Concesiones mineras se duplicaron entre el 2006 al 2010

Por Magali Zevallos

Más de 21 millones de hectáreas del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir 16.73% del territorio.

El VII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) presenta un balance de la expansión minera en el Perú, con el nuevo mapa político regional y municipal -en las regiones que son mineras o donde pretende ingresar la minería- han sido elegido autoridades regionales que han cuestionado el rol de esta actividad, como: Cajamarca, Cusco y Junín, y en el caso específico de Piura, ha planteado dos temas: "no a la minería en cabecera de cuenca" y el "respeto a los resultados de las consultas ciudadanas".

Este nuevo escenario político coloca en el debate las competencias de los gobiernos regionales sobre el otorgamiento de concesiones mineras. Actualmente, son dos presidentes regionales electos (Piura y Cusco) que han pedido facultades sobre el tema de otorgamiento de concesiones, y que las regiones no pueden seguir al margen de decisiones de gran impacto local y regional.

El resultado de estas elecciones, justamente en lugares mineros, demuestra que los conflictos no sólo se deben a temas económicos (recaudación del canon), "lo social y ambiental son temas importantes para las poblaciones", señala Jose De Echave, Coordinador General del Observatorio.

En el caso de Cajamarca, con la victoria de Gregorio Santos, una de las regiones mineras más ricas de Perú, que alberga las principales reservas de oro, puso en guardia a las empresas que operan en la zona y que mantienen una relación tensa y conflictiva con las comunidades locales.

Así, se presenta un nuevo panorama político al presidente García para el último semestre que le queda por gobernar. El actual régimen es un gran impulsor y promotor de la actividad minera, bajo el slogan Perú país minero, las concesiones otorgadas a esta actividad se duplicaron entre el 2006 al 2010, pasando de 11 millones de hectáreas a más de 21 mil hectáreas de territorio concesionado. En los últimos seis meses estas concesiones han aumentado en aproximadamente 1,5 millón de hectáreas.

Según el informe OCM segundo semestre 2010, más de 21 millones de hectáreas del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir el 16.73%, alcanzado un nuevo récord histórico de concesiones mineras que ocupan gran parte del territorio nacional, siendo Arequipa la región más concesionada por extensión (hectáreas) del país, con más de dos millones setecientos mil hectáreas. Puno ocupa el segundo lugar y le sigue Cajamarca.

"No pretendemos afirmar que la totalidad de las concesiones otorgadas en el Perú se vayan a convertir en operaciones mineras. Sin embargo, estas concesiones representan un derecho que se entrega a las empresas y que desde un inicio ejercen presión sobre los territorios y los recursos que existen. La evidencia demuestra que muchos conflictos mineros se gestan en la fase inicial de las actividades de las empresas", dice De Echave.

Las concesiones en las zonas que son materia de estudio para el Observatorio de Conflictos mineros, con cifras a noviembre de 2010, Apurímac es porcentualmente el más concesionado: 55%, Cajamarca: 45.5%, Piura: 28.5%, Junín: 24.6%, Cusco: 16.4%.

A mayor expansión más conflicto enfatiza De Echave, hace referencia al último reporte (noviembre) de la Defensoría del Pueblo, "se registraron 120 conflictos socioambientales, un 70% tenían relación con la actividad minera". Responde que eso se debe a que las poblaciones y comunidades tienen una mayor conciencia de sus derechos.

El informe OCM sostiene que una herramienta clave que permite prevenir este tipo de conflictos es el ordenamiento territorial, el proceso participativo de Zonificación Ecológica Económica y el uso de los recursos como el agua y la tierra. "El rol de las nuevas autoridades debe orientarse a garantizar que no se afecte el acceso al agua (en cantidad y calidad) de la población y que las negociaciones de tierras se den en condiciones equitativas y justas".

El informe concluye que la agenda pendiente en minería es promover un trabajo regional que implique el respeto de los derechos de las comunidades, el cumplimiento estricto de los estándares ambientales, y la ejecución eficiente de los recursos que provengan de una actividad minera que apunte al desarrollo sostenible de las poblaciones.

La Consulta es importante para evitar conflictos como los de conococha.

Por Miguel Jugo

La reciente oposición de los huaracinos a la actividad de la minera Chancadora Centauro - que amenazaba a la laguna de Conococha, constituida parte del Parque Nacional del Huascarán - vuelve a poner en tapete el tema de la consulta, ya presente en las audiencias iniciadas por la Comisión de Agricultura del Congreso, para "consultar" a los Pueblos Indígenas sobre la "Ley Forestal y de fauna Silvestre".

La Defensoría del Pueblo ha señalado que estas audiencias no pueden ser consideradas como consultas y un comunicado reciente firmado por instituciones estadounidenses como Amazon Watch, Bank Information Center, Rainforest Foundation US, Save America's Forests, así como las europeas FERN (Bélgica), Forest Peoples Programme, Global Witness, Rainforest Foundation de Inglaterra, señalan que dicho proceso de consulta no concuerda con los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana de derechos humanos ni con la Sentencia N° 5427-2009-PC/TC (párrafos 68 y 69) del Tribunal Constitucional del Perú.

Este texto es respaldado por un comunicado de organizaciones peruanas, que expresa múltiples inquietudes sobre el proceso y la metodología, añadiendo que: El proceso carece de validez, en tanto no ha sido consensuada con las organizaciones de los pueblos indígenas; no respeta la auto representación indígena; no considera un proceso de información adecuado, previo o completo; y finalmente, que carece de buena fe.

El comunicado solicita a los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que insten al gobierno del Perú a respetar los compromisos del país bajo los instrumentos de derechos humanos que el Estado ha ratificado, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, durante la implementación del Tratado de Libre Comercio Perú - Estados Unidos; así como en otras iniciativas en marcha.

Adicionalmente solicitan - haciendo eco del conjunto de organizaciones indígenas - la promulgación de la Ley de la Consulta, que fue aprobada por el Congreso en mayo de este año.

Con ese instrumento, habrán menos conflictos y por ende menos muertos y heridos, saldo dramático de lo ocurrido en Áncash. El proceso de consulta es una demanda nacional y que va trascendiendo a nivel internacional.

UN NUEVO CASO DE CONFLICTO SOCIAL

CASO NUEVO



Tipo: Socioambiental


Caso: La población de los valles de los ríos: Pativilca,


Fortaleza y Santa, hacen llegar su preocupación por


los trabajos de exploración minera que viene


realizando en la cuenca de estos ríos, la empresa


CENTAURO SAC, al parecer incluiría trabajos


inclusive en las inmediaciones de la laguna de


Conococha, donde nacen los ríos indicados,


pudiendo afectar sus actividades agropecuarias en


los distritos de Pampas Chico, Catac y Cajacay, en el


departamento de Ancash.


Ubicación: Comunidad Campesina Huambo, distrito


Pampas Chico, provincia Recuay, a su vez involucra


a las poblaciones de los valles de los ríos Pativilca,


Fortaleza y Santa


Actores Primarios: Representantes de la


Mancomunidad de las tres municipalidades de las


cuencas hidrográficas del río Santa, Fortaleza y


Pativilca. Alcaldes y regidores del distrito de Pampas


Chico, Huasta y Catac, Frente de Defensa de la


Comunidad Campesina de Huambó, Frente Regional


de Defensa de la Laguna Conococha, Comunidades


Campesinas de Pampas Chico, Chaucayán,


representantes de los hijos residentes de la


comunidad de Huambó, Asociación Mayorarca,


Centro Unión Huambó.


Actores Secundarios: Frente de Defensa de la


Provincia del Santa, Frente de las Organizaciones


Agrarias de la Provincia del Santa, Comité Cívico de


la Provincia de Recuay, Ministerio de Energía y


Minas, Federación Agraria Departamental de


Ancash, representantes de CONACAMI, Junta


Nacional de Riego del Perú.
 

Conflicto en Recuay: La lucha por el agua

 Conflicto en Recuay: La lucha por el agua

El conflicto que enfrenta a los pobladores de la provincia de Recuay (Ancash) y a la minera Chancadora Centauro, es un nuevo conflicto social en el país, con lo cual ya suman 120 conflictos de tipo ambiental a nivel nacional. En ese sentido, vale la pena analizar cómo nació este conflicto y qué se requiere para que solucionarlo.

En Recuay, la historia se vuelve a repetir. Una empresa minera que obtiene una licencia para explorar un determinado territorio y es rechazada por la población porque no ha sido consultada sobre las actividades que se ejecutarán en su localidad. En este caso, el conflicto surge porque una de las perforaciones exploratorias que realizará la minera Centauro se ubica a escasos 585 metros de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, y otra a 842 metros de la laguna de Conococha, la cual alimenta a los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca. Como se observa, la preocupación ciudadana se centra nuevamente en la protección del agua.

Para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no habría problemas con este recurso porque solo se ejecutarían actividades exploratorias. Es más, la minera Centauro está ampara en el Decreto Supremo 020-2008-MEM, que otorga una “Constancia de Aprobación Automática” cuando, como es el caso de dicha minera, se realicen menos de 20 perforaciones y para lo cual es necesario presentar solo una “Declaración de Impacto Ambiental” y no un estudio. ¿Qué dijo el Ministro del Ambiente, Antonio Brack, sobre este asunto? Resulta inverosímil la postura del Ministro. Para Brack, este proyecto minero no tendría ninguna observación y, más bien, señala que es función de su ministerio propiciar la minería limpia y con responsabilidad social, y no oponerse por oponerse a las inversiones. Por lo tanto, afirma, “no seamos parte de grupos politizados y violentistas, que tienen como objetivo bloquear las inversiones en el país agitando la bandera ambiental, desinformando a la población, y generando caos”¹.

Actualmente, se ha revocado el permiso de la minera Centauro, sin embargo, este tipo de historias se seguirán repitiendo si no se modifican dos aspectos claves. En primer lugar, no es posible que el MEM sea la entidad encargada de la concesión territorial y, al mismo tiempo, evalúe los estudios de impacto ambiental. Este último aspecto debiera ser tarea del Ministerio del Ambiente. En segundo lugar, como señala el experto en minería, José de Echave, en la actualidad existe una entrega “caótica y desordenada” de las concesiones mineras. En este caso, se requiere de un reordenamiento territorial que demarque las zonas susceptibles de permisos mineros y disponer cuáles quedan a disposición de otras actividades productivas.

Ninguna de estas propuestas es siquiera un tema de discusión para el actual gobierno, que todo lo reduce a calificar de “enemigos de la inversión” a quienes protestan por otorgar concesiones al “caballazo”. Mientras tanto, los 120 conflictos ambientales siguen a la espera de soluciones de fondo, expresándose, en muchos casos, en actos de violencia que dejan muertos y heridos. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando?

¹ Carta del Ministro del Ambiente, Antonio Brack, respondiendo al artículo de opinión Huaraz, Ciudad sitiada, elaborado por la periodista Marta Meier y publicado en el Comercio,

Terror en la rica wiki

tomado del utero de marita

"Sí, soy un criminal. Mi crimen es el de la curiosidad. Mi crimen es juzgar a la gente por lo que dice o piensa, no por cómo se ve. Mi crimen es ser más listo que tú, algo por lo que nunca me perdonarás.

Soy un hacker, y éste es mi Manifiesto. Podrás detener a este individuo, pero no podrás detenernos a todos... al fin y al cabo, todos somos iguales."

The Hacker Manifesto (1986)

Hay cierto escepticismo a nivel periodístico sobre la filtración de 250 mil cables diplomáticos desde la web de Wikileaks. Los argumentos son: no se dice nada que no sepamos ya; las juergas de Berlusconi, el tumor de Evo y el resto de chismes de cóctel son anodinos; no hay nada de relevancia pública en estos cables que jamás debieron ser publicados

A niveles gubernamentales, las reacciones han sido de otra índole: un asesor del gobierno canadiense ha pedido que asesinen a Julian Assange, el hacker creador de Wikileaks; Interpol ha emitido una orden de captura contra Assange, acusado de infringir una extraña ley sueca que prohibe tener sexo sin condón (sí, leyó bien). Por si fuera poco, un senador republicano quiere declarar a Wikileaks como una organización terrorista y presiones norteamericanas han terminado despojando a la web de sus servidores en Amazon, de su dominio .org y hasta de su cuenta en PayPal para donativos.

Lo que pocos parecen haber notado es que ambas reacciones se contradicen. Si no pasa nada, si la filtración es irrelevante y sus revelaciones, puros chismes, ¿por qué entonces el gobierno norteamericano lidera la ofensiva más grande que jamás se haya visto contra una página web? Hay filtraciones que son bombas de tiempo: el espionaje norteamericano en la mismísima ONU, el "corralito" árabe a Irán, las dudas de China sobre Corea del Norte y las presiones del gobierno gringo sobre España para lanzar la polémica "Ley Sinde" (que permite cerrar webs con la excusa de la lucha contra la piratería). Estas son sólo algunas de las filtraciones de consecuencias francamente incalculables.

Y ojo: desde que empezó el "Cablegate" hasta el cierre de esta edición, Wikileaks sólo ha publicado 852 de los más de 250 mil documentos que tiene en su poder. Es decir, sólo se ha revelado el 0.32% de la información filtrada. Cada día se van soltando algunos cientos de documentos conforme los van revisando las unidades de investigación de los diarios que colaboran con Wikileaks en este caso.

Sin embargo, Wikileaks está acorralado. Ha perdido servidores, canales de financiamiento y hasta su nombre en la red. Se puede acceder a ella escribiendo en el navegador el IP 213.251.145.96, de unos servidores en Francia. Ahí están todavía el Cablegate y tambien las filtraciones anteriores, sobre crímenes en Iraq y Afganistán, pero el resto de documentación subida en los últimos cuatro años (incluyendo los 84 Petroaudios alojados allí) está, por el momento, inaccesible.

La neutralidad de la red, uno de los caballitos de batalla de Obama en su campaña, ha resultado letra muerta. Finalmente Internet está compuesta de empresas privadas y estas empresas privadas han cedido a la presión política. ¿Se acabó el sueño de una Internet libre? Probablemente Wikileaks caiga antes de publicar todos los 250 mil cables. Probablemente Assange termine arrestado. Probablemente se venga una contraofensiva legal antilibertaria contra Internet.

Pero ese no será el final. En los torrents -esa zona anárquica de la red- circula insurance.aes256, un archivo encriptado de 1.4 Gb que es "el seguro de vida" de Assange. En caso que le suceda algo, se dará a conocer el password para descifrar el archivo y revelar lo que sea que contenga. Si cae Assagne, si cae Wikileaks, surgirán miles de miles. Cualquiera puede serlo. Cualquiera puede crear su propio Wikileaks. No podrán detenerlos a todos.

La vieja ética hacker -no en vano Assange empezó como un hacker- nos dice que la información quiere ser libre. El viejo lugar común nos dice que la información es poder. Antes, ese poder estaba en manos de unos cuantos. Ahora, la información ha sido liberada y el poder ha sido democratizado, de verdad. Por supuesto que esa democratización ya había ocurrido antes de Wikileaks, pero es sólo con esta revelación sin precedentes que el mundo se ha dado cuenta del verdadero poder que tiene en sus manos. Esta es la verdadera noticia de la semana, quizás del año: Wikileaks se ha convertido en un concepto.

Es posible que Wikileaks pierda esta guerra, quizás Assange termine con un balazo en la cabeza y la mayoría de cables nunca vea la luz. Eso no cambiará nada. La idea ha sido implantada en millones de personas alrededor del mundo. Millones de potenciales Assange con la misma idea. Y las ideas, como escribió Alan Moore, son a prueba de balas