El presidente Alan García se convirtió esta semana otra vez en juez. Olvidó que los delitos de violación de los derechos humanos no prescriben con el tiempo y salió en defensa del ex presidente de facto Francisco Morales Bermúdez para quien una jueza de Roma ha pedido su arresto por la desaparición de 25 ciudadanos italianos durante la Operación Cóndor, la transnacional del terror creada en 1975 por las dictaduras de Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. La justicia italiana asegura que el gobierno de FMB sí participó en ese siniestro plan.
García afirma que está "en capacidad" de demostrar que "no hubo una acción concertada" del gobierno militar de Morales Bermúdez "con la inteligencia de la dictadura argentina, que tenía otro carácter fascistoide". Es evidente que el presidente habló de más, porque los hechos lo desmienten. Investigaciones de la fiscalía italiana, de Edmundo Cruz y de Ricardo Uceda, en su libro Muerte en el Pentagonito, contradicen al mandatario peruano. El régimen de Morales Bermúdez sí estableció "una acción concertada" con las dictaduras de Chile y Argentina, que formaban parte de ese tenebroso plan.
Documentos de la CIA y la DINA de Pinochet, publicados por Cruz, dan cuenta de la incorporación de Perú como miembro del Plan. Existe un hecho irrefutable –admitido por el propio gobierno de MB ante el escándalo levantado por la prensa de oposición de entonces– que ocurrió en junio de 1980. Un comando militar del dictador argentino Rafael Videla secuestró en esa fecha en Lima, con el apoyo de militares peruanos, a los montoneros argentinos Noemí Esther Giannotti de Molfino, Julia Santos de Acebal y Julio César Ramírez. Los tres fueron llevados a la frontera con Bolivia. Giannotti apareció muerta tiempo después en un hotel de Madrid. Los dos restantes quedaron como desaparecidos.
Hay un agravante adicional. La captura de los tres montoneros fue posible porque el comando argentino –con el visto bueno de MB y del general Pedro Richter Prada, quien además era ministro de Guerra– trajo detenido desde su país al metalúrgico Federico Frías. Aquí fue torturado, cuando se negó a colaborar, y después de identificar a los peronistas nunca más se supo de él. Cruz ha desarrollado una investigación sobre este hecho y asegura que Frías desapareció en los cuarteles militares peruanos.
El presidente, con esa ligereza en la que ha incurrido en más de una oportunidad, ha dicho que se trata de una jueza que "quiere titulares" en el mundo. Lo real es que si hubiera solicitado mayor información a sus funcionarios el primer mandatario no habría adoptado esa extraña actitud. Italia investiga la desaparición de sus 25 ciudadanos desde hace más de 26 años. La jueza Luissianna Figliolia –la de los "titulares" que dice García– lleva ocho años tras el Plan Cóndor. Existe además un caso similar al del secuestro y desaparición de los montoneros en Perú ocurrido en Brasil, en el que las víctimas fueron políticos de ascendencia italiana. Ahí también intervino un comando militar argentino.
La justicia italiana quiere el testimonio de MB y de Richter Prada. El presidente dice que no lo permitirá. Si en el caso de Fujimori dijo que no intervenía en la extradición para no "politizar" el proceso, aquí debió optar, en el mejor de los casos, por tomar el mismo camino.
Hoy la violación de los derechos humanos –torturas, secuestros, desapariciones y muerte– es un delito universal. Sus autores no pueden acogerse a la impunidad. García debería saberlo antes de insistir en defender a un gobernante que fue obligado a devolver el poder por la fuerza de la contundente protesta popular y no, como dicen los voceros de la derecha, por voluntad propia. Hasta el próximo domingo
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