Ahora que Ollanta Humala es el presidente electo, las presiones desde sectores empresariales y de derecha para marcarle la agenda no han faltado. Y si bien el líder del nacionalismo se ha mostrado cauto, hay medidas que deberá implementar contra toda opinión si quiere ser consecuente con el modelo inclusivo que ha prometido. Este es el resultado de una conversación con el antropólogo Carlos Monge y el economista Humberto Campodónico.
1. impuesto a las sobreganancias mineras. Cuando Ollanta Humala tocó este tema hace unos años, los defensores del mercado salieron a decir que podría ahuyentar la inversión. Hoy existe consenso en que debe aplicarse. Las empresas mineras, sobre todo aquellas vinculadas a la explotación de oro y cobre, han obtenido altísimas ganancias en los últimos años por el aumento del precio de los minerales y deben compartirlas con el país. A través de esta recaudación se conseguirán rentas que permitirán incrementar el impacto de los programas sociales.
2. la recuperación del gas del lote 88. ¿Por qué un país que produce gas no tiene precios bajos? El 100% del gas natural del lote 88 debería estar dirigido al mercado peruano para el consumo interno en hogares, en el transporte y en la pequeña industria. Se abaratarían costos y se contaminaría menos. El gobierno aprista comprometió parte de esas reservas –casi un 46%– para la exportación a México. Con esta medida se tendrá el gas barato que se ha prometido en campaña, aunque es improbable que sea al costo de 12 soles.
3. medidas de lucha contra la corrupción. La corrupción le cuesta dinero al Estado. Recordando algunas propuestas hechas durante la campaña, se deben elevar las penas para los funcionarios públicos que delinquen, no debe haber imprescriptibilidad del delito para los altos funcionarios y se debe fortalecer organismos como la Contraloría de la Nación con nuevas atribuciones. En esa lógica también se ha planteado la revocatoria para los congresistas.
4. Implementación de nuevos programas sociales. En este ‘paquete’ están las propuestas de Pensión 65, Cuna Más, Beca 18 y la ampliación del programa Juntos. En este punto algunas voces han cuestionado cómo se van a financiar estos programas, pero este dinero saldrá del impuesto a las sobreganancias mineras y del combate a la evasión tributaria. Estos programas se empezarán a aplicar en las regiones más pobres y avanzarán luego a otros departamentos. La idea es aumentar los niveles de bienestar de los hoy excluidos.
5. aumento del sueldo mínimo vital. Esta propuesta de elevar el salario a 750 soles también ha sido cuestionada, pero se implementará de todas maneras en el primer año de gobierno. Sectores empresariales se oponen indicando que pondrá en peligro el empleo informal. No es cierto. En promedio las micro y pequeñas empresas de Lima remuneran ese monto a sus trabajadores, según cifras que maneja el Ministerio de Trabajo.
6. fortalecer el minam para evitar conflictos. En este tópico, Carlos Monge señala que en este tema se deben cambiar dramáticamente las atribuciones del Ministerio del Ambiente, que hoy está supeditado a las decisiones del Ministerio de Energía y Minas, y tácitamente de los grandes grupos empresariales, porque dicho portafolio está obligado a promover la inversión en su sector. Fortalecer el rol supervisor del Minam respecto a la actuación de las empresas mineras en todo el país podría evitar los conflictos socioambientales que hoy son mayoría en el país.
7. promover el rol subsidiario del estado. En este tema, sectores de derecha consideran que un cambio en la Constitución en ese sentido abriría las puertas a la aparición de empresas estatales. Hoy el Estado ya tiene roles empresariales en campos en los que no está el sector privado, y la propuesta de Humala es asociarse con privados para gestionarlas allí donde haga falta. “Hay empresas estatales como la brasileña Petrobras que gana licitaciones en todo el mundo”, dice Monge. Para este cambio se necesita mayoría calificada en el Congreso.
8. Respeto a sus compromisos democráticos. Esta medida incluye el respeto a las libertades democráticas, como la de prensa y opinión, y debe ser honrada desde el primer día de su gobierno. En ese sentido se espera que sea tan tolerante como –con altibajos– lo han sido sus antecesores y no inaugure un estilo confrontacional cuando la fiscalización mediática cuestione su gobierno.
