EL ULTIMA DIA QUE TOCO CENSAR

ALTURAS DE RACHACOCO

EN PEQUEPALLCA

SOBRE EL RECIENTE APROBADO TLC

¿Saben cuál fue la primera empresa norteamericana en saludar la firma del TLC con el Perú? ¡Microsoft! El consultor de Microsoft Jack Krumholtz señaló, en Estados Unidos y a las pocas horas de la votación en la Cámara de Representantes, que la firma del TLC con el Perú “garantizará una protección justa y eficaz a los inversionistas y protegerá los derechos de propiedad intelectual”. Y es que ahora, con el TLC, el recurseo cibernético, las copias corporativas y la burundanga del software replicante van a ser considerados poco menos que delitos federales, como si se cometieran en el estado de La Florida. ¡Qué bien! ¡Microsoft y sus precios predatorios y las farmacéuticas con sus patentes de 20 años y segundo uso ya nos tienen como querían! ¡Somos casi una estrella más en la bandera a la que nos hemos sometido!

LA FISCALÍA ACUSA Y PIDE 30 AÑOS PARA FUJIMORI

08 de noviembre del 2007

La Fiscalía Suprema en lo Penal acaba de presentar acusación contra Alberto Fujimori Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos en los 4 casos objeto de la extradición en este terreno (ver acusación). No cabe duda que ésta es la acusación más compleja y más grave que la justicia ha hecho en su contra. Fujimori ha sido acusado como autor de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro. La Fiscalía ha pedido una pena de 30 años.

Para la Fiscalía, Alberto Fujimori es autor mediato en la matanza de Barrios Altos (noviembre, 1991), la desaparición y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta (julio, 1992) y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti Ellebogen y el empresario Samuel Dyer Ampudia (1992). Tal imputación la formula a título de autor mediato por dominio de la organización.

El Ministerio Público, en su acusación, da cuenta de que está plenamente demostrado en el curso del proceso judicial la creación, hacia mediados de 1991, de un destacamento del Ejército peruano denominado Destacamento Colina, destinado a desarrollar una guerra de baja intensidad y cuyo objetivo era la eliminación física de presuntos subversivos integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA. Señala la acusación que aquella organización (militar) constituía un aparato de poder estructurado jerárquicamente, en la cual existía una predisposición de los ejecutores para cometer hechos delictivos.

En este proceso –señala la acusación– la Fiscalía atribuye a Alberto Fujimori la condición de autor mediato por dominio de la organización (el destacamento Colina). Hay una intervención vertical en dichos delitos, en los que evidentemente se ha dado una división de funciones y una línea jerárquica en la organización, en cuya cúspide se encontró el ex Presidente de la República.

Agrega la Fiscalía Suprema que el extraditado Fujimori, luego de trazar y decidir la política de Estado de combatir la subversión usando los métodos de guerra de baja intensidad y eliminación, tuvo el dominio de la organización, ya que en esta estructura de poder organizado, su orden –sin necesidad de recurrir a la coacción o inducir a error, por la predisposición de los ejecutores– iba irremediablemente a ser cumplida, sin que sea necesario que el procesado Fujimori se reúna con los ejecutantes o que desarrolle un acuerdo común.

La Fiscalía sostiene que en el curso del proceso se encuentra suficientemente demostrado que las órdenes impartidas por el acusado Fujimori, siguiendo el plan trazado de lucha contra la subversión, efectivamente se materializaron en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, órdenes sin las cuales los militares del destacamento Colina jamás pudieron haber actuado.

Dentro de esa estructura vertical del grupo Colina resulta claro, afirma la acusación del Ministerio Público, que el jefe de la organización fue el ex presidente Fujimori. Además, señala que, por su jerarquía y dominio de la organización, sabía bien y estaba razonablemente enterado que su decisión inexorablemente se iba a materializar, sin importar la identidad de los ejecutores materiales de su orden. Fujimori tenía el control de los acontecimientos. A él le correspondía decidir si se llevaban a cabo o no las operaciones especiales.

Por su parte, los integrantes del destacamento Colina mantuvieron una relación de subordinación con su jefe Alberto Fujimori, y las órdenes eran transmitidas a través de una cadena de mando en la que su ex asesor Vladimiro Montesinos Torres era un eslabón destacado.

La acusación presentada por el Ministerio Público imputa a Fujimori la condición de jefe de una organización creada como parte del desarrollo de la estrategia contrasubversiva, con el objetivo de eliminar físicamente a presuntos integrantes de organizaciones subversivas.

Tal como ya se tiene conocimiento, la elevada responsabilidad de autor mediato de Fujimori, a criterio del Ministerio Público, lo hace merecer una sanción de 30 años pena privativa de libertad y la obligación de pagar como reparación civil cien millones de nuevos soles a favor de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y trescientos mil nuevos soles a favor de Gorriti y Dyer.

Ahora, Fujimori debe enfrentar el conjunto más complejo y difícil de procesos judiciales por los que fue extraditado. Las pruebas que existen y de las que da cuenta la Fiscalía en su acusación señalan que su responsabilidad está demostrada.
(Carlos Rivera Paz)

APRA declara la guerra

APRA declara la guerra

(1) El gobierno niega derecho de protesta, pero se contradice y anuncia que el APRA sí saldrá a marchar. (2) Nueva jornada de protestas.


DATO

La concentración para la Jornada Nacional de Lucha de hoy será en la Plaza 2 de Mayo, a las 10:30 de la mañana. Habrá preconcentraciones de diversos gremios en varios puntos de la ciudad. Marcharán por el Centro de Lima y se esperaba un mitin, aunque los planes dieron un giro de inestabilidad al no recibir las garantías debidas. Pero igual marcharán.


Llegó el día de expresar el descontento con el gobierno ­aprista. Se espera que sea una jornada sin violencia que lamentar, a pesar de los actos incitadores del gobierno. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y los trabajadores del sector público, teléfonos, obreros, médicos, cocaleros y docentes coincidieron en que nada los detendrá para salir a las calles, en Lima y diversas regiones. Y es que ­ayer el APRA negó el permiso para la Jornada Nacional de Lucha de hoy, lo cual exacerbó más los ánimos y logró mayor cohesión entre los gremios que saldrán a protestar de todas maneras.

Tras el anuncio del APRA de que también saldrá a marchar, alentando un enfrentamiento de posiciones y multitudes que podría acabar en violencia, el ambiente se puso más tenso. Los dirigentes señalaron, ayer, que no harán caso de las críticas del presidente Alan García, el gabinete ministerial o incluso el rechazo a su pedido de garantías para la movilización. Llegó su “día de lucha” para reclamar sus derechos. Y lo cumplirán, según afirmó tajantemente el secretario general de la CGTP, Mario Huamán.

El día previo a la jornada de protesta empezó con un baldazo de agua fría para la CGTP, pues recibía la noticia de que el Ministerio del Interior no le otorgaba las garan­tías para su marcha. Ante ello, Huamán refirió que “pese a que pedimos el permiso una semana antes, como lo indican las leyes, no nos otorgaron las garantías. En días anteriores, también les negaron el permiso a los mineros, al sector Salud y a los docentes universitarios, llegando incluso a reprimir sus manifestaciones pacíficas e hiriendo al dirigente Julio Lazo”. Calificó esto como “ejemplos concretos de ­una violación a los derechos fundamentales de las libertades ciudadanas”.

“Gobierno será responsable de violencia”
“La única vez que hubo violencia en una jornada de protesta de la CGTP fue en 2004 con la ‘patadita’ de Alan García. Ahora que él no participará, no creo que haya hechos violentos”, ironizaba Huamán al advertir que la movilización de trabajadores se dará de todos modos y que, si hay algún hecho violento o represión, la responsabilidad recaerá completamente en el gobierno.

Critican a ministra Pinilla
Por su parte, la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, consideró que quienes promueven esta jornada de protesta se han quedado en el tiempo retrasados unos 30 años “por sus ideas primitivas para manifestarse”. Ante ello, Huamán respondió que “Pinilla es la que se ha quedado con su pensamiento congelado, pues cree que el modernismo es permitir la explotación de los 2 millones 400 mil trabajadores en el ­país. Diciendo esto, demuestra su incompetencia e ineficacia al no solucionar los conflictos laborales”. Finalmente, criticó las gestiones de Del Castillo y Pinilla llamándolos “perros del hortelano” al no solucionar ni dejar solucionar los conflictos sociales, sosteniendo que ­“ellos deberían ser los primeros en salir”.

Al ser vinculado con el gobierno venezolano de Hugo Chávez, Huamán negó que haya financiamiento desde Caracas para la movilización de hoy y apuntó que, si hay injerencia extranjera en nuestro país, es “la de EE.UU. en la política de García”.

La propiedad de la tierra uevamente se concentra

Tendencias de transferencia y concentración de la propiedad de la tierra




La Revista Agraria – octubre 2007

Fernando Eguren



--------------------------------------------------------------------------------








La propiedad de la tierra en el Perú se está concentrando nuevamente, después de tres décadas de la reforma agraria.


La concentración de la propiedad de la tierra es un tema política y socialmente sensible. Recordemos que una de las razones por las que las reformas agrarias de la década de 1960 aparecían como legitimadas ante la sociedad y los gobiernos fue que había una gran concentración de la propiedad de la tierra, y que ello generaba grandes tensiones sociales. [1] Los gobiernos latinoamericanos, instados por el gobierno de los Estados Unidos, acordaron hacer reformas agrarias tanto para evitar situaciones como la revolución cubana de 1959, como para eliminar obstáculos a los procesos de modernización social y económica. El gobierno de derechas de Manuel Prado se adelantó, nombrando una Comisión de la Reforma Agraria y de la Vivienda en 1957, integrada en parte por hacendados relativamente modernos. Una de las recomendaciones del informe, presentado en 1960, fue la de establecer límites – 250 hectáreas – a los tamaños de la propiedad rural. Casi una década después, la ley de reforma agraria del gobierno de Velasco de 1969 fijó los límites a 150 hectáreas de tierras agrícolas. Pero desde 1980 se inició un proceso de liberalización de la propiedad de la tierra que culminó en 1995 con la llamada Ley de Tierras [2], que eliminó todo límite a los tamaños de los predios. [3] Un año antes, 1994, se realizó el último censo nacional agropecuario, que reveló que el 92 por ciento de las 1.74 millones de predios eran menores de 20 hectáreas, y que tres de cada cuatro hectáreas de cultivo bajo riego y una de cada tres de secano están en predios menores de 20 ha.:


En los últimos doce años han ocurrido cambios muy importantes, cuyos alcances aún no se conocen con precisión pues no se ha actualizado el censo agropecuario ni se han hecho estudios sobre los procesos de concen­tración.


Son varios – aquí estamos considerando seis – los procesos que están contribuyendo al proceso de transferencia y concen­tra­ción de la tierra.


La ampliación de la frontera agrícola en la costa . La modificación de la política de ac­ceso a las nuevas tierras irrigadas ha permitido la formación de modernas empresas agrarias de gran extensión, particularmente en la costa norte (Piura, Lambayeque, La Libertad). La frontera agrícola ganada en el pasado gracias a grandes inversiones públi­cas era entregada, bajo varias modalidades de pago, a pequeños y medianos agricul­to­res. Pero al menos desde la década de 1990, las nuevas tierras irrigadas son puestas a la venta en condiciones tales que sólo pueden ser adquiridas por grandes inversionistas para formar latifundios moder­nos. Así, en 1997 se subastaron, en la Primera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (que incluye el valle Virú), 12751 hectáreas en 76 lotes, en cuatro sectores; en tres de ellos el tamaño promedio de cada lote varió entre 671 y 786 hectáreas, y en el cuarto, 65 ha. En algunos casos, como la empresa Camposol, en el valle de Virú, la extensión supera las dos mil hectáreas. Danper Trujillo posee 1600 hectáreas, la mayor parte de ellas también en Virú. En contraste, en la década de 1980, por ejemplo, las tierras gana­das por la irrigación de Majes, en el departamento de Arequipa, fueron distribuidas en lotes de 5 hectáreas. El criterio de subastar lotes de gran tamaño, al que sólo pueden acceder grandes inversionistas, sigue primando en la actualidad.


La frontera agrícola en la selva no sólo es abierta por colonos provenientes de la sierra, sino también por grandes adquisiciones de tierras a precios muy bajos. El caso más conspicuo es probablemente Palma del Espino, del grupo Romero, en la zona de Toca­che. En 2004 tenía sembradas 7500 hectáreas de palma aceitera, y actualmente bordea las 10 mil ha. En los cuatro años siguientes seguirá expandiéndose a razón de 1,500 hectáreas anuales.


La concentración vía el mercado de tierras. Puede distinguirse diferentes situaciones: la compra de tierras de pequeños agricultores por empresas agroexportadoras (los mismos departamentos mencionados más arriba, más Ica); el arrendamiento de tierras por las mismas empresas; la adquisición de grandes empresas agrarias por otras empresas agra­rias, notablemente el caso de los complejos agroindustriales azucareros (grupo Gloria en el departamento de La Libertad). Como ejemplo: la empresa Agrokasa posee actual­mente más de 2.6 mil hectáreas. El grupo Romero posee alrededor de 500 hectáreas en lo que alguna vez fue la Cooperativa Agraria Huando, en el valle de Huaral. Según el último censo de productores de espárragos, hay 47 empresas que, en promedio, dedican 280 hectáreas a es cultivo. Como no todas son monoproductoras, la extensión total de muchas de ellas supera largamente ese promedio. La mayoría se encuentran en los valles de los departamentos de La Libertad e Ica. ¿Cuánto hay de capital extranjero en este proceso? Las inversiones extranjeras directas en agricultura – no necesariamente todo en compra de tierras – se sextuplicaron entre 1997 ( 7.7 millones de US$) y el año 2000 (44 millones de US$), cifra ésta que se ha mantenido hasta la actualidad. [4]


La conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas . Lo notable aquí es la transferencia de la propiedad de los complejos agroindustriales azucareros de las cooperativas de producción – cuyos socios eran los propios trabajadores – a inversionistas particulares. Suman más de 50 mil hectáreas, sobre todo en la costa norte. Son los más grandes terratenientes del país. Mención especial es el grupo Rodríguez Banda, dueños de Gloria y desde hace poco de los com­plejos Cartavio y Casagrande, que suman más de 30 mil hectáreas en un solo valle, Chicama, en el departamento de La Libertad.


Denuncios y concesiones. Los denuncios y concesiones mineras se extienden particular­mente sobre tierras de comunidades campesinas en casi todos los depar­tamentos andi­nos. Sus derechos como propietarias comienzan a ser cuestiona­dos en la práctica por las empre­sas mineras aún antes de la fase de exploración, a través de distintos tipos de pre­sión, económicas y extraeconómicas, para acceder a las tierras. En la fase de explo­tación los comuneros no sólo pierden sus derechos, sino que las tierras pierden su vocación agraria. Según el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, a la fecha los derechos mineros se extienden sobre más de 14 millones de hectáreas.


Los denuncios y concesiones de otras industrias extractivas (petroleras, gasíferas,) en la cuenca amazónica, por su lado, se extienden actualmente sobre________ hectáreas. En cuanto a las concesiones forestales entregadas, suman 7.5 millones de hectáreas, aproximadamente el 10 por ciento de la superficie total de la selva baja y alta. [5]


La producción de biocombustibles. Los estímulos a la pro­duc­ción de biocombustibles (menores precios que los combustibles fósiles, expectativas de exenciones tributarias, subsidios, etc.) están incentivando la formación de grandes planta­ciones princi­palmente de caña de azúcar y palma aceitera. Los complejos azucareros, entre ellos el grupo Gloria y , del que hemos hecho ya mención, dedicarán parte de la producción de caña a la fabricación de etanol. La empresa norteamericana Maple, por su lado, ha adquirido más de 10 mil hectáreas en el valle de Chira para la producción de caña de azúcar para etano, generando desde ya presión sobre la disponibilidad del agua. En el mismo departamento, el grupo Romero dedicará al mismo fin por lo menos 3.5 miles de hectáreas. En la selva, el grupo Romero prevé la expansión del área dedicada a la palma para la producción de biodiesel. El hechizo de los biocombustibles también parece querer apoderarse del programa Sierra Expor­tadora. Su presidente anuncia que se dedicarán 200 mil hectáreas a la canola, para biodiesel. Pero en este caso parece ser más bien un deseo irrealizable.


Turismo. Aunque en escalas menores, también en algunas zonas de gran atractivo turís­tico las tierras agrícolas adquieren un alto valor para ser destinadas a otros usos, pero con fre­cuencia implicando la pérdida de control por los campesinos y agricul­tores. Es el caso del Valle Sagrado (Urubamba), en el departamento del Cuzco, que paulatinamente se está convirtiendo en un emporio turístico con inversiones en ho­teles, albergues, res­taurantes, casas de campo, etc. [6]


Tendencias


Nada indica que estas tendencias revertirán. Antes bien, algunas de ellas están siendo francamente impulsadas por el gobierno [7], otras seguirán el impulso que ha adquirido la agricultura de exportación. Estas desigualdades crecientes en la distribución de la tierra, (que no debe confundirse con un regreso a la situación previa a la reforma agraria, pues el contexto histórico es completamente diferente) deben llamar a preocupación, pues tienden a profundizar las ya notables desigualdades sociales y económicas existentes en el país.




--------------------------------------------------------------------------------

[1] El censo agropecuario realizado en 1961 indicaba que el 54% de las tierras estaba en manos del 1,2% de las explotaciones agropecuarias, y que tan sólo el 4,3% era controlada por el 84% de las explotaciones.

[2] Ley 26505, "Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas", promulgada el 14 de julio.

[3] Sobre la evolución de la legislación que estimuló estos cambios, ver Fernando Eguren, "Las políticas agra­rias en la última década: una evaluación". En F. Eguren, M. Remy y P. Oliart, (editores), Perú: el problema agrario en debate. SEPIA X. Sepia/Oxfam, Lima, 2004. También en la Web en www.sepia.org.pe.


[4] Fuente: Preinversión.

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1744

[5] Antonio Brack Egg, "Opinión sobre el proyecto de ley Otorgamiento de tierras de dominio del estado en la amazonia peruana para fines agropecuarios y agroindustriales ". Lima, 15 de enero del 2007


[6] Aunque no necesariamente se refieran a tierras agrícolas, es expresión de la notable transferencia de los derechos sobre la tierra en proceso en el país la rápida privatización de muchas playas de la costa –algunas de ellas de comunidades campesinas-, tanto en el sur chico como en los departamentos norteños de Piura y Tumbes.

[7] Como ejemplos están las propuestas del Ejecutivo de recortar casi 210 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene para extracción petrolera, de declarar de interés público 20 grandes proyectos de extracción; también, el mantenimiento de los criterios de asignación de nuevas tierras irrigadas a inversionistas grandes y la promoción de la producción de agrocombustibles

La deuda impaga del Estado

La deuda impaga del Estado
¿Cómo votan los peruanos? O, mejor todavía, ¿qué significan en el fondo esas votaciones? Los comicios del 2006 son el punto de partida del ensayo de Alberto Vergara en el cual explora las percepciones políticas del electorado y trata de asignarles un significado histórico. DOMINGO conversó esta semana con él.
Por Enrique Patriau
Foto: Claudia ALva

Alberto Vergara (1974) concibió la idea de escribir su libro cuando Desco le pidió preparar un artículo sobre las elecciones del 2006. Sin embargo, como le ofrecieron un viaje a Canadá para estudiar un doctorado en la Universidad de Montreal, el proyecto quedó en el archivo, hasta que lo rescató cuando la Universidad Católica convocó a un concurso de ensayos. No ganó el primer lugar, aunque sí una mención honrosa. El paso siguiente fue la publicación. Ni amnésicos ni irracionales: las elecciones peruanas 2006 en perspectiva histórica es el resultado.

Vergara se encerró un mes y medio en sus vacaciones, aprovechando que en Canadá el invierno no permite hacer otra cosa más que escribir y leer. Pero, en el fondo, las elecciones del 2006 son un pretexto. Su interesante planteamiento va más allá de lo meramente coyuntural.

El objetivo principal de su ensayo es mostrar que detrás de las elecciones, entre alternativas económicas o institucionales, se esconde una división más profunda. Así, Vergara reflexiona en torno a un país donde coexisten poblaciones que aún esperan los primeros elementos de una ciudadanía moderna con otras globalizadas que han culminado su proceso de inclusión en el proyecto del Estado-Nación.

–¿Y esa convivencia es lo que viene configurando los resultados electorales en el Perú contemporáneo?

–Efectivamente. Y seguirá habiendo tensiones entre ambos horizontes hasta que el Estado consiga expandirse en cuanto a la dación de servicios básicos, con mecanismos que redistribuyan los beneficios que deja el mercado. De otro lado, también necesitas que ese sistema democrático sea percibido como útil para que la brecha no se abra y podamos ir hacia votaciones más homogéneas.

Racionalidad pura


Vergara escribió su ensayo en Canadá.
Y contrariamente a lo que muchos creen o presienten, Vergara postula que, en realidad, el peruano ha demostrado ser un elector racional.

¿Por qué? Pues porque frente a la necesidad de defender el sistema democrático y el deseo de cambiar el modelo económico, los ciudadanos eligieron al único que ofrecía ambas cosas: Alan García.

"Y eso me parece pura racionalidad", asegura el estudioso.

–Aunque después, en lo económico, García siguió con el piloto automático.

–Bueno, tú te puedes casar con tu novia, ¿pero sabes cómo se va a comportar como esposa? No. Esa es otra historia.

Sucede que, en opinión de Vergara, si bien el de Humala resultó un voto aparentemente contestatario, eso no es causal de irracionalidad.

El mismo Humala, añade, es un fenómeno que no es puramente peruano pues su discurso se enraiza en la tradición de lo nacional-popular de América Latina: fortalecimiento del Estado, nacionalización de recursos públicos, construcción de una base nacional contra la oligarquía, y más. "¿Eso es nuevo? No pues".

Y si el discurso no es irracional, menos lo serán quienes creen en él. Al fin y al cabo, ¿qué de raro tiene que personas que se sienten nacionales de segunda clase tengan aprecio por esa clase de opciones políticas? Hablar de irracionalidad es un abuso del lenguaje".

En todo caso, Vergara cree que el futuro político nacional podrá dejar de ser incierto en la medida que las condiciones de bienestar ciudadano, en una combinación de Estado, democracia y mercado, se expandan. Y claro, todo ello sumado a la aparición de partidos políticos articuladores de las demandas sociales. "Esa sería la fórmula mágica", asevera.

–Los partidos políticos son imprescindibles.

–Creo que sin ellos estamos fritos. Hasta Fujimori necesitaría uno, ¿cierto? En el 2000, él debe haber deseado tener bases que pudieran salir a defenderlo. La sensación de desorden político en el país proviene no de la debilidad del Estado sino de la ausencia de partidos que articulen protestas y demandas sociales.

–Un desorden que se trasluce en votaciones que suelen ser "contra alguien".

–Sí pues, ¿no? Siempre andas votando para salvarte de algo, o de alguien. Pero la gente en el fondo elige a quien le puede solucionar sus problemas de construcción de Estado o de Nación. Ese es el tema de fondo. La gente se siente acreedora frente al Estado, y me parece que con toda justicia.

Detrás de la huelga de los docentes universitarios

Humberto Campodónico.


Alumnos matriculados en universidades públicas y privadas. Haga click en la imagen para ampliar.

La segunda huelga de docentes universitarios del 2007 comenzó hace dos semanas y no tiene visos de solución. El tema central son los magros sueldos de los docentes, que deben ser homologados con los del Poder Judicial según la Ley 24733, promulgada hace 24 años. Eso es lo que no se cumple y motiva la huelga.

En el 2005, durante Toledo, se logró un acuerdo, con el Decreto de Urgencia 033-2005 para que esta homologación se lleve a cabo por tramos. Hasta la fecha solo se ha avanzado con el 20% de lo acordado y no se ha cumplido con el 35% del 2007, faltando un 35% final en el 2008.

Más allá de los diferentes argumentos del gobierno, la realidad es que le interesa poco las universidades públicas. La razón es simple: desde la década del 90, cuando empiezan las reformas neoliberales, la importancia de las universidades estatales ha decrecido. En 1990, el 64% de los alumnos estudiaba en universidades estatales y el 36% en universidades privadas. En el 2006, según la Asamblea Nacional de Rectores, la matrícula es 50-50. Lo mismo con la cantidad de profesores: 22,398 en las universidades estatales y 22,244 en las universidades privadas.

Lo que sucede, entonces, es que las necesidades de profesionales universitarios para el tipo de aparato productivo, económico y administrativo que hoy tiene el país están cubiertas, en gran medida, por las universidades privadas. Así, la educación superior pública se ha convertido en una especie de "aparato sobrante". De allí que al MEF no le interese si hay o no hay huelga en las universidades estatales.

Por la misma razón le interesa poco financiar a las universidades estatales, que cada vez se financian más con recursos propios. Así, por ejemplo, de los S/. 1,747 millones del Presupuesto del 2007, algo más del 40% proviene de recursos directamente recaudados por las universidades estatales, mientras que el 60% viene del Tesoro Público. San Marcos tiene recursos propios por el 50% y en la UNI son más del 65%.

Volviendo a las causas de la actual huelga, existía un consenso en el Congreso para aprobar el Proyecto de Ley 1747, presentado en octubre por congresistas de todas las bancadas (incluida el APRA, con Mercedes Cabanillas a la cabeza). En lo esencial, se corregían los criterios del DU 033-2005 y se señalaban nuevos para su aplicación.

Sin embargo, el 30 de octubre, el Poder Ejecutivo envió el Proyecto de Ley 1810, que desestima en los hechos el PL 1747 y establece otros criterios para la evaluación docente. Además, establece que el último aumento de 35% no tiene carácter pensionable sino que es una "asignación especial por mérito", modificando al propio DU 033-2005. El gobierno quiere hacer creer que los docentes están en contra de la evaluación (la misma táctica que usó contra el SUTEP), lo que es falso. Estas existen, y se cumplen, aunque, evidentemente, pueden ser "perfectibles".

Para terminar, no queremos obviar que las universidades públicas enfrentan problemas serios, que deben ser abordados en una nueva ley universitaria. Pero el gobierno no ataca ese punto central porque éstas interesan poco porque el modelo económico cubre sus necesidades sin ellas.

Esto es lo terrible y dramático, pues indica que las desigualdades no son enfrentadas seriamente, justo cuando más se necesita que la población adquiera las tecnologías de la información y el conocimiento para enfrentar las desigualdades del proceso de globalización. Por eso, buena parte de los jóvenes no tiene sitio en la sociedad de hoy (y migran). La huelga de los docentes, por eso, enciende una poderosa luz de alarma.

Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com

CARLINCATURAS

SUELDOS DE LOS CATEDRATICOS VS MAGISTRADOS

La universidad en la calle

Esta semana el presidente Alan García se enfrentó a los docentes universitarios que se encuentran en huelga indefinida. Les dijo que si querían aumento de sueldo, primero tendrían que someterse a una evaluación. Sin embargo, para los catedráticos la homologación de sus sueldos con los de los magistrados del Poder Judicial –su principal demanda– es un derecho conquistado que no debe ser condicionado.
El plan de estudios universitario de este año tiene un curso que los catedráticos no lo dictan en las aulas, sino en las calles: Jornada de Lucha I y II. El primero se realizó del 12 de junio al 24 del mismo mes. El segundo se inició el 16 de octubre último y aún no tiene fecha de finalización. Los docentes universitarios solo lo terminarán cuando el gobierno se comprometa a homologarles sus sueldos con los de los jueces y vocales del Poder Judicial. Y sin pasar por previo examen.

Este problema que se le ha presentado al presidente Alan García lo originó un veterano aprista. En 1983, el senador Luis Alberto Sánchez impulsó el proyecto de ley para que un catedrático universitario gane igual que un magistrado del Poder Judicial. La ley se promulgó entre aplausos pero con los bolsillos vacíos. Han pasado 24 años y esa buena intención no se ha hecho realidad.

Solo en el año 2005 el gobierno de Alejandro Toledo –luego de una larga huelga de los docentes– se comprometió a concretar el tan ansiado sueño universitario, pero el proceso tomaría tiempo. El plan consistía en llegar a la homologación en tres años y en el 2006 el régimen toledista cumplió con el primer tramo, pero dejó el resto de la tarea al gobierno aprista.

A fines de enero de este año los catedráticos revisaron sus boletas de pago y se dieron cuenta de que el aumento no se hizo realidad. Así pasaron los meses hasta que la huelga estalló en junio. Y aunque recién en julio el ministro de Economía se comprometió a realizar el pago pendiente, después se olvidó del tema.

De las aulas a la calle


El representante de los catedráticos, Julio Lazo, fue golpeado por la policía durante una de las marchas. No piensa dar un paso atrás en su reclamo.

Está claro que para las arcas del Estado no resulta lo mismo pagar las mismas cantidades a 2,167 jueces y vocales que a 15 mil docentes nombrados de las treinta y seis universidades públicas; eso sin contar a los siete mil contratados cuyas remuneraciones no se homologarían. Mientras que un juez de primera instancia recibe cada fin de mes un sueldo básico de S/.2,008, un profesor auxiliar –que debería ganar lo mismo– solo cobra entre S/. 800 y S/.1,000. Un vocal superior gana un sueldo básico de S/. 3,200, en tanto que un profesor asociado a tiempo completo –su par según la ley– recibe sólo S/. 2,000.

La ley de homologación tiene del cuello al Ministerio de Economía y no queda otra que atenderla. "¿Acaso no se respetan los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas?", pregunta un docente universitaria en plena marcha por las calles de la capital.

El gobierno se ha comprometido a desembolsar los 70 millones de soles para cumplir con el segundo tramo de pagos pactado para este año, pero los ministros de Economía, Educación y el presidente Alan García han dicho que si los catedráticos quieren ver por fin –a fines del próximo año– sus boletas de pago con cantidades iguales a las que obtienen los magistrados, primero deberán pasar por un examen.

Se ha anunciado que se calificará tres aspectos: capacitación profesional, evaluación del alumnado al desempeño docente y la producción intelectual. En respuesta, el presidente de la Federación de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), Julio Lazo, dice que la ley universitaria ya contempla un sistema de evaluaciones para ser nombrados, promovidos y ratificados.

Entonces, la pregunta es ¿por qué este nuevo afán presidencial? ¿No será que es, como se suele decir en estos días, que solo se trata de un pretexto para dilatar la homologación?

Exámenes finales


Sueldos: Catedráticos VS Magistrados.
Clic en la imagen para ampliar
Antes de un problema de soles más o soles menos en los bolsillos, el tema pasa por cómo lograr un buena calidad de docentes. El reconocido sociólogo Sinesio López, quien enseña en la Pontificia Universidad Católica y en San Marcos desde la década del setenta, dice que si bien en la universidad pública hay una evaluación del trabajo docente respecto a capacitación y las obras publicadas, falta la calificación de los alumnos.

"Eso sí existe en la Católica, donde los alumnos son exigentes, te califican el cumplimiento de los horarios, cómo y qué dictas. Yo siento que esa evaluación es más fuerte que la de la misma institución. En San Marcos eso solo se hace cuando va a haber un ascenso o ratificación, no dentro del curso que el catedrático dicta", señala.

El propio presidente de la Fendup reconoce que en las universidades estatales hay excelentes, buenos y malos profesores. No es un secreto que en los años ochenta muchos profesionales ingresaban a enseñar a las aulas universitarias porque compartían la misma ideología de las autoridades. Es decir, antes de preguntarles por sus conocimientos y experiencia, se les interrogaba por su posición política. Y muchos de ellos –lamentablemente– aún permanecen en sus atriles.

Para Sinesio López esa situación ha empezado a cambiar. "He sido jurado de ingreso de nuevos docentes en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos y puedo dar testimonio de que han ingresado los que tienen mejor capacitación. Además, yo mismo he sido evaluado", afirma el docente.

El caso es que además de la capacidad de los docentes para lograr la calidad educativa universitaria, también deben verse otros factores como la infraestructura y la transferencia de recursos de las arcas públicas hacia los centros de estudio. Según el vicepresidente de la Fendup, Miguel Montreuil, el Estado cubre –en promedio– el 68% del presupuesto de las universidades, el resto tiene que ingresar de los recursos propios.

"No se está destinando dinero para desarrollar investigaciones. Al contrario, nos obligan a generar nuestros propios recursos. Con una política de este tipo, ¿cómo pueden pedir excelencia? La tendencia del gobierno es que los recursos propios sean cada vez mayores", afirma.

Y es cierto. La crisis en las universidades estatales se hace notoria desde que un catedrático da un paso dentro de su facultad. En muchas de ellas no tienen una oficina propia donde puedan desarrollar sus investigaciones, como sí sucede en las universidades privadas. La situación de los laboratorios y bibliotecas queda pendiente de mostrarse en un reportaje.

A un profesor auxiliar –esa categoría representa el 40% del total de docentes universitarios–, con un sueldo que bordea los mil soles, se le hace muy complicado poder comprar libros de 200 soles para estar actualizado. Tendría que dejar de comer para pagarse una maestría. La crisis de los docentes públicos se resume en una frase de Sinesio López: "Con el sueldo que yo gano apenas me alcanza para la gasolina. Yo enseño en San Marcos porque San Marcos es una pasión. Los sueldos son miserables

Herbert Morote: “Alfredo Bryce es un ladrón de columnas”

Herbert Morote: “Alfredo Bryce es un ladrón de columnas”
Indecopi ha fallado en contra de su demanda. No existen pruebas, dice, que demuestren el plagio. La resolución llama a escándalo e indigna, pero Alfredo Bryce debe haberla celebrado a su estilo –y hasta tarde–. Morote, en cambio, que fue el primero en denunciarlo por plagio, confiesa su decepción, pero advierte con simple rencor que "esta mancha Bryce la va llevar hasta la tumba".

Por Nilton Torres Varillas
Fotos:Claudia Alva


Herbert Morote Rebolledo, economista y ensayista peruano radicado en Madrid, denunció hace exactamente un año el plagio del que fue víctima nada menos que de parte de Alfredo Bryce Echenique, quien utilizó sin su permiso, y traicionando la confianza entre ambos, parte del manuscrito de su libro Pero… ¿tiene el Perú salvación?

Apelando a la amistad, Morote le había entregado a Bryce el texto para que lo examine y le ofrezca algún consejo. Bryce utilizó párrafos enteros de este texto para elaborar una columna titulada "La educación en ruinas", la cual salió publicada el domingo 25 de junio del 2006 en el diario El Comercio, bajo su firma, por supuesto.

El pasado jueves 18 de octubre, la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi por fin emitió su fallo, un año después de hecha la denuncia. El fallo señala, entre otros argumentos, que Bryce no tiene responsabilidad alguna en cuanto a una posibilidad de plagio, dado que no existe prueba de que ese texto existía antes de la publicación de la columna.

Morote no se esperaba una resolución de esta naturaleza. Repuesto de la primera impresión, afirma estar agradecido a los medios de comunicación que no le cerraron las puertas y recogieron su indignación ya que, asegura, se han dado cuenta de que él es incapaz de acusar a alguien para beneficiarse de su prestigio.

Herbert Morote cuenta a DOMINGO detalles de lo que fue este litigio que continúa dejando muy mal parado al novelista que decía escribir para que sus amigos lo quieran más.

–¿Qué es exactamente lo que le ha argumentado la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi para desestimar su reclamo?


Herbert Morote recuerda que fue muy amigo de Bryce hasta que descubrió que, abusando de la confianza que había entre ellos, el novelista lo traicionó.

–Lo puedo resumir en dos puntos. Primero, lo que dicen es que los cuatro testigos que presenté, y que hicieron sus declaraciones juradas, uno en España, dos en Estados Unidos y otro en Perú, son amigos míos y entonces no son válidos sus testimonios. Cómo es posible que la Oficina de Derechos de Autor no sepa que un escritor envía sus manuscritos a personas cercanas y de confianza para tener opiniones. ¿Entonces les tengo que consultar a mis enemigos? Y, por otro lado, en la hoja de descargo que hace Bryce en el proceso dice que nunca, en sus 43 años de escritor, nadie ha tenido la ligereza de acusarlo de plagio. Pone su nombre como excusa. Quiere que piensen que soy un loco, que busco apoyarme en su prestigio. Y yo anexé a mi reclamo las 27 pruebas de plagio de Bryce a otras personas.

–¿Y qué respondieron ante esas pruebas?

–Que esos casos no eran pertinentes en mi reclamo. ¿Cómo puede ser eso? Si el señor Bryce dice que nunca ha plagiado a nadie y yo muestro que sí lo ha hecho, y 27 veces, hasta donde se sabe. Esto me da vergüenza. Tengo ganas de enjuiciarlos a ellos por prevaricación. Indigna. En este país estamos hartos de la corrupción e Indecopi parece no darse cuenta de ello.

–Llama la atención que un organismo que se ha caracterizado por hacer campañas defendiendo a los autores de la piratería haya optado por esta decisión.

–Sí, pero denuncian al pirata que hace sus copias para sobrevivir. Pero no se meten con un famoso, una persona que tiene más prestigio literario que yo, obviamente. Aunque el prestigio moral lo tengo yo. Este es un baldón que demuestra el nivel que está alcanzado la corrupción en este país. Corrupción a nivel moral, de temerle a la fama.

–Y lo que le queda es indignación y tristeza.

–Tristeza por el país. Yo recurrí a Indecopi por el prestigio que tenía de la defensa del autor. Pero comenzó dilatando el proceso que debió resolver en máximo 120 días, y ha pasado más de un año de presentado mi reclamo para dar su veredicto. Es que la estrategia de Bryce y sus amigos ha sido que la gente se olvide, pero yo no me iba a olvidar nunca. Y muchos peruanos tampoco.


El autor de "Un mundo para Julius" en Lima. Todo indica que su talento ya no es el de otras épocas.


–En una entrevista Bryce dijo que un plagio debía ser considerado un halago para un escritor ¿Usted se ha sentido halagado?

–Lo que he sentido es como si entraran a mi casa y se robaran a mi mujer. Es terrible. Incluso Julio Ortega, que es íntimo amigo de Bryce, ha sido el perito de Indecopi en la resolución de este asunto. Él ha dicho que tenemos estilos distintos, y eso es obvio, pero además este señor perito es amigo del denunciado e Indecopi no lo separa del caso, pero a mis amigos no los toman en cuenta. Es sorprendente.

–El escritor ha reconocido que su manuscrito le fue de utilidad para la elaboración de su artículo.

–¿De utilidad? Mira (mostrando la página fotocopiada y resaltada lo que le fue de utilidad a Alfredo Bryce), es el 80% de mi texto el que utilizó. Y si comparamos los textos, se nota. Yo digo: "a diferencia de los aztecas, sus coetáneos, los incas, no basaron su expansión en la fuerza y la crueldad, que la usaron esporádicamente, sino en la amenaza y negociación". Qué dice Bryce: "a diferencia de los aztecas, sus coetáneos, los incas, no basaron su expansión en la fuerza y la crueldad, a la que recurrieron pocas veces". ¿Eso no es plagio?

–¿Se arrepiente de haber confiado en Alfredo Bryce al entregarle su texto? Porque él reconoce que lo recibió para que lo revise.

–Lo bueno es que la amistad que tengo con otras personas no ha sido mancillada por esto. Yo todavía sigo confiando en mis amigos a pesar de lo que me ha pasado con Bryce.

–¿Bryce era su amigo?

–Bryce era mi amigo íntimo. Hablábamos dos, tres veces por semana cuando estaba en Madrid, y cuando viajaba nos escribíamos. "Querido hermano" era el comienzo de sus mails. Nos escribimos dos o tres días antes del plagio y cuando se publicó el artículo, me llamó de Lima un amigo para preguntarme si había dado permiso para que él tome parte de mi texto. Vi el artículo por internet y le mandé un mail a Bryce preguntándole que había pasado y que quería que rectifique de inmediato al periódico porque, si no, cuando aparezca mi libro, parecerá que yo lo he plagiado a él. Lo que me respondió fue que en dos días llegaba a Madrid y allí me explicaría todo. Yo le dije que hablaríamos pero que antes mande esa carta con la disculpa que él quisiera, y mandó esa carta que salió publicada. Y por eso vine a Lima a exigir disculpas públicas.

–¿Usted trató de hablar con él?

–A través de algunos interlocutores traté de ver si podíamos encontrar a alguien que lo convenza y no me impulse a denunciarlo. Pero las referencias que tuve son que Bryce estaba muy mal aconsejado, y que no iba a ceder. Pocos días después me mandó una carta en la que me acusaba de traición, que era un desgraciado, que me aprovechaba de su nombre. Y lo denuncié y ha sido pesado para mis amigos que me sirvieron de testigos porque tuvieron que ir a los consulados de los países donde viven para que sellen cada hoja del manuscrito que recibieron al igual que Bryce. Y aun así Indecopi dice que no sirven sus testimonios.

–Aparte de la indignación por el trato, se nota la tristeza por la pérdida del amigo.

–Es que de verdad lamento mucho todo esto porque Bryce era mi amigo. Con todos los defectos que se le achacan, éramos amigos. Yo le he hecho muchos favores personales, como él me los ha hecho a mí, sobre todo respaldando algunos libros que he escrito. No olvidemos que él escribió en la contraportada de El Militarismo en el Perú, que comentó gratamente Réquiem por Perú, mi patria. Le agradezco eso, pero me decepciona el plagio de mi texto y los otros 27, y que me haya acusado de haber pagado para que lo ataquen.

–Es cierto, lo acusó de ser parte de un complot fujimontesinista en su contra.

–Me acusó de haberle pagado a Augusto Álvarez Rodrich para que muestre sus plagios, y a ese señor yo no lo conozco. Esas calumnias lo llevan a otro nivel. Al comienzo yo le tenía pena, pero ahora he visto a otra persona. No creo que esté enfermo, es simplemente sinvergüencería, una manifestación decrépita de niñitos bien del siglo XX que todavía sobreviven en el siglo XXI. Los peruanos estamos cansados de estos niñitos.

–¿A usted le hubiese bastado en verdad una disculpa?

–Hubiera sido suficiente. Sólo pedía una disculpa, y a Indecopi que reconozca el plagio.

–Cuando Bryce lo acusó de haber pagado a periodistas, usted deslizó la posibilidad de iniciarle un juicio por difamación. ¿Aún sigue en pie esta posibilidad?

–Sí, no lo he descartado. Pero veo que la corrupción está por todos lados, y eso me desanima un poco. No tengo mucha confianza aunque mis abogados me dicen que es posible.

–Señor Morote, ¿tiene Alfredo Bryce salvación?

–Yo creo que Bryce tendría que hacerse un exorcismo muy grande para alcanzar la salvación. Esta mancha lo va a perseguir hasta la tumba. Es un ladrón de columnas, y eso es fatal. Como novelista quizá tenga oportunidad de resarcirse, porque nadie niega su talento.



Reacciones ante un fallo injusto



Iván Thays
La reacción de Alfredo Bryce no se hizo esperar y, apenas enterado de la decisión de Indecopi, hizo llegar una nota a los medios de comunicación locales en la que manifiesta su alegría profunda por el fallo y en la que agradece la confianza que, en público y en privado, le testimonió “mil veces la gente en el Perú”. Agregando incluso que le encantaría que “los diarios y personas que ayer tanto lo acusaron, hoy día reconozcan su error”.
Las reacciones ante el fallo de Indecopi son diversas.
•Enrique Ghersi, abogado de Bryce, ha dicho que Indecopi ha demostrado contundentemente que el escritor no cometió ningún plagio, lo que queda demostrado con la pericia literaria que hizo, a petición de Indecopi, el crítico y poeta Julio Ortega, por cierto, amigo íntimo del escritor. Ghersi señala que la pericia aclara que la columna escrita por Bryce posee su estilo y no el de Herbert Morote, por lo que la única conclusión posible es que el texto no pertenece a Morote.
•El tema, como era de esperarse, también llegó a la blogósfera. El escritor Iván Thays, en su blog “Notas Moleskine”, dice que le alegra que Indecopi haya declarado improcedente la denuncia contra el escritor y que esa ha sido “la mejor noticia para los que admiran a Bryce”. Desde la otra orilla, el crítico literario Gustavo Faverón, autor del blog “Puente Aéreo” y quien en su momento expresó su apoyo al vapuleado escritor, hoy toma distancia y dice sobre la resolución de Indecopi que es “por decir lo menos, contraintuitiva, sorprendente y, a la luz de todo lo escrito en los meses pasados, seguramente injusta”.
•“Lamento la resolución porque sé que se atribuirá nuevamente (las denuncias de plagio) a las operaciones de un grupo de presión, y quizá no sea esa la explicación justa (aunque en el Perú los prestigios pueden mucho, a veces más de lo permisible, y las influencias son la mercancía de nuestro tráfico más frecuente). Pero lamento la resolución aun más porque en nada ayuda a limpiar el nombre de uno de nuestros mayores novelistas, que a estas alturas sólo puede salir bien librado del asunto asumiendo su culpa, pidiendo disculpas por ella y resarciendo de alguna manera a los agraviados”, afirma el crítico literario.
•En su columna del diario La Primera, César Hildebrandt también ha expresado su solidaridad con Morote y dice, muy a su estilo, que “si los escritores peruanos no defienden a Morote –aunque sólo fuese por instinto de conservación y demostración de respeto por el propio trabajo que algun día puede serles birlado– es porque la mayoría de ellos pertenece a la cofradía de los auxilios mutuos, los lobbies en España, los prólogos intercambiables, la navegación sin bandera y la sobonería a las vacas sagradas”. Mucha tinta correrá aún bajo el puente.