo era para LOS amigos de toda la vida y es asi como cantamos y cantamos temas ayacuchanos junto a Maycol , Rodrigo Antonio y hasta las mujeres que más de una ves son reacias; algo en verdad muy bonito de la gente de derecho dando las gracias al Prof vera por este viaje que quedara en el recuerdo de todos nosotros. W.E C.G

¿Nuevo golpe y mayor desprecio a los docentes?

Hubo un tiempo en que la profesión docente gozaba de un status social distinto, casi opuesto, al que goza en la actualidad. Entonces, era motivo de orgullo que en alguna familia hubiera un maestro y, del mismo modo, la sociedad en general veía con ojos distintos a quienes se dedicaban a esta profesión. En la actualidad, la debilidad del magisterio es tan fuerte que los golpes que este gobierno le ha dado desde el inicio pasan desapercibidos y, en ocasiones, son motivo de aprobación ciudadana.

Este desprestigio y deslegitimidad magisterial tiene dos causas principales. La primera es el abandono estatal en el tema educativo, lo cual ha permitido la proliferación de docentes sin que exista la regulación necesaria para que la calidad sea aceptable. Pero, otra causa importante, es que buena parte de dirigentes sindicales del SUTEP han antepuesto al bien común de los ciudadanos a sus intereses gremiales y partidarios. Esta actitud dirigencial es conocida como “pensamiento arcaico” una mezcla perversa de supuesta ideología revolucionaria con clientelismo. El SUTEP, por ello, ha perdido legitimidad y esto tiene como consecuencia la poca capacidad de respuesta magisterial en la actualidad para hacer frente a los golpes que da el gobierno de turno contra los docentes.

Un nuevo golpe fue dado el 4 de marzo de este año, día en que se aprobó la Ley 29510 que permite a cualquier profesional ejercer la docencia en instituciones de Educación Básica Regular, públicas y privadas, en áreas afines a su especialidad. Para lograr esto, se exceptúa el requisito de colegiación a profesionales con títulos distintos al de educación. La aprobación de esta ley resulta polémica y constituye una derrota del magisterio que, en otros tiempos, no hubiera podido darse sin que los docentes reclamaran inmediatamente por este hecho.

Primero, en la experiencia nacional e internacional no hay relación directa entre la participación de profesionales de otras áreas y la mejora de calidad educativa, lo que quiere decir que la nueva ley se basa en una falacia. En segundo lugar, no se puede relativizar la profesión docente pues existe una especificidad en la carrera pedagógica ya que los maestros, más allá de dictar materias determinadas, deben ser capaces de promover el aprendizaje en general.

En tercer lugar, cabe mencionar que los profesionales que laboran en el sector público tienen una remuneración aproximada de 1020 nuevos soles. Este monto resulta poco atractivo para otros profesionales de calidad. Esto quiere decir que los profesionales de otras áreas que hayan resultado exitosos no considerarán la posibilidad de ejercer como docentes pues la remuneración es insuficiente, comparada con la que tienen en sus áreas de desempeño.

Finalmente, esta ley relativiza, por un lado, el rol del Colegio de Profesores del Perú, con lo cual se minimiza, aún más, la importancia de la organización profesional del magisterio. Al relativizar este rol, se está relativizando también la profesión magisterial y, por ende, la representación del cuerpo docente. Resulta curioso, además, que sea Mercedes Cabanillas quien propone esta ley cuando hace varios años, durante su gestión como Ministra de Educación, fue ella misma quien permitió que varios maestros sin título pedagógico fueran nombrados. Muchos de ellos, a la fecha, no han sacado sus respectivos títulos y gozan de todos los derechos que el nombramiento les otorga.

Este nuevo golpe contra los docentes ha pasado desapercibido debido al desprestigio que rodea al magisterio en la actualidad. Sin embargo, resulta necesario que se realicen las acciones pertinentes para revertir esta ley que, antes de fomentar la mejora educativa en el país, no solo perjudica a los docentes, sino también debilita la educación nacional.

Consulta a los pueblos indígenas: ¿De qué se trata?

Hace unas semanas, un informe de monitoreo de la OIT, respecto al cumplimiento del Convenio 169, le cayó como balde de agua fría al actual gobierno pues, entre otras cosas, se le exhortaba suspender las actividades de exploración y explotación de recursos naturales mientras no se asegure la participación y consulta de los pueblos indígenas afectados por estos proyectos.
Según el artículo 6 del Convenio 169, ratificado en 1994 por el Perú, los gobiernos firmantes deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se elaboren medidas legislativas o administrativas que los afecten, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Sin embargo, a casi un año del “Baguazo”, no contamos con una ley que regule este derecho. Por el contrario, según señala este informe de la OIT, preocupa que en el país se hayan promulgado algunas leyes sectoriales que desvirtúan la finalidad de la consulta a los pueblos indígenas.

Que no nos vendan gato por liebre

Por ejemplo, en el “Reglamento de participación ciudadana en actividades de hidrocarburos”, se señala que la consulta es una forma de “llegar al mejor entendimiento sobre los alcances del proyecto y sus beneficios”, es decir, se concibe este mecanismo como reuniones de información, lo que no cumple con los requisitos del Convenio 169. Asimismo, en el “Reglamento de participación ciudadana en el Subsector minero”, se presentan limitaciones similares y se concibe el mecanismo de participación con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera. De esta manera, la participación termina siendo una careta para legitimar concesiones y proyectos que, sin consulta previa, son ilegales.

Vinculante o no

Por otro lado, en la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, se encuentra para su próximo debate un dictamen que propone una “Ley que regula el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas”. En esta norma preliminar, se dice que la decisión de los pueblos indígenas respecto a su conformidad o disconformidad con las actividades a realizar no tendría carácter vinculante, aunque sería obligatorio que el Estado considere la opinión de los pueblos y prever su respectiva indemnización. ¿Cuál sería el alcance de esta ley? ¿Significa que su influencia estaría limitada?

Según la OIT, la consulta no solo debería ser informada, previa y libre, sino debería ser efectiva. Esto no quiere decir, que si los indígenas se muestran en contra de un proyecto, este no se lleve a cabo. Sino que la ley de consulta debe otorgar a estos pueblos la oportunidad de influir en la decisión adoptada, pues de lo que se trata es de contar con una opinión real y oportuna, que sea tomada en cuenta por el gobierno.

Por todo esto, esperamos que después de esta importante discusión sobre la ley de consulta previa, el gobierno no termine elaborando y promulgando una norma que solo sea un saludo a la bandera, lo que sería otro grave error, pues empeoraría aún más su actual relación con los pueblos indígenas.

“Los egresados de institutos superiores no tienen una formación de calidad”

Entrevista a Edwin Uribe. El nivel educativo de muchos institutos de educación superior es lamentable. Edwin Uribe, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior no Universitaria (Coneaces), está empeñado en garantizar la supervivencia de los centros de enseñanza de calidad y en la gradual desaparición de aquellos que engañan a sus estudiantes.

En los últimos años han proliferado institutos y universidades. ¿Por qué se les autoriza si eso va en desmedro de la educación de calidad?

–La proliferación se dio por una ley promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se creó una gran cantidad de institutos sin verificar la calidad. Hay que corregir ese problema con la acreditación. El número de institutos de formación docente, por ejemplo, eran 341 hasta el año pasado. Hace dos años el Ministerio de Educación dio una norma al respecto: para ingresar a estos institutos que forman profesores se debe obtener catorce como calificación mínima. A raíz de esta norma hay institutos que están cerrando, públicos y privados.

–Es que 341 institutos de educación son demasiados…

–Por supuesto, son demasiados. Lo que acá ha habido es (la creación de muchos de ellos como) una forma de negocio. Incluso hay institutos que formaban a distancia, así como facultades de educación a distancia.

–¿Cuantos deberían quedar?

No le podría decir una cantidad exacta, pero sí que esto debería estar regido por la acreditación. Nuestro objetivo es acreditar a los mejores y a la larga los otros van a ir cerrando porque: 1) Ya se están quedando sin estudiantes por la nota catorce. 2) Con el tiempo solo van tener vigencia aquellos que estén acreditados. Actualmente hay 40 institutos –de los 341 que existen– en proceso de autoevaluación. Es muy poco, pero en la medida que se conozcan los estándares para los institutos de educación seguramente algunos van a inscribirse para ser acreditados.

–¿Tienen un diagnóstico de cuántos profesionales egresan de las facultades e institutos de educación y cuántos se necesitan en el mercado?

–Cada año egresan 45 mil y solo un 5% de esa cifra puede optar por una plaza en el magisterio. El resto no puede trabajar en lo que ha estudiado.

–Hablando en general de todos los institutos y no solo los de educación, ¿gran parte de ellos no debería cerrar por falta de calidad educativa?

El Coneaces no puede cerrarlos, el que determina el cierre de un instituto es el Ministerio de Educación. Nosotros vamos a acreditar a los institutos que son buenos…

–Pero ¿qué se hace con los que no dan una buena formación?

–En el camino la sociedad es la que va a obligarlos a cerrar. Cuando la acreditación avance, nadie va a querer estudiar en un instituto que no está acreditado. En el futuro solo vamos a encontrar institutos que muestren su constancia de acreditación.

–En general, ¿cómo calificaría el nivel de los institutos superiores en el Perú?

–Están tratando de mejorar. Pero se ha demostrado que los profesionales que egresan de estas instituciones no están capacitados para el campo laboral. Un ejemplo: empresas mineras, petroleras que han llegado al país y necesitan técnicos para labores específicas, no los encuentran. Tenemos gran cantidad de profesionales técnicos pero sin las competencias mínimas que ellos exigen.

–¿Por el momento, además de los 40 que están en autoevaluación para lograr su acreditación, no hay institutos que ya estén acreditados?

–No, porque justamente el Coneaces está iniciando el proceso de acreditación. La cultura de acreditación en otros países ha dado resultados –México, Brasil, Chile, Colombia y toda Europa– y esperamos que aquí pase lo mismo.

–¿Y hay una meta a cumplir? Por ejemplo: “En dos años solo los institutos acreditados podrán funcionar y los que no lo están deberán cerrar”.

No. Le repito que no cerramos instituciones. Para nosotros una meta es que este año la gran mayoría de institutos de formación docente deben estar acreditados. Y para el próximo año las carreras de salud y los institutos tecnológicos. Ese es nuestro objetivo principal.

–¿Como se acredita un instituto?

–Cada instituto forma su comité de calidad y empieza su proceso de autoevaluación. Una vez que consideran que están aptos para ser acreditados, el Coneace designa a una entidad externa para que los evalúe. Tienen que cumplir estándares mínimos para acreditarse por tres años. dos años, un año, etcétera. Si lo cumplen se les acredita y certifica. Estamos en una etapa incipiente y no se puede acreditar, digamos, por cinco años porque el nivel podría decaer en ese lapso.

–¿Cuáles son los requisitos?

El cumplimiento de estándares establecidos. El modelo del Coneaces está basado en cuatro dimensiones: Gestión institucional, procesos académicos, servicios de apoyo y resultados de impacto. Cada una de estas dimensiones está conformada por factores y cada factor tiene indicadores.

La economía nacional de mercado (Parte I)

Por Félix Jiménez

Economista Ph. D.

Profesor Principal de la PUCP

Es inverosímil que para algunos economistas la crítica al modelo neoliberal peruano sea considerada como un rechazo al mercado, y que los críticos de ese modelo sean calificados como enemigos del mercado. Esta incapacidad de razonar también se revela cuando escuchan hablar de nacionalizar la economía o nacionalizar las actividades estratégicas, es decir, de ponerlas al servicio del interés nacional. El propósito de este artículo es invitar al lector bien intencionado a participar en un debate que trascienda el razonamiento dicotómico Estado-Mercado y despliegue su curiosidad por estudiar los temas del desarrollo.

El modelo económico neoliberal es desnacionalizador

El modelo neoliberal aplicado al Perú desarrolla un circuito económico desnacionalizador. Bastaría señalar que la caída de la tasa de crecimiento de 9.8% en 2008 a 0.9% en 2009, revela la desconexión de nuestra economía con sus mercados internos o su fuerte dependencia con lo que ocurre en el mercado internacional. Esto es historia conocida, pero no parece suficiente. ¿Por qué es desnacionalizador?

Primero, porque la versión neoliberal del modelo exportador aplicado aquí (que es distinta de la versión exportadora de los países del Asia), no considera el desarrollo de los mercados internos. Deja de lado los factores de demanda interna y hace énfasis en el minimalismo estatal, en consonancia con la teoría neoclásica del comercio internacional y del crecimiento económico. Para esta teoría el mercado autorregulado es eficiente, las distorsiones en el mercado son originadas por la intervención del Estado y los países comercian porque tienen distintas especializaciones beneficiándose del comercio si cada uno produce y vende lo que sabe hacer relativamente mejor.

Segundo, porque, a diferencia de lo que ocurrió en los países asiáticos, orienta el desarrollo fuera de los mercados internos, creando en su lugar enclaves que no tienen conexiones con la economía interna y no toma en cuenta los intereses de la comunidad nacional de la sierra y la selva del país.

Tercero, porque su focalización en las exportaciones, dadas las condiciones de las que se parte, genera comportamientos ventajistas en la competencia internacional mediante la supresión de los derechos de los trabajadores, el mantenimiento de salarios reales estancados, la imposición de contratos de estabilidad tributaria que lesionan la soberanía nacional, y la desatención de los costos medioambientales de la explotación de recursos primarios. Piense el lector en Cocachacra, en Majaz, en Bagua o solo en La Oroya; y piense, asimismo, en las exportaciones no tradicionales que basan su competitividad en mano de obra barata y de baja calificación.

Finalmente, porque privilegia las inversiones extranjeras en la actividad primaria exportadora que vende en los mercados externos, en lugar de promover el crecimiento de la demanda interna en consonancia con un aumento diversificado de la oferta productiva. El modelo exportador neoliberal no permite aprovechar internamente los frutos del progreso técnico o los aumentos de la productividad a favor del interés nacional.

La economía nacional de mercado

Hay que “nacionalizar” esta economía. Hay que centrar el desarrollo del país en la expansión de los mercados internos que ya existen y en la creación de otros nuevos, es decir, hay que desarrollar una economía nacional de mercado. Esto no significa autarquía ni estatismo. Significa basar las ganancias de competitividad en aumentos de productividad y no en ventajas absolutas naturales y en el cholo barato. Las ventajas competitivas se logran conectando la economía con la geografía y la demografía, diversificando el aparato productivo para basar estas ventajas en rendimientos a escala con costos unitarios decrecientes que favorece el comercio intraindustrial. Pero también significa institucionalizar políticas de generación de ingresos y demanda interna para sostener el crecimiento.

Hay que construir capacidad productiva industrial, agroindustrial y agropecuaria (oferta), y simultáneamente desarrollar la demanda interna para asegurar el uso de esa capacidad. Además, la demanda interna que se sostiene en el tiempo estimula nuevas inversiones para expandir y diversificar la capacidad productiva. Desde esta perspectiva, las exportaciones son necesarias para solventar las importaciones y hacer sostenible el crecimiento económico; y, en este caso, las ganancias de competitividad están garantizadas por la expansión de los mercados internos.

¿Cómo se construye una economía nacional de mercado?

Primero, facilitando el desarrollo de capacidad empresarial nacional; segundo, desarrollando instituciones y espacios de política para generar establemente demanda interna e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo; y, tercero, con un nuevo contrato social que asegure la democracia republicana.

Por razones de espacio solo trataremos el primer punto. La creación de capacidad empresarial nacional está asociada a la expansión de la inversión privada nacional o local; pero esta, a diferencia de la extranjera, enfrenta restricciones de mercado interno, de financiamiento y de capital humano y tecnología. La restricción de mercado se supera con inversión en infraestructura económica y social, a lo largo y ancho del país. La restricción de financiamiento se logra con un mercado de capitales en soles, profundo y líquido, sustentado en un mercado secundario de deuda soberana en soles, a distintos plazos, para generar tasas de referencia para las emisiones privadas. Por último, la restricción de capital humano se logra con una reforma educativa para facilitar la movilidad y adaptabilidad de la mano de obra, con inversión en investigación y desarrollo, y con vínculos institucionales con la industria y las empresas para definir contenidos curriculares que hagan fluido el tránsito hacia el mercado laboral. (Continuará).

LA NESECIDAD DE UNA URGENTE REFORMA UNIVERSITARIA

Un tema poco debatido pero que debiéramos discutir es la muy necesaria reforma universitaria, desde el MEID nos aunamos al clamor universitario nacional e insistimos en la necesidad de contar con una nueva ley universitaria que adecue a la universidad peruana al ritmo de las más prestigiosas de América Latina y del mundo. Por lo que compartimos algunas novedades que trae el anteproyecto de ley universitaria que todavía no es discutido y duerme el sueño de los justos en la Comisión de Educación del Congreso.

Este anteproyecto propone criterios similares para la creación, evaluación, acreditación y cierre de las universidades para frenar el caos originado por la existencia de diversas leyes que actualmente facilitan la creación de universidades a diestra y siniestra. De aprobarse esta ley, desaparecerían leyes especiales como el DL 882 y todas las universidades privadas deberán contar con una comunidad universitaria, para lo que deberán tener el 30% de sus profesores en situación de nombrados. De esta manera, todas las universidades formarían parte del sistema universitario y estarían sometidas a la autoridad del mismo. Asimismo, se deja abierta la posibilidad de que cualquier universidad pueda ser cerrada sino supera las evaluaciones respectivas, lo que no ocurre actualmente.

Del mismo modo, se establecerá que las universidades otorgarán grados y títulos a nombre de cada entidad y solo las debidamente acreditadas y evaluadas las otorgarán a nombre de la nación. Esto es muy significativo porque señala que las universidades deben ganarse el derecho a dar títulos a nombre de la nación y que ello no puede suceder automáticamente por el solo hecho de existir como tales.

Por otro lado, se señala la obligatoriedad de la tesis de bachiller, como un trabajo de investigación sencillo pero indispensable para culminar la formación profesional. Para fomentar la investigación en las universidades públicas, se crearía el Sistema Nacional de Investigadores Universitarios para financiar a los profesores investigadores y el Fondo Nacional de Investigación Universitaria para financiar los proyectos de investigación. Asimismo, se establecerá el presupuesto destinado al rubro de investigación (30% de los recursos directamente recaudados y no menos del 15% presupuesto asignado por el Tesoro Público). Así, se recupera para el Perú un nivel de producción de conocimientos adecuado a las crecientes exigencias de nuestro desarrollo.

Por último, se plantea una forma de gobierno para las universidades públicas e indicativo para las privadas. Se busca separar para ello la labor ejecutiva de la deliberativa, dándoles énfasis a las autoridades elegidas de rector y decano en cada uno de sus ámbitos. Así, se establecería que la Asamblea Universitaria sería un órgano esencialmente deliberativo mientras que el Consejo Universitario sería el “gabinete” del rector para que gane en eficiencia.

En esa misma perspectiva, se crearía el Consejo Nacional de Universidades, el cual reemplazaría a la Asamblea Nacional de Rectores y desempeñaría las funciones que hoy cumple el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Este Consejo se nombraría mediante una votación calificada de 2/3 del Congreso de la República, escogido de ternas de candidatos que presentan las universidades públicas y privadas más antiguas (cuatro miembros), las academias y colegios profesionales (dos miembros) y el Poder Ejecutivo (un miembro), con lo cual se busca darle mayor legitimidad a la autoridad universitaria tan venida a menos en los últimos años.

Como ven compañeros se trata de propuesta necesaria y urgente para que la educación universidad pública deje de ser una estafa y el facilismo y mediocridad den paso al esfuerzo y eficiencia. W.E.C.G.