Por: Humberto Campodónico
La pronta respuesta contrasta con el silencio del Ministerio de Energía y Minas, a pesar de los reclamos de las autoridades de la Región Áncash, que quieren saber de ese proyecto de reinversión de utilidades por US$ 920 millones. Si el MEM acepta el programa, la reducción en el pago del IR sería de US$ 276 millones, de los cuales el 50% corresponde al canon de toda la Región Áncash.
La empresa dice que, después de los primeros dos años, el IR a pagar será mayor, lo que beneficiará al fisco y a Áncash. Pero aquí la pregunta es: ¿cuál es la necesidad de usar los impuestos de un Estado pobre cuando la empresa ha tenido utilidades netas de US$ 6,200 millones en los últimos 4 años, lo que le ha permitido recuperar con creces su inversión de US$ 2,200 millones?
Si esto es así, ¿para qué acogerse a un beneficio que discrimina a favor de las empresas mineras? Para ese Programa no rige aquello de que “todos deben jugar con las mismas reglas”. Este Programa fue derogado, ojo, por la Ley 27343 en setiembre del 2000, pero rige para quienes tienen contrato de estabilidad tributaria. Hay otro factor determinante para una decisión de inversión: los precios del cobre y del zinc (que explota Antamina) siguen estando altos y se han recuperado de la caída del II Semestre del 2008. El cobre está en US$ 3/libra y el zinc en US$ 1.00/libra (ver gráfico).
Con esos precios Southern considera rentable invertir en Tía María y Chinalco en Toromocho. Recordemos que el estudio de factibilidad del 2000 de Antamina preveía que con precios del cobre US$ 0.90/libra el proyecto la tasa interna de retorno del capital era de 14%, lo que se consideraba muy bueno. ¿Con esos buenos precios, para qué afectar los impuestos del Estado y de Áncash?
Antamina ha sido una de las primeras empresas en adherirse a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú, promovida por el Banco Mundial. Así, todos los años cuelgan en su página web los diferentes impuestos que pagan al fisco (lo que está muy bien, ver “Saludable transparencia minera y petrolera”, www.cristaldemira.com, 21/7/08).
Además, Antamina impulsa muchas acciones de responsabilidad social empresarial y ambiental y ha creado un fondo ad hoc para las relaciones con las comunidades. Todo este esfuerzo, que apunta a la gobernabilidad en el largo plazo (para no tener conflictos como, por ejemplo, Yanacocha) podría verse truncado debido a la reinversión sin pago de impuestos. ¿Sabrán los accionistas suizos (XStrata), australianos (BHP Billiton) y canadienses (Teck) de esta voluntad de no pago del IR por US$ 276 millones? ¿Cuál es el costo-beneficio de no pagar impuestos por una cantidad mínima de las utilidades ya obtenidas, a cambio de perder gobernabilidad?
Hasta aquí nos hemos ocupado de la empresa, pero no hemos dicho nada acerca de lo que podrían hacer el MEM y otras instancias nacionales (lo que incluye al sindicato de Antamina y, por ejemplo, a los medios de comunicación). Que es en verdad lo que corresponde: que aquí levantemos la voz para que los recursos naturales –y los impuestos que le corresponden al Perú– permitan mejorar la infraestructura y la educación en el siglo XXI.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos eUn: www.cristaldemira.com
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