POR LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE CARRERA JUDICIAL: ESPERANDO AL PODER EJECUTIVO

Gran responsabilidad entre manos. El Congreso de la República, luego de largas sesiones en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y en el Pleno, dejó expedita al Poder Ejecutivo (y por segunda vez) la autógrafa de la Ley de Carrera Judicial. Así, está en manos del Ejecutivo, no sólo dar el paso histórico de terminar de gestar la ansiada Ley de Carrera que dote de mejores garantías jurídicas a nuestros jueces; sino que además, este poder del Estado tiene ante sí la más clara oportunidad de demostrar una clara apuesta (o el más claro entrampamiento) por la reforma institucional de la Justicia. ¿La perderá?
Los motivos, para promulgar la autógrafa de la ley, además de la extensa espera en el tiempo y la conveniencia de no perder esta oportunidad, son muchos (ver: La carrera judicial y la responsabilidad del ejecutivo por promulgar una ley que cae de madura). Cierto es que la ley no es perfecta, pero en relación a la inidónea y desordenada regulación con la que contamos (y de la que dependemos ahora, sólo por la voluntad del Ejecutivo), la autógrafa representa una norma superlativamente superior. Entre sus bondades está no sólo el ser la primera normatividad ordenada, coherente y sistemática sobre el estatuto del magistrado; sino también, la consolidación de los avances significativos en materia de selección de magistrados realizados por el CNM; la superación del inicial mecanismo de las ratificaciones y la mejora del sistema de faltas y sanciones del control disciplinario.
Es tiempo, pues, de culminar este estructural paso en la reforma de la justicia en el país. Mucho se hizo desde la sociedad civil, los propios poderes del Estado como el Congreso de la República y el mismo Poder Judicial, para perfilar el consenso alcanzado. La marcha no fue fácil, y por ello mismo crece la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Se han indicado ya algunas contadas y presuntas inconstitucionalidades de la regulación aprobada, las mismas que bien pueden ser el siguiente paso a llevarse a cabo (es decir, modificarse), una vez aprobada la tan esperada Ley de Carrera Judicial; de lo contrario, cabe el riesgo (casi certero) de volver todo el esfuerzo a cero por quién sabe cuánto tiempo más. Esperamos, por el avance de la reforma, que el Ejecutivo culmine esta reforma estructural, al dar cuenta que realmente hay muy poco que perder, y mucho, mucho más que ganar.(Cruz Silva Del Carpio)

POCO POR FESTEJAR, MUCHO POR HACER:DÍA MUNDIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Por cada derecho que, a pesar de estar por todo lo alto reconocido, se haya paradójicamente violado, nace un día para celebrarlo; o quizá mejor sea decir recordarlo, a fin de remembrar su importancia y, como correlato, concientizar a las personas, algunas serán las que detentan el poder (los que tienen el deber de cumplir con el derecho). Pero antes que nada, será para llamar la atención de aquellas que son sus titulares, la población, pues es necesario que sepan qué ostentan, y por qué es relevante que se organicen para que lo exijan. Eso es lo que sucede, consideramos, con el Día Mundial de Acceso a la Información, conmemorado cada 28 de setiembre.
En el tema del acceso a la información, qué duda cabe, subyace un conflicto político. Poniendo por un momento en suspenso las posiciones más optimistas, es claro que a los políticos y funcionarios deshonestos les conviene que se conozca lo menos posible sobre sus actividades. Y al revés: mientras más informada esté la población, existe más presión para el cumplimiento de los mandatos públicos, y menos probabilidades de que las funciones públicas se tuerzan. De ahí que se haya dicho, con razón, que la información es un bien, que por su importancia es muy costoso, y como tal, tienda a ser monopolizado por los que tienen el poder para hacerlo. Conscientes de ello, el 28 de septiembre del 2002, distintas organizaciones dedicadas a promover el derecho de acceso a la información en todo el mundo, se encontraron en Sofía, Bulgaria; y crearon una red de promotores y defensores de este derecho con el objeto de generar gobiernos más transparentes y ciudadanía mas informada. La consigna entonces, es romper con el monopolio de la información.
El Perú tiene las mejores condiciones para que esta democratización de la información no se lleve a cabo. Kahhat nos dice por ejemplo que, cada nuevo gobierno, hereda no un poder institucionalizado, sino, al parecer, un mandato amplísimo, donde la población da la misión para solucionar sus problemas, y las formas no importan mucho[1]. En ese escenario, pues, andar dando cuentas sobre lo que se hace o deja de hacer, no parece ser lo más eficaz.
Pero esa idea se rompe cuando tomamos conciencia de que lo importante para la gobernabilidad de un país, pasa por evitar que el Estado gobierne de espaldas a la Sociedad Civil, o peor aún que la confronte, como parece estar sucediendo hoy en día. Al contrario, la Sociedad Civil, no sólo cumple un rol puramente fiscalizador, sino que al hacerlo, en realidad sienta las bases para que el Estado decida con democracia, con inclusión y justicia.
El contexto actual, sobre todo el de hace algunas semanas, pinta un panorama angustioso. Desde el Estado, vemos que en el Congreso está en todo su apogeo una cultura del secreto. Y cómo no pensar eso cuando ante la demanda legítima de la población a fin de que los parlamentarios hagan público las justificaciones de sus gastos operativos, nos encontramos con una pared, actitud que da entender que los referidos gastos se están usando como un “complemento” a su remuneración mensual. El Ejecutivo tampoco se queda atrás. La Defensoría del Pueblo ha criticado que la Presidencia del Consejo de Ministros no cumple con el encargo, establecido en la Ley de Transparencia, de informar al Parlamento sobre la cantidad y el estado de las solicitudes de información hechas a las entidades estatales. Ahora bien, si el Congreso no da muestras de que la ley se cumple en la propia casa, cabe preguntarse qué sentido tiene que se le dé cuentas a este desprestigiado Poder. Y los ejemplos pueden seguir.
Olvidado, como decíamos, está el derecho de acceso a la información, a pesar de encontrarse expreso en la ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 3 dice:
"Artículo 3º.- Principio de publicidad
Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley. En consecuencia:
Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el Artículo 15º de la presente Ley.
El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.
El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad."
Desde nuestra tribuna, nos interesa sobremanera que esta ley sea cumplida de cara a la elección del nuevo Presidente del Poder Judicial. Contamos con que el valor y la utilidad que entraña esta norma, sea el ánimo con que se lleve a cabo tan importante proceso de selección. Estaremos atentos a su desarrollo. (Julio Avellaneda Rojas)
[1] KAHHAT, Farid. “Sociedad Civil y Gobernabilidad Democrática”. Lima: PUCP. Departamento de Ciencias Sociales. 2000.

EJECUTIVO VS LEGISLATIVO

A caso recordando el dicho que la mejor defensa es el ataque, el gabinete ministerial en pleno acudió al Congreso el día de ayer a dar su versión de los hechos de corrupción que han ocasionado la peor crisis política desde el derrumbe del fujimorismo. Sin embargo, en pleno uso de sus atribuciones, los congresistas se negaron a recibirlos, argumentando la independencia de poderes y que había una invitación pendiente para el próximo martes.
La posición del Congreso es defendible, puesto que el artículo 129 de la Constitución, que autoriza a los ministros en pleno o individualmente a intervenir en el debate, se refiere, obviamente, al tema que se trata en agenda, la cual es fijada previamente por la Junta de Portavoces. Esta agenda solo puede ser variada previo acuerdo de la misma Junta y no a voluntad o capricho de los ministros, de lo contrario el Legislativo quedaría subordinado a lo que el Ejecutivo decidiera, y no hay tal.
La negativa motivó que el premier Del Castillo diera una conferencia de prensa en el Legislativo denunciando la actitud del pleno, la misma que fue respondida por la oposición, cuyos dirigentes sostuvieron que el gabinete había intentado sorprender al Legislativo y que había que respetar la relación entre poderes del Estado, ya que si se hubiera admitido el cambio de agenda el gabinete habría procedido a exponer su punto de vista sin intervención de los parlamentarios, con lo cual la sesión de interpelación del martes 14 quedaba sin objeto.
Hay que agregar que el doctor Del Castillo ha empleado la táctica, para muchos equivocada, de colocar a los dirigentes de la oposición en el mismo saco, argumentando que por haber pedido la renuncia del gabinete, la lideresa del PPC Lourdes Flores se ha vuelto tan radical como el nacionalista Ollanta Humala, y que ambos se encuentran ya en temprana carrera electoral. Este hecho es discutible, puesto que medios e instituciones que nada tienen que ver con lo electoral han demandado lo mismo.
Como sea, y actuando en coherencia con lo ocurrido, el premier Del Castillo anunció que el gabinete se dirigía a Palacio a poner sus cargos a disposición del presidente García, un gesto en el que ya habían sido precedidos por el ministro de Salud Hernán Garrido-Lecca, quien horas antes había hecho renuncia al cargo, siguiendo el camino tomado días antes por el ministro Valdivia, aunque no por las mismas razones.
Con lo cual la crisis política suscitada llegó a su punto culminante y a manos de quien debe tomar la máxima decisión. Corresponderá al Presidente evaluar si de algún modo puede continuar con este gabinete desgastado y prolongarle artificialmente la vida hasta la cita del APEC o, por el contrario, aceptar las renuncias presentadas y proceder a nombrar un nuevo presidente del Consejo de Ministros y un Ejecutivo renovado.

el comentario del mes que paso

Empesamo el mes de setiembre con mas de 160 conflictos sociales y tambien con un aumento de 0.20 centimos de pasaje en los colectivos y de 0.50 en las combis lo que hace que si uno antes gastaba 6 soles ahora tendra que hacerlo con 7.40 centimos lo cual equivale a una inflacion de casi 25% . alguien puede decirnos ahora que existe una seriedad en las ultimas cifras de pobreza que tan ponposamente anuncia Garcia, cuando nos dicen que tenemos una inflacion de de entre 3 y 4 puntos porcentuales cuando tal y como lo demuestra la realidad estamos en casi 25 %, es decir si nos mienten en algo tan evidente que podemos esperar de las cifras del Inei que por medio de metologias inadecuadas pero buenas en el maquillaje politico nos colocan en el mejor de los escenarios.BASTA, ca ves me convenzo de la ineptitud de este gobierno y de su clase politica, que claro en complicidad con nosotros se hizo del poder. por si ps aunque nos duela admitirlo somos nosotros quiens elegimo a esa satrapa de transfugas y politicos que nos gobiernan,y que decir de la maxima autoridad eclesiastica, quien en plena misa de Santa Rosa de Lima se mando con todo contra la comision de la verdad , cuyo error fue enrostrarnos en la cara el pais que fuimos y que no debemos seguir siendo, a 5 años del imforme poco se ha discutido este tema tan importante para el pais, pues solo viendo lo que hemos sido podemos aspirar un cambio.Bueno nada mas por ahora, ya que le are caso a mi recordado ex compañero de la facultad de ciencias de la comunicacion, quien me dijo que seamos mas positivos, haciendole extensivo mis felicitacion por hallarse laborando en radio Yanacancha nada mas y nada menos la radio de Antamina.Bueno ps a ponerse las pilas

SE VIENE UNA NUEVA AMNISTÍA?EL PROCESO DE JUSTICIA EN LOS CASOS DE VIOLACIONES A LOS DDHH

Si bien el escándalo de los negociados del petróleo marcó los énfasis del discurso presidencial en el aniversario del Combate de Angamos, no menos importante resultaron los términos en los que el doctor García se refirió al proceso de judicialización de violaciones a los derechos humanos, al que calificó de una “persecución política contra los que defendieron la democracia”.
Sinceramente, no debería extrañarnos este discurso del Presidente de la República, ya que desde el inicio de su segundo mandato ha definido muy claramente una agenda política contraria al proceso de judicialización de violaciones a los derechos humanos, cometidas años atrás. De hecho, la presencia del almirante Giampietri y su alianza con el fujimorismo han sido dos soportes fundamentales de esa agenda política.
Lo nuevo no ha sido la calificación de persecución política a las investigaciones o procesos judiciales en curso contra efectivos de los institutos armados, sino algo que pone en evidencia una decisión política que habría sido asumida en las más altas instancias del gobierno. El Presidente en su discurso del 8 de octubre último ha solicitado públicamente al Congreso de la República trabajar conjuntamente para resolver el problema de “esa persecución” contra los militares.
No hay que ser muy perspicaces para concluir que el Presidente de la República está proponiendo al Congreso interferir en las investigaciones y los procesos judiciales, porque desde su particular perspectiva eso no lo pueden seguir permitiendo. ¿Para qué quiere interferir? Muy simple. Para cerrar esas investigaciones.
En la actualidad existen varias decenas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, en los cuales el Poder Judicial ha decidido abrir proceso penal contra efectivos de las FFAA y de la PNP, como consecuencia de que las investigaciones dan cuenta de la existencia de pruebas suficientes que determinan diversos niveles de responsabilidad penal, en quienes perpetraron materialmente los crímenes y quiénes dieron las órdenes para cometerlos. Por lo tanto, no estamos ante un abuso, sino ante una acción de la justicia.
Si ésa es la decisión del Presidente de la República es evidente que la amnistía para militares acusados de violar los derechos humanos, sistemáticamente exigida por Giampiteri y el diario La Razón, es un proceso político que se ha puesto en marcha, porque consideran que las circunstancias políticas lo permiten. Ciertamente, no estamos ante un exabrupto del Presidente. Se trata de la puesta en marcha de una estrategia política en la cual sectores del APRA y el fujimorismo coinciden de manera absoluta, y que tiene al Presidente y al Vicepresidente como sus principales promotores (coincidentemente, ambos relacionados al caso de la matanza de El Frontón).
Recordemos que este gobierno creó un mecanismo para que el Estado pague la defensa legal de militares involucrados en este tipo de casos, las permanentes críticas a los fiscales y jueces encargados de las investigaciones de derechos humanos, las declaraciones presidenciales en clara defensa de Fujimori, la sistemática negativa de información de parte del Ministerio de Defensa en casos como la matanza de Putis, así como la reciente exigencia de la Comisión de Defensa del Congreso al Poder Judicial y a la Defensora del Pueblo para que explique qué están haciendo con los procesos de casos de derechos humanos.
Si todo ello ha tenido como objetivo presionar políticamente a las instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial para que las investigaciones no avancen, y a pesar de todo esto han avanzado, entonces el Presidente ha tomado la decisión de impulsar un mecanismo que interfiera en la continuidad de esas investigaciones y que cierre definitivamente el proceso de judicialización.
El hecho es particularmente grave, toda vez que significa una descarada expresión de interferencia política en la acción legítima de un poder del Estado, alentada por el mismísimo Presidente de la República. También significa un evidente desprecio por la justicia y por las miles de víctimas, y una inmensa voluntad de impunidad desde las más altas esferas del régimen.
Habrá que preguntarle al presidente García si su iniciativa comprenderá al acusado Alberto Fujimori, o tal vez a los miembros del destacamento “Colina”, o quizás a Telmo Hurtado, a los militares responsables de la matanza de Cayara, o de la matanza de El Frontón, o de la matanza de Putis. ¿A quiénes?
Nuestra historia reciente nos demuestra que la vigencia del Estado de Derecho en el Perú tiene en la justicia y en la eliminación de toda forma de impunidad una pieza clave que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser desconocidas o sometidas a intereses políticos o personales. (Carlos Rivera Paz