fuente le monde diplomatic Peru
Carlos Herrera Descalzi*
Durante el siglo XX el Perú vivió en la convicción de que sus recursos energéticos eran infinitos frente a sus necesidades. El gas de Camisea, el petróleo por encontrar en la selva y en el zócalo continental, el carbón por explorar, reservas de uranio, fuentes renovables como la geotermia, la energía solar, la eólica y otras; entre todas ellas, lo descollante es su potencial hidroeléctrico.
En el último lustro del Siglo XX, la demanda eléctrica del Perú cruzó la barrera de 2,000 MW. Ese año (1997), la hidroenergía participó con 92.85% de la generación eléctrica. Casi la mitad (49.20%) del total provino del complejo hidroeléctrico del Mantaro1, cuya capacidad conjunta bordea los 1,000 MW.
Los 1,000 MW ya aprovechados en el río Mantaro quedan empequeñecidos frente a la cifra de 58,300 MW de potencial hidroeléctrico económicamente aprovechable con que contaría el Perú, según estudios hechos entre 1970 y 1980 por la Misión Alemana de Energía, válidos para las condiciones de la época.
A mediados de los años 80, en la selva sur se encontró el gigantesco reservorio de Camisea, conteniendo gas natural y líquido, de los cuales el gas aportaba el 78% del contenido energético. Como las reservas de gas se expresan en pies cúbicos estándar o en BTU2, se buscó términos más asequibles. Se indicó que existía gas para 300 años3.
Con 58 Mantaros por desarrollar y gas para 300 años, la imaginación no exigía cálculo alguno para determinar que Perú tenía suficiente energía para varios Perú por varios siglos. Se sentía que la existencia de recursos naturales estaba holgadamente cubierta; que la única tarea era obtener los capitales que materializasen los sueños en obras.
Camisea se materializó cerrando sus contratos junto con el siglo (diciembre 2000). El proyecto inició operaciones en agosto de 2004. De allí en adelante, hasta mayo del 2008, cada proyecto que pretendía consumir gas se planteaba muchas preguntas (incluidas las rutinarias de entes financieros y agencias de crédito) antes de cerrar compromisos de inversión, excepto ¿Hay suficiente gas? y ¿existe suficiente capacidad de transporte? Hubo quienes primero compraron el equipamiento y luego, al pedir el gas, terminaron de participantes en una subasta –aún inconclusa– disputando los últimos 80 MPCD4 de Camisea, sin poder tocar nada de los 620 MPCD que se reserva para exportar a precios de regalo.
¿Qué ocurrió? Se comprometió un gran volumen de reservas para exportación sin medir el consumo acumulado que alcanzaría en un par de décadas una fuente de energía barata y limpia que penetró en el mercado con una demanda exponencial.
El 28 de agosto de 2008, el Perú presentó información sobre su potencial hidroeléctrico exportable a Brasil. El 17 de mayo del mismo año, los Ministros de Energía de ambos países firmaron un Convenio de Integración Energética con la finalidad de evaluar proyectos hidroeléctricos para la exportación de energía de Perú a Brasil, incluyendo la transmisión asociada. Acordaron que toda la información generada o intercambiada sería tratada como información confidencial.
Después de pensarlo mejor, Perú cambió su propuesta. Así, el 17 de julio de 2009 propuso que el potencial a desarrollar fuese entre 2,000 y 6,000 MW, que atendiese prioritariamente al mercado peruano y que la concesión concluyese a los 30 años, pasando la infraestructura a propiedad del Perú. Asimismo, que las concesiones se otorgasen vía licitación internacional y que cada país pagase la infraestructura de transmisión destinada a conducir la energía a su mercado, aún cuando las obras se construyesen en territorio del otro país.
El 22 de setiembre del mismo 2009 el Ministerio de Minas y Energía de Brasil retrucó que la nueva propuesta peruana no correspondía a lo propuesto inicialmente: que las tratativas fueron con las reglas vigentes al 2008 (concesión a perpetuidad) y que por ello las empresas brasileras ya habían invertido ingentes recursos; que desde el inicio el gobierno peruano propuso un potencial de 20,000 MW, destinados al mercado brasileño. En términos sencillos: emulando al General Mariano Melgarejo, en su entusiasmo, no midió bien los términos y sin proponérselo, en la práctica, el Perú había ofrecido regalar 20,000 MW de su potencial hidroeléctrico a su vecino, dejándole los beneficios y quedándose con los costos sociales y ambientales que se producirían en su territorio.
El futuro consumo eléctrico y por ende las necesidades de equipamiento se estima a partir de la demanda actual y de la tasa promedio de crecimiento anual, hasta un año horizonte; se agrega un porcentaje para reserva (20% a 30%). La tasa de crecimiento eléctrico en Perú es mayor en 1% a 2% mayor a la del Producto Bruto Interno (PBI). Bajo escenarios que van de lo conservador a lo moderado optimista, el Perú podría tener tasas de crecimiento eléctrico entre 4% y 10% anual. Bajo las premisas señaladas, Perú podría necesitar del total de su potencial hidroeléctrico entre los años 2040 y 2060, según desarrolle más lenta o rápidamente.
Una primera pregunta es si cuenta realmente con los cerca de 60,000 MW estimados hace 30 años, cuando los aspectos sociales y ambientales no intervenían y el cambio climático no se identificaba y, menos aún, su efecto sobre la cuantía de las precipitaciones pluviométricas. Hasta mejor información, lo razonable sería situar lo realmente aprovechable alrededor de los 40,000 MW.
La localización de los proyectos es otra consideración importante: unos están vinculados a la cuenca del Pacífico; otros a la del Atlántico, con aguas tributarias del Amazonas. Los últimos a su vez se diferencian entre los ubicados en alta montaña (encima de los 1000 msnm) y los de la zona amazónica; la distinción es importante porque su concepción obedece a esquemas distintos, con efectos ambientales muy distintos. Los del Pacífico y los de alta montaña se construyen derivando aguas mediante túneles o canales con un trayecto casi horizontal, hasta provocar una caída significativa para devolver las aguas al río, previa extracción de su energía mayormente mediante turbinas Pelton. Este tipo de proyectos normalmente no causa problemas sociales ni ambientales; la más de las veces contribuye positivamente en ambos aspectos. Los proyectos de la Amazonía tienen un esquema de explotación distinto; la caída se provoca a través de la construcción de una represa que genera un embalse de agua; en terrenos de poca pendiente (casi planos) como son los suelos amazónicos, la superficie del embalse generado es apreciable, e inunda grandes áreas de terreno, con los efectos conocidos.
A grosso modo, incluyendo los transvases de aguas de la cuenca atlántica al Pacífico, los recursos peruanos se localizan 20% en la cuenca del Pacífico, 40% en alta montaña y 40% en la zona amazónica.
La Amazonía es sede de recursos valiosos para el siglo XXI: de carácter renovable como los forestales, absorción de CO2 y purificación del aire, agua, biodiversidad e hidroenergía; también los perecibles, como minerales e hidrocarburos. Lo ideal sería mantenerla intangible, al menos hasta que luego de haber establecido y evaluado informada y concienzudamente los pros y contras, se cuente con un plan que defina el mejor aprovechamiento de los recursos. La situación real es que el plan no existe, que el Estado carece de recursos y -peor aún- de convicción para proteger su intangibilidad y que migraciones incontrolables en busca de tierras, madereros y minería ilegales y narcotráfico, la están destruyendo desde tiempo atrás y cada vez en mayor escala, ante la impotencia del Estado.
Si el Perú necesita desarrollar su potencial hidroeléctrico, lo racional sería agotar primero las fuentes del Pacífico y la alta montaña, antes de emprender la explotación amazónica, ganando una tregua para subsanar la inexistencia de un plan de aprovechamiento amazónico y para elaborar y hacer madurar proyectos, hasta reducir su impacto a lo realmente tolerable. Este escenario sería incuestionable, si no existiese ya el aprovechamiento ilegal y destructivo que se viene produciendo. Entonces, no se puede dejar de considerar que una explotación insuficientemente madura, pero al menos legal y controlable y que facilite la presencia del Estado en la zona para combatir le explotación ilegal tiene el carácter de mal menor.
La existencia de recursos naturales es condición básica para materializar emprendimientos. Pero sin capitales difícilmente se materializan. Cada proyecto hidroeléctrico tiene sus bemoles; implica largos plazos de maduración, inversiones pre-operativas importantes –ante las cuales vacilan los inversionistas privados– e involucran riesgos constructivos e inversiones cuantiosas.
Analizadas en sus órdenes de magnitud de decenas, centenas o millares de Megawatt (MW) cada orden de magnitud es una historia distinta. Las de la decena de MW pueden ser ejecutadas por empresas medianas. Las de 100 MW, requieren empresas grandes y fuertes o el Estado. Históricamente, las grandes hidroeléctricas en el Perú las ha construido el Estado, con la excepción de la muy reciente Platanal. Una hidroeléctrica de 1000 MW insume cerca de 2,000 millones de dólares. Un riesgo de esta magnitud en el Perú casi sólo está al alcance del Estado porque puede diluirlo entre 6 millones de familias, que no es lo mismo que repartirlo entre un par de decenas de accionistas. En cambio, para Brasil, con una necesidad de cien mil MW en los próximos 20 años, proyectos de 1000 MW son una tarea mediana y acometible.
El Perú comienza a necesitar de proyectos de 1,000 MW que de tiempo en tiempo acompañen a los de 100 MW. La frecuencia de esta necesidad se hará mayor en las próximas décadas.
El reto del país es cómo organizarse para lograrlo. Una primer cambio necesita ser la conciencia que las grandes obras son resultado de un proceso de gestión, de permanente optimización, donde abunda el compromiso entre funcionalidad, calidad y costo a través de sucesivas etapas de estudios, diseños e ingeniería que preceden a su ejecución. Que esos intangibles, invisibles a los ojos, son determinantes en su éxito. Que gracias al costo previo a la construcción, que es menor al 10% del costo final, con un buen proceso de gestión se puede ahorrar hasta un 25% en ese costo final. A la clase gobernante del país le falta interiorizar que se necesita contar con una cartera de proyectos, es decir, con ideas destiladas, maduras y suficientemente bien elaboradas y expresadas, como para poder construirse.
En la correspondencia entre pares durante la iniciativa peruana de proponerle a Brasil desarrollar el potencial hidroeléctrico de la Amazonía peruana se evidencia que Perú se vio forzado a cambiar su propuesta inicial. Quizás fue éste el motivo de no cerrar el acuerdo entre ambos países al momento de la visita del Presidente de Brasil en diciembre de 2009, días después que el Colegio de Ingenieros del Perú expresase sus puntos de vista, incluyendo el rechazo a una cesión de recursos a perpetuidad. Perú cometió el error estratégico de ceder la iniciativa de los estudios a Brasil y renunciar así a contar con información privilegiada sobre sus propios recursos naturales. En condición de marcada asimetría se sentó a la mesa de negociación.
Al plantear el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, se lo puede diseñar y dimensionar de forma que contribuya a optimizar el sistema eléctrico al cual pertenece. Inambari, eslabón entre los sistemas peruano y brasileño, puede concebirse en la perspectiva de optimizar uno u otro. Esta versatilidad debiera ser parte a contemplar en las negociaciones, considerando los beneficios colaterales. El Perú perdió las ventajas de quien estudia y desarrolla el proyecto.
Cuando se presentó a discusión el proyecto de Inambari, ya habían trascendido noticias sobre él: no sólo inundaría 46,000 Km. de bosque y obligaría a desplazamiento poblacional, sino que también inundaría parte de la muy recientemente carretera interoceánica, en su ruta por Puno. El secretismo inicial con que se manejó el proyecto y la escasa credibilidad en las promesas gubernamentales, se sumaron a los problemas de carácter ambiental y social, para formar una atmósfera adversa, poniendo a Inambari a remar contra la corriente. Buena parte de los problemas y objeciones iniciales no se hubieran dado con un manejo más cauteloso y transparente del proyecto, anticipando a los problemas con soluciones a las que de otra forma se llega vía transacciones, luego de haber ocurrido las oposiciones.
Lo desventajoso del proceso seguido es pasar de la razón a la pasión y que junto a la oposición basada en la razón nazca otra oposición basada en la pasión. Existe una experiencia previa en Perú, donde la falta de tacto dio pie a una convulsión social conocida como “el Arequipazo” que en junio de 2002 derribó al gabinete y frustró la privatización de Egasa y Egesur, generadoras estatales con sedes en Arequipa y Tacna. Lo que ocurra con Inambari puede afectar negativamente al desarrollo de las hidroeléctricas de la Amazonía e incluso al aprovechamiento de su potencial hidroeléctrico.
En el caso de Inambari, un esquema alterno, más lento pero más seguro, hubiese consistido en desarrollarlo como proyecto de Electroperú, diseñado bajo su conducción con Electrobras como socio y concursando la ejecución de las obras vía una concesión tipo BOOT (Build, Own, Operate & Transfer), que hiciese que la propiedad retornase a control de Electroperú en 25 años, con acceso a los mercados peruano y brasileño para la colocación de la energía. La presencia de Electroperú habría levantado muchas de las resistencias vía confianza. ♦
REFERENCIAS
(1) El complejo hidroeléctrico del Mantaro toma su nombre del río cuya energía aprovecha. Está constituido por dos hidroeléctricas en cascada: “Santiago Antúnez de Mayolo” (SAM) y Restitución. La primera de ellas aprovecha la caída de agua que se obtiene gracias a una primera curva del río Mantaro.
(2) BTU = British Thermal Units
(3) Sin mayor raciocinio, rutinariamente se dividió la magnitud de las reservas halladas entre el consumo anual de gas del Perú de aquel entonces, sin considerar que el Perú solo consumía gas en Talara, una suerte de provincia hidrocarburífera, pero cuya demanda no podía ser representativa de un consumo potencial a escala nacional.
(4) MPCD significa millones de pies cúbicos estándar por día.
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