sábado, 22 de diciembre de 2007

EL NOBEL Joseph Stiglitz sobre el TLC PERUANO NORTEAMERICANO


‘‘Si existe miopía del gobierno, el TLC podría generar conflictos’’
Joseph Stiglitz. Premio Nobel de Economía 2001 también señala que choques sociales y ambientales se deben a los deficientes contratos firmados con las empresas extractivas.

José Carlos Reyes.


En Lima. Joseph Stiglitz considera que es mejor que el Estado tenga el manejo de los sectores estratégicos. (Foto: Rafael Cornejo)

¿Resulta beneficioso para un país como el Perú, que tiene una agricultura rural atrasada, firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, país que subsidia a sus agricultores?

Se debe examinar con mucho cuidado sectores específicos como los agricultores de arroz, maíz y algodón, que serán afectados. Para ellos el gobierno tiene la responsabilidad de protegerlos con adecuadas compensaciones. Si no lo hacen, solo existirá una victoria temporal, pero una derrota posterior. El TLC trae más perdedores que ganadores y si existe miopía en el gobierno, esto generará futuros conflictos.

Un gran problema son los subsidios de EEUU, que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya ha declarado ilegales.

Y pese a ello el Congreso de EEUU aprobó una nueva partida de subsidios. Es posible que en diez años EEUU acepte este dictamen internacional y los elimine, pero mientras tanto miles de agricultures algodoneros podrían irse a la banca rota. En India, luego de firmar el TLC, ya está sucediendo, y muchos algodoneros se están suicidando. Esto es algo muy serio.

REGALO DE RECURSOS

Cómo podrían conciliarse los múltiples conflictos que existen en el Perú entre las comunidades y las empresas extractivas debido al nocivo impacto ambiental?

La empresa debe emplear el suficiente dinero para compensar a los perdedores a través de inversiones en otras actividades que generen empleo, rehabilitación ambiental y apoyo a la educación y salud. Pero el problema está en que los gobiernos no han firmado contratos tan buenos como los deberían haber hecho. Las empresas mineras han ganado mucho, pero el pueblo no.

Las mineras siempre se jactan de su aporte económico al fisco.

Tanto las mineras como las petroleras privadas que tienen como objetivo minimizar lo que entregan a los gobiernos, y mucha gente minimiza este conflicto de intereses. La lección es que si un gobierno no interviene –como sucede en la mayoría de países en desarrollo– tener una mayor dotación de recursos naturales paradógicamente significa incrementar la desigualdad.

PERRO DEL HORTELANO

El presidente García habla de poner en valor los recursos naturales lo más pronto posible...

Si uno toma un activo que está enterrado bajo tierra y no lo aprovecha mejorando el capital humano, bienestar, infraestructura, etc., entonces el país se está empobreciendo. En ese caso sería mejor mantener enterrado ese valor. Y esperar –como sucede con las acciones en la bolsa– al mejor momento para cuando el precio esté mejor.

¿Qué beneficios traería atrasar la explotación de estos recursos naturales?

Existen dos razones: uno, esperar hasta que el país mismo pueda manejar sus propios recursos y evitarse el conflicto de intereses ya mencionado con el propietario extranjero. La segunda razón es que las nuevas tecnologías para extracción de recursos con menos impacto ambiental se están desarrollando, y si se espera causaremos un menor daño ambiental. Y también debe hacerse un cálculo económico sobre cómo aumentar el valor del recurso en el futuro.

REGULAR CAPITAL FORÁNEO

En el Perú cada año aumenta la inversión de capitales extranjeros en sectores estratégicos como puertos, aeropuertos, comercio, etc. ¿Ello resulta riesgoso?

Siempre existe preocupación sobre lo inadecuado de los marcos regulatorios que permiten monopolios. Por ejemplo, el aeropuerto del Reino Unido fue adquirido por una empresa española, y esta ganaba dinero operándolo como si fuese un centro comercial. No les preocupaba que la gente reclame por la lentitud de la atención, controles de seguridad, etc., pues ganaban más dinero haciendo que la gente demore, pues le vendían más cosas. Existe un conflicto entre los intereses de una empresa extranjeras y los del país. Si no se puede diseñar un buen sistema regulatorio de ello, sobre todo en sectores estratégicos, entonces es mejor que el Estado sea el propietario.


"LAS POLÍTICAS LAS HACEN LOS SECTORES GANADORES"

¿Cuáles serán los efectos de la recesión norteamericana para economías como la peruana?

Debido a la horrible administración económica de EEUU, en los próximos dos años afrontará una recesión. Se reducirá la tasa de crecimiento de EEUU. Estamos en 3.5% y podría bajar a 2, 1.5 o hasta 0%. Y esto tendrá repercusiones a nivel mundial. Va afectar al Perú a través del comercio, en la tasa de cambio, en el acceso al crédito y en las primas globales que pagan todos los países en desarrollo. Y también afectará una próxima 'segunda vuelta' de relativa desaceleración en China.

¿Qué deberán hacer países como el Perú?

La receta no es sencilla. Pero la medida general será la diversificación de las exportaciones y depender menos de Estados Unidos...

Y es el efecto contrario del TLC. A lo largo de la historia vemos muchas políticas erradas de los gobiernos peruanos ¿A qué cree que se debe ello?

Es que se debe tener mucho cuidado con las políticas económicas adoptadas en un país, pues muchas veces son elaboradas por los sectores "ganadores" y por lo tanto siempre estarán interesados en mantener ese estatus.

JNE desacata orden del TC en caso Fonavi

En un acto sin precedentes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió declarar improcedente el referéndum que iba a definir si se devolvían o no los aportes realizados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), esto a pesar de que existe un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena realizar la consulta ciudadana.

Mediante comunicado, el organismo electoral justificó su decisión aduciendo que el artículo 32 de la Constitución impide celebrar referendos cuando se trata de tributos, como es que consideran a los aportes de los fonavistas.

Pero si bien el artículo aludido dice que no pueden someterse a referéndum las normas de carácter tributario, sucede que el TC - máxima instancia jurídica del país- ha resuelto que el pago no era un impuesto. ¿Qué pasó entonces?

CANDENTE POLÉMICA

"El JNE, en relación a las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, señala que ese organismo no puede, en vía de interpretación de la Constitución, modificar la misma, pues ello es función del Congreso de la República, conforme el artículo 206 de la Ley Fundamental", sostiene el JNE.

"Para convocar a referéndum -agrega-, el JNE tendría que verse obligado a violentar la Constitución Política y diversas leyes, provocando la alteración del orden público y la seguridad jurídica", agrega.

Es más, el JNE afirma que los magistrados del TC han caído en contradicciones, pues en un principio determinaron que la contribución al Fonavi sí constituía un tributo, mientras que en fallos posteriores se apartaron del precedente.

Para matizar la situación, el JNE "sugiere a los poderes Ejecutivo y Legislativo dar atención a esta problemática para alcanzar una solución" y deja a la voluntad del gremio de fonavistas el derecho de presentar una demanda por otra vía distinta a la del referéndum.

Obviamente, la respuesta del TC no se hizo esperar. En concordancia con lo expresado por su presidente, César Landa, de que el fallo "tendrá que cumplirse", el magistrado Ricardo Beaumont manifestó mostrarse sorprendido por la decisión del JNE. "No puedo creer que se haya desacatado una norma", declaró.

"Tiene que haber un sentido de colaboración entre las instituciones del Estado. Cada uno en sus fueros, cada uno en su competencia", manifestó Beaumont a La República.

Aunque dijo querer leer la resolución del JNE para dar una opinión más precisa, Beaumont afirmó que "sería un irrespeto a una decisión tomada por el Tribunal".

REACCIONES

Víctor García Toma
Ex presidente del TC

"Uno puede estar de acuerdo o no, pero en un Estado de Derecho las sentencias se ejecutan y se acatan".

Raúl Canelo
Abogado de los fonavistas

"Ante esta resolución, exijo la inmediata remoción de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones".


"JNE SE DECLARÓ EN REBELDÍA"

1) El secretario general de la Asociación Nacional de Fonavistas, Andrés Alcántara, mostró su indignación por la resolución del JNE y consideró que existió un criterio político antes que jurídico en la decisión.

2) "El JNE se ha declarado en rebeldía y ha hecho un golpe a la democracia. Es inconcebible que desacate una resolución del TC. Es posible que haya habido un arreglo político, teniendo en cuenta la cercanía de Enrique Mendoza con el gobierno", indicó Alcántara a este diario.

3) Consultado respecto a las acciones que piensan tomar los fonavistas, el dirigente aseveró que lo más probable es presentar una denuncia por resistencia a la autoridad y por delito contra la voluntad popular.

4) El Fonavi se constituyó en 1979 con la finalidad de satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores del país. Poco a poco, los gobiernos de turno despilfarraron el dinero en fines distintos al original. Se argumenta que la deuda asciende a unos 20 mil millones de soles.

Ministra pide al Jurado Electoral acatar referéndum para fonavistas


Ministra pide al Jurado Electoral acatar referéndum para fonavistas
Dice que el JNE no tiene competencia para revisar fallos del TC. Rosario Fernández señala también que Fujimori es culpable y espera que lo condenen. No apoya publicar relación de procesados por terrorismo.

Romina Mella.


Respaldo. Rosario Fernández no ha temido dar la razón al TC cuando dispone realizar el referéndum para los fonavistas. (Foto: Yanina Patricio)


Posición. Fernández no ha ocultado su punto de vista sobre el caso Fujimori. (Foto: Poder Judicial)

Sin ambigüedades. A menos de veinticuatro horas de haber asumido el cargo de ministra de Justicia, Rosario Fernández manifestó que el ex dictador Alberto Fujimori es responsable de los delitos que se le imputan en materia de corrupción y violaciones a los derechos humanos y corrupción.

"Creo que Fujimori es culpable. Yo aspiro y espero que sea condenado con todo el rigor de la ley", aseguró Fernández a una radio local ayer por la mañana. Horas más tarde, al término de la ceremonia de transferencia de mando en la sede de su portafolio, la nueva ministra dijo que luego de haber escuchado los argumentos de la Procuraduría y la posición de la Fiscalía, está clara la responsabilidad del ex dictador.

"Todos los alegatos me llevan a pensar en una responsabilidad (de Fujimori), aunque no puedo emitir un juicio de valor sobre el grado de responsabilidad y el nivel de la condena probable", enfatizó Rosario Fernández, quien luego se dio licencia para opinar sobre JNE y referéndum fonavista.

REFERÉNDUM FONAVISTA

Fue así como criticó sin dudas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no querer acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que aprobó el pedido de convocatoria a un referéndum para definir si se devuelven o no los aportes del Fonavi.

Al respecto, Fernández sostuvo que el ente electoral no tiene competencias para revisar fallos del TC, y añadió que "el país debe aprender que una sentencia, buena o mala, debe cumplirse".

DIFIERE CON EL EJECUTIVO

La ministra tampoco tuvo reparos en reiterar su rechazo a la propuesta del presidente de la República, Alan García, de publicar la relación de procesados por terrorismo.

"Esas listas no deben publicarse. El Estado debe respetar las decisiones judiciales y desplegar las herramientas legítimas para vivir vigilantes, pero no podemos privar de derechos a quienes ya purgaron condena. Debe respetarse su dignidad, y parte de ello, es su derecho a reinsertarse. Esta debe ser una democracia responsable", enfatizó.

Asimismo, Rosario Fernández informó que, llegado el momento, conversará con el mandatario para exponer su punto de vista sobre ese controvertido tema.

La ministra se pronunció también a favor de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

"NO ES INCONSTITUCIONAL"

En otro momento de sus declaraciones, la nueva titular de Justicia anunció que ya tiene en su poder el informe de la Procuraduría sobre el caso de Gino Ríos, abogado del Estado que ha sido acusado de hacer mal uso de los recursos públicos al utilizar abogados de su despacho para fines personales, como realizar los trámites de su divorcio.

Fernández sostuvo que luego de analizar el documento, lo remitirá al jefe del Estado para que decida la permanencia o salida de Gino Ríos como procurador, luego de que este pusiera su cargo a disposición hace dos semanas.

De otro lado, la reconocida abogada e hija de un viejo militante aprista, que también fue ministro de Justicia, dijo que, según su parecer, la Ley de Pérdida de Domino, cuestionada por congresistas de la oposición, no es inconstitucional y argumentó que "existen garantías para que se realicen los debidos procesos".

DATOS

A privatizar. La ministra de Justicia informó que es indispensable que todos los penales sean dados en concesión. Asimismo, refirió que es necesario que se habiliten los centros penitenciarios de Challapalca y Yanamayo.

Evaluación. Además, anunció que los procuradores y funcionarios del sistema anticorrupción serán sometidos a una severa evaluación con la finalidad de saber qué actividades se han desarrollado hasta el momento

El Origen de Colina




“Quien manda en las Fuerzas Armadas es el Presidente y yo mando con decisión. Aquí no hay debilidades”.

Los recientes interrogatorios televisados a Alberto Fujimori se han convertido en la comidilla de espectadores y radioescuchas. El lunes 17, al oír las declaraciones del ex Presidente por la radio, un taxista comentó: “El Chino miente todo el tiempo. Mintió desde el Bacalao”. Difícil engañar a la opinión pública que recuerda hechos que parecen olvidados, como aquel incidente ocurrido en la Semana Santa de 1990, en plena campaña electoral, cuando Fujimori fingió que se había intoxicado con bacalao, justo el día en que debía exponer su programa de gobierno.

Recuerdos como aquél abundan en los 10 años que duró el fujimorato y, como se ve, la opinión pública no olvida tan fácilmente. Fujimori, sin embargo, insiste en los interrogatorios a los que es sometido en la Diroes que era un Presidente que no ordenaba, que los militares actuaban por su cuenta y que Vladimiro Montesinos no era su asesor personal, sino “uno más”.

Su estrategia de defensa, dibujada ya en el alegato que presentó ante la Corte Suprema de Chile, apunta a endosarle las atrocidades de Barrios Altos y La Cantuta al Grupo Colina y al Ejército propiamente dicho.

“He sido jefe supremo de las Fuerzas Armadas a nivel de mando, no de Comando”, declaró el viernes 14. Fujimori, por supuesto, olvida sus propias palabras. El 8 de mayo de 1993, tres días después de que el general EP Rodolfo Robles, Nº 3 del Ejército, denunciara la existencia del Grupo Colina y su vinculación con los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, en noviembre de 1991 y julio de 1992, declaró lo siguiente en una entrevista con RPP: “Manifestaciones como la del general Robles y la del general (Jaime) Salinas son de un pequeño grupo que ha tratado de retomar el poder militar para estar por encima del poder político. Lo que está ocurriendo ahora es que el poder político está por encima del poder militar. Quien manda en las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República y yo lo mando con decisión. Aquí no hay debilidades de ninguna especie”.

Ese era Fujimori, el del autogolpe del 5 de abril de 1992, el mismo que se puso ‘Chinochet’ en honor al dictador chileno. La gente no lo olvida.

La estrategia de la Fiscalía apunta a relucir estas contradicciones y se ha obtenido ya ciertos resultados. El miércoles 12, por ejemplo, Fujimori negó que haya conocido de la existencia de Colina. Sin embargo, dos días después, admitió que –en 1993– Montesinos sí le informó sobre la presencia de un escuadrón de aniquilamiento implicado en los sucesos de La Cantuta.

Ahora bien, probar que Fujimori autorizó una política sistemática de violación a los derechos humanos, revestida con el ropaje de la lucha contra el terrorismo, es una tarea compleja, pero la Fiscalía afirma contar con testimonios y documentos que sustentan esta acusación. Una de estas pruebas –incorporadas al juicio por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el vocal César San Martín–, es un manual secreto del Ejército que, en terminología militar, sugiere el asesinato de terroristas.

SE TRATA DE UN DOCUMENTO de 108 páginas, fechado en 1991, y que lleva como título ‘Equipos Básicos, Inteligencia Militar, Ejército Peruano”. Está dividido en cuatro capítulos (Generalidades, Inteligencia, Contrainteligencia y Apoyo Logístico) y establece pautas organizativas para el funcionamiento de comandos militares destinados a eliminar terroristas.

La última página del manual lleva las firmas del general EP Juan Rivera Lazo, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) y del general EP Pedro Villanueva Valdivia, jefe del Ejército en 1991.

El capítulo referido a contrainteligencia determina la conformación de “equipos básicos” de contrasubversión, contraterrorismo, contrasabotaje, contraespionaje y contraguerrillas. A estos comandos se les atribuye la siguiente misión: “Prevenir, detectar, localizar, identificar, neutralizar y/o eliminar personas, redes u organizaciones que realicen actividades en contra de la seguridad militar” (páginas 77, 79, 82, 84 y 86).

Según el documento, todo equipo de contraterrorismo debe estar conformado por un jefe (comandante o capitán), dos o tres subgrupos con sus respectivos jefes (capitanes o tenientes) y tres auxiliares. Aquella fue precisamente la estructura de Colina que inició sus operaciones ese mismo año.

En la entrevista que concedió al periodista Umberto Jara para el libro ‘Ojo por Ojo’, el comandante EP Santiago Martin Rivas dijo que el manual fue aprobado en el ‘Pentagonito’ por el general Villanueva Valdivia y permitió el nacimiento oficial del Grupo Colina. En mayo de 1991, afirmó, fue presentado a Fujimori, que dio carta libre para que inteligencia responda en forma contundente y aún más drástica sobre el objetivo terrorista por cada acto realizado contra la población. Con base a esta orden presidencial, según Martin Rivas, se llevaron a cabo las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, no existen pruebas documentales que indiquen que Fujimori dio directivas expresas para matar terroristas ni tampoco que haya autorizado la creación de escuadrones de la muerte.

La eliminación selectiva de sospechosos de terrorismo, de hecho, parece haber sido práctica antigua en las FF. AA. Lo importante es que, a partir de 1991, según el manual, los comandos de aniquilamiento pasaron a depender de la Dinte y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dos órganos que no operaban sin reportar directamente a Montesinos y Fujimori.

En 1991, como se recuerda, Fujimori modificó la estructura del sistema de inteligencia nacional y colocó al SIN como cabeza de todos los servicios de inteligencia del Estado, incluyendo el de las FF.AA. No sólo eso: dio facultades al SIN para intervenir y participar en el planeamiento de las operaciones especiales de inteligencia, así como en la creación de los “equipos básicos”. Es en ese contexto que se elaboró y aprobó el manual secreto.

Entrevistado por CARETAS, el general EP Rodolfo Robles destacó la importancia del manual como prueba contra Fujimori porque oficializó las llamadas operaciones de “guerra clandestina”. “Esta es una guerra que normalmente no obedece o que escapa a los cánones legales. En una guerra de frente interno o externo, existen normas de derecho internacional. En la guerra clandestina hay actividades soterradas, pero que tienen la autorización implícita de las más altas autoridades, y esta autorización no la da el mando militar, y si la da es con conocimiento del poder político”, explicó. Para la Fiscalía este esquema es fundamental para establecer la responsabilidad del procesado Fujimori.


El Estilo Guillén
Fiscal conduce interrogatorio con riendas cortas.
El duro interrogatorio del fiscal Guillén ha sido como trago amargo para el ex Presidente.


“Acusado Fujimori, ¿me escucha?, responda, ¿me escucha?” El fiscal adjunto Avelino Guillén inició con dureza el interrogatorio a Alberto Fujimori, el pasado viernes 14, sorprendiendo al propio ex Presidente. Su estilo severo y confrontacional ha sido celebrado por muchos y los expertos consideran que es un acierto que haya reemplazado en los interrogatorios al fiscal titular supremo José Peláez Bardales, quien por cierto continúa en el caso. Limeño de 53 años, Guillén lleva más de 20 años en el Ministerio Público. Entre los personajes que ha sentado en el banquillo de los acusados figuran los ex congresistas Alberto Kouri y Martha Chávez; así como los implicados en el autogolpe del 5 de abril para los que solicitó entre 10 y 18 años de prisión efectiva. Domina el ‘Caso Fujimori’ porque ayudó al fiscal supremo Pablo Sánchez a elaborar las primeras acusaciones contra el ex mandatario. CARETAS lo entrevistó en exclusiva.

-¿Cómo define su estilo?
–El juicio oral es como una batalla de las tesis entre el Ministerio Público y el abogado del acusado. Cada afirmación de la Fiscalía está sostenida en material probatorio. Nos cuidamos de no decir algo que no esté sustentado. Mi estilo es directo. Uno debe estar atento al desarrollo del interrogatorio para realizar las réplicas adecuadas a las respuestas del acusado.

–¿Qué buscaba obtener en sus interrogatorios?
–Demostrar el real poder que tenía en el Perú, durante el régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Nosotros sostenemos, no de ahora sino de hace varios años, que Montesinos cogobernó con Fujimori.

–¿Espera usted una confesión?
–Casi es regla común que los procesados nieguen los cargos. El procesado nunca va a decir: yo robé, yo maté. Se buscó resaltar cuáles son los puntos en los que el acusado Fujimori no puede articular respuesta. El tribunal tomará nota de los silencios, omisiones y sobre todo de la no respuesta. Y aunque parezca tozudo, nosotros insistimos.

–¿Por qué mencionar a Fujimori los nombres de las víctimas?
–Nosotros queríamos conocer de primera mano la reacción del acusado en relación a ellos. Demostrarle, además, que eran seres humanos cuyo proyecto de vida se truncó de manera abrupta y sangrienta. A continuación queríamos demostrar que él (Fujimori) no hizo ningún tipo de acercamiento con los deudos y sobrevivientes. Dice que subía a todos los cerros del Perú para ayudar a la gente pobre, sin embargo con personas que habían sido víctimas de un horrendo crimen a pocas cuadras de Palacio de Gobierno no tuvo ningún gesto de preocupación. Estoy convencido que el tribunal sopesará cuál ha sido su reacción.

–Por insensibilidad no se puede condenar a prisión. ¿Qué tan sólida es la acusación de autoría mediata?
–La tesis de la autoría mediata está suficientemente sustentada. Hemos ofrecido numerosos testigos que van a respaldar la tesis incriminatoria, además de documentos, audios y videos. No necesitamos de una estrategia de choque para probar eso. (Patricia Caycho

viernes, 21 de diciembre de 2007

El Zorro de Abajo. Caída y maquillaje GARCIA EN CIFRAS

Sinesio López Jiménez.

Aun año y medio de gobierno, la caída de García en la valoración ciudadana es acelerada e incontenible: más de dos tercios de los peruanos y peruanas lo desaprueban, especialmente en el oriente, sur y centro en donde el rechazo se empina hasta el 84%. La desaprobación va acompañada de la pérdida de confianza y credibilidad: el 75% no tiene confianza en el gobierno de García o le tiene poca confianza. Las regiones más renuentes a otorgarle un voto de confianza son el centro, el sur y el oriente en donde la mitad de sus poblaciones no le tiene ninguna confianza. Evaluando el desempeño del actual gobierno aprista y sus políticas, la gente se siente igual o peor en lo que se refiere a la creación de empleo (79%), en el control de la inflación (84%), en sueldos y salarios (86%), en la calidad de la educación pública (82%), en el acceso a los servicios de salud (80%), en el acceso al agua y al desagüe (71%), en los problemas de delincuencia e inseguridad (92%), en la reforma del poder judicial (87%), en la lucha contra la corrupción (87%). Las mejoras sólo se sienten en lo que se refiere a los acuerdos comerciales internacionales (37%), en la promoción de la inversión privada (28%).

Todo esto significa que, en opinión de la enorme mayoría de la gente, García es desaprobado en la aplicación de las políticas sociales, en las políticas de seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción y que sólo una tercera parte lo aprueba en las políticas económicas que favorecen, en mayor medida, al empresariado y al capital. El único caso de política social en que la gente siente una cierta mejora es en el acceso al agua y al desagüe: el 26% cree que su situación ha mejorado en este rubro. Para decirlo directamente con todas sus letras: la mayoría del país cree que García está gobernando para los ricos en desmedro de los pobres. Visto desde la legitimidad y desde la gobernabilidad, todo esto significa que García y su gobierno han perdido legitimidad por desempeño, aunque mantiene, obviamente, la legitimidad de origen. Es probable que esa pérdida sea mayor en las clases populares y pobres de las diversas regiones del país, incluida Lima, la más conservadora de las regiones. Pese a ello, la gente es suficientemente sensata como para creer que su segundo gobierno es mejor que el primero. Sorprende, sin embargo, que para la mitad del país el actual gobierno aprista sea igual o peor que el de 1985-1990. En este alto porcentaje están probablemente los pobres de siempre cuya situación de pobreza sigue igual o peor desde el primer gobierno de García o desde antes. Este es el núcleo duro que no le reconoce mérito alguno al Presidente.

Dado este sombrío panorama para el gobierno, hay que preguntarse si los cambios en el gabinete que se han producido ayer significan una toma de conciencia y un propósito de enmienda de sus errores y de sus políticas nefastas. Una rápida revisión de los ministros que se van, de los que se quedan y de los que entran lleva a concluir que se trata de más de lo mismo. De poco o nada sirven los cambios de ministros si se mantienen las mismas políticas del gobierno. Cuando la gente exige un cambio de ministros, lo que generalmente quiere, ilusamente quizás, es un cambio de políticas. Esto no niega que la gente pida, además, el reemplazo de los ministros ineficientes y corruptos. Pero García se ha negado a atender esta demanda limitada manteniendo en su puesto al cuestionado ministro del Interior.

Llama la atención, en cambio, la salida de Allan Wagner, un correcto y eficiente ministro de Defensa que logró plantear en términos democráticos la relación entre los civiles y los militares. García tiene que explicar a la opinión pública qué hace en el Ministerio de Justicia una abogada a la que todos vimos defender con uñas y dientes la empresa televisora de un corrupto. Los pequeños maquillajes ministeriales remozan al gabinete gastado que preside Jorge del Castillo, pero no lo cambian ni cambian las políticas que García viene desplegando al servicio de los dueños de huertos. Por el contrario, las confirma.

Algo que llama la atención de las encuestas es la contradicción entre la situación política y las expectativas económicas de la gente: El 87% cree que la situación política general es regular, mala y muy mala en todas las regiones del país, pero el 43% piensa que su situación económica y la de su familia mejorará en el 2008, salvo el centro, que es la región más pesimista con respecto a su futuro inmediato: solo el 16% sospecha que su situación económica puede mejorar. Más aún: el 39% siente ahora que su situación económica y la de su familia han mejorado. Nuevamente las regiones más pesimistas son el centro (16%) y el sur (28%). Pese a las expectativas económicas crecientes de la gente, García es mirado con sospecha y desconfianza. Por algo será.

domingo, 16 de diciembre de 2007

EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTOS Y LA BIBLIOTECA DE MI COLEGIO

EN LAS PUNA DE YANAHUANCA

EL COMPROMISO SOCIAL SE ASUME...

RIO DE LAMPAS PAMPA - CHIQUIAN

Ronald Gamarra: “La justicia ya ha demostrado que es culpable”


El ex procurador anticorrupción y abogado de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Ronald Gamarra, aclara que la acusación fiscal que ha dado lugar al juicio es sólida; sin embargo, advierte que hay una evidente distancia en lo que aparece en la acusación escrita y el interrogatorio formulado en las audiencias.

Por Nilton Torres

Nadie pretende –dice Gamarra– que Fujimori admita su responsabilidad en los delitos que se le imputan en este proceso, porque eso solo pasa en las películas. De lo que se trata es de enrostrarle a Fujimori las contradicciones entre lo que dice y lo que hay en el expediente, o entre lo que dice y lo que ha declarado anteriormente, o han declarado otros testigos.

–Y se han dado contradicciones. Fujimori ha dicho que de la matanza de Barrios Altos se enteró por la radio, pero antes dijo que todos los días, a primera hora, los servicios de inteligencia le reportaban todo a él.

–Esa es una contradicción que no se ha aprovechado. Yo espero que la fiscalía rearme su interrogatorio y en las próximas sesiones no asistamos a una conversación entre el Ministerio Público y el acusado. Vemos a un Fujimori muy cómodo. El lamentable interrogatorio del fiscal Peláez le dio una seguridad que no tenía.

–La Sala le ha exigido reiteradamente que deje los preámbulos cuando se le pide una respuesta directa.

–Él no es capaz de decir sí o no, salvo en ocasiones, y después fundamentar. Corresponderá a quien maneje el interrogatorio cortarlo cuando comience a hacer disquisiciones que no vienen a cuento y que más parecen un discurso político.

–Los fujimoristas exigen que no se politice el proceso, y el propio Fujimori lo hace.

–La apuesta de Fujimori es hacer de este juicio un asunto político, mediático.

–¿Hay pruebas de la participación directa de Fujimori en los actos que se le imputan?

–Estos son crímenes de poder efectuados a través de aparatos del Estado, utilizando recursos humanos y logísticos del Estado. Los nueve años de gobierno que siguieron a Barrios Altos tuvieron características autoritarias. Estaba controlado absolutamente todo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. No hay pruebas escritas de los asesinatos, nadie dice que a través de un memorándum se ordenó que maten a tal persona. Y si lo hubo, después de nueve años de control absoluto, es iluso y exagerado pensar que hoy existan estas pruebas, pero hay otras que sí sirven.

–¿Como cuáles?

–Conforme lo establecen los estándares internacionales en materia de procesos por violaciones a los derechos humanos, en estos casos es posible, deseable y necesario que la sentencia se fundamente en pruebas de referencia, de contexto. Es decir, que se pruebe indiciariamente que ordenó. Si en Argentina, Chile o España se han logrado emitir sentencias condenatorias es justamente recurriendo a las pruebas de referencia. Si a través de estas formamos un círculo alrededor del acusado, es posible colegir que esa persona sea el autor directo de estos crímenes.

–Fujimori no miente cuando dice que encontró al país dominado por el caos, y que la mayor cantidad de violaciones a los DDHH no se dieron en su gobierno.

–Es cierto, pero lo que se está juzgando ahora son temas muy concretos. Las violaciones a los derechos humanos no son un asunto de contabilidad, de quién tiene más o menos muertos. La única forma de entenderlo como pacificador es que Fujimori es un ex presidente que tiene cementerio propio. Él dice que llevó adelante una política antisubversiva legítima, clara, respecto a los derechos humanos, y para corroborar su versión su defensa ha citado a un grupo de testigos, pero la mayoría de ellos también tienen cementerio propio. Eso debe ser ilustrativo para el tribunal. Aquellos que van a ir a hablar en favor de Fujimori también están procesados o acusados por violaciones a los derechos humanos.

–¿Es posible, como dice Fujimori, que no se haya enterado de los entrelones de estos crímenes y por eso no le asiste responsabilidad?

–Eso no es cierto. Por la propia personalidad de Fujimori, meticuloso, comprometido, un adicto al trabajo, no va a decir ahora que se enteró por los periódicos o la radio.

–¿Y recordarle que tuvo más que una relación de trabajo con Montesinos?

–Él dice que sólo recibía consejos, pero es curioso que un hombre sumamente ocupado, que tiene una relación jerárquica con su asesor, asista a sus cumpleaños, despache con él. Allí están los videos.

–No quiso recodar su relación con Montesinos.

–Este es un tema de pedagogía para la población, la que debe sacar sus conclusiones de los silencios de Fujimori ante las preguntas comprometedoras. No pretendamos que Fujimori admita su culpabilidad, no lo va a hacer.

–Carlos Raffo ha dicho que se está siguiendo una estrategia.

–No hay estrategia. Fujimori nunca quiso venir al Perú a responder a la justicia, tampoco pensó estar detenido en un establecimiento penitenciario, nunca pensó estar condenado y él ya tiene una sentencia condenatoria. Nunca pensó ser acusado por violación de derechos humanos, y lo está.

–Estamos ante un juicio histórico, doctor Gamarra.

–Que un ex presidente responda a la justicia, no es un hecho de todos los días. Además por los delitos de violación a los derechos humanos es el primero en ser juzgado en el país, y uno de los primeros en el mundo. Es una oportunidad no solo para la justicia peruana, sino para toda la sociedad peruana, para que se sepa que nadie está por encima de la ley.

–¿Cuál es el ánimo de los familiares de las víctimas?

–De esperanza, que las cosas puedan terminar con una condena. Es difícil expresar la emoción de ver sentado delante de ellos a aquel que responsabilizan por la muerte de sus familiares.

–¿La condena por el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra sienta un precedente?

–Emocional, mediática, y políticamente, sí, por supuesto. Ahora hablamos de un condenado Fujimori. Sin desconocer que la batalla final será por la violación de derechos humanos, este fallo muestra a un Fujimori mentiroso. Siempre dijo que no había participado en el allanamiento, y él lo ha admitido. La justicia ha demostrado que ya es culpable.

–Y que este señor controlaba todo.

Por supuesto. En el juicio de Barrios Altos y La Cantuta él dice que daba directivas pero no órdenes. ¿Qué hizo en el caso del allanamiento a la casa de Trinidad Becerra?. Ordenó ese allanamiento, lo ha admitido.

–¿Cómo ve a César Nakazaki?

–Lo único que puedo decir es que es un abogado muy hábil. Nada más.

–¿Y el papel que juegan los medios de comunicación?

–Los medios están jugando el rol que les toca en una sociedad democrática, expresando puntos de vista, dando la cobertura que requiere el caso. No veo tinte amarillo. El que está haciendo un show mediático es Fujimori, no la prensa.

–El gobierno de Japón ha pedido un juicio justo para Fujimori.

– Fujimori tiene doble nacionalidad y si ese país pide un juicio justo no es para escandalizarse. Creo que Japón tiene que saber que estamos en un Estado de Derecho, que hay un Poder Judicial independiente, un tribunal transparente y que Fujimori tiene un juicio justo.

fuji comparece ante ante la justicia

Nunca se lo imaginó
El inicio del megaproceso al ex dictador empezó con sus dosis de histrionismo, las artimañas de sus incondicionales y una sentencia (la primera) en su contra, histórica e inobjetable. Fujimori ya es un condenado por la justicia peruana en democracia. Sus otros delitos y crímenes son materia de un proceso del cual somos todos testigos. Ojalá que el tribunal que lo juzga no permita que el reo convierta las audiencias en un show mediático. Ojalá que la acusación fiscal tenga portavoces con el temple y la convicción que amerita el caso.

Por Rául Mendoza

Una imagen quedará de Alberto Fujimori cuando los juicios que se le sigue por varios cargos, desde corrupción hasta crímenes de lesa humanidad, culminen: su rostro exaltado y su voz al filo de quebrarse gritando iracundo: "Soy inocente". Es el primer presidente de nuestra historia sometido a juicio, algo inédito. Y por eso el proceso debe ser transparente, justo, para que la sentencia sea indiscutible. El ex prófugo no vino aquí para dar discursos sino para responder por cargos precisos y crímenes documentados. ¿Qué hacer para no seguirle el juego? Veamos.

1. Fujimori es un reo, no debe politizar el juicio. Aunque sus partidarios se esfuercen en decir (Ca rlos Raffo dixit) "que ha llegado la hora de Alberto Fujimori", en palabras del periodista Fernando Vivas estamos asistiendo más bien a su peor momento, a la "mala hora" del ex presidente, porque está compareciendo no sólo ante los jueces sino ante todo el país a través de la televisión. "En ese sentido me parece bien que se transmita el juicio porque todos vamos a ser testigos de un ajuste de cuentas con la historia". Ahora bien, todos hemos visto los esfuerzos del ex prófugo por lanzar peroratas políticas más que respuestas concretas. Es su plan para contrarrestar la imagen de verse acorralado por la justicia. Y si en la tercera audiencia se le vio cachaciento, cínico, fue porque aprovechó la ineptitud del fiscal. Vivas precisa: "Si Fujimori quiere politizar el tema, entonces hay que pedirle mayor precisión en sus preguntas al fiscal para que junto con los jueces logren que se extienda menos en las respuestas". Para eso, el fiscal debe estar bien preparado sobre los cargos y los jueces mantener bajo control al reo y sus huestes (familiares y congresistas asistentes a las audiencias). El analista político Alberto Adrianzén tiene una frase concluyente: "Si no va a ser así, entonces el juicio sí puede ser propaganda gratuita para el prófugo".


Culpable. Un pedido es unánime entre las víctimas: juicio y sanción al ex presidente.

2. El acusado debe responder sobre lo que no quiere. Hasta el momento Fujimori se ha desmarcado de los crímenes atribuidos al grupo Colina y de las acciones de su asesor Vladimiro Montesinos, o se ha negado de plano a responder preguntas vinculadas a ellos. No es que se le deba obligar a dar respuestas sobre esos temas, pero sí hay información, videos, documentos, que pueden demostrar sus contradicciones, sus mentiras, cuando dice por ejemplo que no sabía nada del caso Barrios Altos o de La Cantuta. Y eso debe quedar meridianamente claro en las audiencias. El analista Carlos Reyna señala que Fujimori no ha dicho la verdad en varios temas y el fiscal debió hacerlo notar: "Él dice, por ejemplo, que firmó el ascenso para varios miembros del grupo Colina sin leer el documento y que no sabía de ese grupo. En principio nadie firma ascensos, un documento tan importante, sin tener referencias de los que allí figuran. Además hubo toda una política sistemática de su gobierno y de su bancada en el Congreso para proteger después a ese grupo paramilitar. ¿Y él no sabía nada? Otra mentira es decir que le perdió la confianza a Montesinos el año 97, cuando todos hemos visto, y hay videos, de que lo respaldaba por lo menos hasta el año 99". Sus respuestas deben ser cuestionadas y refutadas, con argumentos. A pesar de todo, Reyna ve algo positivo en lo visto hasta ahora: "Lo que Fujimori dice es poco serio. Ojalá que la gente se dé cuenta de cuán poco serio y cínico es".


El histrionismo del acusado. Quiere parecer ‘canchero’, pero eso solo oculta su nerviosismo ante las pruebas en su contra.

3. Fujimori perdió piso político, no puede ‘atarantar’ a nadie. Este megaproceso ha puesto en tela de juicio la capacidad de Alberto Fujimori como político calculador y cerebral. "Lo más importante sucedió el primer día: esa intervención destemplada lo ha presentado como un acusado que pierde los papeles. Son acciones que inducen a pensar que está muy nervioso y eso se percibe como que Fujimori se siente acorralado", interpreta Carlos Reyna. Y a eso se debe sumar que el ex mandatario no podrá participar en las elecciones del 2011, con lo que no tiene futuro político. Así las cosas, con un líder desdibujado, con los voceros fujimoristas negando lo evidente y armando ‘portatiles’ frente a la sala de audiencias, no queda duda de que su movimiento ha perdido espacio. Incluso tienen a la opinión pública en contra. "Hoy los canales son básicamente críticos de la figura de Fujimori y eso se puede notar cuando editorializan. En algunas notas tal vez puedan aparecer más los voceros fujimoristas, pero creo que eso es parte del juego democrático", dice Fernando Vivas. Además algo contribuye a seguir desconfiando del ex prófugo: el discurso de Fujimori gritando su inocencia y afirmando que salvó al país ha dejado en claro que no se arrepiente de nada.

domingo, 2 de diciembre de 2007

El Filosófo Social Contra el Presidente Constitucional

ALAN GARCÍA: EL FILÓSOFO SOCIAL CONTRA EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

Jurgen Schuldt Noviembre 15, 2007




“Los principios que aquí se enuncian, rescatan los fundamentos del pensamiento de Haya. La modernidad no es patrimonio de la empresa o de la economía neoliberal. La modernidad debe ser la bandera de la política y de las organizaciones laborales”.


Alan García (2003: 119).




Cuando el gran sociólogo Fernando Enrique Cardoso asumió la presidencia del Brasil declaró solemnemente que “se olviden de sus escritos”, refiriéndose a sus célebres aportes a la Teoría de la Dependencia, las que “nada tendrán que ver” con sus políticas de gobierno, como efectivamente sucedió. Aunque Alan García no dijo lo mismo, debe haber rumiado algo parecido para sus adentros, porque efectivamente su último libro, escrito tres años antes de acceder a su segundo mandato, plantea políticas de desarrollo que ha recusado inexplicablemente en sus primeros quince meses de gobierno. Nos referimos a su magnífica obra titulada “Modernid@d y Polític@ en el siglo XXI – Globalización y Justicia Social”, en la que realiza un lúcido diagnóstico de las nuevas tendencias de la economía mundial y que por lo demás es plenamente consistente con las propuestas de política y de cambio estructural que proponía para el Perú y los países globalizados en ese enjundioso escrito del 2003.


Curiosamente el texto no ha sido muy comentado, ni cuando apareció en librerías, ni mucho menos hoy en día cuando adquiere gran relevancia, sobre todo para comparar los tonos de su guitarra de entonces con los golpes de cajón que viene dando desde que asumió el cargo. Usted mismo podrá comprobar la sorprendente metamorfosis que sufrió su pensamiento en el trienio que siguió a la publicación mencionada. Hacia el final de este ejercicio plantearemos algunas hipótesis para tratar de entender este espectacular giro samsiano que lo ha llevado a la profundización de una estrategia de desarrollo y acumulación que entonces había criticado tan acremente.


Solo citaremos algunos párrafos del mencionado texto, que no necesitan mayor comentario por su evidente contradicción con su credo actual y que se refieren a las principales tesis político-filosóficas y propuestas de desarrollo que planteaba cuando no tenía esperanza alguna de llegar nuevamente al poder. Los textos ilustrativos que reproduciremos a continuación se encuentran básicamente en los capítulos II, III, V y XIII. Las citas provienen del libro, pero las negritas son mías.



Sobre la globalización: el punto de partida

Parte reconociendo al “globalismo (sic) como nueva forma de dominación imperial” (57), en que “la esencia del Modo de Producción Global es la constitución de un solo y gran mercado” (74). Este novedoso proceso “tiene como motor esencial la revolución en las comunicaciones y la información” (37). Como consecuencia de esos cambios, “el Estado administrador, empresario y reglamentario aparece cada vez más debilitado” (57), a la vez que “las fronteras se han reducido y el concepto del Mercado Nacional propio, que fue esencial para el capitalismo industrial y para el pensamiento planificador, se ve disminuido” (46).


En efecto, considera que “la nueva Sociedad de Información y la Economía de las Ideas”, que ha configurado una nueva fase del desarrollo capitalista, consiste en un proceso en que “la consolidación de un mercado mundial impulsado por la tecnología de la comunicación, el viejo imperialismo se ha transmutado en Globalismo, es decir en la imposición de reglas universales de apertura comercial y financiación y de privatización total, para dejar a las sociedades y a los Estados sin un margen de regulación o de control. Pero esa apertura no es aplicada por los países centrales a sí mismos, como en el caso del acero en los EEUU y la agricultura en Europa, y ello muestra la asimetría del proceso de globalización pues de un lado hay países e instituciones globalizadores mientras los demás son sólo países globalizados” (125).


“Y sin embargo el dominio de los mercados y áreas continúa existiendo, pero con un nuevo sentido. Existe en el abismo que separa, de un lado, a los países globalizados y débiles y de otro a las empresas y los países globalizadores y desarrollados. Hoy, el viejo Imperialismo en el proceso de consolidación del mercado mundial tiene como nueva expresión al Globalismo, es decir a la imposición de los intereses comerciales de los países o empresas más fuertes sobre los países más pobres y periféricos, pero comprendiendo que en el espacio comercial y económico único que tiende a crearse, la dominación del mercado puede provenir de la penetración del calzado chino, de cadenas comerciales chileno-holandesas, de empresas españolas de generación eléctrica, de empresas mineras canadienses con capital europeo, de importación automotriz asiática o libanesa, etc.“ (77s.).



El nuevo “Misterio del Capital”: la información

Ese nuevo paradigma tecno-económico, como lo llamaría Carlota Pérez, significó un “(...) nuevo salto tecnológico, informático y electrónico con el que se inicia el siglo XXI”. Sin embargo, continúa el autor, es distinto a los precedentes, porque ofrece “la posibilidad de almacenar, sintetizar y transmitir la información (lo que) va determinando el paso de la Economía de las Cosas a la Economía de las Ideas como la ha denominado Paul Romer” (39). “Ya no son el fuego ni el vapor, ni el petróleo, ni el átomo, la energía primaria que mueve al mundo o que sirve para transmitir algo. Es la información que es energía transmisible en sí misma y que puede reproducirse” (44).


En contraste con la economía de las cosas, esta revolución tecnológica, “por ser transferible y recreable como Softward (sic), puede duplicarse, clonarse o adaptarse y puede después acercar a las mismas sociedades y personas. Existe pues una forma de socialismo a través de la información pues con ella se distribuye la riqueza efectiva, porque no debemos olvidar que, hoy en día, en la composición del valor de un objeto, es mayor la proporción de inteligencia e información que lo que fue hace tres décadas; (...)” (38). “Por ello, (...) el sentido de la justicia social tiene ahora menos relación con la apropiación de cosas materiales como la tuvo en otro tiempo y tiene, en cambio, mucha mayor vinculación con la educación tecnológica y la información” (40). “De allí que ocupe cada vez mayor espacio el concepto de Empleabilidad, y que sea una obligación fundamental de la empresa la formación tecnológica e informacional permanente del trabajador; su capacitación le va a permitir vincularse con más libertad al mercado productivo y laboral”.


“Eso lo ha comprendido muy bien el sector más modesto del país, y por ello miles de academias de computación y de Internet se han creado, miles de cabinas públicas de computación se han instalado. El pueblo ha comprendido este nuevo Misterio del Capital” (40).



3. La indispensable Integración Sudamericana


Estos revolucionarios procesos, por la asimetría del poder que los acompañan, obligan a integrarse para afrontar las amenazas de los países e instituciones globalizadoras: “Haya extrajo de la Revolución Mexicana la esencia de sus ideas y planteó desde allí la integración latinoamericana. Pero un diagnóstico realista y el análisis de la historia económica de México de los últimos decenios comprueba que por su vecindad, por su línea diplomática y comercial y por los acuerdos ya firmados con EEUU, México ha tomado ya el camino de su integración con esa gran potencia, de suerte que es más realista y moderno referirse en adelante a la integración Sudamericana como un proyecto continental posible en los temas de la deuda, del comercio mundial y de la complementariedad productiva.

Una estrategia sudamericana común en el plano energético permitiría negociar con los EEUU para los que la producción petrolera sudamericana equivale justamente al monto de su déficit petrolero y al de sus compras al mercado árabe. También sería posible una estrategia de fusión bancaria de las principales instituciones financieras de estos países para poder negociar en el tema del crédito con los EEUU” (123). En la página siguiente también plantea la propuesta, tan sensata como las anteriores, que “se requerirá una política sudamericana común sobre la emigración y sobre la situación de los ‘hispánicos’ en los EEUU y en Europa”.


“El siglo XX termina para el Estado peruano con dos conclusiones. La primera es que ha agotado sus posibilidades de desarrollo nacional aislado como exportador de materias primas, como creador de una industria nacional sustitutiva, o como centro de endeudamiento, y que no podrá confrontar la Globalización y el nuevo Modo de Producción Global de manera aislada como lo pretende el neoliberalismo, sino mediante la Integración Continental” (63). “No debemos perder de vista que este es el tiempo de los grandes espacios o Pueblos Continentes como Europa, China, India; y que Estados Unidos no es, en realidad, un solo país sino un subcontinente integrado. Y a Sudamérica le urge seguir ese camino” (80).


En efecto, “(...) el rol antiimperialista del Estado moderno no reside pues en la nacionalización de los bienes, sino esencialmente en la capacidad de promover una respuesta defensiva e integrada de las sociedades en desarrollo para enfrentar el Globalismo, para que los mecanismos económicos y comerciales dejen de ser asimétricos y para que el capital externo se invierta en condiciones de justa negociación, sin imponer exoneraciones tributarias como condición, sin exigir la abolición de los derechos laborales, sin limitarse a las actividades de extracción más lucrativa y sin comprometer el desarrollo regional. Además, el rol del Estado moderno promueve la integración continental (...) para defenderse de la ideología globalista y de las injusticias del mercado mundial, la constitución de grandes bloques es un paso fundamental” (78s.).


En síntesis, “(...) solamente la acción integrada de los países en desarrollo podrá oponer un contrapeso eficaz en la negociación para eliminar esas asimetrías del comercio mundial” (79).



Contra el Neoliberalismo y el Modelo Primario-Exportador

Continúa recordando que, después de la caída la URSS, se “canonizó ante los ojos del mundo al libre mercado y al capitalismo. En adelante, todos los medios de comunicación, instituciones intelectuales, agencias ideológicas, personalidades, a través del sistema único y mundial de noticias, difundirían el libre mercado como triunfador absoluto respecto de la planificación centralizada, el comunismo totalitario e inclusive del socialismo democrático” (284).


Por añadidura, “paquetes ideológicos como el llamado consenso de Washington, explicado e impuesto diplomática y propagandísticamente (sic), arrasaron todo intento de resistencia. Los personeros de la ‘izquierda mundial’, tránsfugas ideológicos, adoptaron todos los instrumentos econométricos (sic) del nuevo pensamiento” (284). “Todo lo que se opusiera a la nueva religión era retardatario, obsoleto, populista, condenado al fracaso y al asilamiento” (285). “Ante el inmenso peso de los nuevos poderes fácticos (Organismos Internacionales, prensa mundial, empresas multinacionales gigantes), la política fue arrinconada como expresión de antigüedad e ineficiencia. (...) Entonces se redefinió la política como acción individual y surgió por eso la categoría de los ‘independientes’, nuevos personajes ajenos a toda acción colectiva organizada o ajena a toda estructura ideológica. El libre mercado encontró su expresión carnal en tal categoría humana. Y sin darse cuenta convirtieron a los grandes grupos empresariales, a los medios de comunicación más importantes y a los Organismos Financieros internacionales en los nuevos partidos políticos del neoliberalismo” (96).


“Como corresponde a un país marginal, dispuesto a adecuarse a los requerimientos del mercado externo, desde los primeros momentos de la globalización, el Perú insistió en las ventajas comparativas de las materias primas y se dio prioridad al establecimiento de la industria minera. Por eso, desde 1990, se asumieron con fanatismo todas las tesis neoliberales y gobalizantes: reducir el peso y papel del Estado, privatizar los activos públicos a cualquier costo, abrir las importaciones aceleradamente, dar prioridad esencial al pago de la deuda externa, etc. Hoy se sabe como las consecuencias de recesión, desempleo, incremento del endeudamiento y la mayor gravitación tributaria del Estado para el pago de la deuda, precipitaron después la caída del régimen, pero tras 10 años de aplicación del modelo” (287). Es así como, “durante los diez años de vigencia incontestada del neoliberalismo, como consecuencia del estrepitoso derrumbe del orbe soviético, despareció el comunismo, pero también se condenó al silencio y se declaró obsoleta toda otra propuesta de planificación o de concertación social” (95).


Pero “el Modo de Producción Global como proceso real en marcha, es muy diferente del Neoliberalismo como ideología. Según éste, no puede ni debe hacerse nada frente a este libre mercado creciente y global, lo que es inexacto pues los países globalizadores, se decir, los que impulsan y aprovechan el proceso, usan subsidios para su agricultura, se unen en grandes bloques como el europeo para manejar mejor los mercados, usan de las cuotas de importación para defender sus industrias, etc. De manera que el extremismo procede solamente de un interés ideológico” (50).


“En diciembre de 1991 publiqué un breve libro advirtiendo los peligros de la ola ideológica que proclamaba con fervor ideológico la supremacía del mercado. Lo titulé ‘El Nuevo Totalitarismo’ e intenté señalar en él, los límites del nuevo modelo económico y social que entonces comenzaba a ponerse en práctica. Advertí en sus páginas que su fanatismo llevaría, en algunos países como el Perú, a la destrucción de la democracia (Pág. 70), como después ocurrió” (51). Y es que “meta final o tesis absoluta son enemigas de la libertad, porque son el fin que justifica los medios, tanto para el comunismo científico como para el neoliberalismo que proclamando el ‘fin de la historia’ sacrifica la libertad y la tolerancia para imponer el dominio del libre mercado” (85). “Y en el Perú, al igual que en el mundo se creó la ‘Moral del Mercado’ como fundamento ético de todas las acciones. Así se pretendió legitimar la injusticia” (97s.).


Las tesis planteadas en ese texto y en “La Falsa Modernidad”, fueron posteriormente confirmadas: “No fue hasta el año 2002, cuando el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz publicó su libro ‘El malestar en la Globalización’, que los análisis de mis dos textos alcanzaron comprobación con la fuerza de la autoridad y la celebridad económica de Stiglitz” (51). “Advertí, al igual que Stiglitz lo hizo más adelante, que la privatización de activos y empresas públicas cumplida por la consigna ideológica sería hecha ‘contra los consumidores y los trabajadores’ (Stiglitz Pág. 92), y que el crecimiento cuantitativo de la economía agravaría la dualidad, entre la producción minera (Stiglitz Pág. 112) y el resto de la economía, a la que no ‘gotearía’ o ‘se filtraría’ (Stiglitz 119) tal crecimiento” (52). También advirtió entonces el autor, “que la apertura de China, hecho por su propio gobierno, y de manera gradual, haya funcionado mucho mejor para su población que la imprudente apertura impuesta por el FMI en gran cantidad de países (Stiglitz Pág. 96)” (52), aparte de que “(...) la riqueza y la ganancia de las empresas debe apoyarse en la tecnología y no en la reducción del salario o en el endurecimiento de las condiciones laborales como lo pretende el neoliberalismo” (68).



Roles indispensables del Estado

Frente a la Globalización, “el Estado debe encontrar un nuevo rol, orientado siempre al bienestar y a la justicia” (48). “El rol del Estado no puede ser reducido a un papel subsidiario como pretende el neoliberalismo, sino que debe reafirmarse en su rol promotor. Y esta función supone la necesidad de planificar estratégicamente las áreas cuyo desarrollo interesa prioritariamente a la sociedad (62). En tal sentido, “el Estado no puede abandonar su compromiso con las urgencias de los humildes y las mayorías, ni dejar el destino de éstas al libre mercado. Debe tener políticas explícitas de redistribución, de vivienda, de apoyo al campesinado, política de educación pública e información de erradicación de la pobreza, de descentralización de las decisiones y las inversiones, de defensa de los consumidores, etc.” (62).


A ese respecto, “Chile, que ha sido señalado por los economistas como un ejemplo de modernidad, mantiene una poderosa y eficiente gestión pública sobre la producción y el comercio del cobre, sobre la refinación del petróleo, e inclusive su banca pública actúa con eficacia en las asignación del crédito al sector privado.

Así, el rol del Estado (...) supone la necesidad de planificar estratégicamente las áreas cuyo desarrollo interesa prioritariamente a la sociedad” (62).


Para ese efecto, según García-filósofo, el ‘Estado Moderno’ debe:

-“ (...) tener políticas explícitas de redistribución, de vivienda, de apoyo al campesinado, política de educación pública e información, de erradicación de la pobreza, de descentralización de las decisiones y las inversiones, de defensa de los consumidores, etc.” (62).

-“(...) descentralizar sus funciones y socializar regional y municipalmente sus atribuciones” (122).

-“(...) participar en la defensa del mercado nacional al que no puede renunciar como tampoco lo hacen los países avanzados, tal cual lo demuestra la reciente legislación proteccionista del acero promulgada por el gobierno del Presidente Bush o el uso de aranceles de producción agrícola que no permiten la importación durante la cosecha de espárragos en Norteamérica” (122s.).

-“(...) tener un compromiso esencial con la agricultura” (62).

-“(...) rescatar el objetivo humano de las sociedades y el margen de acción social y económica del Estado ante los monopolios y como árbitro regulador en las relaciones entre el capital y el trabajo o entre la producción nacional y la economía internacional” (125).

-consagrar “su información, tecnificación y organización en centros y cadenas productivas” (41).

-“(...) impedir el abuso en el que puede caer la inversión externa, (...)” (74).

-“(...) contrarrestar las tendencias monopólicas y excluyentes del mercado” (41).

-“(...), en vez de nacionalizar o estatizar, debe garantizar el acceso de los accionistas al gobierno societario” (67); y, entre otras muchas responsabilidades, repetimos que

-“debe cumplir su función promotora y de regulación a través de la regionalización, pero también comprometerse urgentemente con la integración continental” (64).



Política, Concertación y Frente Único

Sin duda, “la política está en crisis porque no se ha adecuado a los cambios técnicos y a la consolidación del mercado mundial” (99). Por lo que ”hoy es imperativo relanzar la Política. (...). Una política de las ideas compartidas, no la vieja política de las organizaciones materiales cerradas. Una política de las soluciones concretas y no la de las concepciones integrales y excluyentes” (12).


Reconoce para ello que, “naturalmente, el campo social está dividido entre los informados y los excluidos de la información, entre los integrados al mercado y los desempleados y marginados, entre los propietarios y los carentes de propiedad, entre los que ejercen el poder y las decisiones y quienes sufren esas decisiones y obedecen al poder. Y el objetivo de la política es disminuir y erradicar esas diferencias, impidiendo el abuso de los privilegiados” (87).


Para acometer todas estas tareas, para poder sustentarlas políticamente, el Frente Único debe ser reconstituido y ampliado, porque “la época de las doctrinas totales y de las organizaciones cerradas pertenece al siglo XX. Para relanzarse, la política y los partidos deben adecuarse al movimiento social con nuevas propuestas y una nueva organización” (89).. En la concepción original de Haya (de 1926) solo incluía a “campesinos, grupos obreros entonces incipientes y clases medias” (88). ¿Quiénes más deben participar del Frente según el Dr. García, teniendo en cuenta que “la política del Siglo XXI es la Política de la Concertación“ (87)? Básicamente los informales, las capas medias de la industria manufacturera y los servicios, los pequeños y medianos industriales, los movimientos locales, entre otros, como se verá a continuación.


“Pero seguir la lógica del movimiento social ocurrido en los últimos 40 años en el Perú obliga a recomponer ese bloque histórico o Frente Único. En primer lugar debe integrarse a él, como la clase social predominante de hoy, al Subempleo estructural, los ambulantes, los microempresarios, los informales que suman el 60% de la población económicamente activa. (...) en segundo lugar, debe integrarse al Frente Único aprista a los representantes de la industria nacional, cuyos sectores progresistas y manufactureros han demostrado en estos años su vocación nacional frente al globalismo. (...). Esos miles de medianos empresarios son amenazados o han sido destruidos por el Globalismo, por los costos básicos impuestos por los monopolios y por el extremismo aperturista del Estado neoliberal y deben integrarse en la acción común. (...). En tercer lugar, ha aparecido una nueva pluralidad dinámica de actores políticos que debe hacer parte del Frente Único. (...) movimientos regionales y provinciales cuya dinámica excede la lógica y la planificación política y central de una partidos. Y esos movimientos regionalistas engloban las organizaciones espontáneas y populares de la sociedad civil” (127s.).


“Hoy, en el proceso de Globalización, una diferencia se establece entre el gran monopolio o corporación internacional, y los grupos industriales manufactureros y de servicios más vinculados al interior. Inclusive las pugnas y divisiones en las instituciones que agrupan al empresariado (CONFIEP) y la actitud de la industria ante el proyecto neoliberal, demuestran la diferencia entre esos sectores. Hoy, en la nueva magnitud y velocidad de la economía nacional, la manufactura en su mayor parte, el comercio y los servicios que en la década de 1920 no existían ni tenían gran dimensión física, son parte de la Clase Media. Y a ella pertenecen como componente básico la pequeña y mediana industria (PYMES) que brindan el 80% del empleo del Perú. Un partido social moderno debe ser el partido de la pequeña y mediana industria que expresan juntamente con el autoempleo, el conflicto social y la defensa de los sectores populares” (114).


“La política moderna privilegia la educación y la información como medios de justicia social, pero no pierde de vista el objetivo de construir mediante el acceso a las decisiones sociales y a la propiedad, la justicia social en una nación de propietarios, en la que todos los ciudadanos participen de manera simétrica y equitativa en el mercado” (121).


“Y ello impone fortalecer los partidos y asociaciones laborales y ciudadanas en los términos modernos de la participación y la concertación. Cuando las empresas tienen estrategias mundiales y enormes poderes, cuando los medios de comunicación tienen mayor influencia, las organizaciones sociales deben fortalecerse. Sin sindicatos coherentes y modernos, sin poderes regionales, sin partidos políticos sólidos, la democracia tiende a desaparecer, y con ello el ingreso y las decisiones tienden a concentrarse en un pequeño grupo. Ello ocurrió durante la década dictatorial en el Perú. Pero tal concentración, rompe las posibilidades económicas del país al destruir el mercado de consumo y finaliza afectando a los propios grupos monopólicos y al sistema total” (121s.). Solo así se podría, “(...) ante el fracaso del neoliberalismo o del individualismo metodológico, según las definiciones de Hayek, un nuevo principio ideológico puede abrirse paso y es el de la democracia social concertada” (297).



Trabajo, Educación y Sindicalismo

“(...) un derecho histórico que es el de la negociación colectiva debe tener cada vez mayor valor y preeminencia, considerando que el capital sin fronteras tiende a fusionarse, a unirse y a hacerse más fuerte. Por consiguiente, la modernidad de las organizaciones laborales consiste en hacerse más poderosas e informadas y a internacionalizar sus demandas cuando la circunstancia lo exija. Porque, como lo demuestran los avances de la globalización jurídica, no podrá haber trabajo sin seguridad social, sin salario adecuado o sin derechos internacionalmente establecidos, bajo pena de excluir del mercado la producción de las empresas que abusen de sus trabajadores” (42). Y es que, en efecto, “la lógica de la ciencia libera al trabajador de su relación servil con un solo lugar o con una sola máquina” (45).


La integración a la nueva división internacional del trabajo “supone un nuevo tipo de educación y de trabajo estatal para lograr que la actividad manufacturera y no sólo actividad primaria, pueda insertarse a través de la calidad y la educación. (...) uno de los motores básicos para esas inserción competitiva, deberán ser las pequeñas y micro empresas porque ellas asocian la actividad productiva, a la creación de empleo masivo, y con menor inversión pueden incorporar mayor tecnología. Por el momento, sin embargo, el nuevo régimen democrático (J.S.: se refiere obviamente al gobierno de Toledo) parece continuar en lo esencial, el modelo anterior” (288).


“(...) para los países y personas, el mejor medio de navegar en la globalización, es y será la educación tecnológica” (48). “Tanto mayor tecnología se tiene más rápidamente se adquirirá la nueva y tanto más se aprenda, mayor será la capacidad de seguir aprendiendo. (...) al ser por esencia transferible y si se incorpora a la educación, que la sociedad pueda ingresar en mucho mejores condiciones al mercado mundial. Tal es uno de los aspectos favorables de la Globalización” (49). De manera que “si antes se entendía la justicia social como la distribución equitativa de las cosas, ahora tiende a comprenderse como la distribución equitativa de las ideas y como la oportunidad de acceder a ellas” (90).



***


Observamos así como el Dr. García se atribuye modestamente la labor de aggiornar el “pensamiento de Haya de la Torre, porque sigue siendo el más vigoroso aporte a la ciencia política y social del continente” (12). Sin duda alguna, Haya se habría sentido muy contento con el texto de su discípulo predilecto, quien por lo demás ya presentía que Alan no lo defraudaría, tal como se desprende de una cariñosa dedicatoria en que -con su extendida escritura- señala nada menos que “(...) la esperanza de que será para el APRA el continuador de la obra que por mandato de estirpe debe seguir. Con el afecto de su viejo compañero Víctor Raúl” (recogido del facsímil reproducido en las primeras páginas del texto aquí glosado).


Recuérdese que, nos recuerda Alan, “Haya definió originalmente su pensamiento como filosóficamente hegeliano y dialécticamente marxista” (84). Y es así como, desde su orígenes, “el pensamiento dialéctico y creador de Haya de la Torre continuó relanzándose ante cada cambio de la realidad mundial y nacional para dar nuevos contenidos a sus propósitos antiimperialistas y de justicia social” (107), por lo que García se vio en la obligación de hacerlo también con muy buena pluma y fortuna. Para lo que le bastó aplicar “la ideología aprista que aportó la noción del antiimperialismo y la integración continental como pasos en el camino de la justicia. Reafirmar esos objetivos en la realidad actual es el trabajo continuador que debemos proponer, comprendiendo que los medios pueden variar sin que se abandonen los objetivos” (120).


He aquí, por tanto, un auténtico programa filosófico-político para la yerma centro-izquierda peruana. Por supuesto que estas citas tan breves no le rinden los honores y no le conceden el mérito que se merece el texto, pero esperamos que esta introducción por intermedio de las citas presentadas incite a los lectores a recurrir al original, aunque los deprima la comparación de las políticas que ahí se proponen con las que efectivamente se están llevan a cabo en el Perú desde el 28 de julio del año pasado.


Las políticas del gobierno anterior y la bonanza de precios internacionales dejaron la mesa bien puesta para la implementación de las propuestas que se hacen en el libro (el lector enterado habrá notado, por lo demás, la gran similitud de ese pensamiento que la CEPAL propagara a partir de 1990, comenzando con su texto “Transformación Productiva con Equidad”). Si se hubiera asignado gran parte del canon y de las regalías para financiar el desarrollo tecnológico, la innovación productiva, la asociatividad y el apoyo para la constitución de encadenamientos y cluster, la capacitación del personal de los gobiernos provinciales y distritales, el apoyo a las PYMES, etc., le creeríamos al actual presidente.


Desafortunadamente, por esas cosas de la vida, de la historia, del azar, de los intereses o de los estados de ánimos, en estos quince meses de gobierno se viene adoptando gran parte de las políticas que en el libro se cuestionan acerbamente y se ignoran otras. Como no somos expertos en campo alguno de los señalados, le dejamos a usted –estimado lector- el arduo desafío de explicar cuál(es) de las siguientes hipótesis –reales o imaginarias- se aplica(n) al mandatario para entender su profunda metamorfosis:


Llegó al poder sin tener mayoría en el Congreso y, consecuentemente, sin poseer el voto necesario para realizar las profundas transformaciones que postulaba;
La evolución de la economía iba a un ritmo tan satisfactorio, que no parecía tener sentido cambiar de rumbo y arriesgar un nuevo fiasco;
Los ‘argumentos’ de los poderes fácticos se impusieron al gobierno, cooptándolo, como en el anterior lo hicieran los ‘12 Apóstoles’;
Preferencia por los éxitos de corto plazo y por los resultados de las encuestas de opinión, puesto que sus propuestas ‘verdaderas’ solo madurarían en una generación;
Este quinquenio le serviría para fortalecer el modelo primario-exportador, cuyos frutos le permitirían –en su próximo gobierno inmediato- iniciar efectivamente con el proyecto expuesto;
El sueño de la integración sudamericana no es posible por la presencia de gobiernos (dígase Chávez y Evo) que escapan a la lógica del auténtico anti-imperialismo o, más realistamente, porque sería incongruente con el (más importante) TLC con EEUU;
Una cosa es la teoría que uno expresa en un texto académico y otra muy distinta es la acción política pragmática (‘efecto Cardoso’);
Otras (complete a su gusto): ..................................................................................................

El MEF contra los gobiernos regionales

sábado, 01 de diciembre de 2007
Humberto Campodónico



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El último número del Boletín de Transparencia Fiscal del MEF (Nº 76) resalta la lentitud en la ejecución de las inversiones por parte de los gobiernos regionales (GR). Y también que han aumentado los saldos no gastados de las cuentas que tienen en el Banco de la Nación. Así, lo que transmite el BTF es que existe una alta ineficiencia de los GR, lo que ha sido recogido por varios medios periodísticos, entre ellos Gestión y El Comercio.

Pero sucede que los GR han aumentado los montos de inversión, por encima incluso del gobierno central. Esto lo demuestra claramente Propuesta Ciudadana(*) que da a conocer los montos de ejecución de inversiones tomando como fuente el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que publica el propio MEF en su portal internet.

Propuesta compara el periodo enero-octubre 2007 con el mismo período del 2006 y muestra que las inversiones ejecutadas por los GR en el 2007 (S/. 1,413 millones) aumentan en 47%, a S/. 451 millones. Extraordinario, sobre todo si consideramos que son GR elegidos hace solo un año. De su lado, las inversiones efectuadas por el gobierno central (sobre todo Transportes, Agricultura, Educación y Vivienda) solo aumentaron 11%, S/. 451 millones más que en el 2006.

Entonces, ¿por qué aumentan los "saldos de las cuentas que los GR tienen en el Banco de la Nación (BN)"? La respuesta la da Propuesta: "el aumento es producto en gran medida del cambio en la modalidad de transferencia del canon realizado en junio de este año, pues se transfirieron todos los montos del año de una sola vez en una sola cuota, mientras que antes se transferían en 12 cuotas mensuales".

Esa es la madre del cordero. El MEF contabiliza como saldo acumulado en el BN un monto a ser ejecutado en el futuro. El objetivo es claro: desprestigiar a los GR. Dice Propuesta: "a fines de octubre del 2007 el MEF transfirió a los GR S/. 1,904 millones, de los cuales la transferencia del canon minero "de golpe" de junio fue de S/. 1,063 millones. De este monto el 22% (S/. 435 millones) corresponden en realidad al período enero-mayo del 2008".

¿Por qué el MEF, que conoce bien sus cifras, da una información que desinforma a la población? ¿Será para que se siga pensando en un Estado ineficiente versus la "eficiencia del sector privado", como reza la ortodoxia neoliberal?

Dicho esto, tanto las inversiones del gobierno central como de los GR, si bien han aumentado, todavía no logran el ritmo de avance deseado. Dice Propuesta que "no hay que extrañarse si este año apenas alcancemos los niveles de ejecución del 2006, que fue el 62% de lo presupuestado". Agrega: "no hay evidencias claras de que las medidas tomadas por el gobierno para flexibilizar y reorganizar el SNIP, así como el CONSUCODE, estén produciendo los resultados esperados".

Añadimos: tampoco se ha avanzado lo suficiente en la necesaria capacitación de los funcionarios de los GR, así como en evitar la rotación de técnicos cada 4 años (en algunos GR) con las elecciones regionales, ni en impedir la "fuga" de técnicos hacia las empresas privadas.

La clave es que la más importante reforma del Estado (junto con la reforma tributaria) es lograr una inversión descentralizada y eficiente, porque es la que más impacto tiene en la reducción de la pobreza y la desigualdad (educación, salud, carreteras, agua y desagüe). Pero las críticas del MEF a los GR van exactamente en el sentido contrario, pues se desprestigia al gobierno en su conjunto. ¿Para quién juega el MEF?

Tributación y Minería

José De Echave
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A propósito del reciente debate sobre temas tributarios, un informe elaborado por la institución CooperAccion nos permite ver lo que viene ocurriendo en el sector minero.

Hasta antes del boom de los precios de los minerales, la contribución de la minería a los ingresos fiscales fue más bien marginal. Entre 1998 y 2001, su participación relativa en la recaudación total de tributos internos no superó -en promedio anual- el 3.6%. Recién a partir de 2002, el aporte tributario de la minería comienza a ganar importancia hasta ubicarse en 11.1% el 2005 y 20.9% durante 2006.

Entre los impuestos que se recaudan en el sector, el que ha mostrado mayor dinamismo es el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, que se aplica a las utilidades. La participación relativa del sector en la recaudación total de este impuesto, de apenas 7.7% durante 1998-2001, subió a 22.9% durante el período 2002-2006 en promedio anual, alcanzando incluso un 37.0% durante 2005-2006.

Si consideramos sólo aquellos impuestos que en estricto representan la carga tributaria de las empresas -Impuesto a la Renta de Tercera Categoría e IGV- la participación relativa de las empresas mineras en la recaudación total de tributos internos es baja: 2.1% en promedio hasta antes del incremento en el precio de los minerales y 7.6% en promedio durante 2002-2006. Este último porcentaje está muy por debajo del aporte en sectores como otros servicios (25.3%), manufactura (13.1%) y comercio (9.6%).

Durante 1998-2006, la presión tributaria promedio de la minería (11.1%) estuvo dos puntos por debajo de la presión tributaria promedio del país en ese período (13.1%). Si sólo tomamos en cuenta la presión de los tributos internos que conforman la carga tributaria que soportan las empresas mineras, ésta estuvo 5.2 puntos porcentuales por debajo de la presión tributaria del país.

Tres factores explican esta insuficiente participación del sector minero en el total de la recaudación: el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría no es el más importante dentro de la estructura tributaria; una mínima participación en la recaudación del IGV, impuesto que es de mayor importancia relativa en la estructura tributaria y una política tributaria sectorial permisiva.

Cabe señalar que el incremento en la recaudación del sector minero, observado en los últimos años, se explica por la excepcional subida en los precios internacionales de los metales, pero también por el hecho que una empresa como Antamina, recién comenzó a pagar Impuesto a la Renta de Tercera Categoría partir de 2005. Antamina es uno de los ejemplos de los impactos en la recaudación por la aplicación de beneficios tributarios, como la depreciación acelerada. Por este beneficio Antamina no pagó Impuesto a la Renta hasta 2004.

Ello nos da una idea del efecto perverso que tienen los beneficios tributarios en el aporte fiscal de la minería en términos de mediano y largo plazo. Incluso si no se hubiese dado el incremento excepcional de precios, la sola reformulación de los beneficios tributarios permitiría una mayor contribución de las empresas mineras con el desarrollo del país.

Pese a que algunos de estos beneficios tributarios ya no están vigentes, continúan siendo utilizados. La reinversión de utilidades quedó sin efecto en septiembre de 2000, sin embargo sigue vigente para aquellas empresas que han firmado Contratos de Estabilidad Tributaria.

Las empresas mineras no están pagando los impuestos o contraprestaciones que les corresponde, debido a una política que fue diseñada para un contexto que ya no existe. Se debería establecer una política fiscal y tributaria de mediano y largo plazo, orientada a que las actividades productivas paguen los impuestos que les corresponden.

ENCUESTA DE LA PUCP: LA JUSTICIA, Y LOS ABOGADOS

22 de noviembre del 2007

El Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú acaba de hacer entrega de los resultados de su encuesta “La Justicia, los abogados y la gente” (ver encuesta), realizada a 450 personas en Lima Metropolitana durante el mes de noviembre del presente año, la cual permite arribar a importantes conclusiones sobre el Poder Judicial y los abogados en general. Veamos algunas de las principales.

En cuanto al Poder Judicial

i) Ligero aumento en la aprobación del Poder Judicial

En definitiva, en noviembre del 2006 el 47% consideraba “malo o muy malo” el sistema judicial, mientras que en el 2007 dicha cifra se ha visto reducida en un 11%. A su vez, el 25% de la población considera que el Poder Judicial está mejor que hace 5 años, mientras que en el 2006 solo lo creían el 18%.

Es muy probable, como mencionan los comentaristas de la encuesta, que esta ligera mejora se deba al papel que ha jugado la OCMA al sancionar a jueces corruptos.

ii) Continúan los problemas de siempre

Se puede concluir claramente que los problemas que aquejan al Poder Judicial son los de siempre. La corrupción se lleva el primer lugar (49%) y la lentitud de los procesos el segundo (11%).

A esto hay que sumar una importante percepción ciudadana que denota un trato desigual por parte de los jueces. En efecto, el 92% considera que, al aplicar las leyes, los jueces hacen diferencia dependiendo de quién sea el justiciable. Este dato es importante y no ha sido medida muchas veces por lo que es un dato bastante relevante que debe merecer mayores estudios y esfuerzos por parte de la OCMA, a fin de identificar casos en los que los jueces traten de modo distinto a los justiciables, no solo al aplicar la ley sino también en el trato mismo.

En cuanto a los abogados

La encuesta revela que el 65% de los encuestados, aun cuando reconocen que es difícil entender a los abogados, señalan que son necesarios para enfrentar algún problema.

Si bien esto da cuenta de que la población considera que los abogados son importantes, debemos tener presente que puede haber tenido lugar también por falta de conocimiento de la población respecto a mecanismos alternativos en los que no necesariamente participa un abogado, como puede ser, por ejemplo, la mediación o la conciliación.

Por otro lado, se puede identificar una leve disminución en calidad del servicio y vinculación con corrupción. En cuanto a lo primero, en el año 2006, el 61% de los entrevistados consideró como “buena o muy buena”, mientras que en el 2007 dicho porcentaje bajó al 51%. En cuanto a lo segundo, el 19% de los encuestados señalaron que lo que mejor describe a los abogados en el Perú es que incentivan la corrupción en el Poder Judicial.

¿Qué factores pueden influir en los próximos meses o días?

La percepción ciudadana respecto a la administración de justicia podrá variar significativamente en los próximos días o meses dependiendo, entre otros factores, del desenlace de dos procesos muy importantes.

El primero es el caso Fujimori. Decisiones rápidas y correctas permitirán que la percepción ciudadana mejore ya que, de ocurrir esto, el Poder Judicial dará una muestra de rapidez, seriedad y eficiencia.

El segundo es el caso del vocal Romero. En éste, el CNM está por decidir si lo destituye o no por las graves irregularidades que cometió en el caso de los ex trabajadores del BCRP. Desde nuestro punto de vista, la destitución permitiría continuar el ascenso en la confianza en el sistema de justicia, ya que se dará cuenta de que la corrupción se sanciona. Por el contrario, un fallo absolutorio sería nefasto en la opinión pública, y particularmente en la percepción ciudadana respecto al CNM, ya que este organismo estaría devolviendo a su cargo a un juez que la misma OCMA ya decidió expulsar por encontrarlo culpable de graves violaciones a deberes esenciales de todo juez.

Nótese, sin embargo, que un verdadero y sustentado aumento en la confianza en el sistema de justicia tendrá lugar cuando operen reformas que hagan que la justicia sea más accesible, y no principalmente cuando existan casos modelos en los que la actuación de dicho poder sea buena.

Algunos comentarios finales

Antes de finalizar, consideramos pertinente hacer algunas sugerencias respecto a la encuesta.

i) La encuesta trata sobre el sistema de administración de justicia pero se limita a mostrar percepciones sobre el Poder Judicial. En efecto, la introducción de la encuesta señala que ésta muestra “opiniones ciudadanas con respecto al Sistema de Administración de Justicia, en general, y los abogados, en particular”. No obstante, sus preguntas están centradas únicamente en el Poder Judicial, cuando es claro ya que el sistema de administración de justicia no se agota en este Poder del Estado. Creemos que sería oportuno incluir al resto de entidades o, en todo caso, señalar expresamente que la encuesta se centra en el Poder Judicial.

ii) La misma crítica se puede hacer en cuanto a los abogados, ya que sería muy pertinente diferenciar entre abogados privados y de oficio, e incluso abogados que atienden en consultorios jurídicos. Todos ellos tienen una estrecha relación con la administración de justicia y, sin embargo, las percepciones no permiten conocer la situación específica de unos y otros. Nótese que esto es muy importante porque no existen indicadores sobre las actuaciones de estos abogados y su relación con la justicia.

EN EL DIA ULTIMO DEL CENSO

viernes, 9 de noviembre de 2007

EL ULTIMA DIA QUE TOCO CENSAR

ALTURAS DE RACHACOCO

EN PEQUEPALLCA

SOBRE EL RECIENTE APROBADO TLC

¿Saben cuál fue la primera empresa norteamericana en saludar la firma del TLC con el Perú? ¡Microsoft! El consultor de Microsoft Jack Krumholtz señaló, en Estados Unidos y a las pocas horas de la votación en la Cámara de Representantes, que la firma del TLC con el Perú “garantizará una protección justa y eficaz a los inversionistas y protegerá los derechos de propiedad intelectual”. Y es que ahora, con el TLC, el recurseo cibernético, las copias corporativas y la burundanga del software replicante van a ser considerados poco menos que delitos federales, como si se cometieran en el estado de La Florida. ¡Qué bien! ¡Microsoft y sus precios predatorios y las farmacéuticas con sus patentes de 20 años y segundo uso ya nos tienen como querían! ¡Somos casi una estrella más en la bandera a la que nos hemos sometido!

LA FISCALÍA ACUSA Y PIDE 30 AÑOS PARA FUJIMORI


08 de noviembre del 2007

La Fiscalía Suprema en lo Penal acaba de presentar acusación contra Alberto Fujimori Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos en los 4 casos objeto de la extradición en este terreno (ver acusación). No cabe duda que ésta es la acusación más compleja y más grave que la justicia ha hecho en su contra. Fujimori ha sido acusado como autor de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro. La Fiscalía ha pedido una pena de 30 años.

Para la Fiscalía, Alberto Fujimori es autor mediato en la matanza de Barrios Altos (noviembre, 1991), la desaparición y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta (julio, 1992) y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti Ellebogen y el empresario Samuel Dyer Ampudia (1992). Tal imputación la formula a título de autor mediato por dominio de la organización.

El Ministerio Público, en su acusación, da cuenta de que está plenamente demostrado en el curso del proceso judicial la creación, hacia mediados de 1991, de un destacamento del Ejército peruano denominado Destacamento Colina, destinado a desarrollar una guerra de baja intensidad y cuyo objetivo era la eliminación física de presuntos subversivos integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA. Señala la acusación que aquella organización (militar) constituía un aparato de poder estructurado jerárquicamente, en la cual existía una predisposición de los ejecutores para cometer hechos delictivos.

En este proceso –señala la acusación– la Fiscalía atribuye a Alberto Fujimori la condición de autor mediato por dominio de la organización (el destacamento Colina). Hay una intervención vertical en dichos delitos, en los que evidentemente se ha dado una división de funciones y una línea jerárquica en la organización, en cuya cúspide se encontró el ex Presidente de la República.

Agrega la Fiscalía Suprema que el extraditado Fujimori, luego de trazar y decidir la política de Estado de combatir la subversión usando los métodos de guerra de baja intensidad y eliminación, tuvo el dominio de la organización, ya que en esta estructura de poder organizado, su orden –sin necesidad de recurrir a la coacción o inducir a error, por la predisposición de los ejecutores– iba irremediablemente a ser cumplida, sin que sea necesario que el procesado Fujimori se reúna con los ejecutantes o que desarrolle un acuerdo común.

La Fiscalía sostiene que en el curso del proceso se encuentra suficientemente demostrado que las órdenes impartidas por el acusado Fujimori, siguiendo el plan trazado de lucha contra la subversión, efectivamente se materializaron en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, órdenes sin las cuales los militares del destacamento Colina jamás pudieron haber actuado.

Dentro de esa estructura vertical del grupo Colina resulta claro, afirma la acusación del Ministerio Público, que el jefe de la organización fue el ex presidente Fujimori. Además, señala que, por su jerarquía y dominio de la organización, sabía bien y estaba razonablemente enterado que su decisión inexorablemente se iba a materializar, sin importar la identidad de los ejecutores materiales de su orden. Fujimori tenía el control de los acontecimientos. A él le correspondía decidir si se llevaban a cabo o no las operaciones especiales.

Por su parte, los integrantes del destacamento Colina mantuvieron una relación de subordinación con su jefe Alberto Fujimori, y las órdenes eran transmitidas a través de una cadena de mando en la que su ex asesor Vladimiro Montesinos Torres era un eslabón destacado.

La acusación presentada por el Ministerio Público imputa a Fujimori la condición de jefe de una organización creada como parte del desarrollo de la estrategia contrasubversiva, con el objetivo de eliminar físicamente a presuntos integrantes de organizaciones subversivas.

Tal como ya se tiene conocimiento, la elevada responsabilidad de autor mediato de Fujimori, a criterio del Ministerio Público, lo hace merecer una sanción de 30 años pena privativa de libertad y la obligación de pagar como reparación civil cien millones de nuevos soles a favor de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y trescientos mil nuevos soles a favor de Gorriti y Dyer.

Ahora, Fujimori debe enfrentar el conjunto más complejo y difícil de procesos judiciales por los que fue extraditado. Las pruebas que existen y de las que da cuenta la Fiscalía en su acusación señalan que su responsabilidad está demostrada.
(Carlos Rivera Paz)

NO AL RETROCESO DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

“Desde el gobierno de Sagasti venimos arrastrando recortes presupuestales a la Política de EIB, que tiene impacto directo en la formación y ...