Si lo Extraditan... Esta es la Llave. ¿Y Si No...?

Alberto Fujimori aguarda el dictamen final acompañado de su hija Sachi, en la Hacienda Chicureo.

La velada del martes 18 en la Embajada de Chile en el Perú promete ser inolvidable. El vecino país celebra su aniversario patrio, pero todo indica que la comidilla de los invitados a la residencia diplomática no serán los típicos canapés, sino el fallo final de la Corte Suprema de Chile en el proceso de extradición de Alberto Fujimori, que se inició hace 20 meses.

Luego de varios días de haber mantenido el asunto con un suspenso que envidiaría el propio Alfred Hitchcock, finalmente el lunes último, los cinco ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema llegaron a un veredicto final. Alberto Chaigneau, presidente del tribunal, dijo a los periodistas en Santiago que la redacción del dictamen (sería de más de 100 páginas) tomará su tiempo. “Depende de lo que me dejen trabajar”, ironizó.

Pero al día siguiente, el martes, anunció que el fallo permanecerá “en secreto” hasta después de las fiestas patrias en Chile, el próximo jueves 20.

La decisión de publicar el fallo después de las celebraciones nacionales es motivo de especulación. No son pocos los que coinciden en que la Suprema busca evitar manifestaciones en contra del Poder Judicial, tomando en cuenta que los feriados durarán tres días (17, 18 y 19 de setiembre) y movilizarán a gran cantidad de gente a las calles. Hasta entonces, Fujimori estará en pindinga.

Podría tratarse de una medida preventiva, un cálculo político, independientemente de lo que pueda opinar Palacio de la Moneda, sostienen expertos. Es sabida la posición de la presidenta Michelle Bachelet en lo que respecta a casos de violaciones de los Derechos Humanos. Cuando tenía 24 años, fue capturada por órdenes de Augusto Pinochet y torturada durante un mes. Su padre, general de brigada aérea, murió en la cárcel mientras era enjuiciado por órdenes del dictador. La famosa frase “Yo soy Chinochet”, pronunciada por Fujimori en abril de 1995, debió calar hondo en la memoria de la concertadora Bachelet.

Por cierto, con Bachelet, Chile busca un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un mal paso podría sacarlo del tablero y revivir las viejas heridas del caso Pinochet.

Analistas chilenos aseguran que la Suprema, seriamente cuestionada durante la dictadura pinochetista, se juega el prestigio con el caso Fujimori.

El bochorno internacional que significó el arresto en Londres del ex dictador Augusto Pinochet, en 1998 y por un fallo del juez español Baltasar Garzón –sumado a las revelaciones de los US$ 27 millones que ocultaba en el Banco Riggs de Washington, en EE.UU.–, expuso la trapería de la Corte Suprema y la estigmatizó.

“Creo que los tribunales son muy recelosos de no caer en aquello que, en el pasado, les significó críticas tan duras. Es una nueva generación que se ve observada por la opinión pública. Tienen más orgullo propio por la dignidad de la función”, explicó el jurista José Zalaquett, ex miembro de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de la Verdad de Chile.

Zalaquett asegura que ya no quedan en la judicatura magistrados propiamente “pinochetistas” y señala que la nueva hornada es más cuidadosa al momento de emitir sentencias que puedan enturbiar la actual reforma judicial.

En ese contexto, vislumbra un “escenario optimista” para el Perú. Diarios como El Mercurio y La Tercera de Santiago de Chile tienden a coincidir, y ha trascendido que la Segunda Sala Suprema extraditará al ex Presidente por los dos casos centrales: los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta.

DICHOS CRIMENES calificados de lesa humanidad fueron oportunamente sustentados por la defensa del Estado peruano. Documentos y testimonios incriminatarios como prueba fueron presentados y podrían ser la llave de la extradición (ver recuadro).

El principio de la responsabilidad del mando es la clave maestra. La figura jurídica –originada a inicios del siglo pasado, pero que tomó fuerza con los juicios de Nuremberg contra los líderes nazis, en 1945– tipifica “la culpabilidad del superior cuando aquel no evitó, detuvo o sancionó a sus subalternos por la comisión de crímenes”.

El principio bastó para crucificar a Slovodan Milosevic y demás criminales de guerra de la ex Yugoslavia. “La doctrina de responsabilidad de mando dice: no tenemos que probar quién apretó el gatillo, ni quién dio la orden, sino quién tenía control de la situación. Es suficiente para establecer el vínculo del procesado con el crimen”, explica Zalaquett.

A partir de 1991, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) pasó a depender directamente de la Presidencia de la República. Asimismo está acreditado que el ‘Grupo Colina’ formaba parte del Sistema de Inteligencia del Ejército, el cual rendía cuentas al SIN y, por tanto, al mismísimo Alberto Fujimori. “Es un agravio a la inteligencia pensar que el ex Presidente no sabía lo que ocurría en su entorno militar y político”, opina Zalaquett.

LOS CINCO SUPREMOS chilenos tienen en su poder los cuadernillos de extradición peruanos desde el 18 de julio, una semana después de que el juez de primera instancia Orlando Álvarez echara por tierra la extradición. El escandaloso fallo copió párrafos textuales del alegato de la defensa del ‘Chino’ (CARETAS 1986).

El dictamen fue unánime, explicó Alberto Chaigneau el lunes 11 y, ahondando en el misterio, añadió: “Los debates fueron hasta altas horas de la noche”.

El presidente del tribunal se retirará de la Corte Suprema en diciembre próximo por límite de edad. Es natural que piense en un retiro con una foja de servicios intachable y sin un escándalo internacional en el brasero.

En la espaciosa Hacienda Chicureo, Alberto Fujimori aguarda en tensa calma el dictamen supremo, acompañado de su hija Sachi.

El gobierno peruano ha reiterado su cautela. “Sobre el fondo, nada podemos decir, no es bueno especular, pero confiamos que habrá una sentencia favorable al Perú”, afirmó AGP, el martes último.

UN FUJIMORI preso en Lima sería una papa caliente que el Ejecutivo prefiere sortear. La ministra de Justicia, María Zavala, mantuvo recientes reuniones con el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), general PNP (r) Gustavo Carrión Zavala, para evaluar en qué penal podría ser internado Fujimori. Las opciones: la prisión de máxima seguridad de Piedras Gordas, en Ancón, o la tugurizada cárcel para reos primarios, San Jorge. Una fuente del Ejecutivo descartó un presunto arresto domiliciario, como se especuló.

De retornar a Lima, lo procesaría la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, encabezada por el vocal Roger Salas Gamboa e integrada por César San Martín, Hugo Príncipe, Víctor Prado Saldarriaga y Pedro Urbina.

A su vez, en el Ministerio Público trascendió que el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde sería el encargado de llevar adelante las acusaciones en su contra.

Si la extradición es rechazada, Fujimori tendría problemas para salir de Chile por algún tiempo. Tiene pendientes dos órdenes de captura internacional activas, la primera por la matanza en el penal Miguel Castro Castro y la segunda por delito de peculado en el caso del pago irregular al ex broadcaster Ernesto Schütz, según la Procuraduría. En ese escenario sería una piedra en el zapato para Bachelet.

Si en cambio es extraditado, Fujimori sería, después de Augusto B. Leguía, el único ex presidente peruano en ser recluido en una prisión del país.

Leguía fue derrocado en 1930 por el dictador Luis Sánchez Cerro y acusado de múltiples delitos, entre ellos corrupción. Fue internado en el Panóptico de Lima, lugar donde falleció dos años después, en 1932.

Por todo esto, no cabe duda que la Corte Suprema de Chile afronta un fallo histórico. (Patricia Caycho)


“Fujimori Amparó a Colina”

Salomón Lerner analizó pruebas claves contra Fujimori.

El informe presentado el último jueves por un grupo de prestigiosos juristas del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), así como por ex procuradores anticorrupción (CARETAS 1992), destaca una serie de “evidencias claves” en los expedientes en poder de la Corte Suprema de Chile que acreditarían la vinculación de Alberto Fujimori con crímenes de lesa humanidad. Las pruebas, a juicio de los investigadores, posibilitan su extradición al Perú. Las más relevantes son:

Barrios Altos (noviembre, 1991) / La Cantuta (julio, 1992).

1) Memorando del 30 de julio de 1991, antes de ocurridos los crímenes, firmado por Fujimori, en el que expresa un reconocimiento especial a los miembros del Grupo Colina “por su participación en operaciones especiales de inteligencia”. Recomienda sus ascensos al grado inmediato superior.

2) Memorando N° 5775B-4.A/DINTE, del 22 de agosto de 1991, firmado por el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general Juan Rivero Lazo. Solicita se asigne oficialmente nueve agentes y armamento al coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, jefe administrativo de Colina.

3) Leyes N° 26479 y 26492, del 14 y 28 de junio de 1995, más conocidas como ‘Leyes de Amnistía’. Fueron promulgadas por Fujimori y permitieron que los miembros del Grupo Colina, procesados en el fuero militar por Barrios Altos y La Cantuta, sean puestos en libertad.

4) Declaración del ex Comandante General del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, ante el vocal instructor José Luis Lecaros, fechada el 19 de setiembre del 2001. Hermoza señaló que, según le dijo Montesinos, Fujimori tenía conocimiento de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

5) Entrevista de Umberto Jara al mayor Santiago Martin Rivas, realizada en el 2003, en la que éste sostiene que “la guerra que se estuvo llevando acá en el Perú fue una guerra liderada, llevada a cabo por el Presidente y su asesor (…) todas las órdenes, las políticas de Estado las daban ambos”.

6) Video signado con el número 880 que muestra la reunión de Montesinos con María Luisa Cuculiza y el ex ministro Briones Dávila. El ex asesor dice: “La Cantuta, Barrios Altos, Leonor La Rosa, la Zanatta, todos son del SIE, pero todos lo tiran para acá, para el SIN (…) todo sale de acá”.



“Era Ajeno al Mundo Militar”

Fujimori no sabía nada del Grupo Colina, dice Zaliasnik.


La defensa de Fujimori, encabezada por el abogado chileno Gabriel Zaliasnik, argumenta que el ex presidente no conocía de la existencia del Grupo Colina y, por lo tanto, no ordenó ni supo de la perpetración de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Dibuja la imagen de un Fujimori académico e ignorante del manejo político-militar, e insiste en que ambas atrocidades fueron cometidas “por iniciativa propia de las Fuerzas Armadas”. El insólito alegato fue revelado por CARETAS 1969. Extractos:

Casos de Violaciones a los Derechos Humanos.

1) “El memorando felicitando a miembros de Colina, fechado el 30 de julio de 1991, según consta en autos, es anterior a la ocurrencia de los dos hechos (Barrios Altos y La Cantuta) que se imputan por medio de este expediente”.

2) “Durante el gobierno del ex presidente Fujimori se podrá advertir que existe una disminución de un 58,9% (de personas fallecidas atribuidas a agentes del Estado). Entre los años 1990 y 2000 la actividad del Estado fue indudablemente menos violenta, lesiva y represiva que la registrada entre los años 1980 y 1989”.

3) “El caso Barrios Altos fue cometido a título de represalia por un atentado que tuvo lugar con anterioridad al gobierno de Alberto Fujimori en contra de una escolta militar (…) responde a motivaciones de naturaleza estrictamente militar como parte de un continuismo también castrense del cual el Presidente de la República recién asumido claramente no fue partícipe”.

4) “La decisión de dar muerte (en el caso La Cantuta) respondió a la decisión de oficiales del Ejército, una vez bastante avanzado el operativo militar”.

5) “(De) los oficiales que comparecieron en los juicios orales, ninguno de ellos responsabiliza de los hechos a nuestro representado (…) Tan absurdo resulta afirmar que el Presidente debe responder penalmente por hechos completamente ajenos a su dominio y conocimiento como fueron precisamente los homicidios de los casos Barrios Altos y La Cantuta”.

6) “La ley de amnistía fue dictada por el Congreso de la República, no por el Presidente, a quien por cierto correspondió promulgar la manifestación de la voluntad ciudadana debidamente representada por el Parlamento”.