el sueldaso que recibio Garcia y que nadie quiere hablar

El millón de García

Está muy bien eso de publicar la lista de congresistas que se beneficiaron el año 2001 por un bono que engordó sus pensiones.

Revisando la lista uno se encuentra con algunos nombres sorprendentes.

El combativo dirigente del Sutep César Barrera Bazán, por ejemplo, aparece allí con una remuneración mensual de 7,032 soles y catorce centavos. Digamos que es difícil imaginar a Barrera como un jubilado que la pensión amansó.

Nadie puede discutir la legitimidad de las pensiones de gente como Héctor Cornejo Chávez, Javier de Belaunde Ruiz de Somocurcio y aun de Gustavo Espinoza Montesinos –por más antisistema que haya sido-. Como esas, hay muchas otras pensiones de gente que hizo vida parlamentaria fecunda y reconocida.

Habría que ser muy mezquino para negarle a Francisco Belaunde Terry una pensión de siete mil soles y un sencillo. Pero tendríamos que ser muy permisivos para ver sin ironía la presencia en esa lista de gente como Daniel Espichán (7,585 soles), cuyo mayor mérito fue ser servil con Fujimori y bravo con la oposición arrinconada.

¿Y qué hacía en esa argolla pensionaria Rómulo León Alegría (3,634 soles)? No era un faenón pero quizá sí demasiado para alguien que usó el parlamento sólo para trepar en el escalafón previsional.

Que Julio Castro Gómez (7,251 soles) haya estado en la lista no deja de sorprender. Pero que Enith Chiquival Saavedra haya estado disfrutando de 6,800 soles mensuales sí parece de una generosidad que sólo el dinero ajeno puede permitir.

Y que Agustín Mantilla, el titular formal de una cuenta negruzca de 4 millones de dólares, haya estado viviendo con sus 7,368 soles mensuales resulta casi conmovedor.

Y ya no hablemos del fugaz Francisco Chirinos Soto y la meteórica Cristala Constantinides, ambos con pensiones por encima de los siete mil y tantos.

¿Y el cosmopolita Javier Silva Ruete necesitará los 7,047 soles que recibe? ¿Y don Carlos Tapia García no sentirá un culebreo contradictor a la hora de pasar por su cheque de 7,047 soles y 23 centavos? ¿Y qué méritos misteriosos le permitieron a Emeterio Tacuri, el dirigente popular, acceder a los 7,123 soles que cobraba catorce veces al año?

En fin, que la lista tiene exquisiteces.

Dicho esto, hay que decir también que esas pensiones, subidas cuando se sumó la llamada “asignación congresal” al monto de la remuneración básica, no fueron dadas a escondidas.

La “primicia” de Fritz Du Bois –el segundo de a bordo del judiciable Jorge Camet durante todo el fujimorato y actual director de Perú 21- tiene varios años de retraso.

Todos los apristas que han presidido el actual Congreso cumplieron con pagarlas sin chistar. Y lo que ha hecho Alva Castro –aterrorizado no se sabe por qué- es más pacharaco que lo que perpetró en Interior con los patrulleros chinos que alguien le impidió comprar y va a desatar una ola de procesos judiciales.

Se ha tratado de enlodar a Carlos Ferrero, pero lo cierto es que ni él ni Henry Pease ni Manuel Masías –que fueron los que aprobaron el aumento de las pensiones- se beneficiaron con la norma porque no están en la ley 20530.

Ferrero, bestia negra de Perú 21, está en la ley 19990 y recibe una pensión de 832 soles mensuales. Para decirlo con toda sencillez: Ferrero es actualmente un consentido salarial de su mujer, que es la manera más elegante de decir que es un provisional mantenido.

Se puede haber sido fujimorista y Ferrero, para su fatalidad, lo fue. Pero se puede haber sido fujimorista y, al mismo tiempo, decente con la hacienda pública. Y ese es –hasta que no se demuestre lo contrario- el caso de Ferrero.

Que un mandamás del ministerio de Economía de la época de Camet se yerga como el nuevo árbitro de la moralidad pública dice mucho de la agonía política que vivimos y de la prensa que toleramos.

Tampoco se ha dicho que la norma que permitió el alza de las pensiones congresales se dio después de un informe favorable del Defensor del Pueblo de aquella época, Jorge Santistevan de Noriega. Tengo el informe aquí sobre mi mesa y no hay ninguna duda: Santistevan conmina al Congreso a subir las pensiones.

Y tampoco se dice que fue el gobierno de Toledo el que, el 20 de diciembre del 2004, derogó la ley 20530 y fijó en dos unidades tributarias el techo de las pensiones del Estado –lo que fue un gesto de brutalidad jurídica que nada tuvo que ver con las delicadezas abominables con que PPK y los suyos trataron a la empresas extranjeras-.

Ayer Ferrero salió a desafiar al Apra a que dijera cuánto cobró Alan García cuando, en el 2001, reclamó los devengados de su larga ausencia tras su fuga por las azoteas de Surco.

Claro, nadie le contestó.

Pero nosotros sí tenemos una idea.

El doctor García recibió en el 2001 nueve años acumulados de su sueldo de parlamentario.

En el momento del reclamo –que es el que se toma en cuenta según ley-, el sueldo de un congresista era, como lo reconoció ayer el mismísimo Mauricio Mulder, de unos 9,000 soles.

Si multiplicamos 9,000 por 14 tendremos la suma recibida por un año (los congresistas reciben 14 sueldos). Y 9,000 por 14 dan 126,000 nuevos soles.

Y si multiplicamos 126,000 por 9 obtendremos la suma que recibió, en total, Alan García el año 2001.

Esa suma llega a un millón ciento treinta y cuatro mil nuevos soles (1’134,000 soles).

Nada mal para un hombre que había sido acusado de enriquecimiento ilícito en un dictamen firmado por el congresista Rafael Rey Rey y que se había pasado esos años entre el piso de Bogotá y el piso de París, sin contar las escapadas vacacionales.

Antamina y el costo-beneficio

Por: Humberto Campodónico

La Gerencia de Antamina acaba de publicar un comunicado donde dice: “Para expandir la capacidad de producción de mineral, la empresa está evaluando todas sus opciones de financiamiento, siendo una de ellas la reinversión de utilidades, lo que podría traducirse en una reducción del impuesto a la renta (IR) pagado al Estado Peruano sólo en los dos primeros años de inversión” (25/11/09).

La pronta respuesta contrasta con el silencio del Ministerio de Energía y Minas, a pesar de los reclamos de las autoridades de la Región Áncash, que quieren saber de ese proyecto de reinversión de utilidades por US$ 920 millones. Si el MEM acepta el programa, la reducción en el pago del IR sería de US$ 276 millones, de los cuales el 50% corresponde al canon de toda la Región Áncash.

La empresa dice que, después de los primeros dos años, el IR a pagar será mayor, lo que beneficiará al fisco y a Áncash. Pero aquí la pregunta es: ¿cuál es la necesidad de usar los impuestos de un Estado pobre cuando la empresa ha tenido utilidades netas de US$ 6,200 millones en los últimos 4 años, lo que le ha permitido recuperar con creces su inversión de US$ 2,200 millones?

Si esto es así, ¿para qué acogerse a un beneficio que discrimina a favor de las empresas mineras? Para ese Programa no rige aquello de que “todos deben jugar con las mismas reglas”. Este Programa fue derogado, ojo, por la Ley 27343 en setiembre del 2000, pero rige para quienes tienen contrato de estabilidad tributaria. Hay otro factor determinante para una decisión de inversión: los precios del cobre y del zinc (que explota Antamina) siguen estando altos y se han recuperado de la caída del II Semestre del 2008. El cobre está en US$ 3/libra y el zinc en US$ 1.00/libra (ver gráfico).

Con esos precios Southern considera rentable invertir en Tía María y Chinalco en Toromocho. Recordemos que el estudio de factibilidad del 2000 de Antamina preveía que con precios del cobre US$ 0.90/libra el proyecto la tasa interna de retorno del capital era de 14%, lo que se consideraba muy bueno. ¿Con esos buenos precios, para qué afectar los impuestos del Estado y de Áncash?

Antamina ha sido una de las primeras empresas en adherirse a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú, promovida por el Banco Mundial. Así, todos los años cuelgan en su página web los diferentes impuestos que pagan al fisco (lo que está muy bien, ver “Saludable transparencia minera y petrolera”, www.cristaldemira.com, 21/7/08).

Además, Antamina impulsa muchas acciones de responsabilidad social empresarial y ambiental y ha creado un fondo ad hoc para las relaciones con las comunidades. Todo este esfuerzo, que apunta a la gobernabilidad en el largo plazo (para no tener conflictos como, por ejemplo, Yanacocha) podría verse truncado debido a la reinversión sin pago de impuestos. ¿Sabrán los accionistas suizos (XStrata), australianos (BHP Billiton) y canadienses (Teck) de esta voluntad de no pago del IR por US$ 276 millones? ¿Cuál es el costo-beneficio de no pagar impuestos por una cantidad mínima de las utilidades ya obtenidas, a cambio de perder gobernabilidad?

Hasta aquí nos hemos ocupado de la empresa, pero no hemos dicho nada acerca de lo que podrían hacer el MEM y otras instancias nacionales (lo que incluye al sindicato de Antamina y, por ejemplo, a los medios de comunicación). Que es en verdad lo que corresponde: que aquí levantemos la voz para que los recursos naturales –y los impuestos que le corresponden al Perú– permitan mejorar la infraestructura y la educación en el siglo XXI.

Todos los artículos del autor pueden ser leídos eUn: www.cristaldemira.com

¿UNA EVALUACION QUE FAVORECE AL SUTEP ?

El Ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó el día de hoy que su cartera respetará los resultados originales¹de los más de cincuenta mil docentes que rindieron sus exámenes para nombramiento el domingo 15 de noviembre. ¿A qué se refiere el Ministro Chang por “resultados originales”? Pues a todo un embrollo en el MINEDU debido a un supuesto “error técnico” en la publicación de resultados de la semana pasada.

El día viernes 20 de noviembre las quejas de muchos docentes, a raíz de la publicación de resultados de la evaluación docente, hicieron eco en el país. Ocurrió que en la mencionada fecha, a las 3pm., se publicó una lista de resultados que una hora y media después, aproximadamente, fue alterada. El argumento ministerial para esta nueva lista de resultados fue que se trataba de un error técnico debido a un desplazamiento de las filas en que se presentaron los resultados. De este modo unos veinte mil maestros se vieron afectados pues, pese a que originalmente habrían alcanzado la nota 14, mínima nota requerida para aprobar el examen de nombramiento, en la segunda publicación de notas no habrían podido alcanzar la calificación requerida.

La sospecha surgió inmediatamente. ¿Con qué expertos cuenta el Ministerio de Educación para que un error como este, en una evaluación tan importante como delicada, ocurra? ¿Basta con la instalación de una mesa de partes para que los maestros hagan ahí sus reclamos? Evidentemente no. Pero la situación se pone aún peor. El día de ayer, el Ministro Chang confirmó que su cartera respetará los resultados originales, vale decir, aquellos que fueron publicados en la primera lista de resultados. La pregunta salta de inmediato ¿cómo el Ministro permitió la publicación de una segunda lista de resultados sin haber comprobado primero que habría habido un error en la primera lista publicada? ¿Por qué dijo que la primera publicación era un error para luego decir que era la publicación correcta?

Es evidente que se trata de un proceso que carece de la legitimidad necesaria y cuyo manejo despierta una serie de sospechas. Por ello, como afirma el dirigente magisterial, Ovidio Mendoza, la anulación del proceso es necesaria. En este sentido, resaltamos el comunicado difundido por el colectivo Dignidad Magisterial² en el cual se exigen dos cosas puntuales: la anulación del proceso y la renuncia del Ministro Chang y sus viceministros.

La anulación del proceso es necesaria pues se trata de un proceso viciado que despierta sospechas que perjudican al magisterio nacional en general. Si al tema de la publicación de notas añadimos las denuncias de venta de pruebas a nivel nacional por dos mil o tres mil soles, antes del momento de la prueba, tenemos una razón más para anular este proceso. Por otro lado, consideramos necesaria la renuncia del Ministro Chang pues, más allá de este lamentable hecho, se ha evidenciado nuevamente la carencia de gestión apropiada en un sector tan importante como es educación. La improvisación en el MINEDU es el gran causante de hechos como el mencionado y los responsables políticos deben responder por estos lamentables eventos, de lo contrario seguiremos sumando Changfainas en un sector que se encuentra en emergencia.

LA NECESIDAD DE UNA REFORMA TRIBUTARIA

Por Armando Mendoza
Economista

Mientras todos cruzamos los dedos y nos encomendamos a Santa Rosita para que la campaña navideña levante la economía, no es mala idea darles una revisada a las cifras de la recaudación y comentar sobre algunos temas que no deberían descuidarse como la regresividad de nuestro sistema tributario, el cual –tradicionalmente– se ha sustentado en un esquema en el que los impuestos indirectos (que gravan el consumo) tienen un peso excesivo con respecto a los impuestos directos (que gravan la riqueza).

Recordemos que ese 19% de IGV que pagamos como consumidores y usuarios nos afecta a todos, cierto, pero afecta mucho más –comparativamente– a los sectores de menores ingresos que dedican una mayor proporción de su presupuesto al consumo. ¿Por qué? Simplemente porque mientras mayor es el ingreso, mayor es la porción del mismo que se puede ahorrar o invertir en lugar de gastarlo. Así, el IGV es –fundamentalmente– un impuesto indiscriminado que no diferencia entre ricos y pobres; en otras palabras: conmovedoramente ciego y bruto. Si el gerente de una compañía y un obrero deciden tomarse cada uno una gaseosita, pagan exactamente el mismo 19% de IGV, sin distinguir entre el obrero –que con las justas la ve– y el gerente, cuyo sueldo es probablemente 10, 20 o más veces mayor.

El contrapeso a esta “ceguera” tributaria son los impuestos directos –como el impuesto a la renta– que son los que permiten que quienes más ganan sean precisamente los que más paguen. Por ello existe consenso en que un sistema tributario sano y progresivo tiene que basarse en impuestos directos y no en los indirectos. El problema es que nuestra tributación se ha construido sobre el IGV y el ISC, dejando la equidad y la justicia para después.

En efecto, revisando la composición de los ingresos tributarios en los últimos años, vemos que el aporte del impuesto a la renta ha sido usualmente inferior al de los impuestos indirectos. Sin embargo, también es interesante notar que entre el 2006 y el 2008 su aporte se elevó justo por encima del 50%, sobrepasando a los impuestos indirectos. La explicación principalmente recae en el boom minero de dichos años, que disparó las ganancias y la tributación de ese sector. Es decir, sin querer queriendo, el sistema tributario ha venido arrojando resultados progresivos, no como resultado de reales reformas sino simplemente porque nos sacamos el huachito de los altos precios internacionales de los minerales.

El problema es que, con la recesión mundial, los precios de los minerales han regresado a niveles “normales” (ciertamente aún altos), y –lógicamente– la tributación minera se ha contraído. Como consecuencia, la regresividad tributaria –que en realidad nunca se fue– ha vuelto a alzar cabeza, y nuevamente son los impuestos indirectos los que están parando la olla fiscal. Así, acorde con la Sunat, el aporte del impuesto a la renta ha caído sensiblemente en lo que va del 2009 hasta igualarse con el aporte de los impuestos indirectos (véase gráfico), reflejando que no tenemos una real política fiscal, y que más que un barco con rumbo la tributación en el Perú es un madero que las olas llevan y traen… hasta que otra vez nos saquemos el huachito. ¿Cambiará esto alguna vez

LOS 5 PAISES QUE MAS CONTAMINAN EL PLANETA

Los más sucios del mundo

En la lista de naciones que contaminan el planeta, los cinco primeros son Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón. ¿Están haciendo algo para aminorar los efectos de sus industrias? Más allá de lo declarativo, nada. El Protocolo de Kyoto estableció que los países desarrollados debían aminorar el 5% de sus emisiones al 2012. No se ha logrado esa meta. Se espera que en la Cumbre Mundial de Copenhague 2009, en diciembre próximo, se logre un compromiso que reemplace a Kyoto. Todo indica que no va a ser así.

Por Raúl Mendoza

EEUU, sin miedo al cambio climático

• Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial y es responsable del 20% de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Sin embargo no ha ratificado el Protocolo de Kyoto. Se comprometió a reducir el 6% de sus emisiones, pero estas aumentaron más del 15% –con respecto a 1990– durante el gobierno de George W. Bush. ¿Cuáles son sus industrias más contaminantes? La metalúrgica y las centrales eléctricas. Además empresas norteamericanas operan en todo el mundo, en muchos rubros industriales, con distintos estándares de contaminación según el país.

La ciudad norteamericana más contaminada es Pittsburg, conocida como ‘la ciudad del acero’. El año pasado superó a Los Ángeles, aunque esta ciudad sigue siendo la líder mundial en emisión de gases de efecto invernadero y la que más daño causa a la capa de ozono. La contribución individual al calentamiento también es grande: cada norteamericano contamina el doble que un europeo. Esto se debe al elevado gasto de electricidad y el altísimo número de vehículos que circulan en las ciudades norteamericanas. Ahora que en diciembre próximo se realizará la cumbre mundial sobre calentamiento global en Copenhague, su posición no ha cambiado. “Había expectativa por el nuevo enfoque que Barack Obama podía tener. Esta cumbre podría ser la oportunidad para un compromiso global renovado, justo y vinculante, pero parece que no va a ser así”, dice Francesco Boeren, director regional de Oxfam, organización que sigue el tema. En Copenhague se esperaba lograr un compromiso concreto que reemplazara a Kyoto, pero EEUU y otros países desarrollados no quieren asumir compromisos.

China, el gigante contaminador

• China es un país-continente que inició su despegue industrial hace un par de décadas y ahora no está dispuesta a detenerse a pesar de que ‘contribuye’ con el 17% de la contaminación global. Además, no está obligada a reducir emisiones por ser un país en desarrollo. Entre sus argumentos para evitar compromisos también señala que si se mide la contaminación per cápita, no estaría entre los que más contaminan.

Entre sus industrias más contaminantes están los complejos industriales procesadores de carbón y la industria papelera. La ciudad de Linfen, la principal meca de la industria del carbón del país, es acaso la más contaminada del planeta. Allí el aire registra óxido de carbono, arsénico y plomo en dosis mortales para la salud de sus habitantes. En otras zonas, como el delta del río Perla, donde se produce el 20% del PBI chino, hay industria diversa: zapatos, juguetes, textiles, y la contaminación es enorme. Green Peace encontró un cóctel químico de varias sustancias en las aguas del río. En general la industria china carece de altos estándares ambientales por su rápida industrialización, que no ha ido aparejada con una regulación adecuada. No obstante, ha sido junto con Estados Unidos uno de los países que menos compromisos concretos prometen para Copenhague 2009. Una reciente visita de Barack Obama a China solo dejó como saldo la posibilidad de aguardar otra reunión cumbre para arribar a acuerdos sobre el cambio climático.

Rusia, forzado a reducir emisiones

• La crisis mundial y su propia dinámica económica le jugaron una mala pasada a Rusia. Su industria se vio afectada, por lo que debió aminorar su producción y ello ocasionó que redujera sus emisiones superando los compromisos de Kyoto. Actualmente emite el 5.7% de los gases de efecto invernadero globales. Sin embargo, esa reducción ha sido forzada por las circunstancias, no por su compromiso con el medio ambiente. Demoró hasta el 2004 para firmar el protocolo y tres ciudades rusas figuran en la lista de las 10 ciudades más contaminadas del mundo: Dzerzhinsk, Norilsk y Rudnaya Pristan. Las fábricas de armamento, de productos químicos, el petróleo y las minas de donde se extraen diversos metales son la contribución rusa al cambio climático.

Un informe de la BBC indicaba que en el 2005 sus emisiones se habían reducido un 35% con relación a 1990. Por eso se vería beneficiado con el nuevo ‘mercado verde’ que se alista para el futuro: podría vender su cupo de emisiones “no usadas” a los países en desarrollo que necesitan emitir más gases de lo que está permitido bajo Kyoto.

La India, afectado por su crecimiento

• El siempre enigmatico país hindú se encuentra en una encrucijada. Contribuye al calentamiento global con el 5% de emisiones y no puede detenerse porque, como China, cada vez se industrializa más y está creciendo a un ritmo de 9% anual. Además tampoco está obligado a reducir emisiones porque es un país en desarrollo. Sin embargo, será una víctima del calentamiento: tiene zonas proclives a los desastres y poblaciones por debajo de la línea de pobreza que sufrirán las consecuencias.

Los controles medioambientales por el momento no son una prioridad. Un dato: la ciudad de Ranipet, la meca de las plantas químicas en el país, es una especie de versión potenciada de La Oroya, en el Perú. Los complejos industriales que funcionaban ahí han dejado alrededor de un millón y medio de toneladas de residuos durante los últimos veinte años. La esperanza de vida de los adultos apenas alcanza los 40 años. Se estima que –a pesar de que su gobierno no brinda cifras sobre sus emisiones– tras refrendar el protocolo de Kyoto la India no disminuyó sino que aumentó sus emisiones un 50% más que lo emitido en 1990.

Japón, contaminador silencioso

• Actualmente Japón emite el 4.3% de los gases contaminantes en el mundo. Ha sido uno de los principales promotores del protocolo de Kyoto, pero no ha logrado reducir sus niveles de emisión. El gran tema de la contaminación en Japón es el tratamiento de los residuos industriales generados por sus fábricas, debido a sus limitaciones territoriales. En los 90 tuvo que encarar un alto índice de contaminación de personas por ‘dioxinas’ –gases provocados por la incineración de basura industrial– al mismo tiempo que contaminaba el medio ambiente. Por ello hoy tiene los más altos índices de reciclaje en el mundo.

De los países que más contaminan, Japón es el único que propuso una meta: reducir en un 50% las emisiones de gases industriales de aquí al 2050. Justamente una propuesta parecida se verá en Copenhague 2009. Antes de eso se han realizado varias reuniones preparatorias –Bangkok, Barcelona– a fin de lograr compromisos, pero no se ha logrado nada hasta ahora. Los países industrializados piden más tiempo para discutir el problema.

Cifras

2,530 millones de toneladas de dióxido de carbono emite Estados Unidos a la atmósfera anualmente.

150 mil millones de dólares deberían recibir los países en desarrollo de los desarrollados para adaptarse al cambio.

26 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse como resultado del cambio climático, según Oxfam.

COPENHAGUE 2009

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se verán dos temas: 1) la propuesta de que los países industrializados reduzcan el 40% de sus emisiones al 2020 y el 80% al 2050, a fin de que la temperatura global no suba más de 2 grados. 2) El compromiso de los países industrializados de resarcir a los países en desarrollo por el daño que estos sufren por emisiones que ellos no provocan. El Perú, por ejemplo, uno de los países en mayor peligro, produce solo el 0.4 de gases de efecto invernadero, sobre todo por deforestación. En las reuniones, sin embargo, los países desarrollados no han mostrado predisposición a lograr acuerdos concretos. Si no se logra mantener el clima en los estándares actuales, está probado que habrá sequías, desglaciación, inundaciones y otros desastres.

ANTAMINA INICIA MOVIDAS PARA DEJAR DE PAGAR 276 MILLONES DE DOLARES

Por Humberto CampodóniCO

En la convención minera de Arequipa, en setiembre pasado, el presidente de Antamina anunció que las reservas habían aumentado en más de 70% y que se tenían planes para expandir la capacidad de producción de mineral en 40%, pasando de 94,000 a 130,000 toneladas por día. Agrega el portal de la canadiense Teck, socia de Antamina, que “el estudio de factibilidad está en revisión y los accionistas esperan tomar una decisión en el IV Trimestre” (www.teck.com). El costo de la expansión sería de US$ 920 millones.

Claro, para que la inversión se materialice deben cumplirse todos los requisitos legales y ambientales. Respecto al financiamiento de la inversión, el presidente de Antamina dijo que “la empresa estaba explorando todas sus opciones financieras”.

Pues bien, ahora se sabe que Antamina ha pedido al Ministerio de Energía y Minas acogerse al Programa de Inversión con cargo a Utilidades No Distribuidas. ¿Qué significa esto? Que de la inversión de US$ 920 millones la empresa dejará de pagar impuestos al fisco peruano por la suma de US$ 276 millones (920 x 30%).

¿Por qué? Porque el programa permite que se reinviertan anualmente hasta el 80% de las utilidades de la empresa minera sin pagar impuesto a la renta (IR). La cuestión es que este programa –aprobado en 1992, cuando el país salía del proceso de hiperinflación y de la guerra interna– fue derogado en setiembre del 2000 porque, de un lado, las condiciones económicas y sociales ya habían cambiado y, de otro, porque significaba una pérdida importante de ingresos fiscales.

Pero el programa sigue rigiendo para quienes tienen contratos de estabilidad tributaria. Así, tanto Buenaventura como Cerro Verde se acogieron durante Toledo. Lo mismo está pidiendo Antamina. De aprobarse el programa, la región Áncash dejaría de percibir por canon minero el 50% del IR que se deja de pagar: US$ 138 millones.

El gobierno y las empresas argumentan que, con el incremento de la producción, el IR aumentará cuando se culmine la inversión, con lo cual todos saldrían ganando. Cierto, la producción va a aumentar pero lo central es que, con las ganancias obtenidas anteriormente y con los altos precios del cobre y el zinc (bajaron en el 2008 pero han vuelto a subir en el 2009), la empresa tiene la suficiente capacidad financiera para llevar a cabo dichas inversiones. Y las haría de todas maneras, porque le significan ganancia.

No solo eso. En el 2000, Antamina proyectaba recuperar su inversión inicial de US$ 2,200 millones en un plazo de 10 a 15 años. Sin embargo, debido a los altos precios, la inversión fue recuperada en los primeros 3 años (ver cuadro) y su tasa interna de retorno bordea el infinito.

En el 2006 se planteó poner un impuesto a las sobreganancias mineras, incluso por el candidato García. Pero no cumplió, optando por un irrisorio “óbolo minero”. No se anotó el gol cuando había que hacerlo. Hoy, a pesar de las enormes utilidades obtenidas por Antamina en los últimos años (US$ 6,300 millones), la empresa recurre al Programa de Reinversión, con un costo para el fisco de US$ 276 millones.

¿Cuánto se podría mejorar la educación e invertir en ciencia y tecnología con ese dinero? Habrá que preguntárselo al ministro Pedro Sánchez del MEM y también al ministro Carranza del MEF –que seguramente dará pase a esta reducción de impuestos, pero que sí se pone duro con los reclamos de los trabajadores y docentes universitarios–. Sería bueno que el Congreso y los gobiernos regionales tomen cartas en este asunto que demuestra, una vez más, adónde se sitúan las prioridades gubernamentales (y las de las empresas mineras).

LA VERDAD TRAS EL CASO DE LOS PISHTACOS

Desde un punto de vista estrictamente racional la reciente historia de pishtacos en el Huallaga no se sostiene por ningún lado, y Marco Sifuentes ha detallado las incongruencias del caso en una eficaz columna. Por su lado la prensa internacional se ha jaraneado con el tema, con sarcasmos como “la dieta peruana” (otro ha escrito que no vuelve a comer nueces de pistacho).
Sin embargo el pishtaco, o nakak en algunas regiones, es un personaje muy arraigado en el imaginario nacional, y es fácil detectar la carga mítico-simbólica de sus actividades asesino-comerciales. Una carga que ha ido cambiando con la historia, y que ahora parece haber sufrido una nueva metamorfosis.

Los cronistas detectaron al pishtaco en las sociedades prehispánicas, y desde entonces el personaje ha estado presente casi en todo momento. En algún punto de la República se volvió rubio de ojos azules, una amenaza externa al mundo andino y también una clara metáfora de la explotación que lo adelgaza, i.e. le roba la grasa.

La leyenda ha cobrado los más variados usos. En 1987 corrió por Ayacucho la versión de que Alan García despachaba pishtacos a la zona para con esa grasa humana amortizar la deuda externa del país. En otros casos hay una fusión con otras lacras dedicadas a la cirugía negra, como los chupacabras o los ladrones de órganos.

¿En qué fase de la creación de pishtacos estaríamos ahora? Los de ahora ya no son gringos, pero el producto sigue viajando al exterior. Como la droga que ellos fabricaban según el expediente, si queremos hacer comparaciones. La cifra de 30 años dedicados en este caso al negocio de la grasa humana es críptica, pero no deja de ser sugerente.

Que ahora la grasa humana supuestamente vaya a producir cosméticos en otros países es un giro nuevo. Antes se le asignaba un papel en aceitar máquinas o mejorar el sonido de las campanas. Ahora serviría para embellecer los rostros de la globalización. Rostros embellecidos por la codicia de verdaderos demonios.

Takahiro Kato ha llegado a la conclusión de que los brotes más actuales de pishtaquismo podrían ser reacciones de una parte del mundo andino al avance de una modernidad percibida como exterior y amenazante, y dentro de ello calculadora y violenta. La grasa vendría a ser el símbolo de la vida misma del mundo andino.

Es más o menos claro que en este caso los policías han sido engatusados complacientes. Pero que los detenidos se hayan presentado como asesinos seriales, un delito bastante más serio que fabricar coca, debería mover a reflexión. Sobre todo debería mover a una buena entrevista con detenidos y captores sobre el tema.

POR QUE NO SIEMPRE EL MAS "CHANCON" SOBRESALE EN LA VIDA

César Hildebrandt

Tiempo de notas

Si los colegios fueran sinceros tendrían una horca en la entrada.

Allí colgarían a los niños insumisos, a los singulares, a los brillantes sin método, a los sospechosos distraídos, a los que no, a los que no ven “Al fondo hay sitio”, a los que no otra vez.

Porque el colegio es un safari donde nadie dispara a las manadas pero donde llueve plomo en contra de las gacelas perdidas.

Y en esta época de notas y evaluaciones, viene el sentido común, con sus tijeras, y establece quién es mansa paloma y quién hereje a quemar.

Y llueve el plomo en forma de notas rojas y la cárcel gobernada por maestras bigotudas se llena de repitentes.

Los maestros castigan y los padres, claro, se la creen y desesperan. Porque padres y maestros forman el dúo perfecto: el maestro encarna la norma decapitadora, el padre representa el miedo.

La norma y el miedo son la misma cosa. Ambos están al servicio del colectivismo brutal. La norma amenaza a todo aquel que es diferente. Y el miedo del padre es que el hijo repita el año y, por lo tanto, repita al padre (repitente crónico de su propia grisura).

Ya viene diciembre, que es el mes de la matanza escolar. Allí mueren, a notazos y a veces y patadas, muchas de las personalidades que nos habrían hecho mejores.

Allí, entre notas azules y aplausos mediocres, prosperan las memorias esforzadas, las medianías chanconas, las monas de seda.

A Nabokov le hicieron la vida imposible en San Petersburgo porque a veces se le salían palabras en inglés y en francés. La tribu de los Ivanes terribles lo azotaba en los recreos por diferente.

Porque de eso se trata la norma: de empaquetar la mercadería y lanzarla al camión de reparto.

Y si no te prestas a los ritos de la estupidez masiva y a las exhibiciones mnemotécnicas –o no estás en el coro de las fechas inútiles y las biografías inservibles-, entonces vienen el maestro que no ríe hace años o la maestra que da risa hace siglos y te dan con un palo y con un rojo te matan las vacaciones y con otro rojo te joden los febreros.

Desde luego que hay flojos y brutos, pero de ellos no estoy hablando. Estoy hablando de las ovejas negras que se salen del corral para vagar a solas.

Esas que hacen preguntas raras y que parecen estar en otra cosa. Esas promesas que los colegios persiguen hasta lograr su domesticación.

Quien sobrevive al colegio con la locura más o menos ilesa y con la imaginación sin castrar es que es un héroe de la resistencia.

Nunca he visto más rabia ni más envidia que la que, en los colegios, se dirige a la chica que marcha a destiempo pero lee libros que valen la pena, o al chico que no sabe quién dijo tal cosa pero ha leído a Moro en la biblioteca.

Porque si el colegio no sirve para amparar lo que parece inútil, lo que no es práctico –el arte, en suma, la reflexión pura, la inquietud disparada en cualquier sentido-, ¿entonces para qué sirve el colegio?

¿Para ensamblar gerentes, televidentes, taurófilos, gente que lea la prensa del fútbol y los potos y crea que se está enterando?

A finales de la secundaria tendría que haber un curso para aprender a pensar, otro para dudar, otro para armar el rompecabezas que no quieren que armemos; un curso de sospechas y otro de descrédito de las especialidades y uno más para atreverse.

Porque lo que más teme el fascismo pedagógico es el humanismo integrador. El humanismo que da perspectiva crítica y la singularidad de la que pueden nacer las rebeldías: he allí los dos grandes enemigos de la educación formal.

Por eso, en estos tiempos de notas y libretas, mi modesto consejo es el siguiente (consejo que yo mismo no seguí como debía): al diablo con las notas cuando quien las padece está por encima del sistema y cuando quien las inflige está por debajo de cualquier expectativa razonable.

Código cipriani

Eduardo Arens Kückelkorn, sacerdote peruano, marianista, reconocido en el país y en el extranjero como uno de los mayores estudiosos de la Biblia, está prohibido de enseñar Teología, es decir, no puede adoctrinar sobre las Santas Escrituras dentro de la Diócesis de Lima. La prohibición data de agosto último, es por tiempo indefinido y sin causa conocida. Fue ordenada, cuándo no, por el Obispo de Lima y Cardenal del Perú Juan Luis Cipriani Thorne. La arbitrariedad no termina allí.

Por Edmundo Cruz

El lunes 9, la Pontificia Universidad Católica del Perú inició la versión anual de su evento académico Aula Magna dedicado a debatir el tema: la Doctrina Social de la Iglesia y el Desarrollo Humano Integral”. Cita auspiciosa. De Venezuela vino el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, jesuita Luis Ugalde, entre otros expertos. Pese a la discreción de los organizadores, no pasó inadvertida para los 350 participantes la ausencia de un invitado, el biblista peruano Eduardo Arens, quien, según trascendió, había preparado una reflexión especial: “La universidad frente a la sociedad”. Sobre tal inasistencia se sabe que esta no fue voluntaria sino impuesta: una comunicación del Obispo de Lima y Cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani, había ordenado a Arens no concurrir.

Eduardo Arens ha acatado la orden y prefiere el silencio, pero ese no es el caso de uno de sus alumnos y hermanos religiosos radicado en Chimbote: Hugo Cáceres Guinet, quien a pecho abierto lanzó al fin de la semana pasada, por la vía virtual, una “Carta de apoyo al padre Eduardo Arens, S.M. y de rechazo a la actitud intolerante del Cardenal de Lima”.

Emigración forzada

Según Hugo Cáceres, no es solo Arens, sino una “multitud de sacerdotes y religiosos que se han visto obligados a emigrar de la Arquidiócesis de Lima porque (el Cardenal) los ha despojado de casas de retiro y parroquias”. “Todo esto –agrega el autor de la carta– no sería más que fruto de un exceso de celo… si es que además Cipriani no hubiera sido permanente obstáculo de las investigaciones al régimen dictatorial y corrupto de Fujimori, decidido enemigo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y obcecado enemigo de la defensa de los derechos humanos”.

Los términos no son nada diplomáticos y hasta pueden parecer exagerados, pero mejor que los hechos hablen.

Censura teológica

Cáceres confirma lo que “El blog de X. Pikaza”, un sitio vasco de actualidad eclesial y teológica, denunció el 24 de agosto pasado y que Arens también calló serenamente. Pikaza reveló la existencia de una comunicación que el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII, en donde Arens dictaba cátedra, había recibido de Monseñor Juan Luis Cipriani, indicándole que “mientras sea obispo de Lima” el marianista profesor de Biblia no podía ejercer la “missio canonica” que es como se llama a la docencia en Teología. Similar prohibición sin plazo definido se hizo extensiva al profesor Luis Asenjo y a un tercer docente religioso.

El 2000 fue expulsado

La animadversión no es reciente. La denuncia de Xavier Pikaza, ex sacerdote vasco y autor del blog, trae a la memoria un antecedente de 9 años atrás. En el 2000, Juan Luis Cipriani expulsó –así como se lee– a Eduardo Arens de la Diócesis de Lima. El marianista no podía dictar misa dentro de la jurisdicción religiosa capitalina. Trascendieron móviles fútiles: que Arens “no le echaba agua al vino, que no mencionaba el nombre del Obispo en misa, y que su estilo de celebración era muy popular”. La marginación fue real. Su congregación tuvo que destacar a Arens al Callao por un tiempo, en tanto gestiones directas y exitosas de los marianistas ante el Vaticano dejaron sin efecto el exabrupto. Eduardo Arens pudo volver a la parroquia de Santa María Reina, en el Óvalo de Miraflores, donde el biblista celebra misa todos los domingos, a las 10.30 horas de la mañana y a las 6.30 de la tarde ante una nutrida feligresía.

Predicador de la realidad

A la hora de explicar el Evangelio, Arens cultiva un estilo muy directo, realista y didáctico ante un público formado por una vecindad en la que no faltan personalidades del mundo social, económico y político. Fernando Belaunde Terry fue en vida un puntual concurrente a los sermones del marianista, lo mismo que Henry Pease actualmente y periodistas como Rosa María Palacios.

No parecen ser estos los únicos celos a los que Hugo Cáceres se refiere en su carta de apoyo a Arens. Las competencias pueden ir por el lado de los centros de formación de los futuros sacerdotes. La Arquidiócesis dirigida por Monseñor Luis Cipriani, esto es por el Opus Dei, cuenta con la Facultad de Teología del Seminario de Santo Toribio que hace dos años tenía 700 alumnos y ahora sólo suma 200. En tanto que el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII, bajo dirección marianista y en el que Eduardo Arens enseñaba Teología, duplica fácilmente ese número.

El mal ejemplo

Juan Luis Cipriani actúa con prepotencia. Ha fragmentado el clero en tendencias y no busca armonizar sino que, por el contrario, azuza la confrontación y sataniza a sus adversarios. Reflejo de esta postura es lo ocurrido en Arequipa, donde una gestión igualmente autoritaria ha provocado que un sacerdote joven, Alfredo Ungaro Curasi, enjuicie por difamación (sin que le falten razones) al arzobispo de la Ciudad Blanca Javier del Río Alba. Este no ha tenido mejor idea que responder con un aviso pagado con la firma (¿forzada?)de obispos y sacerdotes. A mitad de semana llamamos a la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Lima y les expusimos con claridad el tema. Pidieron teléfono y e-mail para responder pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Todo parece indicar que después de la publicación de esta nota Cipriani ensayará nuevas represalias. Estaremos atentos.

LA CLAVE

OBISPOS DEL PERÚ: 50, distribuidos en 45 diócesis. Priman los Opus Dei, Sodalicios y Neocatecúmenos (10) nombrados por el Nuncio Apostólico saliente Rino Passigato (9 años en Perú). Solo hay dos obispos jesuitas. Cipriani ha perdido las últimas cuatro elecciones para presidente de la Conferencia Episcopal.

Perfil

• Nombre: Eduardo Arens Kückelkorn
• Nacimiento: Nació en Dresden, Alemania, el 18 de enero de 1943. A los tres años fue traído a Perú.
• Estudios: Colegio Champagnat. Noviciado en Galesville, EEUU (1963). Se ordenó de sacerdote en Lima, 1973. Estudios de Biblia en Suiza e Israel.
• Tarea pastoral: Parroquia Santa María Reina, donde ha formado una escuela bíblica. Trabajo social en los conos.

Biblista fecundo

• En 1982. Eduardo Arens inició la publicación de sus estudios sobre Biblia. En los años de la violencia interpretó el fenómeno a la luz de la Sagrada Escritura.
• 1982. Los evangelios ayer y hoy. Una introducción hermenéutica. Lima, 161 pp.
• 1983. La Biblia sin mitos. Lima, CPC, 182 pp.
• 1985. La violencia y el Evangelio. Lima 74 pp.
• 1986. Apocalipsis, ¿revelación del fin del mundo? Lima, 162 pp.
• 1988. La violencia y el Evangelio. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante la violencia? Santiago, Paulinas, 268 pp.
• 1993. ¿Resucitó? Una mirada crítica al fundamentalismo del cristianismo. Santiago, San Pablo, 158 pp.
• 1995. Asia Menor en tiempos de Pablo, Lucas y Juan - Aspectos sociales y económicos para la comprensión del Nuevo Testamento. Córdoba. El Almendro, 234 pp.
• 1995. ¿Conoces la Biblia? Respuestas al fundamentalismo biblicista. Lima, 314 pp.
• 1995. Cuestionamientos desde la Biblia. Lima, 42 pp.
• 1995. Respuestas sobre la Biblia. Lima, San Pablo, 98 pp.
• 1996. Serán mis testigos. Historia, actores y trama de hechos de los Apóstoles. Lima, 374 pp.
• 1998. Biblia y fin del mundo. Lima, Paulinas, 159 pp.
• 2005. El humor de Jesús y la alegría de los discípulos. PPC Editorial.
• 2009. Han sido llamados a la libertad. Lima, CEP, IBC, Paulinas.

La educación y los hipócritas

Por Nicolás Lynch

Ha terminado el CADE 47 y esta reunión empresarial entre sus conclusiones ha resaltado la importancia de una mejora de la educación para que el país alcance el desarrollo. No nos han dicho, al menos hasta donde han informado los diarios, cómo es que esto se debe producir. De un tiempo a esta parte son varios los sectores de la vida nacional que se suman, al menos declarativamente, a la preocupación existente porque la educación mejore. Y eso está muy bien.

Sin embargo, el tema educativo no es un asunto desamparado en el debate nacional. Existe desde el 2005 un Proyecto Educativo Nacional (PEN), elaborado por el Consejo Nacional de Educación, que se supone es política, casi desde su inicio, de este gobierno.

Existe, desde el año 2002, el compromiso adoptado en el AN de duplicar el presupuesto educativo como porcentaje del PBI, del 3 al 6% en 10 años. Asimismo, en la campaña electoral 2006 al menos dos partidos señalaron el costo anual del PEN en 25 mil millones de soles. Estamos a fines del 2009 y todo sigue igual. El PEN a nadie le interesa en el gobierno, la meta del AN ha ido como el cangrejo y ahora estamos en el 2.9% y el presupuesto del sector educación está en algo más de 12 mil millones de soles: la mitad de lo que se necesita.

¿Qué han dicho los empresarios del PEN? Parece que nada. ¿Y de la plata que se necesita para implementarlo? Menos todavía. Les debe aterrar hablar del presupuesto para educación porque acto seguido tendrían que mirarse el bolsillo y poner lo que les toca sobre la mesa. No, no estoy hablando de óbolos o caridades como le gusta a Alan García sino de la recaudación tributaria indispensable para poder llevar adelante una reforma educativa de verdad. Aquí solo se podrá pasar del 3 al 6% del PBI como presupuesto educativo si es que se produce una reforma tributaria democrática, que privilegie los impuestos directos y en especial eleve el impuesto a la renta de los que más ganan, a la par que elimine las exoneraciones de las que goza el gran capital y que hasta ahora son intocables. Esto debe permitir subir la presión tributaria para poder financiar la reforma señalada.

¿Qué nos dicen los empresarios de todo esto? Prefieren callar en siete idiomas porque la solución de fondo no les interesa. Mejor es deleitar sus oídos con algunos oradores privatistas que les van a repetir lo que les gusta y que la educación pública siga igual

Ecuador noquea a las multinacionales farmacéuticas

Hace unas semanas, el Gobierno de Ecuador promulgó un decreto que permite la elaboración de medicamentos protegidos con patentes. En dicha norma se “declara de interés público el acceso a las medicinas utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y que sean prioritarias para la salud pública” y se dispone el otorgamiento de licencias a los laboratorios locales para la elaboración de sus genéricos. Esta es una importante decisión, pues las medicinas son bienes fundamentales para luchar contra las enfermedades y mejorar la salud de la gente, y no simples mercancías como son tratadas por las multinacionales farmacéuticas.

Según el artículo “Mafias farmacéuticas” del periodista Ignacio Ramonet, “...los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar a los medicamentos genéricos, mucho más baratos”. Así, “el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas económicas no sólo para los propios pacientes, sino también para la Seguridad Social a cargo del Estado”.

El decreto ecuatoriano en cuestión se fundamenta en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (1995) firmado por los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual reconoce el derecho de los países a emitir licencias obligatorias para elaborar medicamentos patentados que sirvan para combatir enfermedades de interés público. Así, en caso de emergencia nacional, de la existencia de prácticas anticompetitivas o en caso de uso público no comercial, los gobiernos pueden hacer uso de estas licencias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de genéricos porque favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones con menos recursos. Los genéricos no son menos eficaces para tratar las enfermedades. Esta es una falacia muy conveniente para favorecer a las grandes industrias farmacéuticas y el uso exclusivo de su “marca”. Es por ello que esta ley dictaminada por el gobierno ecuatoriano beneficia a la mayoría de sus pobladores, los que ahora podrán acceder a medicamentos más baratos.

En el Perú, el 24 de diciembre de 2004 se aprobó la Política Nacional de Medicamentos. Después de casi 5 años, recién contamos con una norma que regule las acciones dictadas por esta política, pues el 29 de octubre pasado, el pleno del Congreso de la República aprobó la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. En esta norma se establece, por ejemplo, que el Estado debe promover y fortalecer la fabricación, importación y prescripción de medicamentos genéricos, como parte de la política nacional de medicamentos. Además, se fomenta la investigación y fabricación de medicamentos para el tratamiento de enfermedades de alto impacto social o enfermedades con pocas o ninguna alternativa terapéutica.Este año, el Ministerio de Salud ha logrado ahorrar 50 millones de soles gracias a la compra de medicamentos genéricos esenciales. Pero se debe hacer más, ya que actualmente el 45,5% de peruanos no cuenta con un aseguramiento en salud, lo que dificulta aún más su acceso a estos medicamentos básicos. Por tanto, resulta indispensable regular el mercado de medicamentos para que estos lleguen más baratos a manos de los peruanos, sobre todo de los más pobres. En ese sentido, debemos tomar en cuenta a nuestro vecino del norte. El ejemplo ecuatoriano es un posible camino a seguir.

El SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO y los jóvenes

Por Alberto Adrianzén M.

Hace unos días un grupo de alcaldes de Lima, acompañados por el ministro del Interior, pidieron entusiastamente el regreso del Servicio Militar Obligatorio (SMO) y del curso de Instrucción Premilitar (IPM) en los colegios, como una solución al tema de las pandillas y de las barras bravas.

Llama la atención esta forma autoritaria de entender los fenómenos sociales. Lo que se busca es contener y disciplinar antes que solucionar los problemas. Además, la idea de que sólo en los cuarteles uno aprende lo que es disciplina y el sentido de patria es, sinceramente, falsa. Sería bueno preguntarle a Vladimiro Montesinos si eso fue lo que aprendió en los cuarteles o al general Malca, hasta ahora prófugo de la justicia y millonario, o a los llamados generales gasolineros, para llegar a la conclusión que dicha propuesta no resiste el menor análisis. Y es que en verdad lo que está detrás de ella es una visión profundamente autoritaria y machista que se resume en que la “letra con sangre entra”. Es esta idea absurda de que los jóvenes aprenden a ser “hombres” en sistemas o instituciones verticales, que alientan, muchas veces, la humillación y hasta el castigo físico como sucede, lamentablemente, en los cuarteles de nuestro país.

Se olvidan estos alcaldes y el ministro que el llamado SMO ha sido en el Perú profundamente discriminador. Fueron los hijos de las clases populares los únicos que hicieron este servicio y no los de las clases altas y medias. No es extraño en este contexto, donde se denigra a los que no saben leer o no tienen estudios escolares completos, que el alcalde de Los Olivos, proponga que aquellos que entran al SMO bien pueden servir para construir caminos y carreteras. Un poco más y nos plantea la abusiva ley de conscripción vial de la época de Leguía (conocida como la ley de Servicio Obligatorio de Construcción de Caminos) que tanto dolor y tragedia causó, sobre todo, en la población indígena. Es simplemente buscar mano de obra gratuita. Además, el SMO debido a la modernización y a la alta profesionalización de las Fuerzas Armadas, es un arcaísmo, por no decir un estorbo. Nuestras FFAA no pueden ser un reformatorio para jóvenes con problemas de conducta, menos una sucursal de Maranga.

Y sobre el curso de IPM (el autor de este artículo lo llevó por años en el colegio) es mejor ni comentar. ¿Alguien se acuerda de lo que aprendió? ¿alguien puede decir que le sirvió para algo? Mi único recuerdo fue la famosa práctica de tiro en el Rímac con unos viejos fusiles Mauser que le podían romper a uno la clavícula. Por otro lado, el amor y el respeto a la patria, y a nuestros héroes, dudo mucho que se aprenda con el regreso de este curso. Sospecho que hasta podría ocurrir lo contrario.

Por último, llama la atención que se piense que los únicos que pueden “disciplinar” a la población son los militares. Ello demuestra la persistencia, en el imaginario de alguna gente, de las FFAA, al igual que la Iglesia, como instituciones tutelares de la patria. Concepto no sólo arcaico sino peligrosamente autoritario y conservador.

Por eso el tema de las pandillas y las barras bravas no pasa por acuartelar a los jóvenes, menos aún por llevar el curso de IPM. Pasa más bien porque todos los sectores involucrados (Estado, municipios, policías, clubes deportivos, etc.) simplemente trabajen. El reciente y triste espectáculo en el club Alianza Lima es la mejor demostración de que el espíritu lumpenesco de las barras bravas también está presente en la propia dirigencia.

Cuando los jóvenes no tienen trabajo, cuando viven en familias desestructuradas, marginales y pobres, sobrevivientes de la desigualdad, como hoy sucede, las pandillas y las barras bravas no solo existirán sino que, incluso, aumentarán.

Un fracaso anunciado

César Lévano cesar.levano@diariolaprimeraperu.com

La reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica encierra, más allá de los aspectos específicos, una verdad general: La política económica neoliberal que se implantó en el Perú desde los años 80 ha desembocado en un fracaso económico y social.

Nadie, ni siquiera los ricos -salvo algunos afortunados favorecidos por los bajos impuestos y la protección oficial–, se declara satisfecho con la acentuación de la pobreza y la desigualdad que esa política ha causado.

Recuerdo mucho la impresión que me produjo un estudio de Sebastian Edwards, investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, publicado en marzo / abril de 1997 por la revista Foreign Affairs. El título del trabajo era Latin America’s Underperformance (= “La baja performance de America Latina”).

Allí se leía: “El crecimiento económico de la región es más bajo que el promedio de seis por ciento de 1965 a 1980”.

“En la mayoría de los países”, añadía Edwards, “las condiciones sociales, en particular la pobreza, no han mejorado. En varios países, el desempleo se ha incrementado notablemente”.

El texto ofrecía un cuadro estadístico que demuestra que una política neoliberal puede generar crecimiento efímero, como ha ocurrido en estos años en el Perú.

Se ve en el gráfico que nuestro país creció un asombroso 13,1% en 1994, para luego bajar a 7% en 1995 y 2% en 1996. Como para enfriar la euforia del presidente Alan García, quien, cuando el Perú creció 9%, afirmaba que nuestra economía estaba blindada contra la crisis global. Pero este año va a crecer menos de uno por ciento.

Lo cierto es que los países que más servilmente se sometieron a los dictados del “Consenso de Washington” y a la economía excesivamente abierta son los que más han sufrido con la crisis.

Nancy Birdsall, de la Fundación Carnegie, y Augusto de la Torre, ex presidente del Banco Central de Ecuador, presentaron en 2001 un balance cruel. Lo expusieron en el libro Washington contentious (= El Contencioso de Washington), para criticar el Consenso de Washington, que es el padre de todas las criaturas (Fujimori, Toledo, García).

Recuerdan los autores que, desde que se introdujo el neoliberalismo, “el desempleo creció y la pobreza siguió siendo extensa. América Latina entró en el tercer milenio con casi 180 millones de personas (más de un tercio de su población) viviendo en la pobreza, con ingresos de menos de dos dólares por día. Casi 80 millones sufren de pobreza extrema, con ingresos de menos de un dólar diario”.

Desde el 2001 eso ha empeorado. La crisis ha castigado a millones de latinoamericanos, incluidos millones de peruanos. Para cambiar la situación no sirven los discursos ni las estadísticas maquilladas. Se necesita un cambio de modelo económico.

Espionaje e inversiones

Por Alberto Adrianzén M. (*)

Luego del espionaje chileno es bueno preguntarse si la política frente a este país ha sido un error. Pasar del amor al odio de un día para otro, muestra que la pregunta no es ociosa. Lo peor es escudarse tras un falso chauvinismo para ocultar errores. La idea de que las relaciones con Chile mejorarían con la teoría de las cuerdas separadas, es decir separar las relaciones diplomático-políticas de las económico-comerciales, ha mostrado que no es el mejor camino para mantener relaciones normales con nuestro vecino del sur. La emulación (o competencia) económica que propuso el presidente García no bien asumió el gobierno, no solo ha sido insuficiente sino hasta ingenua y peligrosa.

Pensar que el ingreso (masivo) de inversiones chilenas en nuestro país conduciría a un cambio en el comportamiento del Estado chileno es un error. Lo que ha sucedido es todo lo contrario. Las razones son obvias. Cuando un país invierte en otro más de siete mil millones de dólares –que es justamente lo que ha hecho Chile todos estos años en el Perú– sus preocupaciones e intereses aumentan, pero también cambian. No es extraño, en este contexto, que Chile haya modificado las llamadas hipótesis de guerra. De un conflicto bélico con Argentina se ha pasado, como hipótesis, a un enfrentamiento con Bolivia y Perú.

Por eso el espionaje chileno poco tiene que ver con la demanda presentada ante la Corte de La Haya (esta situación tiene varios años y, por lo tanto, es bastante anterior a la demanda) y sí, más bien, con sus inversiones en el país y sus propias insuficiencias.

En realidad, lo que está detrás del espionaje es un intento de tutelaje a los intereses e inversiones que Chile mantiene en nuestro país. La idea de que el libre comercio mejoraría las relaciones bilaterales no solo ha resultado un fracaso sino también ha incentivado este intento de tutelaje chileno. En otras palabras, considerar como iguales a inversionistas peruanos y extranjeros, ha terminado por afectar nuestra seguridad y soberanía. La afirmación de que el capital no tiene patria solo se la creen los neoliberales peruanos. El Estado chileno, no.

Olvidarse de la trama histórica que está detrás de las relaciones con Chile ha sido y es también otro error. Es pensar que la historia no tiene importancia; que Chile es un país distante, como lo es Polonia; que nada tiene que ver con nuestro pasado. Como también que solo el libre comercio integra y nos convierte en socios. Es creer, ahora que hemos firmado el TLC con EEUU, que ese hecho nos convierte en “socios” e “iguales”.

El otro dato es el cambio de lenguaje. Llamar “republiqueta” a Chile, decir que este país nos envidia (más allá de que sea verdad), implica un cambio significativo en la manera de vincularse con el otro (en este caso con Chile). Sin embargo, hay que decir que ello no es exclusivo del presidente García. El cambio de lenguaje hoy recorre la región. Los conflictos, hasta ahora verbales, entre los presidentes de Venezuela y Colombia, o de Ecuador y Colombia, o, también, de Perú y Bolivia, son ejemplos claros que hemos pasado a otro tipo de diplomacia.

Lo que antes se decía en privado ahora se dice en público. Las formas diplomáticas parecen disolverse para dar curso al conflicto como vínculo principal. Es cierto que esta modalidad tiene mucho que ver con la nueva “guerra fría” que se vive en la región y que el presidente García es uno de sus principales impulsores. Pero también con los procesos y problemas en cada uno de estos países. El tono subido de muchos presidentes, sospecho, es para consumo interno. Para poner a la sociedad tras el “enemigo externo” y desplazar a sus opositores. Y eso es tan peligroso como el “repulsivo” espionaje chileno.

(*) La página web de este columnista se traslada a La Mula. Pueden encontrar mis artículos y otros comentarios en el blog: Disidencias, albertoadrianzen.lamula.pe

Universidades: la lógica del costo-beneficio

Universidades: la lógica del costo-beneficio

Por: Humberto Campodónico

La razón que explica la negativa del ministro de Economía, Luis Carranza, a homologar las remuneraciones de los docentes universitarios –que llevan en huelga más de 45 días– es la lógica del costo-beneficio.

Su punto de partida es ¿qué importancia tienen las universidades estatales para el funcionamiento del modelo primario exportador de la economía? Muy poca. Desde 1990 han aumentado las universidades privadas y ahora según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), ya son 56 y las estatales solo 35.

En el 2006 (último año con estadísticas de la ANR), de los 568,095 estudiantes matriculados, 282,119 estaban en las universidades privadas y 282,219 en las estatales. La proporción es 50-50. Lo mismo sucede con los 44,692 docentes: 22,398 están en las estatales y 22,244 en las privadas. Con seguridad, al 2009, el número de alumnos y docentes en las universidades privadas es ahora mayoritario.

Continuando con el costo-beneficio: si la mayor parte de las necesidades de las empresas son cubiertas por las universidades privadas, no tiene sentido aumentar el sueldo de los docentes estatales. Poco importa que buena parte de las universidades privadas sean “máquinas de negocios”, con educación de mala calidad y que, además, tengan como práctica común la corrupción de funcionarios (Alas Peruanas).

Al costo-beneficio poco le interesa el rol de la universidad en la investigación y el desarrollo necesarios para la sociedad de la información y del conocimiento. En el Perú en el 2008 se invirtieron S/. 252 millones, lo que apenas llega a 0.1% del PBI, según Francisco Sagasti (1).

De este total, según Sagasti, la universidad estatal invirtió S/. 57 millones y la privada tan solo S/. 30 millones (poco que ver con la ciencia y tecnología). Agréguese que las empresas privadas tan solo habrían invertido el 2% del total, lejísimos del 40% promedio en América Latina, según la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología.

Corolario: si ahora hay más universidades, alumnos y docentes privados, si a la empresa privada no le interesa la ciencia y tecnología (casi todas las patentes vienen de afuera, ver “Nos ganan 47 a 1, www.cristaldemira.com, 31/10/09), si con las universidades privadas se puede satisfacer las necesidades de un aparato económico que responde, como dice Efraín Gonzales, a un modelo primario exportador y de servicios (PESER), ¿para qué diablos debe el MEF aumentarle el sueldo a los docentes estatales?
Para terminar, existen algunas buenas universidades privadas y algunas estatales malas. El problema de fondo es que, a diferencia de Brasil, México y Argentina (donde las estatales tienen niveles de excelencia superiores a las privadas) aquí al “modelo económico” no le interesa la universidad estatal. Eso es lo que hay que modificar.

La solución pasa por mejorar la calidad de la educación, hacerla más equitativa (lo que brilla por su ausencia) y tener un adecuado sistema de evaluación. En una palabra, reformar el conjunto del sistema universitario, para lo cual existen múltiples propuestas que duermen en el Congreso. Un primer paso obligatorio es homologar, ya, los sueldos de los docentes universitarios estatales y terminar con la lógica del costo-beneficio