miércoles, 30 de septiembre de 2009
sábado, 26 de septiembre de 2009
Giro a la izquierda y contraataque derechista
La tendencia dominante en la última década en América Latina ha sido el giro a la izquierda de una docena de gobiernos en la región. Como ya ha sucedido otras veces con procesos anteriores, el Perú no se suma todavía a esta tendencia, a pesar de los resultados electorales de 2006 cuando un 47% apoyó una posición de cambio y buena parte del voto por Alan García también.Por el contrario, el gobierno aprista nos mantiene aislados, en el pasado neoliberal, tratando de establecer un eje pro yanqui con los gobiernos conservadores de Colombia y México.El giro a la izquierda no es, sin embargo, un proceso homogéneo. En lo que a América del Sur respecta, existen gobiernos de izquierda democrática, como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que han fortalecido la presencia del Estado y de lo público en sus sociedades, han recuperado los derechos sociales arrebatados a los trabajadores, fortalecen políticas sociales de lucha contra la pobreza y buscan una mayor autonomía de los Estados Unidos. Entre ellos, Brasil y Chile han desarrollado políticas progresistas aún sin modificar sustancialmente el modelo económico liberal de sus economías.Pero hay otros también, como es el caso de Hugo Chávez en Venezuela, que se empeña por seguir el camino de una izquierda autoritaria, no respeta el pluralismo político y se embarca en un proceso de nacionalizaciones desfasado en el tiempo, que ya ha fracasado en otros momentos y latitudes. A la par, insiste en una retórica de provocaciones contra los Estados Unidos y sus vecinos derechistas que no ayudan sino más bien perjudican el asentamiento de la tendencia progresista dominante. En este escenario Bolivia y Ecuador, también liderados por gobiernos de izquierda, si bien aparecen más cerca de Chávez al compartir algunas de sus iniciativas en la región, tienen sus propias particularidades nacionales, desarrollando procesos que están acompañados por importantes movimientos sociales y el respeto por las libertades fundamentales. Las graves equivocaciones de la izquierda autoritaria vienen siendo aprovechadas por los gobiernos derechistas y su aliado del norte para establecer una contraofensiva que les permita recuperar posiciones en la región. El primer acto de esta ofensiva fue el bombardeo de una base de las FARC por el gobierno colombiano en territorio ecuatoriano sin previo aviso al gobierno de ese país, luego ha seguido el golpe derechista contra el gobierno democrático de Honduras que continúa impune y finalmente el tratado de “uso” de siete bases militares colombianas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La prepotencia reaccionaria muestra hoy sus garras en América Latina en abierto desafío al giro a la izquierda y dispuesta a cambiar los malos tiempos vividos en estos años de crisis de las políticas neoliberales.Urge una respuesta de los gobiernos y de los pueblos de América Latina contra esta derecha que quiere recuperar las posiciones que ha perdido con la crisis del modelo neoliberal. De allí la importancia de la reunión de UNASUR en días pasados. Si bien este encuentro no llegó tan lejos como hubiéramos deseado, rechazando el uso de las siete bases militares colombianas por los Estados Unidos, sí establece límites a la presencia militar extraña a la región en algún país de la misma y señala la necesidad de establecer criterios para que sucesos como el ocurrido no amenacen la soberanía y seguridad de otras naciones en el subcontinente. Sin embargo, es al mismo tiempo importante señalar que este tipo de situaciones deben afrontarse por la vía del diálogo, fortaleciendo la cooperación multilateral, que es la que no le interesa a los Estados Unidos, y no por la vía del insulto y la provocación entre jefes de Estado que a lo único que lleva es a que “a río revuelto” gane el poder militar de los más fuertes que ya tiene hoy la desvergüenza de mostrarse en nuestras narices
Las once ilegalidades en Paita
En nuestro infodiario del día 11 de setiembre presentamos una serie de razones por las cuales el contrato de concesión del Puerto de Paita resulta polémico y perjudicial para el país.
A partir de dicho texto, el debate se ha abierto en nuestra sección de comentarios y consideramos importante añadir nuevos argumentos para la discusión.
En la página web “Poder ciudadano”, Manuel Dammert da cuenta de las once razones por las cuales el proceso de concesión del terminal de ENAPU-PAITA es ilegal. Estas once razones son explicadas ampliamente (ver aquí) y acá resumimos las cinco más importantes:
- Cercenamiento ilegal de la condición Interoceánica del Puerto de Paita, afectando los intereses geopolíticos de la Nación. Esto quiere decir que, contra el interés nacional, la Autoridad Portuaria Nacional y Proinversión han modificado irregularmente, sin informar a las Autoridades Portuarias Regionales, la condición de interoceánico del Puerto de Paita y lo han reducido a un puerto que disputa cargas de trasbordo en un área del Pacífico Sur.
- Flexibilización de requisitos a favor del único postor. A través de una serie de circulares se ha “flexibilizado”, a favor del postor, el cumplimiento de requisitos tanto de experiencia como de patrimonio. El cambio fundamental es que el postor debía garantizar un compromiso de inversión de más de 300 millones de dólares y se ha reducido a cerca de 100 millones pues no podía garantizarlo. Pero además se viola el mandato del artículo 73 de la Constitución pues el contrato no respeta el carácter inalienable e imprescriptible del dominio público, en este caso del Puerto de Paita.
- PROINVERSIÓN entrega ilegalmente la buena pro a un postor que no mueve suficientes contenedores. El postor único, ganador de la buena pro, no cumple con el requisito establecido en las bases de certificar la capacidad de movilización de 1 millón 200 mil TEUS (unidad de medida equivalente a 20 pies cúbicos para contar contenedores) anuales pues Tertir (la empresa) solo moviliza 900 mil 595 TEUS al año. Para declarar apto al Consorcio Tertir-Cosmos, han sumado ilegalmente los 469 mil 730 TEUS acreditadas por la empresa Cosmos. Esto es una violación de los requisitos establecidos. O sea, se cambiaron las reglas durante el juego.
- El Puerto de Grau en manos vinculadas al grupo naviero portuario chileno de Von Appen al que se entrega dominio público marítimo-portuario cuando el Perú tiene un reclamo pendiente en La Haya sobre Dominio Marítimo. Como enfatiza Dammert, cuando se habla de Tertir (socio estratégico en esta concesión) se debe tomar en cuenta “Dragados SPL”. Esta no es una empresa desconocida, sino la socia fundamental del Grupo Von Appen en el proyectado mega puerto de Mejillones en Chile.
- No cumple el requisito legal de ser una Concesión Autofinanciada, sino que es subsidiada por el Estado. La empresa logra que el Estado comprometa US$ 352 millones 710 mil para garantizarles ingresos sin riesgo empresarial. ¿Qué clase de inversión es esta en la que el Estado paga porque se invierta y la empresa no tiene riesgo de perder nada?
Este texto da más elementos a los que Otra Mirada menciona la semana pasada respecto a la ilegalidad de esta concesión y la necesidad de revisar todo este proceso. En el texto de Dammert podemos ver con detalle la “flexibilidad” en el cumplimiento de requisitos de experiencia y patrimonio con intención de favorecer a un único postor.
Siendo el Puerto de Paita un espacio geopolítico estratégico en el Perú y teniendo un reclamo pendiente en la Haya por dominio marítimo con Chile, esta concesión además de polémica por los puntos mencionados, resulta alarmante.
La CVR y las condiciones olvidadas de la guerra interna
La CVR y las condiciones olvidadas de la guerra interna
El 28 de agosto, se cumplió seis años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR),
cuya importancia necesita ser reconocida para que no se repita el más terrible episodio de nuestra historia reciente.
Como señala Salomón Lerner, no podemos dar por zanjado un periodo de nuestra historia que debe ser analizado, que debe servir como punto de partida para una superación de nuestra vida social¹. El informe de la CVR marca un precedente fundamental para explicar la trágica situación de violencia que se vivió durante las dos últimas décadas del siglo XX y reconocer, como condiciones detonantes de dicha violencia, las múltiples brechas sociales que atravesaron y continúan atravesando al país. La pobreza, la desigualdad, la exclusión, la ausencia del Estado, las debilidades del sistema de justicia son algunos conflictos de los que se valió Sendero Luminoso para iniciar su demencial proyecto de construcción de un “nuevo Estado” en las zonas donde dichas condiciones eran extremas. Por ejemplo, la Región Sur-Central compuesta por el departamento de Ayacucho, las provincias de Acobamba y Angaraes del departamento de Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac, fue el escenario original del conflicto armado interno y donde se constata la mayor cantidad de muertos, el 42% de víctimas a nivel nacional. En estas zonas, la mayoría de peruanos eran pobres, quechua hablantes y apenas eran atendidos por las autoridades del Estado, para quienes la población altoandina significaba menos que ciudadanos de segunda clase. Así, al desatarse la violencia interna se evidenció la situación de exclusión y la visión racista que se tenía de aquellas poblaciones del país. ¿Habrá cambiado esta situación? Lamentablemente, no. En estas regiones, y en muchas otras del país, la pobreza, la desigualdad y la exclusión persisten. En estas condiciones, se podría generar un escenario propicio para la emergencia de movimientos violentistas y extremos, a los que no podemos dar ninguna tregua. ¿Qué hay que hacer? En su informe la CVR recomendó una serie de políticas para enfrentar estas brechas sociales, mecanismos para reparar a las víctimas e investigó algunos casos de violaciones contra los derechos humanos que necesitan ser judicializados. Es necesario que el gobierno se comprometa con todo esto y no evada sus responsabilidades. Asimismo, necesitamos recordar para no repetir esta trágica historia. Por ello, es necesario, por ejemplo, que se construya, cuanto antes, el Museo de la Memoria para tener un espacio de diálogo permanente con lo que fuimos y debemos dejar de ser, para ser mejores peruanos.
El 28 de agosto, se cumplió seis años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR),
cuya importancia necesita ser reconocida para que no se repita el más terrible episodio de nuestra historia reciente.
Como señala Salomón Lerner, no podemos dar por zanjado un periodo de nuestra historia que debe ser analizado, que debe servir como punto de partida para una superación de nuestra vida social¹. El informe de la CVR marca un precedente fundamental para explicar la trágica situación de violencia que se vivió durante las dos últimas décadas del siglo XX y reconocer, como condiciones detonantes de dicha violencia, las múltiples brechas sociales que atravesaron y continúan atravesando al país. La pobreza, la desigualdad, la exclusión, la ausencia del Estado, las debilidades del sistema de justicia son algunos conflictos de los que se valió Sendero Luminoso para iniciar su demencial proyecto de construcción de un “nuevo Estado” en las zonas donde dichas condiciones eran extremas. Por ejemplo, la Región Sur-Central compuesta por el departamento de Ayacucho, las provincias de Acobamba y Angaraes del departamento de Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac, fue el escenario original del conflicto armado interno y donde se constata la mayor cantidad de muertos, el 42% de víctimas a nivel nacional. En estas zonas, la mayoría de peruanos eran pobres, quechua hablantes y apenas eran atendidos por las autoridades del Estado, para quienes la población altoandina significaba menos que ciudadanos de segunda clase. Así, al desatarse la violencia interna se evidenció la situación de exclusión y la visión racista que se tenía de aquellas poblaciones del país. ¿Habrá cambiado esta situación? Lamentablemente, no. En estas regiones, y en muchas otras del país, la pobreza, la desigualdad y la exclusión persisten. En estas condiciones, se podría generar un escenario propicio para la emergencia de movimientos violentistas y extremos, a los que no podemos dar ninguna tregua. ¿Qué hay que hacer? En su informe la CVR recomendó una serie de políticas para enfrentar estas brechas sociales, mecanismos para reparar a las víctimas e investigó algunos casos de violaciones contra los derechos humanos que necesitan ser judicializados. Es necesario que el gobierno se comprometa con todo esto y no evada sus responsabilidades. Asimismo, necesitamos recordar para no repetir esta trágica historia. Por ello, es necesario, por ejemplo, que se construya, cuanto antes, el Museo de la Memoria para tener un espacio de diálogo permanente con lo que fuimos y debemos dejar de ser, para ser mejores peruanos.
Ollanta y los radicales
Por Nicolás Lynch
Primero, los términos. Lo de radicales es ciertamente una calificación oportunista, porque la derecha va a ver radicales en todo aquello que se oponga al modelo en funciones. Cuando aquí los únicos radicales probados son los que están en el gobierno, imponiéndonos un modelo por el que no votó la mayoría y que se encuentra, a la luz de los acontecimientos regionales y mundiales, totalmente desfasado.Pero más allá de los fantasmas, el último intento de división que ha promovido la derecha en las filas nacionalistas toca un tema irresuelto por parte de Ollanta Humala y su entorno. Se trata de la relación con los antiguos partidos de izquierda que intentan acercarse al líder por las esperanzas que tienen de “ganarse alguito” si es que el primero repite o mejora el caudal electoral de 2006.Ollanta se mantiene indeciso al respecto, seguramente todavía impresionado por la capacidad de movilización que algunos de estos grupos mantienen en determinados sectores sociales. La indecisión, sin embargo, puede empezar a costarle apoyo político, no solo por la campaña mediática en contra, sino también porque el ciudadano no partidarizado que desea un cambio hacia el futuro va a encontrar inconsistencia en una propuesta que se asocia innecesariamente con otra época de fracasos e irresponsabilidad política. Dejar las cosas como están sería enviar la solución del asunto a los caudillos de siempre, grandes o pequeños, que en sus conciliábulos volverían a echar al traste, sin ninguna duda, cualquier posibilidad de cambio progresista en el Perú. Lo sensato es promover un espacio democrático que convoque a los millones de peruanos que desean terminar con el orden neoliberal a participar en las decisiones para elegir a quien los va a representar en todos los cargos de elección popular. Es decir, que líderes como Ollanta Humala y otros que se asocien o puedan aparecer organicen elecciones primarias abiertas para el 2010 y 2011 y obtengan allí la legitimidad necesaria para gobernar sus localidades y el país y proceder a efectuar la gran transformación que requerimos y que va a necesitar de muchísimo apoyo y movilización populares.De esta manera con o sin radicales, reales o inventados, todos pasan a tener su tamaño real, más allá de la labia de sus dirigentes o de su capacidad de susto o chantaje. De paso, se fortalecerían tremendamente las candidaturas populares y se terminaría con uno de los cucos más visitados por la retórica reaccionaria.
La Sunat no es un banco
Mientras la crisis viene erosionando la recaudación tributaria por octavo mes consecutivo, la morosidad en el pago de impuestos sigue aumentando. La cifra de adeudos que reveló la Sunat esta semana equivale a algo así como un tercio de las reservas internacionales del país. Motivo de más para el inicio de una cruzada.
Manuel Velarde, jefe de la Sunat, ha hecho notar que la gran bola de nieve de la morosidad tributaria es una situación acumulada de bastante tiempo atrás. En esta idea viene implícita otra: que el organismo no se pudo volver un más eficaz perseguidor de evasores y morosos al mismo ritmo que el del crecimiento de la economía.
La historia es conocida. Los morosos más grandes son también los más influyentes y los que más recursos tienen para ir posponiendo indefinidamente la hora de los loros. Financiarse con el dinero de la Sunat es una práctica clásica de muchos vivos empresariales, en especial los que tienen alguna forma de peso específico.
En la teoría el moroso no es un delincuente, como sí lo es el evasor. En tiempos de dificultades económicas puede ser natural que la Sunat corra la suerte de los demás acreedores, como se puede ver en cualquier caso de Indecopi. Pero venimos de un decenio de muy buenos negocios en el país, y en esa medida de muy buena recaudación.
La Sunat ha sido desde su creación, hace 18 años, un cobrador severo, allí donde ha podido. Pero en una sociedad con poca cultura tributaria la Sunat vive en una paradoja: cobrarle a la minoría de los infractores muy grandes es difícil y cobrarle a una mayoría de pequeños infractores es laborioso, es decir costoso.
La idea de que es posible cobrarles manu militari a los evasores o deudores más grandes, y con ello hacer ejemplo con los demás (como en la frase de Mao Tsetung “Mata a uno y asusta a 10,000), nunca ha pasado de ser una leyenda urbana. Al mencionar a 10 deudores top que deberían vomitar unos mil millones de soles, Velarde se ha puesto en esa perspectiva.
El otro santo grial de la recaudación es la famosa ampliación de la base tributaria. Es decir que los contribuyentes identificados les paguen el almuerzo a cada vez menos informales. Algo se ha avanzado en este terreno con los años, pero la ley de los grandes números sigue siendo implacable, más todavía en un periodo de relativa bonanza.
Sería importante que la Sunat relajara algunos aspectos del secreto tributario. Por lo menos para dar a conocer de manera ordenada y prominente los casos sancionados que se vayan dando. Incluso ciertas categorías de deuda tributaria irrecuperable podría figurar en la red. Esta no es una actividad donde se deba decir el milagro pero no el santo.
El TC tiene razón al limitar uso de armas por militares
Hace unos días, los diarios La Razón y Correo alborotaron a la opinión pública con titulares en contra de un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) referido a la Ley N°29166,
“Ley que establece reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”.
Se decía que este fallo, el cual declara inconstitucional parte de esta ley, ataba de manos la labor militar. Por su parte, los parlamentarios fujimoristas, haciendo eco de su poco respeto por el orden democrático, amenazaron con acusar constitucionalmente a los magistrados del TC. Pero, ¿qué hay detrás de esta ley para que su corrección ponga los pelos de punta a la derecha peruana? En primer lugar, vale reiterar que el TC no declara que toda la ley sea inconstitucional, sino solo parte de ella. El TC declara, por ejemplo, que es inconstitucional el artículo 7° (“Situaciones que determinan el uso de la fuerza”), que dice que el personal militar podrá usar la fuerza para controlar el orden interno no solo en zonas declaradas en estado de emergencia, sino también en lugares no declarados en emergencia. Así, se va en contra del artículo 137° de la Constitución que señala que los militares asumen el control del orden interno solo en estados de excepción.Los magistrados del TC recomiendan que el uso de la fuerza militar en zonas no declaradas en emergencia, en casos muy especiales, se debe realizar solo en casos de narcotráfico (como en el VRAE), terrorismo y en la protección de las instalaciones estratégicas del país. Además, señalan que el uso de la fuerza letal debe seguir los lineamientos de los tratados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, pues se debe proteger, ante todo, el derecho a la vida. Más aún, para el TC es indispensable que la nueva ley sobre el empleo de la fuerza por los militares diferencie entre uso de la fuerza en situación de conflicto armado interno y en situaciones de tensión interna, pues no es lo mismo combatir el narcotráfico o el terrorismo que enfrentar un movimiento social, incluido el bloqueo de carreteras, la toma de locales públicos, entre otros. Esto no quiere decir que se deje “sin dientes” a los militares. Por el contrario, esta ley busca proteger al personal militar de las posibles consecuencias del uso de la fuerza sin un adecuado marco legal. Además, es indispensable que las leyes en el país no protejan la impunidad. Por eso, los fujimoristas se muestran reacios al fallo del TC, pues a este grupo político no los caracteriza precisamente la defensa de los derechos humanos. Es necesario que en la elaboración de las leyes para el uso legítimo de la violencia por parte de las fuerzas del Estado prime la protección de la vida de todos, pues una vida no puede ser más valiosa que otra.
Docentes universitarios de la unasam en huelga ¿ y los alumnos?
El día de ayer, 23 de setiembre, se inició la huelga de docentes universitarios en todo el Perú. Más de 22 mil docentes universitarios dejarán de trabajar y 350 mil estudiantes, aproximadamente, no recibirán clases. Estos docentes han publicado un pronunciamiento¹ explicando las razones de esta huelga y, una vez más, la improvisación y la poca importancia que el gobierno de turno le da al sector educativo, se evidencia.
Los docentes universitarios del Perú reclaman que se cumpla la homologación de sus sueldos con los del Poder Judicial. Esta homologación está contemplada en la Ley Universitaria (Art. 53) y fue propuesta por el ex rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el aprista Luis Alberto Sánchez. Hasta ahora sigue sin cumplirse con el tercer tramo de esta homologación, correspondiente al año 2008. Como afirman los docentes, ya son cerca de 30 dispositivos legales, emitidos por este y los gobiernos anteriores, para dilatar la concreción de lo estipulado en la ley. ¿Hasta cuándo?
Por otro lado, no se ha constituido la mesa de diálogo, pendiente desde enero de 2009, entre la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (ME). Una vez más, la constitución de mesas de diálogo es dejada de lado pese a los constantes reclamos. A falta de diálogo, los docentes universitarios peruanos deciden pronunciarse en las calles.
Finalmente, el recorte del presupuesto de las universidades públicas indica que, pese al compromiso del Presidente Alan García en el Acuerdo Nacional para incrementar progresivamente el Presupuesto al sector de Educación al 6% del PBI (aumentar, cada año mínimamente 0,25% del PBI para el sector)², la realidad es otra y muy triste. Por este motivo, el 18 de setiembre pasado, miles de estudiantes, trabajadores administrativos y docentes de universidades públicas marcharon con dirección al Congreso de la República para exigir que se aumente el presupuesto a las universidades públicas³, pues lo destinado es insuficiente.
Mientras en algunos países de América Latina (Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Argentina, etc.) se ha dado inicio a planes de educación coherentes y de conjunto que mejoren la calidad del servicio y derecho educativo, en el Perú se sigue acentuando la tendencia a la comercialización de la educación en todos sus niveles. Lamentablemente, el inamovible Ministro de Educación, José Antonio Chang, comulga con esta concepción mercantilista de la educación. Las universidades públicas, mientras tanto, no son tomadas en cuenta, porque para este punto de vista no tienen importancia.
Por estas razones los docentes universitarios iniciaron una huelga el día de ayer y reclaman, primero que nada, un incremento sustancial del presupuesto para la universidad pública así como el incremento de haberes de los trabajadores administrativos y, por otro lado, el cumplimiento de la Ley Universitaria, Ley de Presupuesto General 2009 y las sentencias del Tribunal Constitucional que son favorables al tema de la homologación de los sueldos de nuestros docentes universitarios. Ya es hora de que se reconozcan los derechos de nuestros maestros.
Los docentes universitarios del Perú reclaman que se cumpla la homologación de sus sueldos con los del Poder Judicial. Esta homologación está contemplada en la Ley Universitaria (Art. 53) y fue propuesta por el ex rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el aprista Luis Alberto Sánchez. Hasta ahora sigue sin cumplirse con el tercer tramo de esta homologación, correspondiente al año 2008. Como afirman los docentes, ya son cerca de 30 dispositivos legales, emitidos por este y los gobiernos anteriores, para dilatar la concreción de lo estipulado en la ley. ¿Hasta cuándo?
Por otro lado, no se ha constituido la mesa de diálogo, pendiente desde enero de 2009, entre la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (ME). Una vez más, la constitución de mesas de diálogo es dejada de lado pese a los constantes reclamos. A falta de diálogo, los docentes universitarios peruanos deciden pronunciarse en las calles.
Finalmente, el recorte del presupuesto de las universidades públicas indica que, pese al compromiso del Presidente Alan García en el Acuerdo Nacional para incrementar progresivamente el Presupuesto al sector de Educación al 6% del PBI (aumentar, cada año mínimamente 0,25% del PBI para el sector)², la realidad es otra y muy triste. Por este motivo, el 18 de setiembre pasado, miles de estudiantes, trabajadores administrativos y docentes de universidades públicas marcharon con dirección al Congreso de la República para exigir que se aumente el presupuesto a las universidades públicas³, pues lo destinado es insuficiente.
Mientras en algunos países de América Latina (Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Argentina, etc.) se ha dado inicio a planes de educación coherentes y de conjunto que mejoren la calidad del servicio y derecho educativo, en el Perú se sigue acentuando la tendencia a la comercialización de la educación en todos sus niveles. Lamentablemente, el inamovible Ministro de Educación, José Antonio Chang, comulga con esta concepción mercantilista de la educación. Las universidades públicas, mientras tanto, no son tomadas en cuenta, porque para este punto de vista no tienen importancia.
Por estas razones los docentes universitarios iniciaron una huelga el día de ayer y reclaman, primero que nada, un incremento sustancial del presupuesto para la universidad pública así como el incremento de haberes de los trabajadores administrativos y, por otro lado, el cumplimiento de la Ley Universitaria, Ley de Presupuesto General 2009 y las sentencias del Tribunal Constitucional que son favorables al tema de la homologación de los sueldos de nuestros docentes universitarios. Ya es hora de que se reconozcan los derechos de nuestros maestros.
Vivienda sin piso
El ministro de la Vivienda, Francis Allison, pierde piso. Ha reconocido que recibió honorarios de tres mil dólares mensuales de la empresa chuponeadora Business Track, la de los petroaudios del caso Rómulo León. Lo que no ha explicado es por qué él, como abogado penalista, asesoraba a una organización de espionaje.¿Cuál era el papel de Allison allí?Es probable que consistiera en identificar qué delito habían cometido los personajes con teléfonos interceptados, precisando así las pautas débiles de los que iban a ser extorsionados. La investigación debería pagarle con la misma moneda: ubicar en qué consistía exactamente el trabajo de Allison.Prestar servicios profesionales de abogado no es ningún delito. Lo que sí puede comprometer al joven político es que haya contribuido, con su asesoría, a estimular la violación del derecho a la intimidad y a propiciar negocios turbios, con perjuicio del interés nacional.Otro aspecto comprometedor es que, de actuar así, Allison habría operado como encubridor de delitos de altos personajes de la política. Como se sabe, en el caso de Rómulo León aparecieron hilos que conducían a Palacio.Puede sospecharse que el ministro sabía mucho sobre los chuponeados y sus vínculos políticos. Su inesperado nombramiento indicaría, en ese caso, que alguien quiso comprar su silencio. Hay otros factores. Allison es egresado de la Universidad San Martín de Porres, en la cual Alex Kouri fue su mentor y orientador político en las canteras del Partido Popular Cristiano.Kouri tiene, además, fuertes lazos con Luis Giampietri, vicepresidente de la República. Hay quienes afirman que fue Kouri quien sugirió a Alan García la candidatura del marino a la primera vicepresidencia y al Congreso.De todo esto surge una red de intereses que explica por qué Allison, a pesar de hallarse seriamente comprometido en una situación insostenible, ha declarado que tiene el respaldo del presidente de la República. Allison es alcalde de Magdalena del Mar. Fue elegido, como todos los burgomaestres de Lima –con excepción de Breña, donde el voto consagró a un aprista–, en la lista de Unidad Nacional.Ahora puede perder soga y cabra. Su salida del ministerio es exigida por diversos sectores políticos. Si se produce su defenestración, no podrá volver a la alcaldía: El Concejo distrital ha declarado la vacancia del cargo, ya que Allison había pedido licencia hasta el 27 de agosto. En la Comisión Investigadora del caso Business Track, en el Congreso, ha dicho que su vínculo con esa empresa se basaba sólo en contrato verbal. Curioso y no creíble. En todo caso, en archivos deben constar los frutos de su bien pagada asesoría. La defensa de Allison por José Vargas, portavoz del Apra en el Congreso, arroja luz y sombras sobre aquél.
Camisea: También cambiaron la ley del Impuesto a la Renta
Camisea: También cambiaron la ley del Impuesto a la Renta
El 2 de diciembre del 2005 se promulga la Ley 28634 que modifica la Ley del Impuesto a la Renta con un único objetivo: hacer posible la exportación a México del gas de Camisea por el consorcio Perú LNG. Veamos.
El precio de exportación del gas a México es el precio de referencia del mercado norteamericano, el Henry Hub, que actualmente está en US$ 3 por millón de BTU (MMBTU).
Si la Sunat considera que los ingresos del consorcio Perú LNG deben contabilizarse a ese precio, hará la fiscalización desde esa base. Pero sucede que al precio Henry Hub hay que descontarle los costos incurridos: el transporte en los buques metaneros, la planta de licuefacción de Pampa Melchorita y el costo del transporte por gasoducto desde Camisea. Es por eso que el consorcio Camisea le va a cobrar a Perú LNG (cuando el precio esté bajo, como ahora) una cantidad menor a la que recibe cuando vende al mercado interno.
Así las cosas, no queda claro cuáles son los ingresos de Perú LNG que debe contabilizar la Sunat. Para “aclarar” el tema se dio la Ley 28634 (tiene un solo artículo) que a la letra dice: “Mediante Decreto Supremo se determinará el valor de mercado de aquellas transferencias de bienes efectuadas en el país al amparo de contratos cuyo plazo de vigencia sea mayor de 15 años, siempre que los bienes objeto de la transacción se destinen a su posterior exportación por el adquiriente”.
¿Quién tiene contrato mayor de 15 años? Perú LNG. ¿Quién va a comprar bienes para después exportarlos? Perú LNG. ¿Cómo se va a determinar su valor de mercado? Mediante un decreto supremo ad hoc.
El artículo único continúa diciendo: “El decreto supremo tomará en cuenta los precios con referencia a precios spot de mercados como Henry Hub u otros del exterior distintos a países de baja o nula imposición publicados regularmente en medios especializados de uso común y en contratos suscritos por entidades del sector público no financiero a que se refiere la Ley 27245 y normas modificatorias”. ¿Quién es la única empresa que va a exportar con el Henry Hub? Otra vez, Perú LNG.
¿Es que una ley con nombre propio es nula? ¿Qué dicen los juristas?
Esta ley se promulga solo dos días después del DS-050-2005 del 30/11/2005, que autoriza a Perupetro a renegociar el contrato del Lote 88 para permitir la exportación de sus reservas. Esto se lleva acabo el 13 de enero del 2006 con el DS-006-2006. En febrero del 2006 Perú LNG firma los contratos de exportación del gas del Lote 56 y, también, del Lote 88, con el Consorcio Camisea.
Todas estas modificaciones, incluida la ley 28634, se dieron cuando PPK era premier y forman parte de la trama “lobbysta” para exportar los regalos de Dios que nos dejó la Shell.
La explicación de lo sucedido es simple: Fujimori liquidó el rol del Estado en la planificación energética a largo plazo –lo que incluye a Petroperú– para que las empresas privadas hagan lo que les da la gana. Esto era exactamente lo que se que se quería y buscaba: Dice Osinergmin:
“Las empresas del sector energía, privadas en su mayoría, han implementado una política de negocios, pero no una política energética coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial” (1).
Entonces, hay que restablecer esa política energética, recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, derogar la Ley 26221 de 1993 y potenciar a Petroperú. Eso incluye que el 100% de las reservas del Lote 88 queden para el mercado interno. Y, claro, hay que sancionar a quienes resulten responsables de estos tremendos entuertos, tanto del lado del gobierno como del empresarial.
(1) Estrategia para el desarrollo del sector energético del Perú, www.osinergmin.gob.pe
El 2 de diciembre del 2005 se promulga la Ley 28634 que modifica la Ley del Impuesto a la Renta con un único objetivo: hacer posible la exportación a México del gas de Camisea por el consorcio Perú LNG. Veamos.
El precio de exportación del gas a México es el precio de referencia del mercado norteamericano, el Henry Hub, que actualmente está en US$ 3 por millón de BTU (MMBTU).
Si la Sunat considera que los ingresos del consorcio Perú LNG deben contabilizarse a ese precio, hará la fiscalización desde esa base. Pero sucede que al precio Henry Hub hay que descontarle los costos incurridos: el transporte en los buques metaneros, la planta de licuefacción de Pampa Melchorita y el costo del transporte por gasoducto desde Camisea. Es por eso que el consorcio Camisea le va a cobrar a Perú LNG (cuando el precio esté bajo, como ahora) una cantidad menor a la que recibe cuando vende al mercado interno.
Así las cosas, no queda claro cuáles son los ingresos de Perú LNG que debe contabilizar la Sunat. Para “aclarar” el tema se dio la Ley 28634 (tiene un solo artículo) que a la letra dice: “Mediante Decreto Supremo se determinará el valor de mercado de aquellas transferencias de bienes efectuadas en el país al amparo de contratos cuyo plazo de vigencia sea mayor de 15 años, siempre que los bienes objeto de la transacción se destinen a su posterior exportación por el adquiriente”.
¿Quién tiene contrato mayor de 15 años? Perú LNG. ¿Quién va a comprar bienes para después exportarlos? Perú LNG. ¿Cómo se va a determinar su valor de mercado? Mediante un decreto supremo ad hoc.
El artículo único continúa diciendo: “El decreto supremo tomará en cuenta los precios con referencia a precios spot de mercados como Henry Hub u otros del exterior distintos a países de baja o nula imposición publicados regularmente en medios especializados de uso común y en contratos suscritos por entidades del sector público no financiero a que se refiere la Ley 27245 y normas modificatorias”. ¿Quién es la única empresa que va a exportar con el Henry Hub? Otra vez, Perú LNG.
¿Es que una ley con nombre propio es nula? ¿Qué dicen los juristas?
Esta ley se promulga solo dos días después del DS-050-2005 del 30/11/2005, que autoriza a Perupetro a renegociar el contrato del Lote 88 para permitir la exportación de sus reservas. Esto se lleva acabo el 13 de enero del 2006 con el DS-006-2006. En febrero del 2006 Perú LNG firma los contratos de exportación del gas del Lote 56 y, también, del Lote 88, con el Consorcio Camisea.
Todas estas modificaciones, incluida la ley 28634, se dieron cuando PPK era premier y forman parte de la trama “lobbysta” para exportar los regalos de Dios que nos dejó la Shell.
La explicación de lo sucedido es simple: Fujimori liquidó el rol del Estado en la planificación energética a largo plazo –lo que incluye a Petroperú– para que las empresas privadas hagan lo que les da la gana. Esto era exactamente lo que se que se quería y buscaba: Dice Osinergmin:
“Las empresas del sector energía, privadas en su mayoría, han implementado una política de negocios, pero no una política energética coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial” (1).
Entonces, hay que restablecer esa política energética, recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, derogar la Ley 26221 de 1993 y potenciar a Petroperú. Eso incluye que el 100% de las reservas del Lote 88 queden para el mercado interno. Y, claro, hay que sancionar a quienes resulten responsables de estos tremendos entuertos, tanto del lado del gobierno como del empresarial.
(1) Estrategia para el desarrollo del sector energético del Perú, www.osinergmin.gob.pe
Signo de los tiempos: El G20 enterró al G8
Por Humberto Campodónico
Lo más importante de la Cumbre de Pittsburg es el reconocimiento oficial de que ha terminado la era del unilateralismo de EEUU en lo económico y político para dar paso a un “nuevo orden mundial”. Si bien el Grupo de los 8 incluía a otras potencias económicas y políticas (Francia, Alemania, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia) no cabe duda que el período 1945-2009 estuvo signado por la hegemonía norteamericana, aunque su declive comenzó a mediados de los 70 (la URSS, hasta su derrumbe en 1989, le disputó la hegemonía política y militar).
Con el entierro del G8, el nuevo actor es el Grupo de los 20 –con el 90% de la economía mundial– que tiene a cuatro pesos pesados como China, India, Brasil y Corea a los que se añaden, entre otros, Australia, Turquía, Indonesia, Sudáfrica, Arabia Saudita y también Argentina y México (ver “La banda de las Gs y el Papa”, www.cristaldemira.com, 10/7/09).
Uno de los acuerdos más importantes del G20 es que va a encarar los desbalances globales que provienen, en lo fundamental, de que EEUU era la locomotora del consumo mundial a través de enormes importaciones de bienes y servicios del resto del mundo, los que provocaban enormes déficits comerciales y de cuenta corriente de su Balanza de Pagos.
La otra cara del “desbalance” eran los superávits de China y Alemania, entre otros, que a la vez financiaban a EEUU comprando bonos del Tesoro. Dice el G20 que los programas económicos de cada país serán revisados por sus pares de cada país, con participación del FMI, aunque ninguna de esas “revisiones” será vinculante.
Que logren substituir al consumidor norteamericano no será fácil, claro está. Lo clave es cuánto tiempo tardarán en hacerlo. De lo que no queda duda es que cualquier salida de la recesión será lenta y prolongada.
Otro acuerdo importante es que se desea avanzar hacia la regulación del sistema financiero mundial. Tim Geithner, Secretario del Tesoro de EEUU, ha dicho: “No vamos a irnos de la más grande crisis económica desde la Gran Depresión y dejar en el mismo sitio las trágicas vulnerabilidades que causaron esta crisis”.
Así, el G20 se ha puesto de acuerdo, de un lado, en encarar la cuestión de los bonos que los banqueros se pagan a sí mismos (si bien no se han puesto topes, como quería Francia) y, de otro, en aumentar el grado de capitalización de los bancos (o sea el colchón para amortiguar las pérdidas de préstamos e hipotecas), que se había reducido fuertemente debido a los “nuevos instrumentos financieros” sin regulación alguna.
El G20 parece haber nacido con todas las mechas prendidas: dicen que van a luchar contra el proteccionismo y reanudar la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio. También se van a tomar medidas contra los paraísos fiscales y para reformar la estructura de capital del FMI para darle más peso a China.
De la misma manera, el G20 dice que se van a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles que causan el calentamiento global, pero no dijeron cuándo ni, tampoco, se han pronunciado sobre quién pagará el costo de “adaptación” de los países pobres, tema crucial en la Cumbre de Copenhague de diciembre próximo. Lo que quiere decir que se ataca solo una de las crisis, la económica, y no la ambiental. Malo.
Veremos cuánto de lo que se ha dicho ayer se cristaliza. Lo que sí es ya una realidad es que el siglo XXI no será “un nuevo siglo norteamericano” (como querían, sin base económica real) los halcones de Bush, pues hay varios chicos nuevos en el barrio. Y van a seguir creciendo.
Lo más importante de la Cumbre de Pittsburg es el reconocimiento oficial de que ha terminado la era del unilateralismo de EEUU en lo económico y político para dar paso a un “nuevo orden mundial”. Si bien el Grupo de los 8 incluía a otras potencias económicas y políticas (Francia, Alemania, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia) no cabe duda que el período 1945-2009 estuvo signado por la hegemonía norteamericana, aunque su declive comenzó a mediados de los 70 (la URSS, hasta su derrumbe en 1989, le disputó la hegemonía política y militar).
Con el entierro del G8, el nuevo actor es el Grupo de los 20 –con el 90% de la economía mundial– que tiene a cuatro pesos pesados como China, India, Brasil y Corea a los que se añaden, entre otros, Australia, Turquía, Indonesia, Sudáfrica, Arabia Saudita y también Argentina y México (ver “La banda de las Gs y el Papa”, www.cristaldemira.com, 10/7/09).
Uno de los acuerdos más importantes del G20 es que va a encarar los desbalances globales que provienen, en lo fundamental, de que EEUU era la locomotora del consumo mundial a través de enormes importaciones de bienes y servicios del resto del mundo, los que provocaban enormes déficits comerciales y de cuenta corriente de su Balanza de Pagos.
La otra cara del “desbalance” eran los superávits de China y Alemania, entre otros, que a la vez financiaban a EEUU comprando bonos del Tesoro. Dice el G20 que los programas económicos de cada país serán revisados por sus pares de cada país, con participación del FMI, aunque ninguna de esas “revisiones” será vinculante.
Que logren substituir al consumidor norteamericano no será fácil, claro está. Lo clave es cuánto tiempo tardarán en hacerlo. De lo que no queda duda es que cualquier salida de la recesión será lenta y prolongada.
Otro acuerdo importante es que se desea avanzar hacia la regulación del sistema financiero mundial. Tim Geithner, Secretario del Tesoro de EEUU, ha dicho: “No vamos a irnos de la más grande crisis económica desde la Gran Depresión y dejar en el mismo sitio las trágicas vulnerabilidades que causaron esta crisis”.
Así, el G20 se ha puesto de acuerdo, de un lado, en encarar la cuestión de los bonos que los banqueros se pagan a sí mismos (si bien no se han puesto topes, como quería Francia) y, de otro, en aumentar el grado de capitalización de los bancos (o sea el colchón para amortiguar las pérdidas de préstamos e hipotecas), que se había reducido fuertemente debido a los “nuevos instrumentos financieros” sin regulación alguna.
El G20 parece haber nacido con todas las mechas prendidas: dicen que van a luchar contra el proteccionismo y reanudar la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio. También se van a tomar medidas contra los paraísos fiscales y para reformar la estructura de capital del FMI para darle más peso a China.
De la misma manera, el G20 dice que se van a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles que causan el calentamiento global, pero no dijeron cuándo ni, tampoco, se han pronunciado sobre quién pagará el costo de “adaptación” de los países pobres, tema crucial en la Cumbre de Copenhague de diciembre próximo. Lo que quiere decir que se ataca solo una de las crisis, la económica, y no la ambiental. Malo.
Veremos cuánto de lo que se ha dicho ayer se cristaliza. Lo que sí es ya una realidad es que el siglo XXI no será “un nuevo siglo norteamericano” (como querían, sin base económica real) los halcones de Bush, pues hay varios chicos nuevos en el barrio. Y van a seguir creciendo.
martes, 15 de septiembre de 2009
A INCENDIAR LA PRADERA SE HA DICHO
Por Nicolás Lynch
La fábrica de enemigos internos del gobierno aprista sigue funcionando a todo vapor. A la senderización absurda del conflicto en el VRAE dejado de lado al nacotráfico, ha seguido la narcotización del debate en el Congreso y, por último, la sobredimensión del delito de apología del terrorismo con motivo de la presentación de un libro de Abimael Guzmán. Lo terrible es que en ningún caso se pelea con enemigos reales en el lugar correcto, sino que se levantan fantasmas que tienen por objeto implicar al adversario político de turno, para tratarlo, según convenga, de senderista o narcotraficante y aislarlo frente a la opinión pública.
El preferido del momento es Ollanta Humala, pero también hacen cola las organizaciones defensoras de los DDHH y la CVR. El caso de Humala es el más interesante. Se le acusó, durante la campaña electoral del 2006, de matar civiles cuando fue responsable de la base militar de Madre Mía durante la guerra interna a principios de la década de 1990, sin que hasta el momento se le haya podido probar nada. Se le acusa ahora de simpatizar con SL por criticar la estrategia en el VRAE y señalar que el problema es el narcotráfico.
Por último, se le trata de implicar con el narcotráfico cuando se le pide que responda por las acusaciones que le han hecho a la congresista de su bancada Nancy Obregón, por sucesos de varios años atrás. Todas las acusaciones tienen una resonancia espantosa y calzan perfecto para una campaña en la opinión pública que permita la descalificación del otro como adversario democrático. Indudablemente nadie que tuviera las condiciones de “senderista”, “narcotraficante” o “apologeta del terrorismo” podrá tener lugar en una competencia democrática.
Lo que tratan entonces el gobierno y sus aliados es endilgar estos calificativos a aquellos adversarios políticos que no están de acuerdo con el modelo neoliberal y la democracia restringida que nos quieren imponer. El objetivo es eliminarlos de la competencia política de cara a las elecciones del 2011, si es posible antes del hecho electoral para no darse la molestia de competir con quienes tengan un mensaje distinto al neoliberal. La única respuesta posible a esta fábrica de enemigos internos –más allá de los descargos puntuales– es el poner por delante, una y otra vez, la discusión de los problemas fundamentales del Perú, como por ejemplo el destino del gas de Camisea. Esta es la manera de desenmascarar la nueva “guerra de las calumnias” con la que quieren sustituir al debate político en el Perú.
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domingo, 13 de septiembre de 2009
No me puedo imaginar sin hacer caricaturas”
No me puedo imaginar sin hacer caricaturas”
Dueño de una trayectoria de más de tres décadas, el reconocido caricaturista Alfredo Marcos exuda vigencia con la publicación de “La vaca y el perro”, libro en el que se reúnen los cuestionamientos existenciales de dos animales marcados por la presencia de una especie a la que no logran comprender: el ser humano. El también creador de “Los calatos”, “El hombre que no podía irse”, “Las viejas pitucas” y “El enano erótico” vuelve a la carga con su particular crítica social, no exenta del más fino sentido del humor y un talento innato para dar en el blanco donde más nos duele: la verdad. Por Rafael Robles“Él cree que la plata lo justifica todo. Total, dice, cuando no haya agua ya no estará en este mundo”, le cuenta el perro a la vaca sobre algunas confidencias de su dueño. Ella, sorprendida, pregunta: “¿No piensa en sus hijos, sus nietos?”, a lo que el perro contesta, esta vez con una sonrisa partiéndole la boca. “No, más piensa en ti. Con decirte que a ti te desea más que a su mujer”. La escena grafica de cuerpo entero (o página entera, en este caso) lo que Alfredo Marcos ha hecho desde el inicio en su celebrada trayectoria: observar y analizar a las personas desde puntos de vista que, por generar incomodidad, son dejados a un lado. En palabras del maestro: “Esta es la mirada al mundo desde la perspectiva de un perro y una vaca, mirando justamente a los seres humanos. El perro critica a la vaca y la vaca critica al perro, siempre mirando al ser humano, que es el amo de los dos”.–¿Por qué un perro y una vaca? –Los animales deben tener una manera de comunicarse que no entendemos. Nosotros siempre hemos dicho que somos unos animales superiores porque tenemos razonamiento, edificios, internet, pero también somos incapaces de detener la destrucción del mundo. Esa contradicción la ves en todas las acciones del ser humano, incluso en una misma persona. Todos somos relativamente buenos y relativamente perversos dependiendo de la situación y del disfraz que usamos. El mundo, que es muy agresivo, hace que a veces tengas que dejar de lado tu personalidad y asumir otra para subsistir. La vida finalmente parece un gran baile de disfraces en el que cada uno asume su papel. –¿Usted utiliza algún disfraz cuando dibuja? –Cuando hago mis trabajos trato de ser yo, pero no siempre lo soy. A veces mis personajes me asumen a mí, otras es mi subconsciente el que me maneja y no soy yo el que dibuja. Posiblemente en ese momento sea más libre. –¿Qué tanto poder tiene el caricaturista político?–De por sí el poder es un asunto relativo y los que lo tienen es solo temporalmente. El caricaturista lo que hace muchas veces es criticar o no criticar al poder. La libertad de expresión es lo que permite que nos expresemos libremente. –En todos estos años, ¿alguna vez se ha sentido poderoso?–Nunca he creído eso, pero sí creo que he tenido influencia en ciertos momentos, nada más. Si haces una buena caricatura ese día estarás en el recuerdo de mucha gente. –Hay quienes aseguran que el caricaturista es un columnista de opinión más ácido y certero que el convencional.–Lo que pasa es que el caricaturista político tiene menos espacio para expresarse pero a su vez su trabajo es de muy fácil lectura. Entonces ejercita la síntesis y su humor adquiere un efecto muy inmediato. Una buena caricatura se queda en la memoria y para ser buena debe tener estilo. Puede ser muy simple, pero la efectividad es necesaria. –¿Es difícil mantener una postura propia cuando se trabaja para un diario?–Yo no he respetado líneas editoriales, yo me he respetado a mí mismo. En La República nunca tuve problemas con eso, incluso cuando mi posición ha estado a contrapelo de la línea política que manejaban. Cuando hago una caricatura a favor del gobierno es porque estoy convencido de que está haciendo bien las cosas. –Pero uno espera que el caricaturista siempre esté en contra.–Eso pasa porque de alguna manera asume la frustración de las personas. Es como una especie de venganza hilarante contra el poder o el poderoso. Pareciera ser esa su función más importante, pero yo no creo que esa sea su única función, es solo una característica. La caricatura en el Perú da para muchas cosas más. –Hablando del ámbito local, ¿cómo ve el nivel de caricaturistas nacionales?–Es bastante bueno. Carlín y Heduardo, por ejemplo, son muy buenos. También Molina, Prado, Acevedo…–¿Pero hay una renovación generacional?–Sí, pero más que todo en la historieta. Nadie se dedica a las caricaturas de forma profesional. Para ser uno tienes que ser un observador, un periodista que vive al tanto de su país y del mundo. La historieta, en cambio, no tiene que ver necesariamente con la realidad. Uno puede ser un gran historietista pero no saber nada de lo que está pasando a su alrededor. –¿Se imagina dejando de hacer caricaturas?–No, no me puedo imaginar así. Supongo que lo dejaré de hacer cuando el cerebro no me lo permita, como cualquier ser humano. Antes, lo dudo. No creo en jubilaciones ni nada de eso. Esta es mi manera de expresarme.
Dueño de una trayectoria de más de tres décadas, el reconocido caricaturista Alfredo Marcos exuda vigencia con la publicación de “La vaca y el perro”, libro en el que se reúnen los cuestionamientos existenciales de dos animales marcados por la presencia de una especie a la que no logran comprender: el ser humano. El también creador de “Los calatos”, “El hombre que no podía irse”, “Las viejas pitucas” y “El enano erótico” vuelve a la carga con su particular crítica social, no exenta del más fino sentido del humor y un talento innato para dar en el blanco donde más nos duele: la verdad. Por Rafael Robles“Él cree que la plata lo justifica todo. Total, dice, cuando no haya agua ya no estará en este mundo”, le cuenta el perro a la vaca sobre algunas confidencias de su dueño. Ella, sorprendida, pregunta: “¿No piensa en sus hijos, sus nietos?”, a lo que el perro contesta, esta vez con una sonrisa partiéndole la boca. “No, más piensa en ti. Con decirte que a ti te desea más que a su mujer”. La escena grafica de cuerpo entero (o página entera, en este caso) lo que Alfredo Marcos ha hecho desde el inicio en su celebrada trayectoria: observar y analizar a las personas desde puntos de vista que, por generar incomodidad, son dejados a un lado. En palabras del maestro: “Esta es la mirada al mundo desde la perspectiva de un perro y una vaca, mirando justamente a los seres humanos. El perro critica a la vaca y la vaca critica al perro, siempre mirando al ser humano, que es el amo de los dos”.–¿Por qué un perro y una vaca? –Los animales deben tener una manera de comunicarse que no entendemos. Nosotros siempre hemos dicho que somos unos animales superiores porque tenemos razonamiento, edificios, internet, pero también somos incapaces de detener la destrucción del mundo. Esa contradicción la ves en todas las acciones del ser humano, incluso en una misma persona. Todos somos relativamente buenos y relativamente perversos dependiendo de la situación y del disfraz que usamos. El mundo, que es muy agresivo, hace que a veces tengas que dejar de lado tu personalidad y asumir otra para subsistir. La vida finalmente parece un gran baile de disfraces en el que cada uno asume su papel. –¿Usted utiliza algún disfraz cuando dibuja? –Cuando hago mis trabajos trato de ser yo, pero no siempre lo soy. A veces mis personajes me asumen a mí, otras es mi subconsciente el que me maneja y no soy yo el que dibuja. Posiblemente en ese momento sea más libre. –¿Qué tanto poder tiene el caricaturista político?–De por sí el poder es un asunto relativo y los que lo tienen es solo temporalmente. El caricaturista lo que hace muchas veces es criticar o no criticar al poder. La libertad de expresión es lo que permite que nos expresemos libremente. –En todos estos años, ¿alguna vez se ha sentido poderoso?–Nunca he creído eso, pero sí creo que he tenido influencia en ciertos momentos, nada más. Si haces una buena caricatura ese día estarás en el recuerdo de mucha gente. –Hay quienes aseguran que el caricaturista es un columnista de opinión más ácido y certero que el convencional.–Lo que pasa es que el caricaturista político tiene menos espacio para expresarse pero a su vez su trabajo es de muy fácil lectura. Entonces ejercita la síntesis y su humor adquiere un efecto muy inmediato. Una buena caricatura se queda en la memoria y para ser buena debe tener estilo. Puede ser muy simple, pero la efectividad es necesaria. –¿Es difícil mantener una postura propia cuando se trabaja para un diario?–Yo no he respetado líneas editoriales, yo me he respetado a mí mismo. En La República nunca tuve problemas con eso, incluso cuando mi posición ha estado a contrapelo de la línea política que manejaban. Cuando hago una caricatura a favor del gobierno es porque estoy convencido de que está haciendo bien las cosas. –Pero uno espera que el caricaturista siempre esté en contra.–Eso pasa porque de alguna manera asume la frustración de las personas. Es como una especie de venganza hilarante contra el poder o el poderoso. Pareciera ser esa su función más importante, pero yo no creo que esa sea su única función, es solo una característica. La caricatura en el Perú da para muchas cosas más. –Hablando del ámbito local, ¿cómo ve el nivel de caricaturistas nacionales?–Es bastante bueno. Carlín y Heduardo, por ejemplo, son muy buenos. También Molina, Prado, Acevedo…–¿Pero hay una renovación generacional?–Sí, pero más que todo en la historieta. Nadie se dedica a las caricaturas de forma profesional. Para ser uno tienes que ser un observador, un periodista que vive al tanto de su país y del mundo. La historieta, en cambio, no tiene que ver necesariamente con la realidad. Uno puede ser un gran historietista pero no saber nada de lo que está pasando a su alrededor. –¿Se imagina dejando de hacer caricaturas?–No, no me puedo imaginar así. Supongo que lo dejaré de hacer cuando el cerebro no me lo permita, como cualquier ser humano. Antes, lo dudo. No creo en jubilaciones ni nada de eso. Esta es mi manera de expresarme.
eEL CANON MINERO SE REDUCE Y AHORA QUE HACEMOS
Canon se achica
Este año los gobiernos regionales y municipales recibieron 23% menos por canon. Partida se reduciría en 35% para el 2010. Habrá menos dinero para obras.Por María Eugenia SalasEl canon minero es una buena fórmula que encontraron los gobernantes del Perú para redistribuir la riqueza obtenida por la explotación minera. Se obtiene del 50% del Impuesto a la Renta que pagan las compañías al Estado. Lo reciben los gobiernos regionales, provinciales y distritales. El reparto se hace en función a la ubicación del poblado con relación al asiento minero, número de pobladores y niveles de pobreza. La ley 2756 del 2001 y modificada en el 2003 y en el 2004 da las pautas para el reparto.Para Áncash, Moquegua, Tacna, Arequipa y Cusco, regiones mineras por tradición, el canon es su principal fuente de ingresos para inversión. Está prohibido su uso a gastos corrientes (pago de sueldos, servicios, etc.) Desde el 2006, se tuvo asignaciones espectaculares por canon gracias al incremento en el precio de los metales. El cobre superó los US$4.00 la libra. Pero la crisis mundial desplomó el precio de los metales -el cobre cayó a US$2.00- este año, y el reparto es menor. Mil millones de soles menos. El próximo año volvería a caer en S/.1,200 millones. Epifanio Baca, de Propuesta Ciudadana, realizó una proyección desalentadora sobre el canon. “El próximo año es más delicado, se percibirán S/.1,200 millones menos por canon minero, una caída del 35%”, advirtió.Lástima que los recursos del periodo del “boom” no fueron aprovechados al máximo en proyectos y obras que ayuden a combatir la pobreza. Otras autoridades destinaron el dinero a obras de intrascendencia. Según el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, los gobiernos regionales y municipales, a nivel nacional, tienen nueve mil millones de soles en sus cuentas. Gran parte de ese dinero corresponde a canon, dinero que no se supo gastar debido a la falta de proyectos. Esa es otra pata coja de las gestiones locales y regionales que deben superar
Este año los gobiernos regionales y municipales recibieron 23% menos por canon. Partida se reduciría en 35% para el 2010. Habrá menos dinero para obras.Por María Eugenia SalasEl canon minero es una buena fórmula que encontraron los gobernantes del Perú para redistribuir la riqueza obtenida por la explotación minera. Se obtiene del 50% del Impuesto a la Renta que pagan las compañías al Estado. Lo reciben los gobiernos regionales, provinciales y distritales. El reparto se hace en función a la ubicación del poblado con relación al asiento minero, número de pobladores y niveles de pobreza. La ley 2756 del 2001 y modificada en el 2003 y en el 2004 da las pautas para el reparto.Para Áncash, Moquegua, Tacna, Arequipa y Cusco, regiones mineras por tradición, el canon es su principal fuente de ingresos para inversión. Está prohibido su uso a gastos corrientes (pago de sueldos, servicios, etc.) Desde el 2006, se tuvo asignaciones espectaculares por canon gracias al incremento en el precio de los metales. El cobre superó los US$4.00 la libra. Pero la crisis mundial desplomó el precio de los metales -el cobre cayó a US$2.00- este año, y el reparto es menor. Mil millones de soles menos. El próximo año volvería a caer en S/.1,200 millones. Epifanio Baca, de Propuesta Ciudadana, realizó una proyección desalentadora sobre el canon. “El próximo año es más delicado, se percibirán S/.1,200 millones menos por canon minero, una caída del 35%”, advirtió.Lástima que los recursos del periodo del “boom” no fueron aprovechados al máximo en proyectos y obras que ayuden a combatir la pobreza. Otras autoridades destinaron el dinero a obras de intrascendencia. Según el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, los gobiernos regionales y municipales, a nivel nacional, tienen nueve mil millones de soles en sus cuentas. Gran parte de ese dinero corresponde a canon, dinero que no se supo gastar debido a la falta de proyectos. Esa es otra pata coja de las gestiones locales y regionales que deben superar
“Los planteamientos del ILD son un retroceso”
Con un doctorado en Economía por la Universidad Sorbonne Nouvelle (París) e importantes investigaciones sobre la relación entre minería y comunidades, José de Echave, directivo de la ONG CooperAcción, es una voz autorizada en el debate suscitado por el ILD (Instituto Libertad y Democracia) en relación con cuanto ocurre en la Amazonía.Por Federico de CárdenasHas publicado un texto muy coherente y fundamentado objetando las tesis de Hernando de Soto sobre el desarrollo amazónico. Creo que lo primero que podría decirse es que hay aquí un conflicto de realidades. ¿Es así?–Sí, ese es un primer aspecto. Un conflicto de realidades que además está acompañado de una inadecuada lectura de lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años. El primer aprendizaje que nos han dejado los conflictos vinculados a la relación entre comunidades nativas e industrias extractivas es precisamente que el núcleo del asunto no es económico. Esto lo han entendido ya las empresas, que por mucho tiempo pensaron que resolvían el problema adquiriendo las tierras a las comunidades, y eso no impidió que el conflicto renazca, en algunos casos casi de inmediato, en otros luego de algún tiempo. Esto muestra con claridad que la mirada que tiene el ILD implica un serio retroceso respecto de lo que ya varios de los actores venían entendiendo sobre los conflictos.–Se tiene la impresión de que para el ILD la propiedad tuviera un efecto talismánico, que una vez que tienes el título ya está todo resuelto.–En varios momentos del video De Soto lo afirma, diciendo que solo el poder económico producto de la propiedad privada va a cambiar de modo sustantivo las cosas. Esa es la segunda idea fuerza de su intervención: la propiedad como elemento clave. Y no se queda en la propiedad para las comunidades, sino que da el paso siguiente: la propiedad tiene que parcelarse e individualizarse. Y plantea varios ejemplos, de los cuales he podido identificar el caso de la comunidad marankieri, una de las primeras en la Amazonía en recibir títulos de propiedad y cuyo plano –que De Soto muestra– no refleja para nada lo que pasa en la mayoría de comunidades amazónicas. Esta comunidad se ha “conourbanizado” con la localidad más cercana, lo que descubre una particularidad poco transferible. El otro gran elemento que hay que tomar en cuenta está dado por las experiencias que han habido en el país sobre parcelación de tierras, que demuestran que el problema es mucho más complejo. Si se observa lo que ha pasado en la costa, la parcelación ha dado lugar a un proceso de concentración de tierras mucho mayor incluso que el que existía previamente a la reforma agraria. Esta lógica que afirma que la propiedad privada es el camino al éxito económico no se condice con la realidad.Choque de realidades–Además ocurre que aquí hay un choque de realidades asimétricas...–Es el otro factor. Si uno se limita a la propiedad privada sin tomar en cuenta el tema de las asimetrías se comete un error garrafal. Para muestra, los numerosos conflictos mineros de los últimos años en los que las comunidades estaban perfectamente tituladas y sin embargo la situación de asimetría que existe entre una gran empresa minera o una gran empresa de hidrocarburos que entra en relación con estos actores produce una tensión que no es sostenible en el tiempo. –Es el viejo dicho que afirma: “el pez grande se come al chico”.–Si uno ve lo que ha pasado en zonas de costa, zonas altoandinas y comienza a pasar en zonas amazónicas con las concesiones de hidrocarburos, sin duda el esquema es ese. Entonces, obviar que las relaciones son asimétricas y que el Estado no cumple un rol de facilitación para romper esas asimetrías es no entender la problemática o –si se la entiende– favorecer al actor que tiene mayor capacidad de recursos, articulación y poder económico.–Estamos ante una propuesta con un fuerte contenido ideológico.–Sin duda, y aquí viene otro elemento que me parece clave, el tercero en la propuesta del ILD. Es decir que: 1) afirma que el problema no es étnico sino económico. Lo es, claro, pero también es un problema social, cultural, ambiental, etc. En suma, es un problema de derechos; 2) se centra en el tema de la propiedad, que tampoco puede dejarse de lado; 3) introduce la desregulación. En este último, son los privados los que negocian y pactan, pero sin la presencia del Estado, que ni regula ni fiscaliza.–Otro viejo razonamiento: cuanto menos Estado, mejor.–Así es. Cuanto menos capacidad de regulación pública, mejor. Pero entonces uno se plantea qué pasa con el bien común, qué pasa con el interés nacional y con agendas que hoy en día son claves, como la ambiental. ¿Es que estos grandes temas van a resolverse con la propuesta del ILD? Peor aún en una situación en la que, si algunas lecciones nos ha dado la crisis internacional, es que la ausencia de regulación pública es fatal.Más Bagua–Si seguimos el camino de De Soto tendríamos por delante otros Bagua…–Con seguridad. Bagua demuestra que los conflictos relacionados con industrias extractivas y la desregulación no solo han aumentado en número e intensidad sino que giran en torno a la agenda específica de cada comunidad, que comienza a cuestionar aspectos de la legislación que considera negativos, como los Decretos Legislativos. No entender que el marco favorable dado a las inversiones –que no está mal– al mismo tiempo ha ido recortando derechos sociales, culturales y ambientales, y quedarse únicamente con lo económico es muy peligroso.–Se afirma que la manera de evitar más conflictos es por medio del diálogo, pero ¿no hay dos lógicas inconciliables –o muy poco conciliables– que se enfrentan allí?–En la práctica sí. Creo que es urgente hacer un balance de los conflictos ocurridos en los últimos 10 años para ver hasta qué punto estas dos lógicas inconciliables pueden apostar a lograr algún tipo de consenso. Por ahora esa agenda está pendiente. Y hay una gran duda respecto de si el aporte del ILD ayuda o no a resolverla. Mi impresión es que no y que sus planteamientos son un retroceso. Además, cuando se ve el documental del IDL hay varios momentos en que De Soto la emprende contra los dirigentes amazónicos y los invita a debatir, pero con la paradoja que mientras él hace un enorme despliegue mediático sus contradictores están perseguidos, desterrados o con orden de captura o comparecencia. ¿Con quién quiere debatir?Por último, cuando en la parte final De Soto hace alusión a la campiña arequipeña, le pediría que la visite y vea lo que ha ocurrido con ella: lotizada, urbanizada y a punto de desaparecer. Creo que no le vendría mal actualizar su información.–¿El documental del ILD no sería una prolongación de las tesis presidenciales de El Perro del Hortelano?–Sí, y con más audacia, porque intenta presentar un remedio supuestamente milagroso para una situación que es sumamente compleja y que le plantea al país un reto enorme. Claro, uno de los méritos del ILD es insistir en que estos temas se discutan, y hay que reconocerlo. Pero no hay que olvidar que fueron las comunidades andinas y amazónicas las primeras en insistir sobre ellos. A fin de cuentas el ILD y el doctor García apuntan a lo mismo: no reconocen las bases objetivas del conflicto, hablan de agendas ocultas o subalternas y creen que la panacea es la propiedad individual y la parcelación. Son visiones parciales que expresan cuánto nos falta de aprendizaje como país para llegar a entendernos.
martes, 1 de septiembre de 2009
Viceministra de Medio Ambiente: Antamina debe ser sancionada
Viceministra de Medio Ambiente: Antamina debe ser sancionada
Si el informe de DIGESA, confirma presencia de minerales pesados que supera los niveles permitidos, no hay nada que discutir.
La Vice-Ministra del Medio Ambiente, Ana María Gonzales que hace tres semanas atrás estuvo en la ciudad de Huaraz llevando a cabo un evento relacionado a los cambios climáticos, tomo información sobre las denuncias realizadas por la comunidad de Carhuayoc, del derrame de sedimentos de lodo de minerales pesados originados por minera Antamina cerca a sus zona de explotación, hacia las aguas del río Carash y Juprog, comprometiéndose a realizar las investigaciones del caso, para actuar en base a los informes que se emitirían por parte de DIGESA, quien tomo las muestras en más de dos puntos en la zona del accidente.
Hoy, hablo con Huaraz Noticias, sobre el tema que podría originar en los próximos días nuevos actos de conflictos sociales en la zona de Carhuayoc, donde un grueso sector de ellos rechazo todo tipo de acercamiento con la empresa minera y advirtiendo que en las calles tomaran sus medidas propias.la referida autoridad del medio ambiente señalo, desconocer el informe oficial emitido por DIGESA,” “no lo sé, que pudo haber pasado para que esos informes emitidos el 12 de agosto no haya llegado a mi despacho oficialmente, solo hemos tomado conocimiento por los medios de prensa digital de Huaraz sobre dichos resultados que preocupan”.
Indico que se deben tomar las cosas con claridad y responsabilidad, porque si estos derrames han sido puntuales en el sentido, si han sido un momento y punto, continuo, La empresa minera Antamina no puede minimizar dichos resultados que son de calidad y tienen que responder con las sanciones económicas del caso que deben ser ejecutados por OSINERMING.
Voy a pedir los informes para conocer emitidos por DIGESA, en torno al derrame de sedimentos de minerales pesados realizados por la compañía minera Antamina, lógicamente ante el incumplimiento de las leyes ambientales, nuestro organismo de control ambiental deberá de actuar de acuerdo a ley.
Definitivamente todas las empresa mineras formales y responsables conocen que superado los límites permisibles de minerales, como lo son en este caso de Plomo, Cadmio y otros más que han caído a las aguas de los ríos de la zona, esperemos que se haya realizado la focalización adecuada, para eso está el sector correspondiente que es de Energía y Mina que deben evaluarlo a través de OSINERMING este incumplimiento porque el Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA, el Ministerio de Medio Ambiente no ha asumido dicha responsabilidad, pero estamos en ese camino. Pero definitivamente esto no nos impide exigir que las empresas que provoquen algún impacto ambiental se hayan sancionado administrativas como económicamente con las U.I.Ts, que la ley exige en el país.
No se pueden permitiré tener empresas que comentan daño al medio ambiente, conocemos que Antamina es una empresa con tecnología de punta y que tiene su equipo de contingencia pero que pudo haber pasado en este caso, ellos deben de explicarlo pero a los órganos correspondientes, debemos de solicitar la tranquilidad como la confianza a las comunidades que han sido afectadas con este accidente, pero les pedimos que tendrán respuesta de las autoridades del estado, sobre este hecho, como derecho a las explicaciones de la compañía minera, asevero la doctora Ana Maria Gonzales.
http://www.huaraznoticias.com/titulares/viceministra-de-medio-ambiente-antamina-debe-ser-sancionada
Si el informe de DIGESA, confirma presencia de minerales pesados que supera los niveles permitidos, no hay nada que discutir.
La Vice-Ministra del Medio Ambiente, Ana María Gonzales que hace tres semanas atrás estuvo en la ciudad de Huaraz llevando a cabo un evento relacionado a los cambios climáticos, tomo información sobre las denuncias realizadas por la comunidad de Carhuayoc, del derrame de sedimentos de lodo de minerales pesados originados por minera Antamina cerca a sus zona de explotación, hacia las aguas del río Carash y Juprog, comprometiéndose a realizar las investigaciones del caso, para actuar en base a los informes que se emitirían por parte de DIGESA, quien tomo las muestras en más de dos puntos en la zona del accidente.
Hoy, hablo con Huaraz Noticias, sobre el tema que podría originar en los próximos días nuevos actos de conflictos sociales en la zona de Carhuayoc, donde un grueso sector de ellos rechazo todo tipo de acercamiento con la empresa minera y advirtiendo que en las calles tomaran sus medidas propias.la referida autoridad del medio ambiente señalo, desconocer el informe oficial emitido por DIGESA,” “no lo sé, que pudo haber pasado para que esos informes emitidos el 12 de agosto no haya llegado a mi despacho oficialmente, solo hemos tomado conocimiento por los medios de prensa digital de Huaraz sobre dichos resultados que preocupan”.
Indico que se deben tomar las cosas con claridad y responsabilidad, porque si estos derrames han sido puntuales en el sentido, si han sido un momento y punto, continuo, La empresa minera Antamina no puede minimizar dichos resultados que son de calidad y tienen que responder con las sanciones económicas del caso que deben ser ejecutados por OSINERMING.
Voy a pedir los informes para conocer emitidos por DIGESA, en torno al derrame de sedimentos de minerales pesados realizados por la compañía minera Antamina, lógicamente ante el incumplimiento de las leyes ambientales, nuestro organismo de control ambiental deberá de actuar de acuerdo a ley.
Definitivamente todas las empresa mineras formales y responsables conocen que superado los límites permisibles de minerales, como lo son en este caso de Plomo, Cadmio y otros más que han caído a las aguas de los ríos de la zona, esperemos que se haya realizado la focalización adecuada, para eso está el sector correspondiente que es de Energía y Mina que deben evaluarlo a través de OSINERMING este incumplimiento porque el Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA, el Ministerio de Medio Ambiente no ha asumido dicha responsabilidad, pero estamos en ese camino. Pero definitivamente esto no nos impide exigir que las empresas que provoquen algún impacto ambiental se hayan sancionado administrativas como económicamente con las U.I.Ts, que la ley exige en el país.
No se pueden permitiré tener empresas que comentan daño al medio ambiente, conocemos que Antamina es una empresa con tecnología de punta y que tiene su equipo de contingencia pero que pudo haber pasado en este caso, ellos deben de explicarlo pero a los órganos correspondientes, debemos de solicitar la tranquilidad como la confianza a las comunidades que han sido afectadas con este accidente, pero les pedimos que tendrán respuesta de las autoridades del estado, sobre este hecho, como derecho a las explicaciones de la compañía minera, asevero la doctora Ana Maria Gonzales.
http://www.huaraznoticias.com/titulares/viceministra-de-medio-ambiente-antamina-debe-ser-sancionada
Putis o los mitos tranquilizadores
Wilfredo Ardito
Mis alumnos de la Universidad no habían nacido cuando se produjeron el incendio de ánforas en Chuschi o la masacre de Putis y tenían menos de cuatro años cuando Abimael Guzmán fue capturado. Sin embargo, al inicio de cada ciclo suelen repetir con mucha convicción el más frecuente mito sobre el conflicto armado que existe entre los limeños: “Hasta que estalló el coche bomba en la calle Tarata, aquí nadie sabía lo que estaba pasando en la sierra”. En realidad, los apagones, coches bomba y asesinatos selectivos aterrorizaron por varios años a los limeños. El mito de la ignorancia sirve mas bien para excusar la indiferencia que generaba el destino de los habitantes de las zonas andinas, una indiferencia que se ha repetido frente al hallazgo de las fosas de Putis.El caso Putis permite, además, enfrentar otros mitos que subsisten en relación al periodo de la violencia política, especialmente por la crueldad y premeditación con la que fue cometida la masacre (como se sabe, más de cien campesinos fueron obligados a cavar su propia tumba y luego fueron fusilados con sus familias, incluyendo niños pequeños). Estos hechos terribles, por ejemplo, dejan sin piso la reiterada referencia limeña a “la época del terrorismo”, como si solamente un bando del conflicto hubiera actuado contra la población civil. Actualmente, además, es imposible seguir afirmando que los crímenes cometidos por los militares eran casos aislados, como quizás podría deducirse de la película La Boca del Lobo, es decir que los crímenes se debían al nerviosismo, la malignidad o los problemas psicológicos de algunos policías o militares. En realidad, al menos entre 1983 y 1985, las masacres de campesinos tenían un carácter intencional y sistemático. Igualmente, se hace fundamental revisar la frecuente afirmación que en el conflicto armado no había un componente étnico decisivo. La condición de indígena (rasgos físicos, vestimenta, idioma, apellido) no sólo volvía sospechosa a una persona, sino que justificaba que fuera asesinada. Los soldados mataban a los pastores evangélicos que se habían opuesto tajantemente a los senderistas o a todos los habitantes de una aldea, incluyendo niños de brazos (aquellos que inclusive los militares argentinos permitían sobrevivir). Los indígenas eran vistos como seres prescindibles. Por ello, más que comparar la experiencia peruana con la de Argentina o Chile, es más recomendable hacerlo con lo ocurrido en Guatemala, donde en esos mismos años también hubo muchas masacres de indígenas similares a la de Putis y donde abiertamente se habla de genocidio.Otro mito extendido es que los crímenes cometidos por los militares fueron el terrible costo que el Perú tuvo que pagar para la pacificación. La verdad es que la derrota de Sendero Luminoso en 1992 no tuvo ninguna relación con matanzas como la de Putis en 1984. En realidad, la sucesión de atrocidades entre 1983 y 1985, en lugar de detener a la subversión, deslegitimó totalmente al Estado presentándolo como un ente monstruoso, favoreciendo el crecimiento exponencial de Sendero Luminoso. Por eso, las fosas de Putis quiebran también otro mito que hubiera causado profunda sorpresa en aquellos años: que Fernando Belaúnde era un gobernante democrático y pacífico. Las ejecuciones masivas de civiles, la brutal tortura de los detenidos, la violación sexual de millares de mujeres, fueron prácticas permanentes de las Fuerzas Armadas y Policiales durante su gobierno. Este benevolente mito incluye la percepción que Belaúnde, como los demás limeños, “no sabía” lo que ocurría. Bastaría revisar La República u otros periódicos esos años para ver cuán falsa es esa percepción. La misma Amnistía Internacional escribió muchas cartas a Belaúnde y él se jactaba de arrojarlas a la basura y mantener su respaldo a los militares. Para que no quedara ninguna duda, en 1984, el Parlamento, dominado por Acción Popular y el PPC aprobó la Ley 24150, que estableció la amnistía frente a los crímenes cometidos hasta entonces (a quienes no les gustan los mitos, les interesará saber que también Valentín Paniagua votó por esa norma).No olvidemos que Belaúnde había crecido en un mundo donde los indígenas eran seres inferiores, sin ningún derecho. Por eso, a nuestro modo de ver, él sí pensaba que podía sacrificarse sus vidas para derrotar a los subversivos. Finalmente, muchas veces, los peruanos tenemos el mito que la guerra con Chile fue el período más doloroso de nuestra historia. En realidad, las fosas de Putis nos confirman que este período se produjo hace muy pocos años… y que los responsables fueron peruanos, que se encuentran en la impunidad. Por eso, estas fosas no sólo nos transmiten información sobre las víctimas de Putis, sino sobre la sociedad peruana y sobre cada uno de nosotros. Por eso es tan importante para muchas personas no prestar atención a Putis: hacerlo implicaría confrontarse con ellos mismos y nada mejor que algunos mitos tranquilizadores para evitarlo.En estos días, mientras están siendo velados los restos de las víctimas, es conveniente tomar conciencia de todo lo que implica esta masacre. (Actualización de Reflexiones Peruanas Nº 205)
-- "No podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer" José Félix Rivas “Instrúyanse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza” Antonio Gramsci
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